De acuerdo con al decisión judicial, la mujer no tiene antecedentes penales y por lo tanto no hay ningún problema en dejarla en libertad para que se presente en una próxima audiencia.
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Liliana Marcela Castillo Borja, quien podría enfrentarse a la pena mínima de 128 meses y una máxima de 540 meses, aceptó ante el juez 31 de garantías su responsabilidad en el delito de secuestro simple agravado que le imputó la Fiscalía.
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La decisión fue apelada por la Fiscalía.