El Juzgado 75 de Control de Garantías ordena amparar los derechos a la vida y salud de las comunidades de la región, así como la creación de una mesa técnica.
Las afectaciones ambientales, como el buchón de agua, la deforestación y los residuos de la obra, hicieron parte del llamado de atención del fiscal delegado, porque vienen afectando no solo a la población sino también al río.
Una de las medidas cautelares ampara los derechos a la vida, salud, medio ambiente y vida digna, debido al estado de calamidad pública decretado por la Gobernación de Antioquia.
“Eso ha sido verificado por académicos y por estudios que ya voy a aportar. Eso no significa como dice popularmente la gente en la calle que la presa se va a caer o que colapsó. No, hay un riesgo inminente que puede afectar la población”, explica el funcionario.
Fiscalía pide medidas cautelares contra EPM por afectaciones de Hidroituango
La otra medida solicita una mesa técnica con la Fiscalía, la Procuraduría, la contraloría y varios ministerios y entidades para analizar la estructura rocosa del lugar donde está ubicado el proyecto hídrico para garantizar o no su continuidad.
Tras la decisión, EPM informa que “respeta las decisiones del juez”, pero que se interpuso, de forma inmediata, los recursos de apelación.
“Frente a la conformación de la mesa técnica EPM señala que desde mayo de 2018 a la fecha se han realizado aproximadamente 250 sesiones de los Puestos de Mando Unificado (...). Además, la empresa reitera que tiene en funcionamiento un Centro de Monitoreo Técnico (CMT), que analiza las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todas las variables, entre ellas: sísmica, deformaciones y caudales”.
Además, el fiscal delegado pidió un estudio detallado de la estabilidad del macizo rocoso del proyecto hidroeléctrico Ituango.
A lo que la empresa responde, en cabeza de su vicepresidente (e) de Asuntos Legales, Gabriel Jaime Velásquez Restrepo, que ya se han realizado cuatro actualizaciones del estudio recientemente.
Updated: junio 13, 2019 03:27 PM