El borrador del decreto tiene en vilo a casi 8 millones de víctimas, que dicen sentir vulnerado su derecho a la igualdad.
Según las autoridades, “existe una imposibilidad fáctica y jurídica para indemnizar por vía administrativa a todas las víctimas en un mismo momento (...) advierte la necesidad de modular los montos de indemnización administrativa dispuestos actualmente en los distintos regímenes normativos para aumentar la cobertura”.
La Unidad de Víctimas se abstuvo por el momento de dar una declaración.