Astrid Muñoz, fiscal del caso, señaló que las armas fueron sacadas de los batallones por "quienes tienen la obligaión de defender nuestra vida, honra y bienes", al referirse a uniformados, entre militares y policías implicados en el escándalo. La medida de aseguramiento cobija al coronel Róbinson González del Río, señalado como el líder de la banda, y quien ya se encuentra en La Picota por casos de falsos positivos.
En tres días de audiencia pública, la Fiscalía utilizó las grabaciones de llamadas interceptadas como evidencias, pero también testimonios de testigos que participaron en la negociaciones de las armas y que comprobarían que sí salieron de batallones miliares con uniformados al servicio de González del Río.
Los once detenidos serán trasladados a Bogotá donde deberán responder, en juicio, por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de armas de uso exclusivo militar.