Portar armas blancas, consumir sustancias psicoactivas o licor en áreas públicas y colarse en Transmilenio, las conductas más sancionadas.
El nuevo Código de Policía entró en vigencia desde el primero de agosto de 2017, pero son muy pocos los que han cumplido con la responsabilidad de pagar y se exponen a sanciones como no poder firmar contratos con el Estado, no posesionarse en cargos oficiales y, si es servidor público, no podrá obtener asensos.
Estas mismas consecuencias hacen que haya evasión, pues “la gran mayoría de ciudadanos no van a ser funcionarios públicos”, reflexiona el analista de seguridad Hugo Acero.
Añade que la mayoría no va a ingresar a las escuelas militares y mucho menos sacar un registro mercantil, por lo que “las sanciones previstas para quienes no paguen cobijan a muy poquitas personas”.
A eso se suma que los ciudadanos ni siquiera saben cómo funciona el Código de Policía o a dónde acudir en caso de una multa. Néstor Rosanía, otro analista, sugiere que para combatir la evasión de pago se puede hacer un manejo a través de centrales de riesgo o profundizar en el tema pedagógico para disminuir las infracciones.
Hasta la fecha se han recaudado más de 7.500 millones de pesos, que son utilizados para programas de prevención, la materialización de medidas correctivas y el funcionamiento de la plataforma que sistematiza estos comparendos.
Updated: junio 17, 2019 07:53 a. m.