Representantes tuvieron que recurrir a la CIDH y lograron que esta instancia ordenara al Estado un tratamiento integral para 25 pequeños. ¿Les han cumplido?
El 16 de junio la Comisión Interamericana le dio al Gobierno colombiano 20 días para tomar medidas que garanticen el tratamiento que estos niños y adolescentes necesitan. El plazo ya se cumplió, hubo una primera reunión, compromisos por parte de las EPS y algunas han empezado a prestar los servicios.
El calvario lo viven madres como Ana Herrera, que tiene un niño con padecimientos médicos que, además de luchar contra la enfermedad, debe hacerlo contra las entidades prestadoras de servicio que no le garantizan los requerimientos.
La deficiencia en los servicios de salud es tan dramática que algunos padres temen un desenlace doloroso: “si se presenta una urgencia, una fiebre o unas defensas bajas, la niña puede fallecer”, expresa temerosa Yaneris Pérez.
Funvivir, la fundación que tramitó la denuncia internacional, vigila el cumplimiento de la sentencia proferida por la CIDH y suministra gratuitamente hospedaje, alimentos, transporte y otras demandas esenciales para los enfermos y un acompañante.
Cada tres minutos y medio en Colombia se pone una tutela para exigir el derecho a la salud.
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