El borrador del decreto tiene en vilo a casi 8 millones de víctimas, que dicen sentir vulnerado su derecho a la igualdad.
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Según las autoridades, “existe una imposibilidad fáctica y jurídica para indemnizar por vía administrativa a todas las víctimas en un mismo momento (...) advierte la necesidad de modular los montos de indemnización administrativa dispuestos actualmente en los distintos regímenes normativos para aumentar la cobertura”.
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La Unidad de Víctimas se abstuvo por el momento de dar una declaración.
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