Secretaría de Educación investiga al plantel por concesión Dulce María, ubicado en Suba, ante la supuesta retención ilegal de diplomas de varios jóvenes.
Según Martha Sotomayor, a quien se le graduaban dos hijos de la institución, a ellos no les permitieron siquiera entrar al teatro donde se llevaba a cabo la ceremonia de entrega de los diplomas.
“Si no les entregaba $1.200.000 que me faltaban, entonces no me los dejaban graduar”, dijo la mamá del joven que tuvo que prestar servicio militar en condiciones diferentes a las de un bachiller, todo por el aparente cobro indebido.
Finalmente, la mujer pagó $400.000 para que les dieran los diplomas, pero ya era tarde pues uno de sus hijos se había visto forzado a prestar servicio militar como soldado regular a pesar de ser bachiller.
Denuncias sobre el aparente cobro irregular fueron dadas a conocer por otros padres de familia y estudiantes.
“Yo pagué un monto de $550.000, pagué derechos de grado”, denunció Luz Dary Pérez, madre de una exalumna.
“Lo que nos daba el colegio era una hoja con unos paz y salvo, ellos la firmaban y se quedaban con esa hoja. A nosotros no nos queda ningún certificado de que tuvimos que pagar ese dinero”; declaró Ana Parra, exalumna de la institución.
Noticias Caracol buscó respuesta del colegio, ubicado en la localidad de Suba. La institución señaló en un comunicado que “ha cumplido íntegramente todas y cada una de la pauta derivadas de las políticas establecidas en la prestación del servicio”.
Frente a la investigación abierta por las autoridades se pronunció un funcionario de la dirección de cobertura de la Secretaría de Educación.
“La institución educativa no le debe cobrar a la familia para que un niño tenga la oportunidad de graduarse”, dijo Carlos Riberón.
“Nosotros garantizamos la prestación del servicio dentro de los cuales se encuentran lo relacionado con derechos académicos y servicios complementarios, entre otros la posibilidad de graduarse”, agregó.