La Contraloría Departamental halló un supuesto detrimento patrimonial en más de 80 millones de pesos y errores de planeación en entrega de ayudas.
La investigación, según informó el organismo de control, inició por denuncias ciudadanas que obligaron al envío de la Unidad de Reacción Inmediata-URI- de la Contraloría General de Antioquia al municipio de Abejorral.
Allí los funcionarios indagaron en la contratación realizada para atender la emergencia del coronavirus, y “se detectaron una serie de hallazgos fiscales y disciplinarios por un presunto detrimento patrimonial de 81 millones 680 mil 699 pesos”, indicó la fuente en un comunicado de prensa.
La atención de los investigadores se la llevó un contrato de 267 millones 795 mil 977 pesos para “el suministro de víveres para personas en situación de vulnerabilidad, elementos de aseo, bioseguridad y transporte”.
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Los precios fijados en ese documento fueron objeto de análisis comparativo con referencia a otras empresas del municipio y almacenes de grandes superficies, “lo que en el control fiscal se denomina precios testigo o de referencia”.
Los hallazgos
Según la Contraloría departamental, hubo hallazgos en la compra de paquetes alimentarios para adultos mayores y niños que podrían configurarse en un detrimento patrimonial de 54 millones 429 mil 888 pesos.
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La primera presunta irregularidad fue hallada en la adquisición de 750 paquetes alimentarios para personas mayores de 60 años, con un presunto sobrecosto por 27 millones 324 mil pesos.
Le siguió otro hallazgo en la adquisición con presuntos sobrecostos de paquetes alimentarios para el Centro de Desarrollo Infantil por un valor de 3 millones 751 mil 680 pesos.
Además en la entrega de 498 paquetes nutricionales en la modalidad de desarrollo infantil en medio familiar, “que de configurarse todos los pagos del contrato constituiría un presunto detrimento patrimonial de 23 millones 354 mil 208 pesos”, dijo la Contraloría.
Pero la adquisición de alimentos no es la única que evidencia irregularidades. La compra de los elementos de aseo y bioseguridad adquiridos presenta en su evaluación de costos unitarios un sobrecosto total por 12 millones 739 mil 612 pesos.
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Y la preparación de una ración en sitio para 50 personas terminó con posible sobrecosto de 1 millón 185 mil 905 pesos.
Otra irregularidad sería en un contrato de transporte que presentó un valor superior con relación a los precios cotizados por la empresa transportadora.
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“De igual manera se relacionaron con duplicidad tres viajes a la vereda El Erizo y una errónea planeación en los desplazamientos para la entrega de los paquetes alimentarios, representando un presunto detrimento de 13 millones 325 mil 294 pesos, además de ser evidente la falta de experiencia del contratista para desarrollar este tipo de actividad”, informó la Contraloría.
Como si eso fuera poco, después de la visita, logró observarse “por parte de la administración municipal múltiples modificaciones contractuales posteriores a la fecha de la visita, que, aun así, estarían evidenciando sobrecostos”.
La información recogida por los investigadores fue trasladada a la Fiscalía, la Procuraduría y “se entregó el expediente con la información recaudada a la Contraloría General de la República, quien asumió la intervención funcional de oficio”, comunicó el ente departamental.
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