Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de denuncia para casos de maltrato animal en Colombia y el mundo. Videos sin censura han dejado en evidencia a maltratadores de animales que, en el peor de los casos, son dueños o trabajadores de guarderías o fundaciones caninas que deberían velar por el bienestar de estos animales.Según la ley colombiana, el maltrato animal está tipificado como un delito y puede dar penas de prisión de 12 a 36 meses a quien cause la muerte o lesiones a animales. Séptimo Día conoció las denuncias de varias personas contra lugares que supuestamente velan por el bienestar de mascotas y animales rescatados, pero cuyas condiciones supondrían realmente maltrato para estos.Denuncian maltrato en fundación de animalesA través de videos, animalistas y voluntarios han denunciado a la fundación Rufo Salvando Vidas, la cual tiene sede en Suba, en el norte de Bogotá, y asegura ser un espacio en el que se rescatan perros y se promueve el apadrinamiento y adopción de estos, por el aparente mal estado en el que viven los animales dentro de su predio. Uno de los videos más llamativo en las plataformas digitales muestra el momento en el que, aparentemente, un perro se está "comiendo" a otro que murió en el lugar.El video en cuestión fue publicado por Julio Triviño, un hombre que aseguró haber evidenciado el mal estado en el que viven los perros que están en la fundación. "El video se realizó porque acompañé a mi hijo a unas de las canchas de fútbol que está ubicada cerca a esta fundación y lo graba un papá que estuvo ahí en un partido. Cuando lo publiqué la señora trata de explicarme por qué el perro se comió al otro perro. Dice que colgaron un perro porque se había muerto una noche antes y el otro lo alcanzó. Entonces sí hay un problema administrativo", explicó.La señora a la que se refiere Triviño es Andrea Clavijo, quien es la representante de la fundación y, según datos de los denunciantes y de las redes sociales del lugar, tiene en su poder a más de 100 caninos, entre ellos algunos con discapacidades. La mujer, ante las cámaras de Séptimo Día, negó las acusaciones que surgieron por el video de Triviño y las que surgieron hace un año cuando varios voluntarios acudieron al lugar en medio de una inundación que sufrieron en sus instalaciones, ubicadas cerca de un complejo deportivo.Las otras denuncias las realizaron Camilo Jaramillo, Paola Andrea Pinzón y Sandra Silvera Ortíz, quienes acudieron como voluntarios y aseguraron encontrarse con un panorama desolador. Los voluntarios aseguraron que al llegar notaron que muchos de los caninos estaban "desnutridos y deshidratados" y otros que al parecer pasaban "encadenados las 24 horas del día". Sandra Silvera detalló que "como era un terreno fangoso, llevamos materiales para meter tubería y estibas para que los animales no estuvieran en el barro, pero lo que nos encontramos fue animales tomando agua de sus heces, animales cuyas uñas estaban destruidas por los hongos. Vimos que no había alimento, pese a que la semana anterior habíamos llevado dos toneladas".También señalaron que vieron a Andrea Clavijo golpear a uno de los caninos mientras estaba allí. "Esas son mentiras, ellos hicieron un video y se dan cuenta que los perros se iban a agarrar, yo me agaché y le di [una palmada] en la boca a la perra, no le hice más", señaló la representante de la fundación y agregó que en el lugar tampoco hay espacio para almacenar tanta comida, por lo que en esa ocasión decidieron llevarla hasta la casa de otro voluntario.Por su parte, la voluntaria Paola Andrea Pinzón señaló que ese día se conmovió particularmente por el estado de desnutrición en el que encontró a Valeria, una perra criolla a la que decidió adoptar y Sandra Silvera agregó que otros perros en mal estado fueron trasladados a otros hogares y recibieron atención veterinaria. Pero Clavijo negó que los voluntarios hayan sacado animales en mal estado de su fundación. "Lo que se llevaron fue perros de raza porque los vieron bonitos, gordos y en buen estado", aseguró.¿Qué hacen las autoridades con estos casos?En Bogotá, la autoridad para estos casos es el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Séptimo Día llevó ante el director Antonio Hernández las denuncias contra la fundación Rufo Salvando Vidas para establecer si tenían conocimiento sobre esta situación. Hernández indicó que las quejas que han recibido al respecto "tienen que ver con el espacio no es el más adecuado, son muchos animales y muchos presentan un estado de salud que no es el mejor".El director del IDPYBA detalló que tras las denuncias fueron a la fundación para verificar la situación y, en ese momento, "encontramos seis animales que ella entregó porque se dio cuenta que no tenía las condiciones ni las capacidades para brindarles protección. [Esto] puede representarse como maltrato". A pesar de esto, la fundación sigue operando y manteniendo a decenas de perros en su poder en condiciones que no son las más apropiadas para garantizar su bienestar.Andrea Padilla, senadora reconocida por su activismo animal explicó que "maltrato animal es toda conducta que vulnere el bienestar de un ser sintiente, no solamente es el golpe, es el maltrato por acción, también por negligencia, el hacinamiento también es maltrato". Agregó que, en este tipo de situaciones, lo que se debe hacer es "intervenir con una oferta social y apoyar a esta persona. La Alcaldía debería hacerse responsable".Sin embargo, Antonio Hernández explicó que el motivo por el que como autoridades no le han quitado los animales a la fundación Rufo Salvando Vidas es "porque nosotros consideramos que de nada sirve quitar animales cuando están en un lugar en el cual tienen resguardo, alimentación y cuidado. Lo que hay que buscar es mejorar las condiciones de este tipo de lugares. Si una persona de estas maltrata, no genera condiciones seguras para el animal, tenemos que intervenir".Los voluntarios y animalistas siguen esperando que sus denuncian tengan un efecto definitivo para garantizar la mejora de condiciones de los animales que permanecen en la fundación Rufo Salvando Vidas, mientras esta sigue operando y recibiendo donaciones.
El propósito de vida de Jaqueline Rivera, diseñadora y madre de dos hijos, cambió en febrero de 2018, cuando Camilo Rodríguez acabó con la vida de su hija Tamara Rivera, de tan solo 18 años, y escapó de las autoridades. Jaqueline le prometió a su hija, el mismo día que se llevó a cabo su funeral, que no descansaría hasta encontrar a su feminicida y llevarlo a responder por su crimen, además le aseguro que lo haría en menos de un año.La tarea no era sencilla, al hombre parecía que se lo había tragado la tierra. Pero aunque ella desconocía su paradero, no se rindió y pasó meses siguiéndole el rastro con publicaciones en redes sociales, hablando con personas que lo habían visto y recopilando información sobre su nuevo estilo de vida. Y lo logró, en enero de 2019, gracias a toda la labor de inteligencia que ella realizó sin conocimiento alguno, pero con el poder del amor maternal, llevó a las autoridades a detenerlo en otro país.Jaqueline Rivera no confiaba en el novio de su hija"Ella era muy alegre, súper espontánea, de esas personas que todo lo resuelve, decía 'yo puedo, yo lo hago'. Esa niña llena de energía soñaba con aprender muchos idiomas y viajar por el mundo". Así recuerda Jaqueline a su hija Tamara o 'Tammy', una joven a la que se le acabaron los sueños con sus 18 años recién cumplidos, luego de que el hombre con el que había sostenido una tormentosa relación la asesinara en su casa en Cali.El responsable fue Camilo Rodríguez, un hombre seis años mayor que Tamara que se dedicaba a manejar Uber en la ciudad y se había ganado la confianza de la joven hasta el punto de empezar una relación amorosa. Cuando Tamara se lo presentó a su mamá, ella le dijo que no le daba confianza, algo extraño porque Jaqueline asegura que "a mí no me cae mal nadie". Sin embargo, sus dudas no hicieron mayor peso y el noviazgo continuó, pero a los cuatro meses notó que algo estaba mal con su hija. Jaqueline Rivera confirmó sus sospechas, Camilo maltrataba a Tamara, y por eso la llevó a interponer una denuncia. A pesar del proceso legal iniciado, Tamara decidió volver con él y con el tiempo también regresaron los golpes, en total lo demandaron por agresión y violencia de género tres veces. Camilo no solo maltrataba y manipulaba a Tamara, quien sentía que no podía salir de esa relación, sino que también llamaba a Jaqueline para amenazarla por haberlo denunciado.Así ocurrió hasta que, finalmente, Tammy decidió dar por terminada definitivamente su relación con Camilo. Ante el temor de que el hombre regresara a la vida de su hija, Jaqueline tomó la decisión de cambiarse de casa y, en medio de eso, recibieron una noticia que les dio alivio. Camilo llamó a su hija para despedirse. "Le dice: 'Me voy para Bogotá, lo siento, la embarré contigo y no puedo estar acá', y se fue en enero"; pero todo era una farsa.Unas semanas después, el 22 de febrero de 2018, cuando se suponía que Camilo Rodríguez ya no estaba viviendo en Cali, Tamara le avisó a su mamá que saldría a la calle a hacer una diligencia, pero nunca más regreso. "Yo sentí que se me oprimía el pecho, había algo que me decía que algo pasó", recordó Jaqueline Rivera ese día, cuando salió corriendo en busca de su hija presintiendo que lo peor había pasado."Cuando llegué metí la llave y esa reja se abrió, miré al piso y encontré la pulsera de ella. Corrí al patio, miré por la ventana y la vi en el suelo. La toqué y estaba fría, eso es duro porque usted queda como en una burbuja, yo salí corriendo a un CAI cerca y les grité: 'mi hija está muerta, Camilo la mató'", detalló.Así fue la cacería del feminicida de su hijaLa muerte de Tamara Rivera en Cali empezó a ser investigada por las autoridades en Cali, con Camilo Rodríguez como principal sospechoso ante los señalamientos de la madre de la víctima. Sin embargo, se desconocía el paradero del sujeto que semanas atrás les había dicho que se mudaría a Bogotá. Días más tarde se llevó a cabo el funeral de la joven y su mamá decidió convertirse en una especie de investigadora judicial, para honrar la vida de su hija. "Le hice una promesa y le dije que se la iba a cumplir. Que yo iba a encontrar a Camilo y que lo iba a encontrar antes de un año, costara lo que me costara. Y se volvió mi obsesión. Aprendí a saber cómo escribía, a saber cómo se expresaba. Empecé a analizarlo cuadro a cuadro".En medio de su dolor, y mientras pensaba cómo iniciar su búsqueda, Camilo Rodríguez tuvo la sangre fría de llamarla y hacerle parecer que él no estaba enterado de la muerte de Tamara. Por recomendación de los investigadores, Jaqueline tuvo que hacer de tripas corazón y hablar con él como si nada hubiera pasado. "Me dice: 'Hace rato no hablo con Tammy ¿ella dónde estará? Tammy no me contesta y me parece muy raro, y yo estoy preocupado porque ella ha estado saliendo con un tipo que es medio raro y a mí me da miedo que le haga algo'".Indignada y destrozada, la madre de Tamara decidió acudir a las redes sociales para pedir ayuda para dar con el paradero de Camilo. Como pudo consiguió fotos recientes de él y de cada uno de sus tatuajes, sus datos personales y detalló en una publicación que ese hombre era el asesino de su hija. Como sucede con este tipo de denuncias en plataformas digitales, rápidamente se hizo viral y algunas personas le aseguraron haberlo visto en Bogotá. El mismo Camilo volvió a comunicarse con ella ante la viralidad de la publicación. "Yo publiqué su foto, sus datos, le explicaba a la gente que ese sujeto asesinó a mi hija. Me llamó y me dijo: 'me voy a entregar a la Fiscalía de Bogotá, yo cometí un error y pienso pagarlo'. Luego empieza a insultarme". Pero Camilo nunca se entregó y desapareció del panorama otra vez; sin embargo, la voluntad, terquedad y el amor de Jaqueline por su hija era más perseverante.Jaqueline no paraba de publicar la información de Camilo y enviársela a personas en Bogotá, último lugar en el que lo habían visto. Por varios meses su búsqueda no daba resultados, pero nunca desfalleció. "En la noche hacía redes sociales, en el día trabajaba. No bajé la guardia en ningún momento" y para ese entonces sufrió un accidente en su moto, lo que la incapacitó un tiempo en su casa con "todo el tiempo del mundo" para continuar con su cacería."Un día de la nada llegó el mensaje que estaba esperando. Alguien me escribe que él salió hacia Ecuador con unos migrantes venezolanos". Al darse cuenta que Camilo ya había salido del país, Jaqueline no se detuvo, trasladó su búsqueda y empezó a enviar la información a personas en ese país, específicamente en las ciudades más cercanas a la frontera. Tras algunas semanas de silencio, finalmente recibió un nuevo mensaje de una persona que le aseguró haberlo visto en un parque en Lago Agrio, en la frontera ecuatoriana, pero no sabía si Camilo seguía allí o había cruzado la frontera hacia Perú.En medio de su labor de persecución a través de las redes sociales, en varias ocasiones la publicación de Jaqueline llamó tanto la atención que el mismo Camilo se comunicaba con ella a través de perfiles falsos. "Varias veces me encontré con que hizo perfiles con otros nombres y me escribía para sacarme información de cómo iba el proceso. Yo aprendí a ver él cómo se expresa, cómo habla, cómo escribe y yo lo identificaba. Yo le decía: 'Camilo, ya no le dé más vueltas a esto, o usted se entrega o yo lo encuentro'".Fue por eso que cuando recibió en su buzón de mensajes una foto en primer plano de Camilo Rodríguez, preguntándole si ese era el hombre que ella buscaba, sospechó de inmediato. Por fortuna, en esta ocasión quien estaba del otro lado del chat era un policía peruano que le confirmó sus sospechas, Camilo solo había estado de paso en Lago Agrio, Ecuador, y ahora estaba en Chiclayo, Perú. Para que ella confiara en él, le explicó cómo había conseguido esa foto del colombiano. "Me dijo: 'Yo soy policía aquí en Perú, mi tía tiene un restaurante y él viene a desayunar acá'. Entonces lo que él dejó su celular en la vitrina y cuando Camilo se sentó a pedir, él le tomó la foto".Jaqueline, que se había convertido en la sombra de Camilo, ahora tenía unos ojos en el Perú que estaban atentos a los movimientos de Rodríguez. De esta manera se enteró que Camilo se había establecido en el Perú con otra identidad, la de Johan Sebastián Mena Gutiérrez, y que, además, ya tenía una nueva pareja, mujer a la que también estaba maltratando y cuya familia ya lo había denunciado. "Logré averiguar dónde vivía, dónde trabajaba, a qué hora entraba a trabajar, dónde desayunaba, dónde almorzaba, dónde cenaba, me convertí en su sombra".Entonces la mujer se comunicó con la estación de Policía en Chiclayo y le envió al capitán Saavedra toda la información que tenía de Camilo, pero se encontró con un problema cuando el oficial le preguntó si el sujeto tenía circular roja de Interpol. Esto significó un nuevo retraso para su plan, pues a Camilo solo lo estaban buscando en Colombia. Jaqueline no había llegado tan lejos para nada, por lo que gracias a un investigador privado, consiguió que en diciembre de ese año se emitiera la circular roja contra Camilo, tuvo que esperar 45 días.Así las cosas, el 18 de enero recibió la mejor noticia: el operativo se había llevado a cabo y Camilo Rodríguez había sido capturado en Chiclayo. En ese momento lo detuvieron por falsedad en documento público y le informaron que la justicia colombiana lo exigía para que pagara por el feminicidio de Tamara Rivera. Jaqueline le había cumplido a su hija la promesa que le había hecho en su tumba, pero todavía no podía cantar victoria, pues faltaba el proceso de extradición.Debido a la burocracia entre ambos países, tardaron 10 meses en enviar a Camilo Rodríguez de Perú a Colombia. Pero una vez estuvo en territorio nacional, la justicia colombiana lo condenó a 375 meses en prisión, 35 años que actualmente apaga en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.Aunque el dolor por la pérdida de su hija sigue intacto y nada podría ayudarla a recuperarla, hoy en día Jaqueline Rivera vive tranquila por haberle cumplido a su hija de 18 años la promesa que le hizo el día de su funeral y haber conseguido justicia para que ella no se convirtiera en una cifra más de impunidad.
Colombia se enfrenta hoy a una preocupante realidad frente a la seguridad de la comunidad trans y de las personas con identidades de género diversas, donde la violencia y la intolerancia continúan cobrando vidas. El crimen de Sara Millerey González es un recordatorio de la desprotección que vive la comunidad LGBTIQ+ en el territorio nacional. Diego Guauque de Séptimo Día investigó.El caso de Sara Millerey en AntioquiaEn su infancia, se caracterizó por ser alegre, cariñosa y muy cercana a las actividades religiosas de su comunidad. Su tío, Juan Camilo González, recuerda con afecto que en su niñez ella era una persona servicial: "era alegre, le gustaba mucho las cosas de Dios".Desde temprana edad, Sara comenzó a manifestar y afirmar su identidad de género femenina, expresando abiertamente quién era y su deseo de ser llamada como Sara Millerey, de acuerdo con el relato de su tío.A diferencia de muchos otros casos de la población trans en el país, quienes frecuentemente sufren el rechazo y abandono de sus familias, Sara Millerey contó con un apoyo incondicional en su hogar. Su tío destaca que en su familia nunca existió discriminación.El ataque en Bello que indignó al paísUn viernes a las tres de la tarde, una vecina se comunicó con Juan Camilo González para alertarlo sobre el ataque que había sufrido su sobrina. La investigación judicial posterior reveló la gravedad y la premeditación con la que se ejecutó la agresión. Saúl León, abogado penalista de la familia de la víctima, explicó cómo se desarrollaron los hechos dentro del inmueble al que fue conducida por la fuerza.Según el abogado Saúl León, "básicamente quienes asesinaron a Sara Millerey son sicarios en el municipio de Bello, Antioquia". El jurista también señaló que "hay evidencia en el expediente que acredita que cuando los agresores toman a Sara le gritan improperios, vulgaridades. todo derivado de su identidad de género. Y todo esto ocurre mientras la golpean y mientras le quitan la vida prácticamente".Esta agresión estuvo relacionado por prejuicios sobre la diversidad. León señaló que los atacantes ejercían un dominio armado en el barrio y que, "derivado de ello, eh en este control territorial ilegal que hacían estos sujetos en ese municipio, pues consideraban que esto era inapropiado socialmente".Después de golpearla y causarle múltiples fracturas, los cinco agresores trasladaron a Sara Millerey hasta la quebrada La García y la arrojaron a la corriente. Según la denuncia de la defensa, el horror continuó después de que la víctima cayó al agua, ya que los atacantes permanecieron armados en el sitio para impedir que fuera socorrida.Varios vecinos del sector se alarmaron ante la escena. Al ver a Sara atrapada en la corriente, dos habitantes de la zona decidieron intervenir. Los vecinos formaron un lazo humano dentro del agua para sostener a la víctima, impidiendo que el cauce la arrastrara.Poco después, unidades del cuerpo de bomberos lograron ingresar al área a través de una vivienda.Investigación y el reclamo por los implicados prófugosAunque fue rescatada con vida de la quebrada La García, Sara Millerey González Borja falleció el 6 de abril de 2025 en un hospital de Medellín debido a la gravedad de las lesiones internas y las fracturas. Su violento asesinato desató indignación y una rápida movilización de las autoridades competentes.El proceso judicial ha avanzado de forma parcial en la identificación y captura de los autores materiales del crimen. La defensa de la familia confirmó que el expediente penal señala a un total de cinco sospechosos de participar en el homicidio. El abogado Saúl León habló del el estado actual de las detenciones: "Son dos sujetos oriundos de Medellín y de Bello, Antioquia. Están privados de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín".No obstante, los otros tres implicados en el asesinato de Sara Millerey continúan en libertad. Al ser consultado sobre las razones por las cuales no se ha completado la totalidad de las órdenes de captura, el abogado León indicó que "no ha sido posible su ubicación" por parte de los investigadores judiciales.
El terremoto del pasado 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó, sacudió a la ciudad de Cali con gran violencia debido a las condiciones de su suelo blando, compuesto por sedimentos de río. El movimiento telúrico destruyó por completo 24 edificaciones de la ciudad y dejó agrietadas a más de un centenar. Los Informantes visitó la zona.Entre todos estos puntos críticos, la estructura que registró el mayor saldo de víctimas mortales fue el edificio residencial Torres del Limonar, ubicado en el sur de la capital vallecaucana. En las labores de remoción de escombros de esta estructura trabajaron de manera conjunta el cuerpo de bomberos, la Armada Nacional, la Policía y un equipo de expertos rescatistas internacionales. Durante las primeras horas, las familias de los desaparecidos mantuvieron la esperanza de hallar personas con vida. Sin embargo, los equipos de rescate se enfrentaron a un obstáculo médico y físico severo conocido como el síndrome de aplastamiento. Diversas víctimas atrapadas lograban entablar conversaciones bajo la estructura colapsada, pero al levantarse las losas de concreto que las presionaban, las toxinas acumuladas en sus músculos ingresaban repentinamente al torrente sanguíneo, provocando infartos fulminantes de inmediato. Según el registro de la emergencia, la gravedad de esta situación llevó a que algunos familiares manifestaran su deseo de que no se removieran las pesadas piedras para poder continuar conversando con sus seres queridos.La mujer que rescata fotos y recuerdos en las ruinasEn medio de esta tragedia, Johana Sánchez, una caleña de 41 años, madre y contratista sin ningún tipo de entrenamiento en labores de socorro, decidió acudir de manera voluntaria a la zona del desastre.A pesar de no vivir en el edificio colapsado ni conocer a ninguna de las víctimas, Johana evadió la prohibición de su familia para ingresar a la zona de impacto. Su llegada se produjo un martes, camuflada en un vehículo de carga pesada justo cuando se agotaban las 72 horas críticas de búsqueda de sobrevivientes determinadas por los protocolos internacionales.Al ingresar a la zona restringida, Johana relata cómo inició su labor voluntaria de apoyo: "Había un militar ahí y yo le dije, 'Buenas.' Y me entré y ahí mismo le dije a una persona, 'Me presta un casco y me puse a a coger piedras y a mirar por los huequitos si encontraba alguien. Yo vine a salvar vidas, o sea, a tratar de sacar la ayudar a sacar la gente, pero no no se pudo".Aunque la misión inicial de rescatar personas con vida no resultó, la atención de Johana se desvió hacia una dimensión diferente de la catástrofe al observar pequeños objetos cubiertos de polvo y escombros. El momento clave que redefinió su labor ocurrió tras observar un peluche entre las piedras. Al ver que otra persona intentaba desecharlo considerándolo inservible, Johana intervino diciendo: "No, señora, eso no es basura. Lo que para usted es basura, para otra persona es lo más importante que le queda, un recuerdo".A partir de ese instante, Johana Sánchez inició un proceso minucioso de clasificación de pertenencias personales que abarcaba zapatos, llaves, diplomas, relojes, carteras y cartas familiares. Ante la gran acumulación de objetos rescatados, diseñó un método de organización basado en los perfiles ocupacionales y profesionales de las víctimas. Al entrevistarse con los familiares que acudían al lugar, Johana indagaba por las profesiones de los fallecidos para ubicar sus pertenencias en sectores específicos.De acuerdo con Johana, la efectividad de su método sorprendió a los sobrevivientes: "Yo se quedan aterrados porque dice, '¿Usted cómo sabía que esto era de mi mamá?' Y yo le dije, 'Porque su mamá, por ejemplo, su mamá, ¿qué era?' Ah, la señora trabaja en estética. Entonces empezaba".De igual manera, logró agrupar todas las herramientas de ferretería correspondientes a un propietario de la Torre A identificado como don Miguel. Entre esos papeles, descubrió una carta redactada en el año 2011, la cual contenía un mensaje íntimo de afecto dirigido a su esposa e hijos que estuvo guardado durante quince años. El documento fue entregado a su hijo precisamente el día del cumpleaños de don Miguel.La maleta de fotos de la familia PatiñoUno de los procesos de identificación más emotivos del desastre fue el del periodista y presentador José Fernando Patiño, quien viajó desde Bogotá tras enterarse del colapso del apartamento de su padre de 78 años, Darío Patiño Rivera, situado en el apartamento 304. El rescate del cuerpo se concretó el martes en la noche tras una ardua labor de los rescatistas. José Fernando identificó a su padre ingresando a un estrecho espacio con la ayuda de un socorrista. El reconocimiento físico se efectuó por partes: la parte trasera de su pierna, su talón, una calva en la coronilla y un lunar en la axila.Tras el funeral, José Fernando regresó a las ruinas del edificio con el propósito específico de recuperar la memoria familiar. En ese momento, relata que recurrió a la ayuda espiritual de su padre: "le dije, 'Pa, entre tantas cosas ayúdame a buscar nuestros recuerdos.' Tú puedes creer que lo primero que encontramos fue una maleta donde dijeron, 'Ahí hay fotos'". Al recibir el equipaje que había sido clasificado por Johana y los voluntarios, José Fernando Patiño estuvo muy agradecido: "Esto es todo. Esto es todo lo que necesito". La recuperación de ese archivo fotográfico devolvió a la memoria de la familia.La clasificación de Johana Sánchez demostró que los objetos de valor estrictamente material perdían toda relevancia para los dolientes frente a la carga sentimental de las imágenes. Tal fue el caso de la hija de una pareja que falleció abrazada bajo las placas de concreto.Al intentar Johana hacerle entrega de joyas de plata y una costosa colección de lentes de sol pertenecientes a su madre, la joven de 30 años las rechazó de inmediato para centrar su petición únicamente en las fotos.La única ocasión en la que Johana Sánchez interrumpió su labor y se quebró emocionalmente ocurrió tras acompañar a una madre que permaneció dos días y dos noches sin dormir en el campamento improvisado, esperando el rescate de sus hijos Valentina y Juan.Cuando los cuerpos sin vida de ambos jóvenes fueron localizados bajo el concreto pesado, Johana se aisló del campamento y se encerró a llorar sola.A pesar de las constantes sugerencias del equipo de profesionales en psicología del duelo que asisten la emergencia, quienes le recomiendan diariamente retirarse para proteger su salud mental ante la saturación de dolor, Johana permanece firme en el lugar.Actualmente, todas las pertenencias, fotos, diplomas, relojes y anillos recuperados por Johana Sánchez y los voluntarios civiles han sido trasladados de forma segura a una bodega oficial para que los familiares puedan identificarlos y reclamarlos.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, señalados de, al parecer, recibir dinero de una estructura del Clan del Golfo en Antioquia a cambio de suministrar información reservada relacionada con operativos y movimientos de tropas del Ejército Nacional.De acuerdo con la investigación, los tres uniformados, quienes estuvieron adscritos al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva No. 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, en el sur de Bolívar, habrían hecho parte de una red dedicada a obtener y filtrar información estratégica sobre las acciones militares adelantadas contra esa organización criminal. Según la Fiscalía, esta estructura operó entre enero de 2022 y febrero de 2025 y contó con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, quien ya fue condenada por estos hechos.Gobierno anuncia giro en estrategia contra grupos criminales: "Serán tratados como terroristas"Las pruebas contra los militaresLas pruebas recopiladas por el ente acusador indican que el 2 de enero de 2022, cuando tenía el grado de subteniente, Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos por intermedio de un militar retirado para alertar posteriormente sobre los desplazamientos de las tropas bajo su mando en zona rural de Ayapel, Córdoba.Asimismo, la Fiscalía sostiene que Sicacha López habría aceptado pagos a cambio de compartir información relacionada con las operaciones militares en las que participaba. En el caso de Henao Luna, las autoridades lo señalan de haber recibido dinero por entregar datos privilegiados sobre los movimientos de la escuadra que comandaba, presuntamente después de recibir una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022.Los procesados fueron capturados en operativos realizados por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento de Buenavista, en Distracción (La Guajira), y Yopal (Casanare).Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Sicacha López aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que Bravo Olaya y Henao Luna fueron enviados a un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
La Presidencia de la República anunció la nueva estrategia integral de seguridad. El presidente Abelardo de la Espriella presentó los lineamientos, dando un giro en la forma en la que se enfrenta al crimen organizado desde el Estado y aseguró que "todos los grupos criminales serán tratados como terroristas".El Gobierno indicó que "todos los grupos armados ilegales, sin distinción de denominación, serán tratados bajo una sola categoría: terroristas", siendo este el punto de inicio para los lineamientos de la estrategia de seguridad. "Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde. Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal", aseguró el presidente a través de un comunicado.De la Espriella también ordenó la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, del que harían parte el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, articuladas con la Fiscalía y la Judicatura. "El presidente fue enfático en que la Fuerza Pública colombiana debe actuar como un cuerpo monolítico y unificado, sin rivalidades entre instituciones, bajo una sola bandera", agregaron desde Presidencia.Entre los otros anuncios en temas de seguridad, el Gobierno también anunció "la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad, la persecución del cártel de tierras y el combate frontal al préstamo gota a gota, al que describió como una forma moderna de esclavitud que afecta a 12 millones de colombianos".El mandatario ordenó además la reactivación de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), que liderará la exfiscal Marta Lurreyes. La unidad cuento con el acceso a la información bancaria de los últimos cuatro años e integración con la Policía y el sistema financiero. También se reactivará "el sistema de recompensas, los operativos de redadas, la red de cooperantes y los traslados carcelarios urgentes para impedir que las cárceles sigan operando como centros de extorsión".Por último, el Gobierno se refirió al inicio de operativos coordinados por parte de Migración Colombia y la Policía de Barranquilla para enfrentar la migración ilegal y la delincuencia de extranjero. Anteriormente se había conocido de un video filtrado de un consejo de seguridad el domingo en Barranquilla. De la Espriella dio la instrucción de identificar y detener en primer lugar a los migrantes que cometan delitos. "La orden a Migración es clara (....) primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación y que en el término de la distancia tendrán que ser deportados", dijo.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El presidente Abelardo de la Espriella le pidió a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional una operación conjunta para atacar a las organizaciones criminales que están involucradas en el hurto de combustible y crudo en el país. El mandatario aseguró que está recibiendo información "absolutamente alarmante y exige una respuesta inmediata y contundente del Estado".El jefe de Estado escribió en su cuenta de X ordenando la respuesta por parte de todas las instituciones para hacerle al hurto de estos productos. "Cada mes estarían siendo hurtados cerca de 123.700 barriles de productos refinados —gasolina, diésel y nafta—, importados o producidos por Ecopetrol. Esto estaría ocurriendo solamente en un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país, y las pérdidas se concentran principalmente en Cesar y Magdalena. De mantenerse este ritmo, estaríamos hablando de más de 1,5 millones de barriles al año, con pérdidas superiores a $500.000 millones para Ecopetrol y, por tanto, para la Nación", aseguró.En el mensaje, dirigido al ministro de Defensa, al comandante general de las Fuerzas Militares y al director general de la Policía Nacional, De la Espriella agrega que "estos combustibles son utilizados como insumos en el procesamiento ilícito de cocaína. Por eso debemos determinar cuánto del combustible hurtado está terminando en las cadenas del narcotráfico y qué organizaciones están detrás de su adquisición y transporte".El presidente aseguró que todo indica que "los delincuentes estarían utilizando las denominadas 'caravanas de la muerte' para cargar, transportar y escoltar el combustible hurtado, llegando a movilizar hasta 600 vehículos, muchos de ellos con destino al Catatumbo". En caso de confirmar que el combustible alimenta esos complejos de sustancias ilícitas, el mandatario asegura que estarían "frente a una cadena criminal que puede estar conectando el hurto de hidrocarburos con el narcotráfico y la financiación de organizaciones armadas terroristas".De la Espriella ordenó una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, articulada con Ecopetrol, la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes. "No quiero que persigamos solamente al que perfora el tubo. Hay que desmantelar toda la cadena: quién financia, quién hurta, quién almacena, quién transporta, quién escolta, quién compra y quién comercializa; y, especialmente, determinar qué cantidad termina en las estructuras del narcotráfico y quiénes son sus destinatarios finales", explicó."Necesitamos inteligencia, control territorial, operaciones sostenidas, judicialización y extinción de dominio sobre los vehículos, predios, depósitos y demás bienes utilizados por estas organizaciones", añadió el mandatario de la Nación, agregando que "cada barril robado es patrimonio de los colombianos. Y si además está siendo utilizado para alimentar la producción de cocaína, estamos permitiendo que con recursos robados a la Nación se fortalezca la misma economía criminal que estamos combatiendo". Por último, el presidente le solicitó directamente al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, a que coordine la operación, le pidió resultados e informes periódicos.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Uno de los hombres que durante casi dos años custodió con celo la seguridad del expresidente Gustavo Petro en la Presidencia de la República enfrenta hoy una grave acusación por presunto acoso sexual. Se trata del teniente coronel del Ejército Sammy Ernesto Rodríguez, exedecán de la Casa de Nariño.En abril de este año, la Procuraduría General de la Nación le formuló cargos al constatar de que hay evidencias que lo incriminan en un aparente acoso sexual contra otra oficial, la mayor Diana Marcela Sierra, de 43 años. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol obtuvo todo el expediente del caso que lo tiene bajo sospecha, que cuenta con varias horas de grabaciones, testimonios y chats comprometedores.El relato de la mayor que acusa al teniente coronelLa abogada Sierra, en una extensa declaración ante el Ministerio Público, relató con todo detalle su drama. Todo empezó, de acuerdo con ella, el 13 de mayo de 2025, cuando se disponía a ingresar en su vehículo, junto a su hijo de 12 años, a las casas fiscales del Cantón Militar de Palonegro en Bucaramanga, Santander, a las instalaciones de la Segunda División del Ejército Nacional.Sobre las 9:00 de la noche, en el retén de ingreso, la mayor Sierra se percató de la discusión que tenían en ese momento el ahora teniente coronel, en ese entonces mayor, Sammy Rodríguez, y un taxista que lo había llevado hasta allá, al parecer, porque el oficial no quería pagarle la carrera. Rodríguez venía del funeral de la mamá de su jefe en la Casa Militar, el coronel Jairo Mancilla. La Casa Militar es la dependencia que maneja la seguridad del presidente de la República y su familia."Yo paro el taxista de mi carro y le pregunto que qué había pasado. Me dice que el señor oficial no le quiere pagar la carrera y que está en estado de alicoramiento. Yo le pregunto que cuánto es. Me dice que son 10.000 pesos. Yo le pago la carrera al señor y pues en nombre de la institución le pido excusas", contó la mayor Sierra. Por petición de la cabo Yuliana Clavijo, encargada de la guardia a esa hora en el retén militar, la mayor Sierra habló con el entonces mayor y edecán de Presidencia Sammy Rodríguez, quien no tenía ni su celular ni su billetera."Yo bajé el vidrio y me le presenté, le dije: mi mayor, buenas noches, yo soy la mayor Diana Sierra, soy la asesora jurídica de la Segunda División. Mi mayor, solicito, usted está tomado (...) Me dice: Dianita, yo estaba en un velorio y me tomé unos tragos. La cabo me dice: mi mayor, por qué no lo entra para evitar un escándalo". En vista de la situación, la oficial Sierra le dijo a Rodríguez que se subiera a su carro para llevarlo al casino de oficiales donde, se suponía, se había dispuesto que iba a alojarse esa noche. "Se montó al carro. Pues, yo bajé el vidrio porque en realidad mi única preocupación y tengo que ser muy sincera, era que él no vomitara mi carro. Yo accedo a llevarlo porque cuando llegué y lo vi, él no estaba violento ni agresivo, inclusive estaba parado y me dio hasta lástima. Yo iba manejando, de copiloto iba mi niño, mi hijo de 12 años, y el señor mayor Rodríguez iba en la parte de atrás del carro", siguió relatando.De acuerdo con su versión, una vez en el vehículo, el edecán de Palacio empezó a acosarla. "Cuando ya a la altura del CRM me dice: ¿Dianita, usted sabe hacer el amor rico? Cuando él me dice eso, yo le digo: ay, mi mayor, por favor, respéteme, porque yo lo estoy ayudando. Respéteme que aquí está mi hijo. Él procede con su mano izquierda a pasar su mano delante de mi hombro y tocarme el seno derecho", aseguró la mayor Sierra, que en ese momento detuvo en seco el carro y acudió a dos suboficiales que pasaban por ahí para pedirles su ayuda."Ayúdeme, que este señor me está irrespetando y no se quiere bajar de mi carro. Bájese, mi mayor, por favor. Cuando él vio que el sargento abrió la puerta, empezó a decir ¿dónde está mi celular? Entonces yo le dije: mi mayor, usted no tenía celular, yo lo recogí sin celular, yo le tuve que pagar su carro, usted no tenía nada y me empezó: Doctora, pues pido excusas. En aras de la verdad me empezó a decir: Usted es una perra malparida, usted es una perra hijueputa. Este sargento la ayuda porque es su mozo, malparida yo trabajo con Petro, usted no sabe con quién se metió, la voy a mandar para la mierda no la voy a dejar ascender. Usted es una perra malparida. Todo esto delante de mi niño", añadió.La tensión escaló en ese momento y los suboficiales le recomendaron a ella a que se fuera con su hijo. Según Sierra, de inmediato llamó a los coroneles Alfredo Orjuela y Carlos Parra, comandantes del Batallón Caldas y del Batallón de Apoyo y Servicio, respectivamente, para reportarles la situación. Incluso llevó al coronel Parra hasta el lugar de los hechos. "Cuando yo llegué al punto estaban los dos suboficiales que me ayudaron con el señor mayor Rodríguez, con mi coronel Orjuela y él estaba en una actitud muy violenta. También los amenazaba y les decía que ellos no sabían con quién se habían metido". Consternada por lo que había pasado se fue con su hijo de ese lugar, pero al día siguiente siguieron pasando cosas. Según detalló, fue abordada en su oficina por el mayor Anderson Quiroga, quien trabaja con Rodríguez en la Casa Militar de Presidencia. El objetivo, según Sierra, era que no se conociera lo que había ocurrido la noche anterior.Parte de esa conversación quedó registrada en videos obtenidos por Noticias Caracol. Allí se ve al oficial Quiroga, sobre las 2:00 de la tarde de ese 14 de mayo de 2025, hablando con la mayor Sierra. "Me decía que por favor no dijera nada, que porque eso había sido un pequeño error de mi mayor, que él era un hombre muy correcto, que él ya había tomado con él, que no entendía por qué había pasado eso, que él estaba a cargo de él y que si yo denunciaba, él se iba a meter en problemas”, contó Sierra.La mujer le explicó a Quiroga y dijo que no le parecía justo que pasara eso y vinieran a decirle que no dijera nada. “Que a mí me tocaba informarle a mi jefe, o sea a mi general Rodríguez. Y él muy osado me dijo: es que mi mayor, nosotros ya le informamos al mando y nos dijeron que total apoyo para nosotros. Lo tomé, sinceramente, como una amenaza, como no diga nada, porque ya el apoyo lo tenemos nosotros".Los contactos al esposo de la mayorLa mayor Sierra incluso aseguró que el entonces mayor Sammy Rodríguez llamó a su esposo, Miguel Plata, también oficial del Ejército, para que intercediera en su favor y que el caso no escalara a las autoridades. A pesar de esos mensajes, la abogada persistió en su denuncia. Luego ocurrió otro hecho grave: el 14 de junio de 2025, es decir, un mes después del episodio de presunto acoso sexual, al esposo de la oficial Sierra le llegaron varios mensajes amenazantes."Le enviaron a mi esposo unas fotos injuriantes y unos mensajes amenazantes injuriantes en contra mía de unas fotos que yo tenía en mi Google Drive, que no sabía que las tenía porque no soy muy buena en la tecnología, unas fotos personales que tengo con mi esposo y me hackearon el Google Drive. Se las enviaron a mi esposo manifestándole que posiblemente yo se las enviaba a otros hombres", dijo Sierra. El mensaje de WhatsApp, enviado desde un teléfono desconocido, decía lo siguiente: “Controle a su mujer, porque no creo que estas fotos se las quisiera a enviar a usted. Hágase exámenes, no vaya a ser que tenga VIH. Y hay más pruebas si las necesita”.La mayor Sierra no se dejó atemorizar y reclamó justicia: "Yo en 16 años de mi carrera militar nunca había tenido un problema con nadie, una hoja de vida intachable". La Procuraduría inició sus pesquisas, hizo varias inspecciones y en las instalaciones de la Segunda División del Ejército ordenó hacer una reconstrucción de los hechos en video en los lugares donde habrían ocurrido los abusos y malos tratos por parte del entonces edecán de Presidencia. Incluso se recreó la escena en la que supuestamente Sammy Rodríguez insulta a uno de los comandantes del Batallón Caldas. Ante la Procuraduría declararon 17 militares en el proceso, incluidos varios coroneles, mayores y otros suboficiales que se enteraron de lo acontecido el 13 de mayo de 2025.Testimonios de otros militares relacionados con el casoLa cabo Yuliana Clavijo, que estaba prestando servicio de guardia en el cantón militar esa noche, entregó más detalles del estado en el que llegó al fuerte militar el ahora exedecán de Presidencia. De hecho, aseguró que el oficial también la insultó. "Mi mayor venía un poco tomado, en estado de embriaguez. Entonces ahí yo le pregunté y yo le dije que el vehículo no podía ingresar al cantón, él como estaba tomado como pudo se bajó del taxi. En ese momento el taxista le dijo: págueme, yo solo quiero que me pague la carrera. Entonces mi mayor le dijo: yo no le voy a pagar ninguna hijueputa carrera", relató la cabo Clavijo.Por su parte, el sargento primero César Chica, quien auxilió a la mayor Diana Sierra esa noche tras sufrir el presunto acoso sexual, corroboró la versión de la denunciante y contó otras cosas delicadas. Chica sostuvo que luego de que la mayor Sierra se retirara del lugar pasó algo que no pudo olvidar. "Él nos iba tratando con palabras soeces muy impresionantes, tratándonos de hijueputas, que nosotros quiénes éramos y yo le decía: no señor, cálmese, cálmese, o sea, no se ponga a tratarnos mal. Entonces él me decía que si yo le podía conseguir droga y yo le decía: ah, ¿usted quiere droga, pero qué clase de droga quiere? Él me decía que quería no licor, sino otra clase de droga", afirmó Chica.El suboficial aseguró que trató de darle manejo a la situación, que el entonces mayor, además de estar exaltado, se negó a identificarse al principio y que al final le dijo que no sabía con quién se había metido. "En ese momento llega mi coronel Parra, comandante del Baser (Batallón), efectivamente mi mayor continuaba alterado. 'Son unos perros hijueputas', decía muchas palabras soeces y yo lo único que le decía es: señor, cálmese, cálmese quiere tomar agua, cálmese, diga en qué le podemos ayudar”, dijo el sargento primero, agregando que el entonces edecán aseguró ser amigo de un general Rodríguez.Se refería al general Giovanni Rodríguez León, entonces comandante de la Segunda División del Ejército Nacional. Asimismo, el coronel Carlos Parra relató la forma en que el edecán de Presidencia se comportó la noche del 13 de mayo de 2025, incluso con él, que es superior suyo. Al punto de decirle que no se metiera en problemas. "Si una persona se ubica en el Ejército y sabe qué es un mayor, ¿por qué le va a colocar la mano a un teniente coronel, a un superior? Yo no lo haría. Entonces estaba inhibido por el tema del alcohol. Tenía una inhibición o no se controlaba, no controlaba su comportamiento, porque yo no le coloco la mano en el hombro a un superior", relató el coronel Parra.También declaró en el proceso el coronel Jairo Mancilla, subjefe de la Casa Militar, a quien el mayor Rodríguez acompañó a Bucaramanga al funeral de su mamá. Según dijo, cuando trascendió el escándalo del supuesto acoso, él le pidió explicaciones a su subordinado, pero su respuesta, en esencia, era que no se acordaba de nada. "El mayor Rodríguez me manifestó en el momento que realmente él no se acordaba exactamente de qué ha pasado, que lo cierto era que le habían hurtado el celular, unas tarjetas y un dinero y que me solicitaba permiso para volver a Bucaramanga y colocar la cara a la mayor, ofrecerle disculpas y verificar qué había pasado", contó Mancilla.Otro de los testimonios claves lo entregó el mayor Miguel Plata, esposo de la abogada Sierra. Según contó, al día siguiente de los hechos, el propio mayor Sammy Rodríguez le pidió que intercediera ante su cónyuge. “Yo sé que la embarré, que tuve unos comportamientos que no eran, sé que tuve comportamientos que no eran en la guardia, me propasé con su esposa”, aseguró Plata que le dijo Rodríguez. “Posterior a eso me envía un mensaje diciéndome: Plata, yo la embarré, déjeme hablar con su esposa, necesito que usted interceda con su esposa para yo poder hablar porque fue por culpa de unos tragos fue que la embarré", agregó el esposo de la mayor.A pesar de los abundantes testimonios que aseguran que el entonces mayor Rodríguez estaba alicorado, nunca se ordenó una prueba toxicológica para determinarlo con certeza. Por eso, en el pliego de cargos en su contra ese comportamiento no fue objeto de reproche. No obstante, todo lo demás sí fue tomado como evidencia en el proceso.¿Qué dice el pliego de cargos y en qué está el proceso?"Existen pruebas que demuestran en este momento procesal que el mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, en su condición de edecán de la Presidencia de la República, posiblemente realizó actos de hostigamiento de connotación sexual (...) Lo que le correspondía al mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus era respetar al personal femenino, no solo por la antigüedad de su grado sino por la dignidad que ostentaba como edecán del señor Presidente, cargo que le imponía actuar con mayor decoro y representación de la Institución y la Casa Militar", se lee en el pliego de cargos.El exedecán de Presidencia no rindió su versión libre ante la Procuraduría porque el día de la diligencia, en marzo pasado, estaba en comisión de servicios en Austria. En su lugar, envió un escrito en el que resumió su defensa. En el documento señaló que la pérdida de su celular la noche del 13 de mayo de 2025, en el que tenía información muy sensible de seguridad nacional por su trabajo en Presidencia, le hizo sufrir un evento de tensión extrema al que atribuyó su comportamiento. Además, sostuvo que no acosó a la mayor Sierra y recalcó que no resulta creíble que en medio de ese estado de angustia hubiera desplegado cualquier conducta de connotación sexual con alguien.El organismo de control no solo llamó a juicio disciplinario al ahora teniente coronel Sammy Rodríguez, sino que pidió abrir otro expediente en su contra por los tratos humillantes que presuntamente desplegó contra varios uniformados del Cantón Militar de Palonegro, en Bucaramanga, como los coroneles Alfredo Orjuela y Carlos Parra. También solicitó una nueva investigación para establecer si el exedecán de Presidencia también habría intentado tocar de forma inadecuada o faltándole al respeto al hijo de 12 años de la denunciante la misma noche de los hechos.Por último, el Ministerio Público también pidió indagar al mayor Anderson Quiroga por haber intentado, al parecer, que la mayor Diana Sierra no formalizara ante el alto mando militar lo ocurrido. A pesar de este juicio disciplinario en su contra, cuya resolución se oficializó el pasado 23 de abril, 38 días después, es decir, el primero de junio de 2026, el Ministerio de Defensa aprobó el ascenso de Sammy Rodríguez a teniente coronel.El documento fue firmado por el entonces ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Ángela Ramírez, abogada de la mayor Diana Sierra en este proceso, manifestó que este ascenso les genera una gran preocupación pues viola flagrantemente el Decreto 1799 del año 2000, que señala con precisión que no puede haber ningún ascenso cuando el oficial tiene un pliego de cargos. Noticias Caracol buscó al teniente coronel Sammy Rodríguez para conocer su versión sobre este caso, pero no contestó los mensajes que se le enviaron a su teléfono ni a sus correos personales e institucionales.UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL
El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer cuatro golpes contra el crimen organizado en el país. El mandatario aseguró que la Fuerza Pública logró dar de baja a varios miembros de estas organizaciones y afectar sus operaciones ilegales, destacando golpes al Clan del Golfo. Asimismo, indicó que lograron rescatar a dos personas que se encontraba secuestradas."Cuatro golpes contundentes contra el crimen organizado. En Salgar, Antioquia, fueron dados de baja dos integrantes del Clan del Golfo y otros dos capturados, con incautación de armas y material bélico", escribió el presidente en su cuenta de la red social X. El Ministerio de Defensa manifestó que en los dos miembros capturados se encuentra uno conocido como alias Cortico. El operativo fue efectuado por el Ejército Nacional, en articulación con la Policía Nacional.La cartera indicó que también "fueron incautadas dos subametralladoras, una pistola, proveedores y munición. También fue localizado y neutralizado un cilindro cargado con explosivos que representaba una amenaza para la población. La ofensiva no se detiene". El mandatario dijo que en el municipio de El Peñol y en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, "fueron capturados 11 integrantes de 'La Terraza', señalados de delitos relacionados con concierto para delinquir, narcotráfico y porte ilegal de armas".La Policía de Antioquia explicó que además de esas 11 capturas por orden judicial también se dieron otras 3 capturas en flagrancia. Sobre esto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que "fueron incautadas armas de fuego, municiones, sustancias psicoactivas, entre otros", y aseguró que "en Antioquia no hay espacio para quienes quieren lucrarse del delito y llevar drogas a nuestros barrios y veredas".Por su parte, en Barranquilla, departamento del Atlántico, la Policía Nacional "rescató sanos y salvos a dos ciudadanos secuestrados, por cuya liberación exigían $500 millones". Por último, De la Espriella reveló que en el municipio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, "fueron incautadas más de 2,1 toneladas de marihuana transportadas en un camión".MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El presidente Abelardo de la Espriella definió la nueva cúpula militar, quien junto al ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, tendrá la misión de fortalecer la seguridad en todo el país. Algunos de los oficiales designados serán reintegrados a las Fuerzas Militares. "Me estoy rodeando de los mejores soldados, de los mejores generales para ganarle esta guerra a la criminalidad", expresó antes de anunciar los nombres de los oficiales.“Que nadie se equivoque, esta cúpula vendrá a combatir el crimen en todas sus manifestaciones, no habrá un metro de la geografía nacional que no sea patrullado por nuestras fuerzas, no habrá delincuente que se pueda burlar del Estado y del Gobierno y seguir sometiendo a nuestra sociedad”, aseguró el mandatario.Mayor general Erick Rodríguez Aparicio, comandante general de las FF. MM.Había sido llamado a calificar servicios en el último mes del gobierno del expresidente Gustavo Petro, al parecer, por dar a conocer la carnetización a campesinos por las disidencias de las Farc en Meta y parte del Guaviare con lo que el grupo ilegal buscaba impedir que votaran libremente, pocos días antes de la segunda vuelta presidencial. Se había desempeñado como segundo comandante del Ejército Nacional y subjefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas. En 2024, desde el comando conjunto número 2, lideró la operación Perseo para recuperar el corregimiento El Plateado, en el Cauca. Se trató de la acción militar más grande de la última década en Colombia.Mayor general Carlos Carrasquilla Gómez, jefe de Estado Mayor Conjunto de las FF. MM.Comandaba desde 2025 la Primera División del Ejército Nacional y tenía a cargo 5 departamentos en el Caribe- El oficial tiene master en ciencias militares y estudios de defensa.Mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Ejército NacionalEs administrador de empresas y fue comandante de la V División del Ejército. Cuenta con estudios en defensa, derecho internacional humanitario y seguridad. Lleva 3 décadas sirviéndole al país en las Fuerzas Armadas, en regiones críticas en materia de orden público como Arauca, Tolima, Cauca, Putumayo y Caquetá. Ha sido comandante del Batallón de Infantería No. 33, comandante de la Brigada Móvil No. 29, comandante del Comando Específico del Cauca, comandante del Comando de Educación y Doctrina y actualmente se desempeña como jefe del Estado Mayor Generador de Fuerza. Su llegada a la comandancia del Ejército implicará la salida de 10 generales por antigüedad.Brigadier general Rodolfo Morales Franco, segundo comandante del Ejército NacionalEn 35 años de servicio se ha desempeñado en diferentes cargos como comandante del Batallón de Infantería No. 3, comandante del Batallón de Infantería No. 9, oficial de operaciones de la XXIX Brigada y fundador de la Dirección Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército Nacional. En los últimos años asumió como jefe del Estado Mayor y comandante de la XIII Brigada en Bogotá y Cundinamarca, y también como comandante de la Segunda División. En 2021 fue agregado militar en Rusia.General Óscar Leonel Murillo, Escuela Superior de GuerraSe reintegra a las Fuerzas Armadas después de haber sido retirado por el gobierno Petro en medio de presuntas presiones del Eln para sacarlo del cargo, en el marco de las negociaciones de paz. Fue jefe del departamento de Planeación del Ejército, agregado militar en Israel, oficial de operaciones, comandante de la Primera Brigada y su carrera estuvo marcada por su trabajo en el Chocó como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán.Vicealmirante Javier Jaimes Pinilla, comandante de la Armada Nacional de ColombiaSe desempeña actualmente como jefe de planeación de esa institución. Es profesional en ciencias navales, experto en planeación estratégica y gestión de proyectos, y profesional en ingeniería naval con especialidad en electrónica. Ha ocupado cargos como jefe de las divisiones de cubierta y apoyo aeronaval, y guerra electrónica de la fragata. Además, ha sido comandante de la unidad ARC Socorro, oficial de comunicaciones del Buque Escuela ARC Gloria y jefe de las divisiones de artillería y misiles, antisubmarina y navegación y comunicaciones de la fragata ARC Independiente.Mayor general Juan Martínez Ossa, comandante de la Fuerza Aérea de ColombiaFue jefe de la jefatura de Inteligencia Aeroespacial y Ciberespacial, comandante del Comando Aéreo No. 1 y del Comando Aéreo de Combate No. 7, así como comandante de operaciones aéreas y espaciales.NOTICIAS CARACOLCON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
Las autoridades capturaron en un cantón militar de Bogotá al coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, requerido por presuntos vínculos con organizaciones criminales y crímenes relacionados con narcotráfico y terrorismo. El Ejército informó en un comunicado sobre "la captura de un Oficial Superior activo del Ejército Nacional", aunque no reveló su identidad. Una fuente castrense confirmó este jueves que se trata de Pérez Amorocho.Al coronel se le requiere por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como explosivos.De acuerdo con la información conocida, los hechos investigados estarían relacionados con los periodos 2019-2020 y 2024-2025, cuando el coronel estuvo al frente del Batallón de Operaciones Terrestres No 29 y de la Fuerza de Despliegue Rápido No 2, respectivamente.La hipótesis de los investigadores señala que durante esos periodos el oficial habría recibido sumas de dinero de organizaciones armadas ilegales como contraprestación por distintas actuaciones. El coronel quedó a disposición de las autoridades, que deberán avanzar en el proceso de judicialización y determinar su eventual responsabilidad en los hechos investigados.Renuncia el defensor de Ocaña por investigación de supuestas filtraciones al grupo ELNEl defensor del Pueblo de Ocaña, Norte de Santander, Ever Pallares Baene, renunció al cargo luego de que se conociera una investigación en su contra por presunta filtración de información a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), confirmo este jueves la Defensoría del Pueblo."La entidad tuvo conocimiento de que las autoridades investigan conductas presuntamente atribuibles al Defensor Regional de Ocaña, razón por la cual el funcionario presentó su renuncia al cargo", señaló la Defensoría en un comunicado. La entidad agregó: "La renuncia permite preservar la confianza institucional y que la acción judicial se desarrolle sin ningún tipo de interferencia. Para tal fin, brindaremos toda la colaboración que nos sea requerida por las autoridades".Según Noticias RCN, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra el funcionario tras una denuncia de que desde la Defensoría Regional de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, supuestamente se filtró "información reservada sobre líderes sociales", que "coincide con un mensaje amenazante" atribuido al ELN que fue recibido en febrero de 2025 por un defensor de derechos humanos.La información periodística añade que la amenaza, supuestamente del Frente de Guerra Nororiental del ELN, "contenía detalles precisos de su labor humanitaria y jurídica, datos que —según el denunciante— solo conocían en tiempo real la Defensoría y el Ejército Nacional".Pallares Baene respondió que el denunciante es una persona que ha revelado supuestas amenazas del ELN y que la Defensoría siempre ha estado atenta a darle la protección necesaria. "Soy transparente y estoy en disposición de presentarme a la Fiscalía para que haga la investigación correspondiente", dijo en una conversación telefónica y añadió que su decisión de presentar su renuncia, efectiva a partir del próximo 25 de agosto, ya la había tomado para no estar inhabilitado para competir en las elecciones municipales y regionales de octubre de 2027.El funcionario se refirió además a cuestionamientos a su trabajo como defensor del pueblo por sus vínculos familiares con Amanda Pallares, nombre de pila de alias Silvana Guerrero, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y dijo: "nadie tiene la culpa de tener los primos que tiene". "Dicen que esa señora tiene 30 años en la guerrilla y yo tengo 40 años de edad, es decir, que cuando se metió al ELN yo tenía solo diez años", afirmó.Al respecto, la Defensoría del Pueblo señaló que "ha actuado bajo la convicción de que los vinculas de consanguinidad con personas que han cometido crímenes y causado daños irreparables a la población civil no permiten atribuir a una persona las conductas de sus familiares".Pallares Baene defendió además su gestión como defensor regional del pueblo en la entrega de personas secuestradas por la guerrilla, que ha sido igualmente cuestionada, y señaló que todas las misiones humanitarias en las que ha participado fueron avaladas por sus superiores y siempre estuvo acompañado por otro funcionario de la Defensoría, delegados de la iglesia católica y de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.Finalmente, recordó que fue él quien proyectó en noviembre de 2024 la Alerta Temprana 026 en la que la Defensoría del Pueblo advirtió de la inminencia de una guerra por el control territorial en la región del Catatumbo entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC, que comenzó en enero de 2025 y dejó más de un centenar de muertos y más de 60.000 campesinos desplazados. "En esa alerta se pidieron medidas para frenar esa guerra pero las instituciones poco hicieron, mientras que nosotros, como Defensoría, nos encargamos de sacar a la gente de la zona de combates y buscarles refugio", manifestó.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El presidente Abelardo de la Espriella hizo un nuevo balance de las afectaciones del terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto. También, explicó cómo será el trabajo con las aseguradoras del país para todos aquellos cuya vivienda haya resultado perjudicada o derrumbada tras el sismo de 7,4. Con corte a las 12:30 de la tarde de este miércoles, estas son las cifras del último reporte de la UNGRD: 314 fallecidos4.437 personas heridas262 desaparecidos30.664 viviendas destruidas136.946 viviendas averiadas302 edificios colapsados5.809 edificios averiados3.470 centros educativos afectados352 centros de salud afectados449 vías afectadasDe la Espriella indicó que la afectación se presenta en 15 departamento y 471 municipios. Además, 3.470 centros educativos y 352 centros de salud presentan afectaciones, mientras que los daños en la infraestructura incluyen 449 vías, 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales, 105 acueductos y cinco aeropuertos."La emergencia no ha terminado, y el Gobierno nacional no va a bajar la guardia. Seguiremos desplegados en el territorio como lo hemos hecho desde el minuto uno de la tragedia,", dijo el Presidente antes de entrar a un consejo de ministros en el cual va a firmar el decreto de emergencia económica.La ayuda de las aseguradoras tras el terremotoTras una reunión con representantes de las compañías de seguros, el mandatario aseguró que el Gobierno cruzará la información oficial con las bases de datos de las aseguradoras para agilizar tanto las indemnizaciones como la asignación de subsidios estatales. "Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados", afirmó De la Espriella en una declaración desde la nueva sede presidencial, el Palacio San Carlos en Bogotá.El mandatario aclaró que los afectados disponen de "dos años para presentar las solicitudes ante las compañías aseguradoras" y desmintió versiones que advertían sobre un plazo de apenas dos días. Asimismo, anunció que los procesos relacionados con viviendas ubicadas en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 (clase media y baja), una clasificación colombiana que agrupa a los hogares de menores ingresos, y las viviendas de interés social "tendrán atención prioritaria". Sin embargo, aseguró que la medida no implicará la exclusión del resto de los asegurados.Otra de las decisiones anunciadas establece que, cuando una vivienda o una copropiedad cuente con pólizas emitidas por diferentes compañías, serán las propias aseguradoras las encargadas de coordinar la atención y definir los procedimientos correspondientes. "No podemos trasladarle al ciudadano la carga de resolver trámites entre compañías mientras enfrenta las consecuencias de una tragedia como esta", añadió el mandatario.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL*Con información de EFE
Se conocieron los nombres de los posibles integrantes de la cúpula militar que acompañará al presidente Abelardo de la Espriella, quien este miércoles se encuentra en un consejo de ministros junto con su gabinete. Se espera que este 20 de agosto sea el anuncio oficial por el mandatario. La noticia llega alrededor de dos semanas después de que se posesionara y diera su primer discurso como Presidente de la República en el cantón militar Pichincha de Cali, precisamente para resaltar la labor de la Fuerza Pública. La cúpula militar estaría compuesta por: General Carlos Carrasquilla, Jefe de estado mayor conjunto de las fuerzas militaresGeneral José Bertulfo Soto, Comandante del ejército nacionalBrigadier general Rodolfo Morales Franco, Segundo comandante del EjércitoGeneral oscar Leonel Murillo, Escuela superior de guerraMayor general Alfonso Lozano Ariza, Comandante fuerza aeroespacialVicealmirante Camilo Ernesto Segovia, Comandante Armada Nacional de ColombiaEl general Carrasquilla, según su perfil de LinkedIn, se ha desempeñado, desde diciembre de 2025, como comandante de la Primera División del Ejército Nacional. También, fue subdirector J7/9 del Comando Sur de los Estados Unidos, entre junio de 2024 y diciembre de 2025, y comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo, entre 2022 y 2024. En cuanto al General José Bertulfo Soto, fue comandante de la Quinta División del Ejército Nacional y ha estado 33 años en servicio de la Fuerza Pública. El Presidente ha hecho énfasis desde su campaña que una de sus prioridades será la lucha contra los grupos armados ilegales, la inseguridad y el narcotráfico. En su discurso el pasado 7 de agosto, De la Espriella le impartió "a las Fuerzas Militares y de Policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales, sus integrantes. Los integrantes de las bandas criminales y el narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su Fuerza Pública. Que no se equivoquen, el Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano".También, afirmó que su gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas. De esta manera, dotará a la fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen, pues aseguró que “la opción del diálogo está completamente agotada (...) El Estado históricamente fue suficientemente noble”. Por otro lado, en el 'Libro de la Verdad', el Gobierno nacional denunció que el Ejército Nacional afrontaría un déficit presupuestal de 14 billones de pesos para 2026. A esto se suma la situación de la flota aérea: de los 19 helicópteros MI-17 solo 8 están operacionales, mientras que de los 49 UH60, 18 no están disponibles por mantenimiento o falta de recursos. El libro habla, además, del crecimiento de grupos armados y baja operación de las fuerzas armadas.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (ESMIC) abrió una convocatoria para quienes quieran iniciar en 2027 el proceso de formación como oficiales del Ejército Nacional. La inscripción corresponde al periodo 2027-1 y está dirigida a jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por la institución. El programa de formación tiene una duración de cuatro años, distribuidos en ocho semestres, y contempla estudios en Ciencias Militares. Además de la preparación propia de la carrera de las armas, los estudiantes pueden optar por una formación profesional complementaria en diferentes áreas. El ingreso a la ESMIC está previsto para el 15 de enero de 2027; antes de llegar a esa etapa, los aspirantes deben atravesar un proceso de selección que incluye pruebas académicas, físicas, médicas y psicológicas, además de entrevistas y otras evaluaciones. La carrera "está dirigida a jóvenes que desean asumir el desafío de convertirse en oficiales del Ejército Nacional, en un proceso que contempla diferentes etapas de evaluación y selección", indicó la escuela. El proceso está diseñado para que los futuros oficiales desarrollen su formación académica y cumplan, al mismo tiempo, con las exigencias propias de la preparación militar.¿Qué carreras se pueden estudiar en la ESMIC?Los aspirantes a la carrera de las armas pueden seleccionar opciones de formación complementaria, de acuerdo con la oferta establecida por la institución. Entre las alternativas disponibles están:Ingeniería Civil.Derecho.Administración Logística.Educación Física.Relaciones Internacionales.Requisitos para ingresar a la Escuela Militar en 2027Uno de los primeros pasos para los interesados es verificar que cumplen con las condiciones establecidas para participar en la convocatoria. De acuerdo con la información publicada por la Escuela Militar, los principales requisitos son:Tener mínimo 16 años y máximo 21 años al momento del ingreso a la ESMIC.Ser ciudadano colombiano o extranjero que tenga nacionalidad colombiana.Ser bachiller o encontrarse cursando grado once y obtener el título antes de comenzar la carrera.No registrar antecedentes penales, disciplinarios o fiscales.Contar con los resultados de las pruebas Saber 11 (ICFES) o encontrarse dentro del periodo establecido para presentarlas.Cumplir las demás condiciones exigidas durante el proceso de selección.El cumplimiento de estos requisitos permite comenzar el proceso, pero no significa que el aspirante sea admitido automáticamente. La selección continúa con las diferentes pruebas y evaluaciones programadas por la institución.¿Cuáles son las pruebas para ser oficial del Ejército?El proceso de incorporación contempla varias etapas. Los aspirantes deben superar evaluaciones que buscan determinar si cumplen con las condiciones necesarias para continuar en la convocatoria. La primera parte incluye una prueba psicométrica, entrevista psicológica y exámenes médicos en los centros autorizados. Posteriormente, quienes continúen en el proceso deben participar en el comité de pruebas, donde se realizan diferentes evaluaciones. Estas incluyen:Prueba física de tierra.Prueba física de agua.Prueba de inglés.Chequeo médico complementario.Entrevista.Visita domiciliaria.Tallaje.Prueba de poligrafía.¿Cuáles son los descuentos y beneficios en la matrícula?La convocatoria también contempla algunos beneficios económicos para determinados grupos de aspirantes. Según las condiciones publicadas por la ESMIC, los hijos de oficiales, suboficiales y soldados profesionales del Ejército Nacional, ya sean activos, retirados o con pensión por invalidez, pueden acceder a un 30% de descuento en la matrícula académica. También se contempla un descuento del 30% para aspirantes pertenecientes a comunidades afrodescendientes e indígenas. En los casos en los que una familia tenga más de un hijo adelantando su formación militar y profesional en la Escuela Militar, el segundo hijo puede acceder a un 10% de descuento.Por otra parte, quienes hayan prestado servicio militar tienen derecho al 100%, de acuerdo con lo establecido en la ley. La convocatoria también contempla gratuidad en el concepto de matrícula para quienes se encuentren clasificados en los niveles A, B o C del Sisbén. Los descuentos establecidos no son acumulables, por lo que cada aspirante únicamente puede aplicar a uno de los beneficios disponibles. La inscripción debe realizarse a través de los canales oficiales de la Escuela Militar de Cadetes. El proceso comienza con el formulario de inscripción y posteriormente continúa con las pruebas y evaluaciones correspondientes.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
Hace un algunos minutos, se presentó una polémica situación en el estadio Palmaseca, durante los últimos minutos en el duelo entre Cali y Atlético Bucaramanga, por la octava jornada de la Liga BetPlay. Más allá del empate 1-1 que se presentó en el estadio Palmaseca, en los instantes finales todo fue confusión, improperios, empujones, protagonistas exaltados y salidos de casillas; mientras que en las tribunas se observaron los hechos con asombro, además de que algunos hinchas de la tribuna sur también se enfrentaron con algunos efectivos policiales.Los ánimos se fueron caldeando en los minutos finales, con enfrentamientos entre futbolistas de bando y bando ante algunas fricciones y acciones de faltas, y choques de juego. Y el tema se hizo aún más complicado cuando le fue decretada una pena máxima a favor de los 'azucareros', que a la postre fue capitalizada por Leyser Chaverra, cuando los visitantes protestaron de manera airada.Según los reportes de la transmisión oficial de la Liga del fútbol colombiano, el entrenador Pablo Peirano, de los santandereanos, se metió a la cancha para protestar y alertar por el tema del intento de invasión del terreno de juego por parte de algunos seguidores locales.
Una investigación desarrollada durante cerca de un año permitió judicializar a tres personas dentro de la operación denominada OISEC 26DESAB009 “LOS DEL CABLE”. El operativo estuvo bajo la dirección de la Fiscalía Primera Local de Subachoque y El Rosal, con el trabajo investigativo de la SIJIN del Departamento de Policía Sabana (Desab), el aporte de inteligencia de SIPOL, la participación de la Policía Nacional y sus unidades territoriales, y el acompañamiento institucional de la Alcaldía Municipal de Subachoque. El proceso permitió materializar tres órdenes judiciales de captura, incautar un vehículo vinculado a la investigación y consolidar elementos materiales probatorios frente al delito de hurto calificado y agravado. Durante varios meses, propietarios de fincas y viviendas rurales de Subachoque reportaron hechos con características similares: ingreso a predios, intervención de instalaciones eléctricas, corte y extracción de cableado y posterior sustracción del cobre.La reiteración de los casos planteó una pregunta fundamental: ¿se trataba de hechos independientes o detrás de ellos podía existir una misma dinámica delictiva? Uno de los elementos diferenciadores del caso fue la utilización conjunta de herramientas tradicionales de Policía Judicial y técnicas de análisis criminal y tecnológico."Esta fue una investigación perfecta. Bajo las correspondientes órdenes y controles judiciales se adelantaron entrevistas y declaraciones; análisis de registros videográficos y elaboración de fotogramas; búsquedas selectivas en bases de datos; obtención de registros de comunicaciones –CDR–; análisis de llamadas entrantes y salientes; datos de abonados, IMSI e IMEI; análisis de celdas de telefonía móvil; correlaciones temporales y geográficas; consultas especializadas; individualización de personas y vehículos, y análisis criminal de recurrencia", indicó el alcalde de Subachoque, Jorge Alberto Camacho Lizarazo.La información entregada por los operadores de telecomunicaciones fue sometida a los respectivos protocolos de embalaje, rotulado y cadena de custodia, con el propósito de preservar su integridad como elemento material probatorio. Entre los registros estudiados se encontraba información técnica correspondiente al 29 de noviembre de 2025, fecha central de uno de los hechos investigados.Posteriormente se realizó un análisis LINK, mediante una herramienta especializada que permite representar y estudiar las relaciones entre personas, lugares, eventos y comunicaciones. La metodología permitió contrastar cada pieza de información: una comunicación con una fecha; esa fecha con un lugar; el lugar con una celda de telefonía; una persona con un vehículo; y ese vehículo con registros audiovisuales, testimoniales y denuncias.La forma en la que operaba la banda criminalEl avance investigativo permitió identificar una modalidad caracterizada por la selección de inmuebles rurales, ingreso a predios, corte de acometidas eléctricas, extracción del cableado para obtener el cobre y utilización de vehículos como apoyo para el desplazamiento y transporte del material. Los elementos recaudados permitieron establecer, incluso, una presunta división funcional de tareas: mientras algunos participantes ingresaban a los predios para cortar y extraer el cable, otros cumplían labores relacionadas con logística, movilidad y vigilancia.Uno de los testimonios obtenidos durante el proceso describió funciones de transporte y vigilancia, corte del cable y extracción del material a través de potreros, además de la utilización de una camioneta para movilizar personas y cable de cobre. La investigación advirtió también una condición de vulnerabilidad: varios de los inmuebles afectados eran propiedades rurales cuyos dueños permanecían temporalmente fuera del municipio, circunstancia que podía hacer que los hurtos fueran descubiertos horas o incluso días después de ocurridos.En diciembre de 2025, ante la reiteración de los hurtos, la Administración Municipal anunció una recompensa de hasta $5 millones por información efectiva que contribuyera a identificar y capturar a los responsables. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía, integrantes de la red de cooperantes entregaron datos bajo reserva que posteriormente fueron verificados y contrastados por las autoridades competentes.NOTICIAS CARACOL DIGITAL
En la noche de este domingo, Abelardo de la Espriella dio un nuevo informe sobre el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto y los incendios forestales que han azotado al país en las últimas semanas. El mandatario se refirió al trabajo del Gobierno con las miles de personas damnificadas y denunció que los incendios estarían siendo provocados por actores criminales.El jefe de Estado, en cuando al terremoto dijo que “tenemos que comenzar a levantar las viviendas, recuperar las escuelas y hospitales, reconstruir las vías, reactivar el campo y devolverles a cientos de miles de familias la posibilidad de empezar de nuevo”.Gobierno termina mesas de diálogo con grupos criminales y elimina reconocimientos a cabecillas¿Cuántas personas murieron tras terremoto en Colombia?Según De la Espriella, en Colombia “tenemos 452,782 colombianos afectados, pertenecientes a 213,400 familias en 497 municipios de 16 departamentos. Lamentablemente, 331 personas han perdido la vida, 4497 resultaron heridas y 152 continúan desaparecidas. Tenemos 35,987 viviendas destruidas y 198,601 averiadas. Además, han resultado afectados 4,261 centros educativos, 404 centros de salud, 121 acueductos afectados, 89 puentes vehiculares y 482 vías también afectadas”.Agregó que, “en las operaciones de búsqueda y rescate participaron 1849 rescatistas oficiales y 54 grupos nacionales e internacionales. A ellos se sumaron más de 144 rescatistas extranjeros que llegaron desde países amigos para ayudarnos a salvar vidas. Quiero hacer un reconocimiento especial a nuestros equipos de búsqueda y rescate. Su misión continúa. Mientras tengamos colombianos desaparecidos, mantendremos las capacidades necesarias para encontrarlos. Ninguna familia puede sentir que el estado dejó de buscar a uno de los suyos”.De la Espriella señaló, además, que al país han ingresado más de 640 toneladas de ayuda humanitaria internacional procedentes de naciones como Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Suecia. Asimismo, destacó que Bogotá “ha liderado la movilización nacional”, con el despacho de más de 2.640 toneladas de asistencia en más de 170 vehículos de carga y aeronaves. Por su parte, Norte de Santander movilizó 105 toneladas de ayudas, mientras que Antioquia coordinó el envío de otras 22 toneladas con destino al Chocó.El mandatario, después de referirse al terremoto, habló sobre los incendios forestales en el país. De la Espriella denunció que “tenemos indicios, información y estudios que dan cuenta que gran parte de esos incendios han sido provocados deliberadamente por manos criminales”.Más de 50.000 hectáreas afectadas por incendios en TolimaSostuvo que “tenemos más de 50.000 hectáreas afectadas en el departamento del Tolima. Cerca de 28.000 de esas hectáreas son agropecuarias. Hay 2.660 productores afectados y pérdidas estimadas en más de 134.000 millones de pesos, 163.000 animales en riesgo y afectaciones en 23 municipios y 507 veredas del departamento del Tolima. Por eso vamos a poner en marcha un plan especial de recuperación ambiental, productiva, rural y de seguridad para ese departamento”.En cuanto a los planes del Gobierno con Tolima, el jefe de Estado explicó que “vamos a comenzar con 343 subsidios de 65 millones de pesos cada uno para reconstruir viviendas rurales que se han visto afectadas por los incendios y vamos a disponer de 5.000 toneladas de heno y 5.000 toneladas de tamo de arroz para atender la alimentación de los animales. Vamos a destinar 7.000 millones de pesos para proyectos productivos y otros 2.000 millones para la compra de 80.000 pacas de 12 kg de Mombasa y Angleton”.De la Espriella anunció que los campesinos tolimenses tendrán un “respiro financiero” después de los incendios que los afectaron: “La cartera agropecuaria de Finagro tendrá un congelamiento por 3 meses en la amortización de las obligaciones de los productores afectados y avanzaremos con un programa de compra de cartera para pequeños y medianos productores. Vamos a reforzar la atención y la vigilancia de las enfermedades respiratorias que están asociadas al humo y la contaminación generada por los incendios, especialmente en nuestros niños, nuestros adultos mayores y la población vulnerable”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
El presidente Abelardo de la Espriella dio detalles de cómo funcionará el bloque anticorrupción que instalará su gobierno, el cual hizo parte de sus promesas de campaña. En una alocución este domingo 30 de agosto, indicó que este bloque operará directamente desde su despacho, y funcionará junto con un grupo élite conformado por la Policía judicial, la Fiscalía, Inteligencia del Ejército, Contraloría, Procuraduría, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), DIAN y cooperación internacional."Hay corruptos enquistados en el Estado. Tenemos información clave sobre eso. Yo personalmente les voy a caer y pronto, queridos compatriotas, les voy a estar informando sobre los resultados. Vamos a iniciar una cruzada como nunca antes se ha hecho contra la corrupción. Que caiga quien caiga. Y quiero reiterar lo que dije en campaña. Voy a perseguir la corrupción venga de donde venga. He prohibido, y lo repito públicamente que cualquier persona de mi entorno familiar o mis amigos acudan al gobierno a intermediar o buscar influir en trámite alguno. No tolero la corrupción y la voy a castigar", aseguró De la Espriella. En otra parte de su discurso, dijo que junto con su equipo "seguimos encontrando corrupción, irregularidades, prácticas repugnantes que durante años se enquistaron en la mayoría de entidades del Estado. Y vamos a seguir buscando, revisando y actuando sin importar quién esté detrás. No llegamos a administrar lo que está mal ni a convivir con la corrupción. Llegamos a poner orden, recuperar los recursos de los colombianos y devolverle dignidad al servicio público. Sé que la tarea es enorme y difícil, pero también sé que vamos a salir de esto. Vamos a limpiar la casa, a reconstruir la confianza y a demostrar que Colombia puede tener un estado que trabaje para su gente y no para los intereses de unos pocos. No vamos a parar hasta lograrlo. Vamos a encontrar todos los robos". El Presidente también anunció la creación del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión. Esta nueva fuerza operativa unificará las capacidades tácticas y estratégicas del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, trabajando en articulación directa con la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.El Jefe de Estado detalló que se exige la integración de labores de inteligencia, investigación criminal y capacidad desplegable para identificar, ubicar, capturar y judicializar a quienes atenten contra la tranquilidad de comerciantes, empresarios, transportadores, campesinos y familias en todo el territorio nacional. “Al extorsionista lo vamos a buscar donde esté. Se acabó convertir el miedo de los colombianos en el negocio de los criminales”, puntualizó. Asimismo, se refirió al fin de la política de la 'paz total' que creó el expresidente Gustavo Petro: "He decidido poner fin a tres procesos de falsa paz, de falso diálogo mediante la expedición de nueve resoluciones que terminan los espacios adelantados con las estructuras vinculadas a alias Calarcá, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano relacionada con los denominados Comandos de Frontera y con las Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la justicia que justifique mantener esas farsas". LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones del gobierno de Gustavo Petro, es una pieza clave dentro del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD), caso por el que está siendo procesada por lavado de activos y tráfico de influencias. Pero ella también guarda los secretos de la relación que tuvieron altos funcionarios del Estado y del gobierno de Gustavo Petro con 'Pedro Pechuga', uno de los más poderosos esmeralderos del país.En una declaración que rindió ante la sala de instrucción en la Corte Suprema de Justicia, Sandra Ortiz comenzó por reconocer su cercanía con el esmeraldero: "Tuve una relación, un noviazgo con un empresario muy importante de ese sector y no todos los del sector minero y esmeraldero son bandidos, hay gente buena también en ese sector. Era un empresario que no tiene un solo señalamiento, pero para instrumentalizar más mi proceso, le pusieron un alias hasta los medios de comunicación".La persona a la que se refería era Juan Sebastián Aguilar, también conocido como 'Pedro Aguilar' o 'Pedro Pechuga', uno de los hombres más cercanos al fallecido esmeraldero Víctor Carranza. Tras varios atentados, fue asesinado por un francotirador el 7 de agosto de 2024 al interior de su propia casa, en un exclusivo conjunto en el norte de Bogotá. Noticias Caracol revela la fotografía de alias Carracas, un francotirador de la guerrilla que, según las autoridades, fue contratado para cometer ese crimen. Casi un año después, en la misma urbanización y con la participación de un francotirador, fue asesinado Hernando Sánchez, socio inseparable y vecino de 'Pedro Pechuga'. El doble asesinato revivió las oscuras épocas de la guerra verde.Según Ortiz, su pareja era un empresario tan importante que los más altos funcionarios del Estado e, incluso, candidatos presidenciales lo buscaban permanentemente: "Una persona que no tiene una sola investigación, ni siquiera debe un parte, que se reunía desde el Presidente de la República de Colombia, magistrados, se reunía con políticos, con congresistas, senadores, representantes, gobernadores, exgobernadores, con todo el mundo. En este país, en sitios públicos, iban a su finca candidatos presidenciales (...) dónde está en el Código Penal que tipifiquen que por ser familiar o por tener una cercanía o haber tenido una relación con alguien del sector, tengo que estar hoy imputada, y que le hayan dado eso como un agravante". Las visitas de 'Pedro Pechuga' en la Casa de NariñoLas afirmaciones hechas por Ortiz en mayo de 2025 terminaron por validar las sospechas sobre los poderosos amigos de Aguilar en el Estado. Los registros oficiales de ingreso a la Casa de Nariño revelan que 'Pedro Pechuga' visitó la sede presidencial en múltiples ocasiones, destacando un registro en video del 5 de junio de 2023 donde aparece caminando detrás de Sandra Ortiz, además de otra visita asentada el 12 de octubre de ese mismo año. La influencia de Aguilar también se extendió al Congreso. El expresidente del Senado, Iván Name, quien también es procesado por el escándalo de la UNGRD, reconoció ante la Corte Suprema de Justicia su estrecha amistad con el esmeraldero, a quien defendió describiéndolo como "un empresario serio y honesto". Sandra Ortiz ha dicho que ella es una víctima dentro del proceso de la UNGRD. Incluso, en una entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y la periodista Catalina Vargas, afirmó como parte de esa narrativa que su pareja fue asesinado por supuestamente ser testigo de las irregularidades en ese caso: "Las personas que están interesadas en que no hable la verdad, que no cuente la historia y porque el principal testigo lo asesinaron". Revelaciones exclusivas de los antiguos socios de 'Pedro Pechuga'Las declaraciones públicas de Ortiz se contradicen con las versiones de antiguos socios de su pareja que revela en exclusiva Noticias Caracol. Eduard Rincón, alias Boyaco Sinaloa, un reconocido esmeraldero que negoció con Estados Unidos sus deudas de narcotráfico y está siendo investigado en la Fiscalía por presuntas alianzas con el Clan del Golfo, dijo que el asesinato de 'Pechuga' y el de su socio, Hernando Sánchez, no fue por temas políticos: "Ese cuento de política, eso es mentira. La mujer era política. ¿Sí me entiende? La novia o la mujer, no sé cómo es". La grabación de este audio es de agosto del 2025, cuando 'Boyaco Sinaloa' asistió un polémico desayuno convocado por los entonces jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía. 'Boyaco Sinaloa' iba acompañado de su amigo Javier Grajales, viejo conocido de Lemus y quien trabajaba como integrante de la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) de la excongresista María José Pizarro. En ese momento ella afirmó públicamente que desconocía de esta reunión.En otro aparte de la conversación, contaron a los jefes de Inteligencia que los dos poderosos esmeralderos eran muy cercanos al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y revelaron la existencia de un plan con el que lograron infiltrar la presidencia de Gustavo Petro a través de Ortiz:Javier Grajales: A esa señora la mete Hernando, precisamente. Y busca el espacio a través de otra persona con un regalo, ¿sí? Para que termine llegando a...Jorge lemus: ¿Hernando o Pechuga?Javier Grajales: Hernando. Pechuga se volvió el amante. Pero quien direccionó eso fue Hernando Sánchez para poder penetrar al Gobierno.La razón por la que asesinaron a 'Pedro Pechuga', según sus socios En la conversación, 'Boyaco Sinaloa' reconoció que sus exsocios tenían fuertes aliados políticos. Pero, según él, la verdadera razón del doble asesinato sería un millonario robo de esmeraldas:'Boyaco Sinaloa': le robaron a don Julio y a toda la sociedad de la empresa 170.000 millones en esmeralda. Se la robó 'Pechuga' y Hernando.Javier Grajales: se metieron a la mina y sacaron la producción.'Boyaco Sinaloa': se metieron no, es que allá hay un sistema que apagaban las cámaras. Entonces, ¿quién manejaba las cámaras? 'El tuerto' (Hernando Sánchez) y 'Pechuga', entre los dos. Entonces apagaban las cámaras y podían hacer lo que quisieran. Se robaron en una tula toda la producción. Grande. 170.000 millones de pesos. Eso fue en una sola noche. Y más lo que robaron antes y después siguieron robando.'Boyaco Sinaloa', incluso, aseguró que el crimen de 'Pedro Pechuga' tuvo que contar con la complicidad de su socio Hernando Sánchez: "Se robaban a los socios. ¿Por qué matan a 'Pechuga' y Hernando no se va de ahí? Sigue confiado. ¿Por qué matan a 'Pechuga' y Hernando sigue viviendo ahí? ¿Sí me entiende? Él tuvo que haberse prestado para esa vuelta de 'Pechuga'. Y después se la cobraron a él también. Tiene que haber disgustos ahí entre todos, por el robo, porque es que hay robos ahí entre ellos, pero robos grandes no poquitos". Después de casi un año de estar detenida por el caso de la UNGRD, Sandra Ortiz quedó en libertad hace algunos meses por vencimiento de términos, pero sigue vinculada a la investigación. Estas revelaciones dejan nuevo interrogantes sobre el verdadero alcance de las relaciones entre los esmeralderos y altos funcionarios del Estado y del gobierno de Gustavo Petro. Noticias caracol buscó a Ortiz y al gobernador de Boyacá, pero no obtuvo respuesta.UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL