La infanta Cristina quedó libre de cargos por fraude fiscal, mientras que Iñaki Urdangarín fue sentenciado a 6 años y 3 meses de cárcel por malversación.
El tribunal de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, exculpó a Cristina de Borbón como cooperadora de fraude fiscal.
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Los jueces, en cambio, consideraron culpable a Urdangarín de haber malversado, junto a su exsocio, millones de euros públicos entre 2004 y 2006 a través de una fundación presidida por él.
En enero de 2016, Cristina de Borbón se convirtió en el primer miembro de la familia real en sentarse en el banquillo de los acusados.
Fue procesada por complicidad en fraude fiscal, vinculado a la presunta malversación de fondos de su marido cuando presidía la fundación sin fines de lucro Nóos.
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Perfil bajo
Los tres jueces tomaron más de 7 meses para emitir su sentencia en este caso ultrasensible para la monarquía española.
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El juicio en sí a los 17 acusados duró 5 meses, suscitando mucho interés en los medios nacionales e internacionales, que llegaron a retransmitir en directo jornadas de audiencias en internet.
Urdangarin, de 49 años, y Cristina, de 51, mantuvieron un perfil bajo. Mientras, en los alrededores del tribunal, manifestantes reclamaban que fueran juzgados como "cualquier otro ciudadano".
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Urdangarin y su socio Diego Torres fueron acusados de desviar cerca de seis millones de euros de contratos atribuidos a Nóos entre 2004 y 2006, por los gobiernos regionales de las islas Baleares y Valencia, entonces dirigidos por el Partido Popular (PP, derecha).
Un congreso sobre turismo y deporte de dos días fue facturado en 1,2 millones de euros, "un precio completamente desproporcionado" basado en un "presupuesto ficticio", según la acusación.
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Una parte de los fondos fueron desviados a una empresa propiedad de Urdangarin y la infanta, que financió gastos personales de la pareja, como lujosos viajes, fiestas o cursos de baile, todo un escándalo en una España asfixiada por años de crisis.
El juez de instrucción sostuvo que la infanta debía ser procesada como "cooperadora necesaria" en los delitos de fraude, mientras que la fiscalía consideró que no cometió ningún delito.
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En definitiva, fue juzgada únicamente por la acusación de una asociación anticorrupción, Manos Limpias, considerada de extrema derecha, que reclamó ocho años de prisión para ella.
Añadiendo drama al proceso, el dirigente de esta asociación fue señalado por chantajear a los abogados de la infanta, reclamándoles varios millones de euros a cambio de retirar la acusación. Fue encarcelado en abril, sospechoso de haber coorganizado una red de extorsión de fondos durante años.
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A lo largo del proceso, el fiscal Pedro Horrach defendió a la infanta Cristina, al considerar que la causa en su contra no era más que "un andamiaje de sospechas y conjeturas de gran calado y aplauso mediático".
Caída en desgracia
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La infanta siempre sostuvo que ignoraba las supuestas actividades delictivas de su marido y dijo tener "absoluta confianza" en su marido, con el que tiene cuatro hijos.
El escándalo Nóos estalló en 2011, cuando España atravesaba la peor crisis económica en décadas.
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Antaño considerados una pareja moderna y ejemplar, Cristina y Urdangarin fueron apartados de la familia real y vieron cómo Felipe VI, antes cercano a ellos, les retiraba el título de duques de Palma.
Con el fallo se pone fin a un escándalo que ha hecho tambalear a la monarquía española desde 2011 y que fue uno de los principales factores que llevaron a la abdicación de Juan Carlos, en junio de 2014, en favor de Felipe VI.
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Otro de los acusados es el expresidente regional de las islas Baleares y exministro conservador Jaume Matas, señalado de adjudicar a dedo contratos públicos a la fundación de Urdangarin por estar vinculada a la monarquía.