El pasado 3 de mayo una tragedia conmocionó a los habitantes de Popayán y a todo el país, luego de que en medio de un evento de entretenimiento con Monster Trucks, uno de estos gigantescos vehículos se abalanzara sobre el público, dejando tres personas sin vida y decenas de heridos. ¿Qué errores hubo en la organización del evento y quién debe responder a las familias damnificadas?Los Monster Truck o camiones monstruo se han convertido a nivel mundial en una de las atracciones extremas de acrobacias que atrae a personas de todas las generaciones. Sin embargo, en Colombia son pocas las regulaciones para este tipo de vehículos y para los eventos en los que realizan sus arriesgadas maniobras. A pesar de esto, en mayo de este año las redes sociales de los payaneses se llenaron de una atractiva publicidad que prometía una tarde familiar para disfrutar de estos carros manejados por expertos.Los errores en el evento de Monster Truck en PopayánEn cuestión de segundos, lo que sería una tarde de diversión y adrenalina para las familias de Popayán, se convirtió en una de las tragedias más grandes de los últimos años. Tres personas perdieron la vida, dos de ellos eran menores de edad, y otros 40 asistentes resultaron gravemente heridos luego de que el vehículo llamado 'La dragona', conducido por la experta Sonia Segura, perdiera el control y terminara arrollando a parte del público que se encontraba en el lote del Boulevard Rose.Cuatro meses después, algunos de los asistentes que sobrevivieron al incidente, señalaron que desde el ingreso al lugar todo anunciaba una posible tragedia. Dilan Matías Pichincha, uno de los asistentes menores de edad, señaló a Séptimo Día que al llegar al evento notó que no se parecía a la publicidad que vio en redes sociales ni al tipo de lugares en los que se suele realizar estos eventos en otros países. "Yo vi que no era tan seguro. En las redes yo veía que [esos eventos] eran en un estadio, las personas estaban arriba y ellos pasaban por debajo", aseguró el niño que fue con sus abuelos.Luciana Fierro, de 12 años, asistió al evento junto a su hermana mayor María Camila, quien falleció a causa del incidente. Ella también resaltó que "el lugar del evento era muy pequeño, el carro solo podía dar una vuelta y ya. Para esos vehículos tan grandes, la distancia era muy poca".Todos ellos adquirieron sus entradas tras ver en redes sociales la publicidad del evento que prometía acrobacias y adrenalina de la mano de estos increíbles vehículos pocas veces vistos en el país y, además, asegurando que contaban con "todos los protocolos de seguridad" y la autorización de las autoridades. También les dio confianza ver que una de las conductoras contratadas por DB Entretenimiento y Colombia Monsters, promotores del evento, era Sonia Segura, una de las únicas mujeres en Latinoamérica autorizada para manejar estos vehículos.Tal y como lo señalaron los asistentes, en los videos de redes sociales se puede observar que el público del evento no solo estaba ubicado en el suelo a la misma altura de los monster truck, vehículos que pueden pesar más de cinco toneladas, sino que ademas estaban a escasos dos metros de distancia y lo único que los protegía era una valla metálica de un metro de alto. Luego de realizar algunas maniobras en el pequeño espacio mientras conducía 'La dragona', sobre las 5:00 de la tarde Sonia Segura perdió el control del monster truck, que también se prendió en llamas, y se fue sobre los asistentes. El carro nunca se detuvo, solo un poste de energía contra el que chocó al final del lote y justo antes de la vía principal logró detener su trayectoria. ¿Por qué las autoridades habilitaron este evento?El abogado Fabián Naranjo representa a 22 de las víctimas de esta tragedia y advirtió que hubo varias inconsistencias y errores desde la planeación del evento que, de haberse corregido, se habría evitado el fatal desenlace. Detrás del evento estaban empresarios con experiencia en eventos masivos en la ciudad, pero quien radicó la solicitud de autorización ante la Alcaldía fue Blanca Nury Meneses, mientras su esposo, Daniel Sandoval, sería es el que estuvo a cargo de la organización.Una de las primeras inconsistencias, según el abogado, es que en la solicitud de permisos, Blanca Nury calificó el evento bajo la normativa de artes escénicas. A pesar de ese error evidente desde el primer momento, el evento de Monster Truck fue habilitado por la Secretaría de Gobierno, la oficial de Gestión de Riesgo y la Alcaldía Local bajo las normas de un espectáculo público de artes escénicas, sin exigir los protocolos de seguridad necesarios para lo que realmente iba a suceder en el lote de Boulevard Rose. "Son deportes extremos, de alto impacto, requieren escenarios propicios y requisitos diferentes. El evento nunca debió haberse realizado porque el escenario no era propicio para eso", indicó el abogado Fabián Naranjo. Tal y como lo notaron Dilan y Luciana, dos de los menores que resultaron heridos en el evento, el principal error era la distancia de los asistentes de los vehículos y la barrera de protección mínima. Séptimo Día consultó con uno de los pilotos que hace parte de la Asociación Americana de Monster Truck en Estados Unidos, quien vio las imágenes del evento en Popayán y coincidió con los sobrevivientes. "No creo que nadie deba estar al mismo nivel de los Monster Trucks, deben estar arriba en las graderías con muros de contención. Es demasiado peligroso", sobre el evento en la capital del Cauca resaltó que "no tienen las barreras correctas, no tienes muros de concreto. tienen una pequeña valla de aluminio y a toda esa gente sentada ahí. Obviamente esa valla no va a detener un camión de 10.000 libras".También resaltó que en el lugar había presencia de cinco socorristas y tan solo una ambulancia para atender en caso de alguna emergencia. Julián Prado, director de la Cruz Roja del Cauca, explicó que se había informado que al evento asistirían mil personas y que tenían entendido que era una "exhibición" de estos vehículos. Sin embargo, al lote del Boulevard Rose recibió a cerca de tres mil asistentes.De la misma forma, los Bomberos de Popayán resaltaron que emitieron un permiso para el evento que, en primera medida, se iba a realizar el 26 de abril, pero debido a cuestiones de orden público este fue aplazado para el 3 de mayo. Para esta nueva fecha, según detallaron los bomberos, en ningún momento se les solicitó hacer una revisión del lugar para alertar sobre posibles riesgos.Por otro lado, sobre el incidente con el monster truck conducido por Sonia Segura, las investigaciones arrojan que se trató de una posible falla mecánica, pero todavía se está a la espera de un peritaje técnico que establezca qué falló específicamente. El abogado Fabián Naranjo señaló que, previo al evento, nadie realizó una revisión a los vehículos contratados para el evento. Séptimo Día intentó contactar a los organizadores del evento para conocer su versión, pero a través de sus abogados detallaron que se niegan a dar declaraciones. Igualmente, se intentó contactar a Sonia Segura, la conductora con gran experiencia en Monster Trucks que también es investigada como posible responsable por lo ocurrido, pero ella designó a su abogado Mauricio Ospina para responder por su vinculación al evento. "El papel que ella juega en esto es la conducción del monster Truck", el cual le entregó la empresa Colombia Monsters, de la cual ella figura como representante legal suplente.La Fiscalía ya inició su investigación para determinar si hay o no responsabilidad por parte de la conductora. También a quienes desde la administración municipal autorizaron la realización del evento; este programa intentó comunicarse con el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz; con el secretario de Gobierno, Reinel Polanía y con el jefe de la oficina de Gestión de Riesgos, Jair Flores, pero no fue posible concretar ninguna entrevista con ellos.
Portar el uniforme del Ejército Nacional es motivo de orgullo para muchos colombianos y sus familiares. Ese fue el caso de Jhon Franklin Quintero Figueroa durante los 25 años que hizo parte de la institución; sin embargo, eso terminó el día que descubrió que su hermano de 28 años había sido asesinado por sus propios compañeros y presentado como un guerrillero muerto en combate.Hoy en día, la historia de su hermano hace parte de los miles de casos de falsos positivos por los que responden exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Jhon y su mamá María Tránsito Figueroa han escuchado los detalles de los momentos de horror por los que pasó su ser querido antes de perder la vida en las voces de los responsables que ahora les piden perdón. Pero como si eso no fuera suficiente, su tragedia fue doble.La traición de una institución"Duré 25 años y medio en el Ejército, llegué hasta el grado de sargento primero", recuerda Jhon ante las cámaras de Los Informantes su carrera militar que, en su momento, lo llenó de orgullo. Pero todo cambió el 29 de diciembre de 2006, mientras se encontraba de servicio en un batallón en Ubalá, Cundinamarca, cuando recibió una llamada en la que le dieron una de las peores noticias: su hermano Alexander Quintero Figueroa había sido asesinado.Con cada detalle que su mamá le daba al otro lado de la línea el "baldado de agua fría" era cada vez más fuerte. "Cuando le pregunté 'Mamá, ¿qué pasó?', ella me dijo: 'el Ejército lo mató'". En medio del dolor, crecieron también las dudas y la indignación, pues Alexander fue presentado por los militares como un supuesto explosivista de las antiguas FARC, un guerrillero dado de baja en combate. Jhon y doña María Tránsito sabían que eso era imposible e hicieron todo lo posible por demostrarlo, arriesgando incluso sus vidas.Alexander Quintero tenía 28 años y vivía en Granada, Meta, donde se rebuscaba su jornal diario con diferentes labores. Para ese momento estaba recién separado y su mayor propósito era brindarle lo mejor a sus cinco hijos menores de edad. A diferencia de su hermano mayor, Alexander había decidido no prestar servicio militar porque siempre le tuvo miedo a las armas y, además, no quería estar lejos de sus hijos. Según un vecino de Alexander, un día antes de su muerte un hombre lo buscó y le ofreció $50.000 por hacer un trabajo. Ese día no se supo nada más de Quintero, pero al día siguiente su foto apareció en los informes del Ejército Nacional, anunciando que habían dado de baja a un guerrillero de las FARC.Jhon Quintero decidió hacer uso de sus credenciales como militar activo y empezó a indagar sobre lo que había pasado con su hermano, todo apuntaba a un falso positivo. Tuvo acceso al informe oficial, firmado por el mayor Jorge Bermeo, en el que "lo mostraban como NN, habían fotos de cómo quedó ahí, le habían puesto unas botas de caucho, unos elementos explosivos y un revolver. Yo ahí reconocí que era mi hermano".Pero sus preguntas encendieron las alarmas entre los uniformados responsables, quienes incluso intentaron convencerlo de que su hermano efectivamente era un guerrillero. Indignados, Jhon y su mamá decidieron interponer una denuncia, mientras también reclamaban en el batallón que les entregaran el cuerpo de Alexander para darle sepultura. En ese momento iniciaron las amenazas en su contra. "Hubo una amenaza al hijo mío, que si seguíamos escarbando que no le fuera a pasar lo mismo que al hermano", recuerda doña María Tránsito. En medio de la zozobra se dieron cuenta que hombres en moto y militares los estaban buscando por todo el pueblo, motivo por el que tuvieron que pasar la noche en la funeraria con la que habían contratado el servicio para el traslado del cuerpo de su familiar. En la madrugada del día siguiente, Jhon salió rumbo a Bogotá esperando que ningún militar lo encontrara, allá esperaría a su mamá, a sus cinco sobrinos y al cuerpo de su hermano para todos juntos salir hacia Santander. Doña María Tránsito tuvo que ser fuerte sola y reclamar el cuerpo de su hijo de 28 años en el batallón, pero llevarlo a Bogotá no sería una labor sencilla, pues algunos militares hacían preguntas en Granada para saber cuándo sería el traslado."El ataúd nos lo entregaron apuntillado, sellado y el niño más chiquito nos preguntaba que cuándo se iba a despertar el papá. Hasta eso nos arrebataron, la oportunidad de verle la cara a nuestro familiar por última vez", asegura Jhon, recordando que lograron enterrar el cuerpo en su pueblo natal en Santander después de esa odisea. Pero ahí no terminaron sus indagaciones, al cabo de dos años regresó al batallón de Granada, Meta, y descubrió que la muerte de su hermano había sido maquillada. "Lo acomodaron como una emboscada porque así sí cabe la posibilidad de que, a ese guerrillero, como decían ellos, le pegaron 17 impactos, porque muchos dispararon".Verdad y justiciaHan pasado casi 20 años del asesinato de Alexander Quintero, un civil al que el Ejército hizo pasar por un guerrillero en sus informes. Después de todo este tiempo, su caso ingresó a la Jurisdicción Especial de Paz y en medio de las audiencias de la misma, Jhon y su mamá han podido conocer los dolorosos detalles de su muerte a través de las declaraciones de algunos de los responsables: Jorge Eliécer Bermeo Meneses, mayor (r) del Ejército, y Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda, capitán (r) del Ejército.En las audiencias descubrieron que Alexander Quintero fue víctima de una maniobra popular entre los uniformados. La noche del 28 de diciembre de 2006, el padre de cinco niños fue amarrado y transportado en el baúl de un taxi hasta un punto de la vía en el que lo esperaban unos militares. Pero en medio del camino, apareció una pequeña esperanza, un retén de la Policía frenó el vehículo y revisó el maletero. Los policías vieron al joven amordazado en el baúl y alertaron al mayor Bermeo, indicándole que uno de sus sargentos llevaba a un hombre amarrado. Sin embargo, la respuesta del mayor fue: "Hermano, no se ponga a mariquiar que el sargento sacó un guerrillero de ese pueblo. Entonces déjelo que siga". Y así fue, los policías cerraron el baúl y dejaron seguir a los militares hasta el lugar en el que el pelotón esperaba a la víctima para asesinarla. Al escuchar estas versiones, Jhon solo puede pensar en lo que debió sentir su hermano en ese momento. "Yo creo que cuando él vio a los policías, sintió una luz de esperanza, pensó que los policías iban a evitar que lo mataran. Pero después de que cerraron el capó y él escuchó 'sigan', supo que ya no había nada que hacer". Un soldado testigo de los hechos también narró que Alexander alcanzó a hacer una última petición: "Él dijo que no lo mataran, que él era padre de cinco niños y que tenía un hermano militar, pero no le hicieron caso".Una tragedia dobleLa tragedia de la familia Quintero Figueroa se duplicó hace tan solo un año con una coincidencia aterradora. Jersey Alexander Quintero, el hijo mayor de Alexander que tenía solo 7 años cuando este fue asesinado, perdió la vida de una manera similar a la de su padre.Jersey creció junto a su tío, viéndolo como una figura a seguir, por lo que cuando creció también se convirtió en militar. En 2025, una banda criminal dedicada a la extorsión secuestró al joven militar de 26 años, lo trasladaron amarrado en el baúl de un carro hasta un paraje en Soacha y lo acribillaron. "El hijo mayor de mi hermano murió de la misma manera de mi hermano Alexander, amarrado, amordazado y humillado", señala Jhon.Los responsables por el asesinato de Alexander Quintero han confesado y se espera que casi dos décadas después de este episodio vergonzoso de las Fuerzas Militares, esta familia como muchas otras tengan algo de justicia.
Tras cumplirse tres años del feminicidio de Ana María Serrano, ocurrido el 12 de septiembre de 2023 en México, su madre, Ximena Céspedes, publicó un video en su cuenta de Instagram para actualizar la situación del proceso penal. En el mensaje expuso la frustración de la familia debido a la imposibilidad de dar inicio al juicio en contra del presunto responsable, su exnovio Allan Gil.El señalado permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2023; sin embargo, el proceso judicial ha sufrido continuas interrupciones. La madre de Ana María señaló: "No hemos podido llegar a juicio porque la defensa ha hecho todo lo posible por alargar el proceso a punta de recursos y de amparos".A pesar de los constantes retrasos, la madre de la joven estudiante resaltó que los jueces y magistrados han actuado conforme a derecho. Hasta la fecha, todas las apelaciones e impugnaciones presentadas por los abogados del acusado han sido resueltas en favor de Ana María.Maniobras legales de la defensa y solicitudes de libertadDe acuerdo con lo revelado por Ximena Céspedes, la representación legal del imputado solicitó un cambio en las medidas cautelares con el propósito de que pueda seguir el proceso fuera de la cárcel.La madre de Ana María Serrano también hizo un llamado a las autoridades para que continúen aplicando la ley con rigor e imparcialidad. Asimismo, señaló: "Como dijo mi papá hace unos días, si fuera tan inocente seguramente iría a juicio más pronto".El proceso judicial acumula un historial de varias audiencias canceladas. En algunas ocasiones la defensa justificó los retrasos argumentando que no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente o cambiando de abogados a última hora.El crimen de Ana María Serrano que conmocionó a Colombia y MéxicoEn 2024, Los Informantes viajó a la Ciudad de México para entrevistar a la familia Serrano. Ana María Serrano, de 18 años y de nacionalidad colombiana, vivía en una zona exclusiva de la capital mexicana cuando fue asesinada en su casa. El día de los hechos, el 12 de septiembre de 2023, sus padres se encontraban en un viaje de aniversario por Europa.Las investigaciones oficiales determinaron que el señalado habría ingresado a la casa aprovechando que la joven se encontraba sola. Tras perpetrar el ataque, el sospechoso presuntamente manipuló el teléfono celular de Ana María para enviar mensajes falsos a su madre, pretendiendo simular un suicidio. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron sus ingresos y salidas del lugar.La madre de Ana María describió el dolor tras la tragedia: "todas las mañanas apenas me despierto mi primer pensamiento es la pude haber salvado, ese pensamiento no se me quita, o sea, y todos los días me tengo que repetir a mí misma que no había nada que hacer". Las autoridades descartaron la hipótesis de un suicidio e iniciaron la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la relación sentimental previa entre la víctima y el presunto agresor.El legado de la Fundación NanáAntes del crimen, Ana María acababa de ingresar a la carrera de Medicina y soñaba con especializarse en cardiología. Su vocación de servicio se consolidó tras participar en misiones médicas en el departamento del Vichada, Colombia, en compañía de su tío, el exministro de Hacienda y hoy vicepresidente José Manuel Restrepo.En Los Informantes, Restrepo recordó el compromiso de su sobrina hacia las personas atendidas en dichas jornadas. Tras la pérdida, la familia convirtió el luto en una plataforma de prevención mediante la creación de la Fundación Naná. La organización busca educar a jóvenes y familias sobre las señales de alerta en relaciones violentas, tales como el control, los celos y el aislamiento. Las madre de Ana María señaló que la fundación cumplirá dos años de labores educativas y de acompañamiento en la región.La familia Serrano Céspedes sigue exigiendo que finalicen las dilaciones y se inicio al juicio definitivo.
La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
La Fiscalía avanzó en el caso del asesinato del guarda Cristian David Garzón, el joven de 27 años que fue asesinado en la estación de TransMilenio de Terreros mientras cumplía sus funciones como integrante del escuadrón anticolados. Los presuntos responsables de este hecho sin precedentes ocurrido en el municipio de Soacha, Cundinamarca, fueron identificados como Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Angie Natalia Díaz Sierra. Ambos fueron enviados a la cárcel este sábado después de que el ente judicial los procesara y revelara cómo ocurrió este hecho que impactó a la ciudadanía.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa reconstrucción de los hechos: "Lo instaba a continuar"El caso sucedió en la mañana de este viernes 18 de septiembre, cuando el guarda Garzón impidió que la pareja ingresara irregularmente al sistema de transporte sin pagar el pasaje. El ente judicial señaló que esta confrontación dio origen a una agresión perpetrada por parte de Gabriel Acevedo, quien presuntamente atacó al trabajador con una navaja. Entretanto, Angie Natalia instaba al hombre a que continuara con la agresión.Cristian Garzón resultó herido por esa agresión. Sus compañeras, que estaban prestando servicio al igual que él, lo llevaron hasta un centro asistencial cercano a la estación, donde falleció por la gravedad de la lesión. En un video grabado por alguien que atestiguó la llegada de Garzón al centro asistencial se escuchan sollozos y alguien que dijo “qué pecado” al ver esta escena. Solo momentos después, la pareja fue capturada en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional en plena vía pública, donde se les incautó también el arma blanca.Cristian David Garzón, de 27 años, recién había entrado a trabajar con la empresa privada Top Guard. Específicamente, se incorporó el 21 de abril de 2026. Con su muerte, ha salido a relucir su profesionalismo, valentía y compromiso. Vivía con su mamá en Ciudad Bolívar y salía a salvaguardar las estaciones del sistema de transporte que mueve gente entre Bogotá y Soacha. “Eligió una profesión que exige entrega, disciplina y coraje, y la ejerció con honor hasta su último aliento”, resaltó la empresa que le brindó trabajo durante estos cinco meses.Este sábado, ambos comparecieron ante un juez de control de garantías durante audiencia. En ella, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de homicidio agravado. Los dos no aceptaron cargos, pero, de todas maneras, fueron enviados a la cárcel como medida de aseguramiento. Aunque la defensa de la mujer puso argumentos para pedirle al juez que le dieran casa por cárcel, puesto que la ciudadana tendría arraigo en Soacha y actualmente responde por un menor de edad.Los antecedentes de los procesados por el caso de asesinato del guardaNoticias Caracol inicialmente había revelado que Angie Natalia tenía anotaciones por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. No obstante, David Acevedo también tiene antecedentes y es un ciudadano venezolano que se encontraría de manera irregular en Colombia. De acuerdo con la Fiscalía, Acevedo Sánchez tiene cuatro condenas anteriores por hurto calificado y agravado, correspondientes a los años 2004, 2018, 2019 y 2022.Al parecer, Acevedo Sánchez tendría interés en aceptar los cargos mediante una eventual negociación con la Fiscalía que le pueda hacer gozar de algún acuerdo que le traiga posibles rebajas en la condena, aunque esto solo será determinado tanto por el ente judicial y, al final, todo depende de si el juez encargado avala el acuerdo para que este sea efectivo. Y es que la pena que podrían enfrentar los dos podría ubicarse entre los 400 y 600 meses de prisión.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación presentó durante una audiencia de control de garantías la reconstrucción de los hechos que rodearon la desaparición y muerte de Ana Lucía González, una niña de 8 años cuyo cuerpo fue encontrado en un túnel de alcantarillado en el sur de Bogotá. Por estos hechos, un juez ordenó enviar a prisión a José Rojas Larez, un ciudadano venezolano de 29 años, señalado por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales agravados. El procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATASegún la investigación expuesta por el ente acusador, el caso estaría relacionado con una presunta venganza después de una discusión entre Rojas Larez y su pareja sentimental, quien es hermana mayor de la niña. Dicha venganza se enmarcaría como “una forma de violencia vicaria y retaliación” contra la pareja del venezolano. (Lea: Tío de niña encontrada en alcantarilla de Bogotá revela amenazas previas: “Yo acabo con tu familia”)El recorrido de Ana Lucía desde Mosquera hasta BogotáLa investigación señala que el procesado habría aprovechado que su pareja salió del inmueble y acudió a un CAI para pedir ayuda. Previamente, según la Fiscalía, se habría presentado un episodio de violencia intrafamiliar en el que el hombre habría destruido objetos de la vivienda y amenazado a integrantes de la familia.Las autoridades también analizaron registros de cámaras de seguridad en los que quedó registrado el traslado de la menor. Según la investigación, el hombre habría utilizado una motocicleta y llevaba puesto un casco que pertenecía a su pareja, elemento que habría ayudado a establecer su identidad.Durante la audiencia, la fiscal encargada del caso explicó ante el juez el recorrido que habría realizado el procesado con la menor antes de su muerte. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el 14 de septiembre, Rojas Lares habría sacado a la niña de Mosquera y la habría trasladado en una motocicleta hacia Bogotá.“La sube en la moto, la traslada allí en esa moto del municipio de Mosquera y entran a la ciudad de Bogotá por la localidad de Fontibón. Allí en Bogotá, ese día 14 de septiembre, la deja”, explicó la fiscal durante la diligencia.La Fiscalía sostuvo que Rojas Lares regresó a Bogotá al día siguiente. Al parecer, ent odo ese tiempo, la menor estuvo en un inmueble del barrio Casandra. “Retorna nuevamente a la ciudad de Bogotá. Y entre las 10 y 11 de la mañana de ese día recoge a la menor del lugar donde la había dejado y es llevada al barrio Juan José Rondón de la localidad de Ciudad Bolívar”, señaló la representante del ente acusador.Según la hipótesis presentada ante el juez, fue en ese sector donde el procesado habría quedado a solas con la niña y, presuntamente, le habría causado la muerte por asfixia, según el dictamen forense de Medicina Legal. La menor también habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexuales.Hallazgo del cuerpo y captura del señaladoEl cuerpo de Ana Lucía González fue encontrado posteriormente en un túnel de alcantarillado a las pocas horas de su asesinato por unos niños que jugaban en la zona. Tras la desaparición de la menor, las autoridades adelantaron labores de búsqueda y seguimiento al señalado responsable. Rojas Larez fue capturado en la localidad de Los Mártires. Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que el procesado fuera privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial. El juez de control de garantías aceptó la solicitud y ordenó su traslado a un centro penitenciario.La hermana mayor de Ana Lucía, Luz González, pidió que se imponga una condena al responsable del crimen. “Queremos justicia, que este crimen no quede impune”, manifestó la familiar durante la diligencia.La menor se encontraba en Colombia durante sus vacaciones y, según la información conocida en el proceso, tenía previsto regresar próximamente al estado Zulia, en Venezuela, para retomar sus estudios. El caso continúa bajo investigación y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad penal de Rojas Larez frente a los hechos por los que fue imputado.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Mientras que continúan las audiencias por el caso de presunto lavado de activos y contrabando, que involucra a la reconocida empresa Lili Pink, la Fiscalía reveló que ocupó más bienes inmuebles de la cadena de ropa femenina. En un inicio, las autoridades ocuparon 405 locales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad a lo largo y ancho del territorio nacional una vez inició el caso formalmente.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADesde que se conoció sobre la ocupación de estos bienes, el ente judicial señaló que detrás de estos comercios habría un entramado compuesto por importadoras, comercializadores y sociedades de papel. Prácticamente, señaló que Lili Pink tenía a los almacenes de fachada para el presunto ingreso de recursos que tenían un origen ilícito, así como de contrabando. Lo más reciente de este caso es que la Fiscalía pidió cárcel para Max Abadi, confundador de la empresa. Además de eso, la defensa de los procesados reveló hallazgos que cuestionan la investigación del ente judicial.Nuevos bienes ocupados de Lili PinkLa Fiscalía General adicionó los 45 inmuebles como adición a las medidas cautelares con fines de extinción de derecho de dominio, bajo la tesis que ha mantenido del presunto ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando. La diligencia la llevó a cabo la Dirección Especializada de Extinción de Derecho de Dominio. Se estima que el valor de los nuevos bienes ocupados supera los 184.615 millones de pesos.De acuerdo con el pronunciamiento oficial, servidores del CTI y uniformados del Ejército Nacional ocuparon los bienes. 17 de ellos estaban en zona rural y 28 de ellos en centros urbanos, ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo (Cundinamarca); Cartagena (Bolívar); Pereira (Risaralda); Ibagué (Tolima), y Cali (Valle del Cauca).Hay que tener en cuenta que todo lo que pasa por extinción de dominio queda en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que esta los administre. El funcionamiento de las tiendas Lili Pink y el contrato de los empleados se mantendrán hasta que un juez especializado tome una decisión en el caso y decida, en un caso hipotético, extinguir los bienes. De ser así, cambiarían las circunstancias.Los cuestionamientos de la defensa de Lili Pink a la investigaciónMax Abadi y otras siete personas están siendo procesados al ser señalados de integrar la supuesta red que habría usado empresas como fachada para el ingreso de mercancías y la legalización de recursos. La Fiscalía les imputó los cargos por contrabando, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ninguno los aceptó.Los abogados de la firma Riveros Bazzani, que representan a los procesados, pusieron sobre la mesa de discusión sus argumentos durante la audiencia de imputación. “Tras analizar más de 1.500 archivos (4GB) trasladados por la Fiscalía, la defensa ratifica: no existe prueba de contrabando. Sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”, expusieron.Además, revelaron que hubo un presunto abuso de autoridad durante unas visitas entre mayo y septiembre de 2023 que realizó la DIAN y revisó menos del 1 % de la información objeto de fiscalización y decomisó prendas que estaban avaluadas en 54.00 millones de pesos. Según ellos, la compañía recalcó que la mercancía contaba con la documentación exigida por la normativa. Tres años después del decomiso, la compañía habría detectado que la mercancía que les fue decomisada en 2023 estaba siendo vendida de forma ilegal en tiendas no autorizadas y no vinculadas a la marca Lili Pink. Después de conocer esto, el conglomerado interpuso denuncias penales que datan de los dos años. “Las graves fallas de la investigación han sido confirmadas por tres jueces de control de garantías diferentes, quienes han declarado la ilegalidad de varios actos de investigación en las últimas semanas”, recordaron los litigantes.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Un hombre de 44 años aceptó los cargos presentados en su contra por el doble homicidio de una mujer y de su hija de 11 años en unos hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre en Bogotá. El sujeto fue capturado dos días después de cometer el crimen, cuando salió de la ciudad y en el vehículo transportaba los dos cuerpos sin vida. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATATras su captura, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Recientemente, en la audiencia el sujeto aceptó los cargos y, por orden de un juez de control de garantías, deberá cumplir con una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se establece su condena.Intentó huir con los cuerpos de sus víctimas en un carroLa Fiscalía ha revelado que las víctimas eran la pareja sentimental y la hijastra de Dionnys David Fonseca Turizo, como fue identificado el hombre de 44 años que además es un exmilitar. Según la reconstrucción de los hechos, la niña de 11 años fue asesinada primero en la casa en la que vivían en el barrio Betania, en la localidad de Usme. El hombre presuntamente asfixió a la menor de edad cuando esta salía rumbo al colegio, como represalia contra su madre por el altercado que se había presentado anteriormente.Unas horas más tarde, Keila Ortiz Salas, la mamá de la niña, terminó su jornada laboral y regresó a la casa, donde la esperaba Fonseca Turizo que ya había escondido el cuerpo sin vida de la menor. El hombre engañó a su pareja diciéndole que le tenía una sorpresa y le vendó los ojos. En ese momento, según los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores, el exmilitar de 44 años atacó a la mujer con un arma cortopunzante hasta quitarle la vida.Durante dos días, Dionnys David Fonseca Turizo estuvo en el inmueble junto a los dos cuerpos sin vida tratando de limpiar los rastros del crimen. Los investigadores determinaron que el sujeto escondió todo material que pudiera incriminarlo en el doble homicidio, alteró las escenas del crimen y limpió todo rastro de sangre en la vivienda. Cuando pensó que todo estaba en orden, empezó su plan de escape.En la madrugada del pasado miércoles 9 de septiembre, Fonseca Turizo le cambió la ropa a los cuerpos sin vida de su pareja y su hijastra y los ubicó en los asientos de su vehículo. Los detalles de la investigación indicaron que ubicó el cuerpo de Keila Ortiz en el asiento del copiloto y el de la menor de 11 años en la parte de atrás. Así emprendió camino y logró salir de la ciudad; su plan inicial era llegar a La Guajira, pero horas más tarde cambió el rumbo y decidió dirigirse hacia Villavicencio.Sin embargo, en el camino otros conductores encendieron las alertas de las autoridades al notar que los pasajeros de ese vehículo no reaccionaban. Fue gracias a estos avisos que las autoridades lograron detener el carro a las 8:30 de la noche del 9 de septiembre a la altura del kilómetro 17+300 de la vía al Llano, en el sentido Villavicencio-Bogotá, jurisdicción del municipio de Chipaque (Cundinamarca).Los uniformados se encontraron con la macabra escena, el conductor identificado como Dionnys David Fonseca se movilizaba con dos cuerpos sin vida, haciéndolos pasar por pasajeros, por lo que fue capturado en flagrancia. El exmilitar ahora permanece privado de la libertad, tras haber aceptado cargos por feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, mientras está a la espera de que se establezca la respectiva condena.MARÍA PAULA GONZÁLEZPERIODISTA DIGITAL mpgonzal@caracoltv.com.co
Después de tres años y medio de que haya estallado el escándalo, Laura Sarabia compareció este 14 de septiembre en la audiencia de imputación de cargos por el caso de Marelbys Meza, quien fue sometida a pruebas de poligrafía en enero de 2023 tras la pérdida de una importante suma de dinero que estaba en un maletín dejado en el apartamento de Sarabia. La hoy procesada negó los tres cargos que le imputó la Fiscalía después de que se leyera una línea de tiempo construida a partir de la investigación del ente judicial.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Durante la lectura del relato presentado por la Fiscalía en la diligencia, la fiscal lanzó señalamientos contra el actuar de Sarabia en el momento de los hechos. Entre ellos, afirmó que hubo abuso de poder, arrogación de atribuciones y uso indebido de recursos. Y es que para ese entonces, Laura Sarabia era la jefa del despacho presidencial y presuntamente dio órdenes que no entraban en sus competencias de acuerdo con la normativa que definían sus funciones en el cargo. Sarabia se declaró inocente de estos cargos.La línea de tiempo del dinero perdido, según FiscalíaEl viernes 27 de enero de 2023, antes de viajar a Cali, Sarabia entregó en el aeropuerto de Catam un maletín personal a su jefa de seguridad. La instrucción era llevarlo a su apartamento y entregárselo a su esposo, Andrés Parra. Dentro estaba una bolsa negra con documentos y una suma de dinero en efectivo, cuya cifra no fue especificada. Como el esposo no se encontraba en el apartamento, la teniente le entregó el maletín a Marelbys Meza, quien trabajaba allí como empleada del servicio doméstico y niñera bajo un contrato verbal.El domingo 29 de enero de 2023, mientras Sarabia estaba en Villa de Leyva, le pidió a su esposo que buscara la bolsa negra dentro del maletín, pero este no la encontró. Al enterarse de la pérdida del dinero, Sarabia contactó al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago (jefe de protección presidencial) para informarle del suceso. Feria dio órdenes a sus subalternos de la Dijin para iniciar labores investigativas en el inmueble.Ese día coincidió con la jornada de descanso de la señora Meza, quien fue citada a la vivienda de su empleadora. Al llegar, se encontró con un incremento del esquema de seguridad y personal de criminalística. El esposo de Sarabia la instó a devolver el dinero bajo la promesa de que no le pasaría nada, y la Policía Judicial le tomó las huellas digitales. Sarabia, por su parte, se reunió a solas con Meza, la confrontó e interrogó. La empleada reiteró su inocencia y manifestó tener miedo del poder de Sarabia en el gobierno y de que la metiera a la cárcel.Al regresar a su apartamento la tarde del 29 de enero, Sarabia llamó al coronel Feria en presencia de un capitán de la Policía y le ordenó practicarle una prueba de polígrafo a Meza. Esa misma noche, Sarabia le comunicó personalmente a su empleada que debía someterse a dicha prueba. El lunes 30 de enero de 2023, Meza fue conducida por el personal de seguridad de Sarabia a las oficinas del DAPRE en el edificio Galán, en el centro de Bogotá. Allí se le practicó el examen, el cual duró entre 3 y 4 horas y se enfocó exclusivamente en el hurto del dinero.Los señalamientos de la fiscal contra Laura SarabiaSimultáneo a la lectura del relato, la fiscal encargada del caso de Laura Sarabia hizo señalamientos contra el actuar de la entonces alta funcionaria. Primero, dijo que Sarabia se arrogó una atribución que legalmente le correspondía a otro funcionario “con el propósito exclusivo de resolver un asunto personal”, en calidad de jefa del despacho presidencial. “La función de ordenar y realizar las pruebas de poligrafía, conforme el artículo 16 del Decreto 2647 del 2022, estaba atribuida a la jefatura para la protección presidencial, que para enero del 2023 estaba al mando del coronel Carlos Alberto Feria Buitrago”, precisó la funcionaria de Fiscalía. La fiscal también le recordó a Sarabia que, de acuerdo a la ley, sus funciones se limitaban a la asesoría para políticas públicas, planificación estratégica y coordinación de agenda del presidente.La Fiscalía recalcó que las pruebas de poligrafía se llevan a cabo en escenarios muy específicos, casos que no se ajustaban al contexto de Marelbys Meza. La oficina que ejecuta los exámenes forma parte de la coordinación de protección anticipativa y es el área técnica que depende de estudios de seguridad y efectúa estas pruebas a manera de herramienta orientativa. La prueba de polígrafo en este caso particular fue dirigida por el fallecido teniente coronel Óscar Dávila. “Tenía como función el análisis de riesgos criminales y sociales para planear los servicios de protección al presidente, vicepresidenta y altos dignatarios”.En ese sentido, el uso de la herramienta no podía extenderse a una empleada popular y mucho menos cuando esta tenía un propósito ajeno a la institucionalidad colombiana. “Al direccionar al coronel Feria para la toma de la prueba de poligrafía a la señora Marelbys Meza, usted, doctora Sarabia, abusó de su cargo porque realizó una función diversa a la que realmente y legalmente le correspondía”, indicó la funcionaria. En ese ejercicio, Sarabia presuntamente indujo al coronel Feria a que usara elementos del Estado y con esto "alteró el normal funcionamiento y la moralidad de la administración pública", violando el deber de fidelidad hacia los bienes, al dedicarlos a un uso personal.La fiscal señala que Sarabia utilizó su posición como empleadora directa de Marelbys Meza para coaccionarla. Al depender económicamente de ese empleo estable para su sustento, Meza tenía un miedo fundado de perder su trabajo si no accedía a la exigencia. Además, presuntamente se valió de su poder como jefa de seguridad para desplegar un esquema de seguridad que pudo resultar intimidante para Meza, quien se habría sentido coaccionada por un miedo fundado.La Fiscalía afirma que este despliegue de poder estatal y policial funcionó como un medio coactivo idóneo para "doblegar la voluntad" de Meza. La empleada se sometió al polígrafo únicamente por el temor de que una negativa fuera interpretada como culpabilidad, lo que derivaría en su incriminación y en la pérdida de su libertad. Con esto, Sarabia lesionó gravemente el bien jurídico de la "autonomía personal" de la víctima.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Una llamada originada desde la cárcel La Picota, en Bogotá, habría sido el primer paso de una estructura que, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, consiguió más de 4.900 millones de pesos mediante extorsiones y estafas telefónicas. Según el ente investigador, la organización habría diseñado un esquema para contactar masivamente a potenciales víctimas, intimidarlas y obtener transferencias de dinero, mientras otros integrantes se encargaban de recibir, distribuir y ocultar los recursos obtenidos.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)La investigación señala que la estructura no habría operado únicamente desde La Picota, sino que tendría conexiones con otros centros penitenciarios del país. Para realizar las llamadas, los integrantes habrían burlado controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y conseguido acceso ilegal a teléfonos celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras.Así contactaban presuntamente a las víctimasUna de las modalidades identificadas por la Fiscalía consistía en crear perfiles falsos de mujeres en WhatsApp para contactar a hombres y ofrecerles supuestos servicios sexuales. Una vez establecida la comunicación, los integrantes de la organización presuntamente conseguían fotografías íntimas de las víctimas o utilizaban imágenes obtenidas de redes sociales para realizar montajes.Con ese material, realizaban señalamientos relacionados con supuestos delitos sexuales y amenazaban con publicar las fotografías o los montajes si las personas no entregaban dinero. La Fiscalía sostiene que, después de conseguir un primer pago, las exigencias aumentaban. De esta manera, las amenazas habrían sido utilizadas para presionar nuevas transferencias y mantener a las víctimas dentro del esquema extorsivo.Para ampliar el alcance de las llamadas, en varios patios de La Picota presuntamente se reclutaba y entrenaba a internos para realizar comunicaciones masivas dirigidas a personas ubicadas en distintas regiones del país. La estructura también habría utilizado mecanismos para evadir los controles penitenciarios y mantener el funcionamiento de las comunicaciones desde prisión.El dinero terminaba en cuentas de tercerosLa operación no terminaba con el pago de las víctimas. De acuerdo con la investigación, los recursos eran enviados inicialmente a billeteras digitales y cuentas bancarias de terceros, desde donde posteriormente eran distribuidos entre los integrantes de la red. La Fiscalía siguió el movimiento de estos recursos a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y analizó más de 631.000 operaciones financieras. Además, documentó 43 noticias criminales relacionadas con denuncias y reportes de víctimas.Ese seguimiento permitió establecer, según el ente acusador, el origen, tránsito y destino de los recursos, así como identificar a las personas que presuntamente controlaban su circulación. La investigación apunta a que al menos 2.000 millones de pesos habrían sido ocultados durante un periodo inferior a cuatro años. Parte de las ganancias presuntamente era utilizada para mantener el control dentro de la cárcel y facilitar el ingreso y comercialización de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos. Además, parte del dinero habría sido retirado en efectivo o utilizado para adquirir bienes.¿Quién estaría detrás de la estructura?La Fiscalía señala como presunto articulador a Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma, quien permanece privado de la libertad y habría mantenido el control criminal y financiero de la estructura desde La Picota. Viracachá Ballén, postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como exintegrante de las extintas Farc, cumple una condena de 38 años de prisión por el homicidio de un integrante de la Policía Nacional y otras conductas ilícitas.Según la Fiscalía, también se le atribuyen extorsiones y lesiones personales contra otras personas privadas de la libertad. El ente investigador sostiene que habría ejercido injerencia en diferentes patios del establecimiento penitenciario, desde donde presuntamente coordinaba parte de las actividades ilícitas. En el manejo de los recursos también habrían participado personas que se encontraban fuera de la cárcel. Entre ellas estarían la esposa, el hijo y la hijastra de Viracachá Ballén, quienes presuntamente ayudaban a movilizar el dinero y adquirir bienes.La investigación permitió identificar seis inmuebles y cuatro vehículos ubicados en Bogotá; Soacha, Facatativá, Fusagasugá y Viotá, en Cundinamarca; y Restrepo, en Meta. Según la Fiscalía, estos bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actividades ilícitas. El ente acusador anunció que solicitará medidas cautelares sobre los activos con fines de comiso.Viracachá Ballén fue notificado de este nuevo proceso en la cárcel donde permanece recluido. De manera simultánea, funcionarios del CTI, con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional, capturaron a tres de sus familiares: Bibiana Paola Montañez Rozo, Helim Yareyth Clavijo Montañez y Michael Stiven Viracachá Pérez.Los tres fueron presentados ante un juez de control de garantías de Bogotá. Un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales les imputó, de acuerdo con su presunta participación, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y amenazas, concierto para delinquir, entre otras conductas. Los procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La Fiscalía indicó que la investigación permitió reconstruir tanto el mecanismo utilizado para obtener el dinero de las víctimas como la ruta que habrían seguido los recursos posteriormente.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Este 14 de septiembre inició la audiencia de imputación contra Laura Sarabia, ex alta funcionaria del gobierno Petro, por el caso de Marelbys Meza, quien fue sometida a pruebas de polígrafo después de que se perdiera un maletín con dinero en efectivo que llegó a casa de la hoy procesada. La diligencia se da tres años después de que ocurrieran los hechos, que fueron investigados por la Fiscalía General y hoy se enmarcarían en una extralimitación de las funciones de Sarabia como servidora pública.El caso ocurrió a inicios de 2023, cuando se denunció la sustracción de un maletín con una cuantiosa suma de dinero en efectivo desde la residencia privada de Laura Sarabia Torres, quien en ese momento se desempeñaba como Jefa de Despacho Presidencial y mano derecha del presidente Gustavo Petro. Tras reportarse la pérdida del maletín, la sospecha recayó inmediatamente sobre el personal doméstico, especialmente en Marelbys Meza, quien fue sometida a un examen de polígrafo sin que existiera una orden judicial previa ni una investigación formal, lo que saltó todo conducto regular dentro de la normativa. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Laura Sarabia los cargos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, tras exponer una línea de tiempo reconstruida con la investigación adelantada por el ente con varios elementos.La reconstrucción del caso Meza-Sarabia, según FiscalíaEl polémico caso tiene sus orígenes a finales de enero de 2023. La Fiscalía, en su recuento, indicó que el día 27 de enero, Sarabia se dirigió al aeropuerto de Catam en Bogotá para tomar un avión con destino a Cali para cumplir sus funciones como jefe de Despacho. Con ella, llevaba un maletín con artículos personales, entre ellos, una bolsa que contenía el dinero y unos documentos. El equipaje fue entregado por la funcionaria a la jefa de seguridad con la instrucción de que este fuera llevado hasta su apartamento y le fuera entregado a su esposo, Andrés Parra. Sin embargo, Parra no estaba en el inmueble, por lo que el maletín fue entregado a la señora Meza.Dos días después, Sarabia llamó desde Villa de Leyva a su pareja para pedirle que buscara dentro del maletín la bolsa con el dinero y los documentos. Parra no encontró dicha bolsa. Al tener conocimiento de esto, señala el ente investigador, Sarabia contactó al coronel Alberto Feria Buitrago, quien estaba jefe de la protección presidencial, y le contó sobre la pérdida del dinero. El funcionario dio la orden a sus subalternos para que adelantaran una investigación, cuyos actos urgentes fueron iniciados de inmediato por la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, patrulla Orión 4. En la tarde del 29 de enero, Laura Sarabia habría llamado nuevamente al coronel Feria y le ordenó que le practicara la polémica prueba de polígrafo a Marelbys Meza. Sarabia habría sido quien le comunicó directamente a Meza, quien fue citada por Parra a la vivienda en su día de descanso, que debía someterse al examen.Por un lado, el esposo de Laura Sarabia se habría reunido en privado con Marelbys Meza este mismo día para informarle sobre la pérdida de la cuantiosa suma de dinero y presuntamente le instó a que la devolviera, con la promesa de que no le pasaría nada. Meza negó haberse apropiado del dinero. En esa misma jornada, la Policía Judicial también estaba en el apartamento y le tomó sus huellas digitales.Cuando Sarabia llegó al apartamento, abordó nuevamente a Marelbys Meza y le interrogó sobre el dinero. La trabajadora le reiteró su inocencia y manifestó que era incapaz de robarle, el temor que sentía y su conocimiento sobre el puesto que Sarabia tenía en el gobierno de turno, que podía mandarla a la cárcel. “Usted utilizó como medios coactivos, para ese contenimiento, la simetría de poder que tenía por ser usted su empleadora directa, lo que entraña una dependencia económica que ubicaba a la empleada en una posición de vulnerabilidad”. La fiscal mencionó en su lectura la posición de Meza, quien tenía como única fuente de ingreso su trabajo en la casa de Sarabia y Parra. “Ella tenía miedo de perderlo si no aceptaba su exigencia”, dijo. Pero también se refirió a los medios de poder de los que se habría valido la ex alta funcionaria, “que se manifestaron ese 29 de enero de 2023 con el incremento de su esquema de seguridad, el despliegue de policiales en su residencia y los actos de investigación a los que fue sometida la empleada”. Según la Fiscalía, estos medios fueron coactivos que pudieron doblegar la voluntad de Meza a someterse a la prueba.“En calidad de jefa del despacho presidencial, al emitir esta orden al coronel Feria, su competencia funcional, arrogándose una atribución que legalmente le correspondía a otro funcionario, con el propósito exclusivo de resolver un asunto personal. La función de ordenar y realizar las pruebas de poligrafía, conforme el artículo 16 del Decreto 2647 del 2022, estaba atribuida a la jefatura para la protección presidencial, que para enero del 2023 estaba al mando del coronel Carlos Alberto Feria Buitrago”, indicó la fiscal del caso.La Fiscalía precisó que las pruebas de poligrafía, o confiabilidad, han sido utilizadas como una herramienta técnica y orientadora para la toma de decisiones institucionales relacionadas con la credibilidad y confiabilidad del personal que rodea al presidente de la República. En el caso de Meza, era una empleada popular, por lo que tenía “un propósito completamente distinto al institucional”. “Usted, doctora Sarabia, abusó de su cargo porque realizó una función diversa a la que realmente a que legalmente le correspondía”, recalcó la fiscal. “El uso se apartó totalmente de los fines a los que estaban destinados”. La prueba de Marelbys Meza se efectuó en un edificio del Dapre en el centro de Bogotá y duró casi cuatro horas, de acuerdo con el archivo. El interrogatorio se centró en indagar exclusivamente sobre el dinero perdido.A pesar del escándalo, Laura Sarabia permaneció en el Gobierno nacional en roles importantes como la dirección de Prosperidad Social, del Dapre, la Cancillería y la representación de Colombia en Reino Unido como embajadora. Dos años después, Laura Sarabia, en compañía de sus abogados defensores, repararon integralmente a Marelbys Meza por los daños sufridos, según quedó registrado en un documento con fecha del 21 de agosto de 2025 en una notaría de Bogotá.Le puede interesar:María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Más de 200 familias de Bello y otros municipios del norte del Valle de Aburrá entregaron dinero con la expectativa de acceder a una vivienda de interés social que finalmente nunca pudo construirse. La Fiscalía estableció cómo Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio promocionaron el supuesto proyecto y lograron captar más de 500 millones de pesos.(Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)La iniciativa se presentó como un proyecto de vivienda de interés social que sería desarrollado en el barrio Pachelly, en Bello, Antioquia. Según la investigación, la propuesta contemplaba la construcción de 804 unidades habitacionales, una oferta que despertó el interés de numerosas personas que buscaban adquirir vivienda.Uno de los argumentos utilizados para convencer a los compradores era que el proyecto contaba con el respaldo de un programa del Gobierno nacional. Además, a las personas interesadas les aseguraban que podrían recibir un subsidio superior a 13 millones de pesos para facilitar el acceso a los inmuebles.¿Cómo captaban el dinero?De acuerdo con las pruebas recopiladas durante la investigación, Parra Rivera y Montoya Osorio recurrieron a una empresa constructora legalmente constituida para captar de manera reiterada los recursos de quienes pretendían comprar una de las viviendas.La pareja también utilizó los nombres de otros proyectos urbanísticos de esa compañía y los presentó como respaldo de la iniciativa que estaban promocionando. De esta manera, los compradores tenían referencias de proyectos reales mientras avanzaban en el proceso para adquirir los inmuebles.Las víctimas llegaron a suscribir contratos de compraventa y realizaron pagos y anticipos con la expectativa de que el proyecto habitacional pudiera ejecutarse. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía determinó que había un problema fundamental: el proyecto nunca había sido aprobado por las autoridades locales.Según el organismo, la iniciativa no contaba con aprobación de las curadurías ni de la oficina de Planeación Municipal y, además, no era viable para su ejecución.Más de $500 millones terminaron en cuentasA pesar de esta situación, los pagos continuaron. Los recursos entregados por las víctimas terminaron consignados tanto en cuentas de la empresa constructora como en cuentas personales de los hoy condenados.De acuerdo con la Fiscalía, mediante este mecanismo Parra Rivera y Montoya Osorio obtuvieron un provecho económico ilícito superior a 500 millones de pesos.Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2018 y afectaron a por lo menos 200 familias que esperaban acceder a una vivienda mediante el supuesto proyecto.Por estos hechos, un juez penal de conocimiento condenó a Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio a 9 años y 5 meses de prisión por el delito de estafa agravada en modalidad masa.La Fiscalía señaló que la decisión judicial es de primera instancia, por lo que frente a ella proceden los recursos establecidos por la ley.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra tres exmiembros representantes del Clan del Golfo, luego de que el Gobierno nacional diera por terminada la fase de conversaciones con esta organización. La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.(Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)De acuerdo con el comunicado divulgado este domingo 13 de septiembre, la fiscal general expidió la Resolución No. 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, mediante la cual se reactivaron las órdenes de captura que habían sido suspendidas en el marco de los procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociojurídicos.La medida está relacionada con la Resolución Presidencial 398 del 11 de septiembre de 2026, a través de la cual el Gobierno nacional dio por terminada la fase de conversaciones con el grupo armado ilegal conocido como Clan del Golfo.¿Contra quiénes se reactivaron las órdenes de captura?La Fiscalía señaló que las órdenes fueron reactivadas contra tres personas que habían sido beneficiarias de la suspensión de estas actuaciones durante los espacios de diálogo. Se trata de:Orolzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas.Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura.Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo.Según la entidad, la decisión ya fue comunicada a las autoridades de policía judicial para que sea implementada de acuerdo con sus respectivas funciones.La Fiscalía también hizo una precisión frente a otras personas incluidas en las solicitudes formuladas por la Presidencia de la República. En esos casos, explicó que no procede reactivar las órdenes de captura, debido a que estas nunca habían sido suspendidas.La decisión se conoce luego del cierre de la fase de conversaciones entre el Gobierno De la Espriella y el Clan del Golfo y marca un nuevo escenario frente a las medidas judiciales que habían sido suspendidas durante los acercamientos con integrantes de esta organización.Balance de seguridad de De la EspriellaEn paralelo, el presidente Abelardo de la Espriella divulgó un balance sobre las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública durante las últimas 24 horas. Según la información entregada, se registraron 19 capturas y un sometimiento a la justicia.El reporte señala que en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, el Ejército combatió a integrantes de la estructura 36. De acuerdo con ese balance, un integrante de ese grupo murió y otro fue capturado tras resultar herido en medio del combate.El informe también relaciona diferentes incautaciones de droga. En Sibaté fueron incautados 1.430 kilogramos de marihuana; en Pereira, 1.786 kilogramos; en La Pintada, 394 kilogramos; y en La Tebaida, 653 kilogramos de cocaína.En Zaragoza, Antioquia, las autoridades ubicaron un depósito ilegal atribuido al Clan del Golfo, donde fueron incautadas 1.881 municiones, 19 proveedores y dos ametralladoras.Asimismo, el balance reportó cuatro capturas en Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca, de presuntos integrantes del frente 57 “Yair Bermúdez”. Entre los detenidos estarían dos señalados cabecillas de zona.Según las cifras divulgadas en el mismo reporte, desde el 7 de agosto de 2026 la Fuerza Pública acumula 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de coca erradicadas.“No vamos a aflojar. A los narcoterroristas los vamos a perseguir sin descanso, golpeando sus estructuras, sus armas, sus finanzas y sus economías criminales”, señaló De la Espriella en el balance.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco excomandantes de las extintas Farc-EP por hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Los imputados fueron comandantes del Frente Sexto y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la antigua guerrilla. La Jurisdicción dio detalles sobre los hechos y lo que viene para los comparecientes.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa decisión se toma en un contexto en el que el presupuesto de la JEP fue puesto en debate por una proposición de un congresista y en una semana que mostrará avances significativos del sistema de justicia transicional que surgió en 2016 después de los Acuerdos de Paz. La JEP adelantó que esta semana iniciar´na las primeras sanciones restaurativas, entre las que están incluidas las restricciones de liberta y derechos. “Las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto serán las principales beneficiarias de las actividades que obligatoriamente deberán llevar a cabo las personas condenadas”, detalla el tribunal. (Le recomendamos leer: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")La decisión establece para ellos responsabilidad de mando, relacionada con no haber ejercido un control efectivo sobre sus subordinados para prevenir, evitar y sancionar estos crímenes dentro de las estructuras que comandaban. Los procesados fueron alias “Calixto”, “El Pija”, “Jaime Barragán”, “Monín” y “Leonel Páez”.¿Qué crímenes les imputó la JEP?De acuerdo con la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, los cinco excomandantes fueron hallados responsables de los siguientes crímenes de lesa humanidad:Violación.Otras formas de violencia sexual de gravedad comparable.Persecución por motivos de género contra personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas.Además, la JEP les imputó crímenes de guerra como violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal por la anticoncepción forzada practicada contra mujeres que pertenecían a las filas de la antigua guerrilla. Los crímenes se habrían cometido contra niñas y mujeres en casas, fincas, cuando estaban indefensas transitando caminos de la región como una forma de castigo. La Sala identificó un patrón criminal de violencia sexual y otras violencias basadas en género contra población civil y contra integrantes de las Farc-EP. Según la investigación, estas conductas fueron ejercidas en el marco de la disputa por el control territorial y social de la zona. En total, la Sala de Reconocimiento documentó 68 atribuidos a las Frc contra un total de 35 víctimas: 30 de ellas eran civiles y cinco eran de la extinta guerrilla. Los hechos se concentraron en 17 municipios de esta región, especialmente en Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono y Santander de Quilichao, en Cauca; así como en Florida, Valle del Cauca. (Lea también: Las razones de la JEP para citar a Sandra Ramírez en caso de reclutamiento de menores)La JEP explcó que estos casos de violencia sexual profujeron consecuencias como afectaciones a la salud física y reproductiva, estigmatización, pérdida de oportunidades sociales y económicas, rupturas familiares y nuevos desplazamientos. También hubo daños colectivos a las comunidades étnicas. La Sala, por ejemplo analizó que para el Pueblo Nasa “la violencia sexual contra las mujeres desarmoniza la 'Uma Kiwe', la Madre Tierra, y afecta a toda la comunidad. En pueblos afrodescendientes, estas conductas afectaron la espiritualidad, su organización social y sus prácticas culturales”.¿Qué viene para este caso y los cinco imputados?Los cinco excomandantes las extintas Farc-EP tiene 30 días hábilas para reconocer o no su responsbailiad en los hechos de los que se les señala y tendrán que responder los requerimientos de las víctimas. “Si reconocen su responsabilidad, seguirán la ruta hacia una eventual Sanción Propia. Si no reconocen, los casos podrán pasar a la UIA y a la ruta de ausencia de reconocimiento con un juicio adversarial”, explicó la Jurisdicción.Es el primer auto de la JEP dedicado a estas violencias en el Caso 05La decisión hace parte del Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Se trata del tercer Auto de Determinación de Hechos y Conductas emitido dentro de este caso y del primero dedicado exclusivamente a las violencias basadas en género. Este es el macrocaso que tiene más víctimas acreditadas de la JEP: 461 víctimas individuales, dentro de las cuales hay 10 víctimas LGBTIQ+ y 207 víctimas colectivas que reúnen a más de 180.000 personas.Con esta decisión, la JEP identificó el patrón criminal número 10 dentro del Caso 05. La Sala ya había determinado otros patrones en dos decisiones anteriores. La investigación de la Jurisdicción busca establecer las responsabilidades por los hechos cometidos durante el conflicto armado en esta región y reconocer las afectaciones sufridas por las víctimas de estas conductas.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
En la Costa Caribe colombiana hay un nombre que aparece todos los días entre los resultados más consultados de los juegos de azar: El Sinuano Día. Este sorteo se ha convertido en uno de los referentes del chance en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena, aunque con el paso del tiempo también ha ganado seguidores en otras regiones del país. La dinámica sencilla del juego y su frecuencia diaria hacen que miles de personas revisen cada tarde la combinación ganadora. Para muchos jugadores, se trata de una de las primeras oportunidades del día para comprobar si los números elegidos coinciden con los resultados oficiales.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEste lunes 21 de septiembre de 2026, la atención se centra en una nueva edición del Sinuano Día, uno de los sorteos más tradicionales dentro del mercado del chance colombiano. Mientras los apostadores esperan el anuncio oficial, también crece el interés por conocer cómo funciona este juego y cuáles son las modalidades que ofrece.Sinuano Día hoy, 21 de septiembre de 2026: resultadosNúmero ganador: Quinta cifra: Los resultados oficiales son publicados una vez finaliza el sorteo de la jornada y son divulgados a través de los canales autorizados. Para los seguidores de este juego, una de las referencias más importantes es su horario. El primer sorteo asociado a la marca Sinuano se desarrolla en horas de la tarde y es conocido como Sinuano Día.Para esta nota se toma como referencia el horario de las 2:30 p. m., momento en que numerosos jugadores permanecen atentos a la publicación de los resultados. Tras finalizar el sorteo, la combinación ganadora comienza a circular en los distintos canales de consulta utilizados por los apostadores. La programación diaria del chance permite que quienes participan en esta modalidad conozcan el resultado durante la tarde, sin necesidad de esperar hasta la noche para verificar sus apuestas.¿Qué modalidades tiene el chance Sinuano?La marca Sinuano cuenta con más de una modalidad de juego. La principal durante la tarde es Sinuano Día, mientras que en horario nocturno se realiza Sinuano Noche, otro de los sorteos ampliamente consultados por los jugadores. Ambos funcionan de manera independiente y cuentan con resultados distintos. Esto permite que un mismo participante pueda elegir entre jugar en la tarde o esperar la edición nocturna para realizar una nueva apuesta. La existencia de estas dos franjas horarias ha contribuido a mantener la presencia constante del Sinuano dentro de la oferta de chances que operan en Colombia.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
Las primeras horas de la tarde suelen estar marcadas por la expectativa de miles de jugadores que siguen los sorteos de chance en Colombia. Entre ellos aparece La Caribeña Día, una modalidad que nació en la región Caribe y que con el paso de los años se ha convertido en una de las más consultadas por quienes buscan conocer rápidamente la combinación ganadora de la jornada. Este sorteo se caracteriza por su frecuencia diaria y por ofrecer distintas formas de participación, desde apuestas sobre una sola cifra hasta combinaciones completas de cuatro números. Gracias a ello, La Caribeña Día mantiene una presencia constante entre los resultados de chance más buscados en internet y en los puntos autorizados de venta. Para este lunes 21 de septiembre de 2026, los apostadores permanecen atentos a una nueva edición del juego, a la espera de verificar si los números elegidos coinciden con el resultado oficial publicado por el operador.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAResultados Caribeña Día de hoy, 21 de septiembre de 2026Número ganador: Quinta: Los resultados oficiales son divulgados una vez concluye el sorteo del día y posteriormente pueden ser consultados a través de los canales habilitados para este fin.El primer sorteo de La Caribeña se juega a las 2 de la tardeUno de los aspectos que más revisan los jugadores es el horario de juego. Para esta nota se toma como referencia que el primer sorteo de Caribeña se realiza a las 2:30 de la tarde, momento a partir del cual comienza la expectativa por conocer la combinación favorecida de la jornada. En las diferentes plataformas de consulta también suele aparecer el horario habitual de Caribeña Día alrededor de las 2:30 p. m., dependiendo de la programación oficial reportada por los operadores y sitios especializados. Una vez se efectúa el sorteo, los participantes comparan los números de sus apuestas con el resultado oficial para determinar si obtuvieron algún acierto.Uno de los rasgos distintivos de este chance es la variedad de modalidades con las que se puede participar. Los jugadores pueden registrar apuestas de acuerdo con el nivel de riesgo y el tipo de premio que buscan obtener. Entre las opciones más conocidas se encuentran las apuestas de cuatro cifras directo o superpleno, que requieren acertar la combinación exacta en el mismo orden del resultado oficial. También aparece la modalidad de cuatro cifras combinadas, en la que el orden de los números no es determinante. Además, existen alternativas para quienes prefieren jugar con tres cifras, dos cifras o incluso una sola cifra. Estas modalidades permiten participar con diferentes niveles de apuesta y de exigencia al momento de validar el resultado.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
Silent Hill: Townfall toma una decisión importante desde sus primeros minutos: alejarse de la representación tradicional de Silent Hill y trasladar la experiencia a St. Amelia, un pequeño pueblo costero de Escocia ambientado en los años 90. Allí comienza la historia de Simon, un hombre que despierta sin saber exactamente dónde está ni por qué se encuentra allí.Esa falta de información funciona como punto de partida para una aventura que prefiere construir sus respuestas poco a poco. Durante buena parte del juego sabemos que ocurrió algo terrible, pero los detalles llegan de manera fragmentada, a través de la exploración, los documentos, los personajes y diferentes situaciones que obligan al jugador a conectar las piezas.La narrativa no comienza con todas las cartas sobre la mesa. De hecho, uno de los aspectos más interesantes es que buena parte de las primeras horas se construye sobre suposiciones. La historia tarda bastante en entregar respuestas claras y permite que el jugador formule sus propias teorías. Cuando finalmente empiezan a encajar las piezas, muchos elementos que parecían pequeños adquieren un significado diferente.Esto también hace que una segunda partida pueda tener un atractivo especial. Al conocer determinados acontecimientos, algunas situaciones, objetos y elementos de los escenarios pueden interpretarse de otra manera. Es una estructura que recompensa la atención y que encaja muy bien con la naturaleza misteriosa de la saga.El miedo está en no poder defenderteLa principal diferencia jugable de Townfall está en su perspectiva. Toda la experiencia se desarrolla en primera persona, una decisión que tiene un impacto importante sobre la forma en que se experimenta el terror.No poder observar lo que ocurre detrás del personaje genera una sensación constante de vulnerabilidad. Los pasillos estrechos, las esquinas y los sonidos que llegan desde lugares que no podemos ver se convierten en amenazas por sí mismos. El juego utiliza esa limitación de la perspectiva para hacer que avanzar sea incómodo incluso cuando no hay un enemigo frente a nosotros.El sigilo es, de hecho, el centro de la experiencia. Los recursos son limitados y enfrentarse directamente a los enemigos no suele ser la mejor alternativa. Las armas cuerpo a cuerpo se deterioran con el uso, mientras que la munición para las armas de fuego es escasa. Además, disparar puede atraer a otros enemigos debido al ruido.Por eso, muchas situaciones se resuelven observando los recorridos de las criaturas, esperando el momento adecuado y buscando una oportunidad para pasar sin ser detectados.El sistema funciona especialmente bien cuando obliga a avanzar con cautela. El problema es que, en algunos momentos, el sigilo puede sentirse demasiado básico. Los enemigos suelen seguir rutas relativamente determinadas y, en ciertas situaciones, el jugador puede terminar esperando a que una criatura se mueva para poder continuar.Ese comportamiento puede generar tensión, pero también puede romperla cuando la espera se vuelve demasiado prolongada.El CRTV es más que una herramientaUno de los elementos más interesantes es el CRTV, una pequeña televisión portátil que funciona como una evolución de la tradicional radio asociada a Silent Hill.El dispositivo permite detectar a los enemigos y observar su posición a través de interferencias. Sin embargo, no basta con encenderlo y conocer todo lo que sucede alrededor. Cada criatura tiene su propia señal, por lo que es necesario cambiar entre diferentes frecuencias para comprobar dónde se encuentra cada amenaza.El CRTV también tiene una función narrativa y se integra en varios acertijos. Algunas transmisiones muestran pistas, rutas o información que posteriormente debe interpretarse para avanzar.Esto convierte al dispositivo en una pieza importante de la experiencia porque une exploración, supervivencia, narrativa y resolución de problemas. No se siente simplemente como un objeto que sustituye a la radio tradicional, sino como una herramienta que forma parte de la identidad propia de Townfall.Cuando combatir no es la soluciónEl combate existe, pero claramente no es la prioridad.Simon puede utilizar armas cuerpo a cuerpo y posteriormente acceder a diferentes armas de fuego, incluyendo una pistola y una escopeta. También existe una pistola de bengalas. Sin embargo, la escasez de munición y la resistencia de algunos enemigos hacen que enfrentarlos directamente no siempre sea conveniente.El combate cuerpo a cuerpo es bastante sencillo: atacar y bloquear son las principales acciones. Los enemigos también pueden agarrar al personaje, obligándolo a liberarse rápidamente. La ausencia de una esquiva hace que algunos enfrentamientos puedan sentirse más limitados de lo necesario.Esto no significa que el sistema sea inútil. Su sencillez está relacionada con la intención general del juego: sobrevivir, no eliminar todo lo que aparezca en pantalla. Pero precisamente por eso, cuando el juego obliga a combatir, el sistema puede sentirse menos desarrollado que otros apartados.Las armas de fuego también tienen una función principalmente defensiva. Son útiles, pero disparar genera ruido y puede atraer más amenazas. En consecuencia, incluso cuando el jugador tiene una pistola o una escopeta, la sensación de seguridad nunca es completa.Otros personajes, otras formas de sobrevivirUno de los elementos que amplían la experiencia es la posibilidad de controlar a otros personajes además de Simon.Zoe Ellis y Richard no funcionan simplemente como personajes secundarios que aparecen alrededor de la historia principal. Sus segmentos permiten conocer sus propias situaciones y, además, modifican la manera en que se juega.Zoe representa una experiencia mucho más vulnerable. Cuenta con pocas herramientas para defenderse y puede utilizar objetos del entorno, como botellas o ladrillos, principalmente para distraer a los enemigos. Esto hace que sus secciones dependan todavía más del sigilo.Richard, en cambio, tiene acceso a una escopeta y protagoniza una parte mucho más orientada al enfrentamiento directo.La diferencia entre los tres personajes funciona también como una extensión de sus respectivas circunstancias. No todos afrontan el horror de la misma manera y el diseño jugable ayuda a transmitir esas diferencias.Acertijos que premian la atenciónLos acertijos son uno de los puntos fuertes de Townfall. El juego exige observar el entorno y prestar atención a documentos, objetos, señales e información que puede parecer secundaria.Incluso con una dificultad que ofrece pistas, el jugador todavía tiene que interpretar lo que encuentra. No basta con seguir una indicación marcada: hay que entender qué hacer con ella.Uno de los ejemplos más particulares involucra una operación médica en la que es necesario controlar diferentes parámetros del paciente, como la presión arterial, el ritmo cardíaco y los niveles de oxígeno. La solución depende de información que el jugador puede encontrar durante la exploración.Este tipo de acertijos encaja muy bien con la propuesta porque convierte la observación en parte fundamental del progreso.No todos funcionan igual de bien. Hay algunos que pueden resultar demasiado obtusos y otros que requieren revisar cada rincón de los escenarios en busca de una llave, una ruta o un elemento específico. También existe un acertijo hacia el final que puede romper el ritmo y generar frustración.Aun así, la mayoría consigue que resolver un problema produzca esa sensación de haber entendido finalmente cómo encajan las piezas.St. Amelia: un escenario con identidadVisualmente, Townfall destaca por la construcción de St. Amelia.El pueblo costero escocés tiene una identidad muy marcada y consigue transmitir la sensación de estar recorriendo una localidad británica reconocible de los años 90. Las calles, edificios, comercios y espacios interiores contribuyen a que el escenario tenga personalidad propia.La niebla es fundamental para esa atmósfera. No solo limita la visibilidad, sino que convierte las calles en espacios aislados y difíciles de leer. La iluminación, las superficies y los escenarios aprovechan especialmente bien la perspectiva en primera persona.El Otro Mundo cambia completamente la presentación visual. Allí predominan estructuras de apariencia brutalista, iluminación más dura y una presentación mucho más abstracta y opresiva.El apartado gráfico está acompañado por un trabajo sonoro igualmente importante. La música utiliza piano, guitarra y sintetizadores para generar una tensión constante, mientras que los sonidos ambientales ayudan a identificar la presencia de enemigos y determinadas situaciones.El resultado es una experiencia audiovisual muy sólida. Incluso cuando no ocurre nada importante, recorrer los escenarios puede resultar atractivo simplemente por la atmósfera que se ha construido.Una historia que tarda en revelar sus cartasLa narrativa es probablemente el elemento que más depende de la paciencia del jugador.Durante una parte considerable de la aventura, las respuestas son escasas. Hay indicios de que ocurrió una tragedia, pero los detalles permanecen ocultos durante buena parte del recorrido.Esto puede funcionar de dos maneras. Para quienes disfrutan construir teorías y descubrir lentamente un misterio, la estructura puede ser muy efectiva. Para quienes necesitan una explicación más inmediata de lo que está sucediendo, los primeros compases pueden sentirse demasiado vagos.El reducido número de personajes también ayuda a que la historia se concentre en sus protagonistas. Simon, Zoe y Richard tienen suficiente espacio para que sus situaciones personales adquieran importancia.Además, las actuaciones de Jovan Adepo, Kezia Burrows y Terry O’Quinn aportan peso emocional a los personajes. Sus interpretaciones ayudan a transmitir el miedo, el dolor y el trauma que atraviesan durante la historia.El juego también utiliza su escenario escocés de una manera bastante particular. La ambientación resulta reconocible y está acompañada por personajes secundarios con acento escocés, aunque la ausencia de ese acento entre los protagonistas principales puede sentirse como una oportunidad desaprovechada.Una experiencia irregular, pero memorableEl principal problema de Silent Hill: Townfall aparece cuando su insistencia en el sigilo comienza a afectar el ritmo.Hay segmentos donde la tensión funciona muy bien porque obliga a esconderse, observar y avanzar con cuidado. Pero también existen momentos donde la mecánica puede convertirse en una espera prolongada frente a enemigos que patrullan una zona.Esto se vuelve especialmente problemático con una criatura capaz de eliminar al jugador instantáneamente. Sus apariciones pueden transformar una situación aterradora en una secuencia frustrante, especialmente cuando permanece cerca de una zona durante demasiado tiempo y obliga a buscar una salida con muy poco margen de error.También existen momentos donde el juego reduce todavía más las herramientas disponibles, aumentando la sensación de vulnerabilidad. La abundancia de objetos de curación y el sistema relacionado con las bolsas intravenosas ayudan a compensar parcialmente estas situaciones.En contraste, hay momentos donde el juego cambia las reglas y aprovecha esa variación para generar algunas de sus mejores escenas. Una sección avanzada que introduce una escopeta y una dinámica de persecución diferente demuestra que el juego puede sorprender cuando modifica temporalmente su fórmula.Rendimiento y apartado técnicoEn el material proporcionado, la versión de PC fue probada utilizando una RTX 4060 con la configuración gráfica en alto y sin experimentar caídas de rendimiento perceptibles.A nivel visual, los escenarios, la niebla, la iluminación y los rostros de los personajes destacan especialmente. El principal detalle negativo mencionado es que algunas zonas pueden resultar demasiado oscuras, aunque se trata de una molestia menor.El diseño sonoro también cumple una función importante dentro de la jugabilidad, ya que ciertos sonidos permiten identificar cuándo un enemigo aparece en el CRTV o cuándo el jugador ha sido detectado.Todo esto contribuye a que el apartado audiovisual no sea solamente decorativo. La imagen y el sonido están directamente relacionados con la exploración y la supervivencia.ConclusiónSilent Hill: Townfall es una experiencia recomendable para quienes disfrutan del terror psicológico, los acertijos, la exploración y las historias que exigen atención. Su propuesta puede resultar menos atractiva para quienes buscan combate constante o un sistema de sigilo más profundo.A pesar de algunos problemas de ritmo, acertijos irregulares y momentos donde el sigilo puede resultar frustrante, el conjunto consigue construir una experiencia de terror con identidad propia. Si se busca un Silent Hill diferente, centrado en el misterio y la atmósfera, vale la pena darle una oportunidad.¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.
El fútbol colombiano ha venido experimentando el regreso de muchas figuras de nuestro país, que hicieron historia en sus carreras deportivas a nivel internacional y también con la Selección. Así en el pasado se vivió un 'boom' con la contratación de Falcao García por parte de Millonarios y ahora para la Liga II 2026 la principal atracción es James Rodríguez, contratado por Atlético Nacional, y un escalón abajo Juan Guillermo Cuadrado, anunciado hace una semana por parte del cuadro 'embajador'. Independiente Medellín, de su lado, devolvió del retiro a Jackson Martínez y lo presentó como nueva cara, al igual que repatrió a Juan Fernando Quintero.Y de ese tema habló Teófilo Gutiérrez, figura del Junior de Barranquilla que tiene programado su retiro del balompié profesional en diciembre próximo, quien comenzó dejando en evidencia las dificultades que pasan figuras como las mencionadas a jugar en la Liga."El fútbol colombiano es difícil, no es fácil, por el tema de las canchas, porque tienes que venir a la altura, jugar en Bogotá, ir a enfrentar a Chicó (en Tunja), ir a Barranquilla a jugar con 50 grados, a jugar con Jaguares. Ellos deben estar sintiendo eso, como lo sentí yo. El fútbol colombiano es como las Eliminatoria, tienes que viajar horas. Ellos (James, Cuadrado) están pasando por eso, yo lo sentí, pero cuando uno gana títulos, ya dicen este es ganador, es bravo", expresó el popular 'Teo', en charla con 'Espn'.El del barrio 'La Chinita' entregó su concepto porque en general este tipo de figuras son criticadas por la prensa e igualmente señalados por los equipos rivales. Asú Gutiérrez Roncancio afirmó que "ellos tienen su nombre a nivel internacional por lo que hicieron, lo que yo digo es que la gente le debe muchos aplusos a James Rodríguez, a Falcao, al mismo Cuadrado, a Bacca, a Jackson, al 'Pibe' Valderrama, a Mario Yepes, a Higuita, a todos. Acá en Colombia hay que darle amor a todos los jugadores, pero estamos en Colombia y pasan algunas cosas. En general, yo creo que la gente ama a sus jugadores. Y ya el periodista los critica a su manera, que eso también es válido".De esa forma, 'Teo' Gutiérrez pidió respeto para sus colegas y amigos de Selección Colombia que ahora están engalanando con su presencia los estadios del país.