Cuándo todo apuntaba a que Bogotá tendría un comando especial para atacar la criminalidad que tuviese participación de venezolanos, el director de Migración Colombia, quien estuvo en la toma de esta decisión, la desautorizó y cerró la puerta a esa posibilidad.
“El delito no distingue entre víctima o criminal, ni entre victimario tratándose de nacionalidades. Vamos a trabajar en conjunto con Policía y autoridades, pero no como tal en un supercomando, que eso corresponde exclusivamente a la potestad del presidente”, indicó Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.
La reacción de la alcaldesa Claudia López no se hizo esperar. Lamentó la decisión del Ejecutivo y defendió la necesidad de identificar a la población migrante para controlar a quienes infrinjan la ley.
“Es un gran error, un gran error no trabajar de manera conjunta Migración Colombia y Policía para agarrar a los criminales. Es un gran error que en la mañana nos dijeron que sí, en la tarde nos dieron que no. No hacen ni dejan hacer, es muy difícil así”, expresó la alcaldesa de Bogotá.
Y tan rápido como se viralizó la reacción de la alcaldesa, el presidente Iván Duque ratificó su negativa.
“Uno no puede decir que se crea un comando específico para enfrentar delincuencia de migrantes. La labor de las autoridades es perseguir a todos los delincuentes, sean nacionales o extranjeros. Por eso no se puede hacer una segmentación”, señaló el mandatario.
Frente al tema también se pronunciaron venezolanos radicados en Bogotá.
“Entendemos que para el Estado es importante identificarnos, saber quiénes somos, dónde estamos. Todo ese proceso para nosotros no es cuestionable. Lo que sí volvemos nuevamente a levantar la voz es para solicitar respetuosamente a la alcaldesa que revise el manejo de su lenguaje”, indicó Leonis Porras, director de Comunicaciones de Utravenco.
En el mismo sentido se expresa Richard García, presidente del Sindicato de Trabajadores de Plataformas y Mensajería: “Nos preocupa mucho que cada vez que hace ese tipo de afirmaciones o comentarios eso se refleja en nuestros trabajadores que están en la calle, cualquier encomienda, cualquier pedido, cualquier mensajería. Y siempre en estos trabajadores son los que pagan las consecuencias”.
“Entendemos que hay una población nuestra que ha venido a delinquir, pero esa no es la mayoría. Nuestra invitación esa que se creen más puntos de atención para registrar los venezolanos y nosotros nos sumamos con la alcaldía, con el gobierno local y con todo lo que tengamos que hacer para ser parte de la solución”, dice Mirleidy Uscátegui, de la ONG Venezuela sin fronteras.
Hasta la Defensoría del Pueblo terció en la polémica.
“Sería contrario a todos los tratados de derechos humanos y el artículo 13 de la Constitución Política crear comandos antidelincuencial basados en la etnia o en el color de la piel”, asegura Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
En lo que sí coinciden todos es en la necesidad de tomar acciones para luchar contra la delincuencia que en Bogotá es cada día más violenta.
