El director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, estuvo en la oficina del presidente del Senado, Roy Barreras, para hablar sobre las reformas que buscan hacer a la institución. Uno de los objetivos es lograr una serie de mesas de diálogo por encima del enfrentamiento con las personas que alteren el orden público, incluso con algunos integrantes de la denominada primera línea. ¿Pero podrían tener estos jóvenes injerencia sobre los cambios planteados para el Esmad?
El alto oficial ha señalado que estos ciudadanos no tienen voz ni voto en las reformas que empiezan a discutirse. No obstante, manifestó que “todos los que se vean involucrados en una situación donde se turba el orden público serán llamados próximamente para que desarrollemos un diálogo en ese sentido”.
Resaltó que en esas conversaciones uno de los puntos claves será determinar una hoja de ruta para proteger los derechos humanos de los manifestantes, pero también de quienes alteren el orden público.
Para ello, con “el Esmad, como unidad de intervención, estamos desarrollando también actividades y reuniones, mesas de trabajo para efectos de mirar cuál es la mejor opción para que de alguna manera tengamos una unidad que permita proteger los derechos fundamentales no solamente de los que participan de manifestaciones, sino también de las personas que se ven involucradas como terceros en estos hechos”.
No obstante, una de las integrantes de la primera línea, conocida como Simona, por medio de su cuenta en Twitter respondió a la propuesta de reunirse y aseguró que ese grupo “no cuenta con vocerías porque en cada territorio las primeras líneas ejercieron su derecho a la protesta de forma autónoma”.
Agregó que “no se pide una reforma estética del Esmad sino su desmonte. No caeremos en tibiezas”.
Entretanto, el analista Pedro Viveros consideró que las mesas de diálogo “no deberían quedarse ahí, sino extenderse a la línea de atrás que también sufrió mucho en esos bloqueos, por ejemplo, las acciones comunales, las organizaciones de vecinos, los empresarios, los comerciantes, las empresas de seguridad privada, todos ellos que sufrieron”.
Respecto a esas conversaciones, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry señala que “los diálogos preventivos bienvenidos, pero no hay posibilidad de que una vez cometida la infracción se abran espacios de diálogo para no aplicar las sanciones”.