Fiscalía revela detalles de la olla de corrupción destapada en la Alcaldía de Envigado

Entre las perlas halladas por los investigadores está el pago de 1.300 millones de pesos por un lote que una semana antes costaba 50.

Pero esa es solo una de las irregularidades encontradas por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía Seccional de Medellín en el municipio de Envigado.

Y por eso, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se vieron obligados a interrumpir un vuelo que el alcalde Raúl Eduardo Cardona iba a abordar hacia Bogotá, donde recibiría una condecoración como uno de los mejores alcaldes de Colombia.

Alcalde de Envigado fue capturado en el Aeropuerto Olaya Herrera Cardona, electo alcalde como candidato del Partido Liberal, fue detenido en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín la mañana de este jueves.

Según expuso en rueda de prensa el fiscal Néstor Humberto Martínez, él es señalado de conformar una poderosa red de corrupción para apoderarse de dineros públicos de la municipalidad.

También cayeron el contralor municipal, José Conrado Restrepo; la secretaria de Hacienda, Girlesa Mesa Medina, y el exconcejal Lindon Johnson Galeano.

Este último había perdido su investidura por haberse celebrado contratos con la Alcaldía de Envigado mientras era candidato al Concejo en 2011.

Además fueron detenidos los particulares Esteban Rodríguez, Camilo Andrés Correa, Luz Marcela Quintero y Reynel Bedoya Rodríguez, representante legal del Programa Computadores para Educar, adscrito al Ministerio de las TIC. Y funcionarios del CTI esperan el arribo de San Andrés del secretario de Educación, Diego Fernando Echavarría para echarle mano.

Las interceptaciones

El fiscal dio a conocer unas interceptaciones en las que se develan presuntos hechos de corrupción cometidos en la alcaldía envigadeña.

“La primera evidencia surge a través de la compra millonaria de un lote, la Fiscalía investiga posibles irregularidades en un predio ubicado en la vereda pantanillo de Envigado, el cual sería declarado como reserva ambiental”, dijo el funcionario.

El predio, estableció el ente acusador, fue adquirido por 50 millones de pesos a su propietario, Camilo Andrés Correa, y apenas una semana después fue comprado con recursos de vigencias futuras por la Alcaldía por la suma de 1.300 millones de pesos.

“En el trámite irregular habrían participado el contralor, José Conrado; la secretaria de Hacienda, Girlesa; una comisionista, Marcela Quintero; y Camilo Andrés Correa, el propietario del lote”, explicó el fiscal general.

En las interceptaciones ordenadas por un juez de control de garantías se escucha la alegría de los implicados en el entuerto una vez reciben los supuestos dineros que les correspondían, algunos de ellos de 398 millones de pesos.

Como si eso fuera poco, el fiscal reveló otro caso de corrupción en el que estaría relacionada la misma red.

Se trata de un contrato firmado por 309 millones de pesos para el mantenimiento de 400 tablets que el Ministerio de las TICS donó a 12 establecimientos educativos del municipio.

Sin embargo, los aparatos apenas tienen un costo de 150 millones de pesos, 159 menos que lo cobrado para hacerles limpieza.

“El contralor municipal (José Conrado) presuntamente obtuvo una donación de ese programa del Gobierno Nacional, del Ministerio de las TICS, y al parecer habría pactado que en contraprestación la administración municipal contratara con una empresa de Pereira el mantenimiento de esos equipos por 309 millones de pesos. Se entregaron 400 tablets a 12 establecimientos por un costo de 150 millones de pesos, el contrato de mantenimiento costaba más que los equipos”, reveló el fiscal.

Y aún falta. Néstor Humberto Martínez en la rueda de prensa dijo que “hemos identificado un proceder absolutamente irregular, propio de la corrupción y es las coimas por puestos”.

Se refiere a “la designación de personas en cargos públicos de libre nombramiento y remoción a quienes se les cobraba mensualmente entre 100 mil y 600 mil pesos”, manifestó el fiscal.

Lo grave es que, se escucha en las interceptaciones dadas a conocer por el funcionario, al parecer el alcalde Cardona tenía conocimiento y no denunció los hechos.

“Según el material recaudado, el alcalde de Envigado tendría conocimiento de que un exconcejal exigía esas cuotas mensuales de los sueldos de los trabajadores de Envigado y se estableció además que lo mismo ocurría con algunos contratos celebrados entre la administración municipal y particulares”, dijo Martínez.

“Este conjunto de información y horas y horas de pruebas que tiene la Fiscalía, son las que nos van a permitir judicializar a estas personas”, agregó.

Los delitos por los que deberán responder, según cada caso, son peculado por apropiación, celebración indebida de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción y falsedad material en documento privado.

Foto alcaldía de Envigado: alcalde Raúl Eduardo Cardona.