Preocupa que la iniciativa incluya a los involucrados en este tipo de casos que por colaborar con la justicia se vean beneficiados.
“Yo no sé exactamente si nosotros tenemos que recompensar a los corruptos que sean delatores, eso está por discutirse y eso debe ser un debate nacional”, consideró el procurador general, Fernando Carrillo.
El proyecto es liderado por Camilo Enciso, secretario de Transparencia. El Gobierno tendría 6 meses para reglamentar esos pagos y la iniciativa sería tramitada por la vía rápida en el Congreso, según reveló El Tiempo.
Además contempla la creación de una ventanilla única de denuncias que estaría a cargo de los entes de control y medidas como la inclusión en el programa de protección de testigos para quienes ayuden con información, la creación de una línea telefónica y una página web que garanticen el anonimato.
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