La Corte Constitucional tumbó ese gravamen al considerarlo inequitativo. No habrá devolución a quienes lo alcanzaron a pagar.
Se trataba de un impuesto del 2% que debían pagar aquellos que adquirieran viviendas con valor superior a 918 millones de pesos, así fueran obtenidas en calidad de compra, heredadas o como donación, según establecía la ley de financiamiento aprobada en diciembre pasado.
El alto tribunal consideró que hubo desigualdad porque “se terminaba cobrando al vendedor, al comprador (…) así mismo el mismo mueble terminaba pagando varias veces ese mismo impuesto", explica Sneider Rivera, economista de justicia tributaria de Cedetrabajo.
Para los expertos, este fallo abre un hueco fiscal, ya que a partir de hoy no se podrá cobrar.
“Las estimaciones del gobierno ascendían a 300 mil millones cada año de recaudo adicional por este nuevo impuesto. Eso quiere que viene demostrando que lo que ha hecho el gobierno, tanto en la ley de financiamiento del 2018 como en la ley de crecimiento este año, es cuestiones que tienen vicios de legalidad”, recalca Rivera.
La DIAN logró recaudar 98 mil millones de pesos de este impuesto, que ya no serán devueltos, pues fueron cobrados mientras la norma tenía presunción de legalidad.