El Ministerio Público comprobó irregularidades en varios contratos con empresas públicas, la promotora de vivienda y la corporación regional del Quindío.
El fallo, por 12 años, fue apelado por la defensa de la señora Hurtado Palacios, quien actualmente adelanta campaña política para lograr un escaño como representante a la cámara en las próximas elecciones.