Así lo considera la Procuraduría, que también resaltó el vencimiento de términos para presentarlas ante un juez de control de garantías.
La Fiscalía General de la Nación tenía 36 horas para llevar ante un juzgado las evidencias recogidas en la casa de los Pizano Ponce de León. El plazo, según el Ministerio Público, se superó en 100 horas.
Entre las pruebas se encuentran el tarro de cianuro, dos teléfonos celulares y dos discos duros. Son en total más de 30 evidencias extraídas entre el 17 y 18 de noviembre.
"El informe lo presentan el día 22 de noviembre de 2018, tres días después, y superando por mucho el término máximo consagrado en la ley, razón por la cual no se puede impartir legalidad al procedimiento realizado", explicó el juez del caso
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Estas pruebas eventualmente serían usadas para concluir qué ocurrió con Pizano padre e hijo, pero también se pretendía aportarlas a la investigación sobre Odebrecht.
Aparte del vencimiento, la Procuraduría estimó que la forma como fueron recolectadas las evidencias también habría sido irregular, al asegurar que solo el teléfono celular de Jorge Enrique Pizano fue relacionado como entrega voluntaria por la familia.
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“Sin que se advierta, en esa entrevista o en ninguna otra parte del acta de entrega o de consentimiento, de otro celular, de dos discos duros, de un tarro de cianuro, ni de ningunas pastillas”, sostuvo la procuradora del caso.
El juez y la Procuraduría fueron claros en sustentar que la Fiscalía no respetó la línea de tiempo, ni la recolección de los elementos que, si bien fueron entregados voluntariamente, violaba el derecho a la intimidad del propietario.
Esta decisión fue apelada por el ente acusador y ahora un juez de segunda instancia deberá resolver la situación.
Pizano, testigo clave en el caso Odebrecht, falleció el pasado 8 de noviembre. Días después, su hijo Alejandro, que había venido a las exequias de este, murió por intoxicación con cianuro luego de beber de una botella de agua que estaba en el escritorio de su papá.
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Jorge Enrique Pizano reveló en una entrevista, publicada después de su fallecimiento, que el ahora fiscal Néstor Humberto Martínez sabía de las irregularidades de la multinacional brasileña desde 2015.
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