De acuerdo con al decisión judicial, la mujer no tiene antecedentes penales y por lo tanto no hay ningún problema en dejarla en libertad para que se presente en una próxima audiencia.
Liliana Marcela Castillo Borja, quien podría enfrentarse a la pena mínima de 128 meses y una máxima de 540 meses, aceptó ante el juez 31 de garantías su responsabilidad en el delito de secuestro simple agravado que le imputó la Fiscalía.
La decisión fue apelada por la Fiscalía.