Colombia se enfrenta hoy a una preocupante realidad frente a la seguridad de la comunidad trans y de las personas con identidades de género diversas, donde la violencia y la intolerancia continúan cobrando vidas. El crimen de Sara Millerey González es un recordatorio de la desprotección que vive la comunidad LGBTIQ+ en el territorio nacional. Diego Guauque de Séptimo Día investigó.El caso de Sara Millerey en AntioquiaEn su infancia, se caracterizó por ser alegre, cariñosa y muy cercana a las actividades religiosas de su comunidad. Su tío, Juan Camilo González, recuerda con afecto que en su niñez ella era una persona servicial: "era alegre, le gustaba mucho las cosas de Dios".Desde temprana edad, Sara comenzó a manifestar y afirmar su identidad de género femenina, expresando abiertamente quién era y su deseo de ser llamada como Sara Millerey, de acuerdo con el relato de su tío.A diferencia de muchos otros casos de la población trans en el país, quienes frecuentemente sufren el rechazo y abandono de sus familias, Sara Millerey contó con un apoyo incondicional en su hogar. Su tío destaca que en su familia nunca existió discriminación.El ataque en Bello que indignó al paísUn viernes a las tres de la tarde, una vecina se comunicó con Juan Camilo González para alertarlo sobre el ataque que había sufrido su sobrina. La investigación judicial posterior reveló la gravedad y la premeditación con la que se ejecutó la agresión. Saúl León, abogado penalista de la familia de la víctima, explicó cómo se desarrollaron los hechos dentro del inmueble al que fue conducida por la fuerza.Según el abogado Saúl León, "básicamente quienes asesinaron a Sara Millerey son sicarios en el municipio de Bello, Antioquia". El jurista también señaló que "hay evidencia en el expediente que acredita que cuando los agresores toman a Sara le gritan improperios, vulgaridades. todo derivado de su identidad de género. Y todo esto ocurre mientras la golpean y mientras le quitan la vida prácticamente".Esta agresión estuvo relacionado por prejuicios sobre la diversidad. León señaló que los atacantes ejercían un dominio armado en el barrio y que, "derivado de ello, eh en este control territorial ilegal que hacían estos sujetos en ese municipio, pues consideraban que esto era inapropiado socialmente".Después de golpearla y causarle múltiples fracturas, los cinco agresores trasladaron a Sara Millerey hasta la quebrada La García y la arrojaron a la corriente. Según la denuncia de la defensa, el horror continuó después de que la víctima cayó al agua, ya que los atacantes permanecieron armados en el sitio para impedir que fuera socorrida.Varios vecinos del sector se alarmaron ante la escena. Al ver a Sara atrapada en la corriente, dos habitantes de la zona decidieron intervenir. Los vecinos formaron un lazo humano dentro del agua para sostener a la víctima, impidiendo que el cauce la arrastrara.Poco después, unidades del cuerpo de bomberos lograron ingresar al área a través de una vivienda.Investigación y el reclamo por los implicados prófugosAunque fue rescatada con vida de la quebrada La García, Sara Millerey González Borja falleció el 6 de abril de 2025 en un hospital de Medellín debido a la gravedad de las lesiones internas y las fracturas. Su violento asesinato desató indignación y una rápida movilización de las autoridades competentes.El proceso judicial ha avanzado de forma parcial en la identificación y captura de los autores materiales del crimen. La defensa de la familia confirmó que el expediente penal señala a un total de cinco sospechosos de participar en el homicidio. El abogado Saúl León habló del el estado actual de las detenciones: "Son dos sujetos oriundos de Medellín y de Bello, Antioquia. Están privados de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín".No obstante, los otros tres implicados en el asesinato de Sara Millerey continúan en libertad. Al ser consultado sobre las razones por las cuales no se ha completado la totalidad de las órdenes de captura, el abogado León indicó que "no ha sido posible su ubicación" por parte de los investigadores judiciales.
El terremoto del pasado 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó, sacudió a la ciudad de Cali con gran violencia debido a las condiciones de su suelo blando, compuesto por sedimentos de río. El movimiento telúrico destruyó por completo 24 edificaciones de la ciudad y dejó agrietadas a más de un centenar. Los Informantes visitó la zona.Entre todos estos puntos críticos, la estructura que registró el mayor saldo de víctimas mortales fue el edificio residencial Torres del Limonar, ubicado en el sur de la capital vallecaucana. En las labores de remoción de escombros de esta estructura trabajaron de manera conjunta el cuerpo de bomberos, la Armada Nacional, la Policía y un equipo de expertos rescatistas internacionales. Durante las primeras horas, las familias de los desaparecidos mantuvieron la esperanza de hallar personas con vida. Sin embargo, los equipos de rescate se enfrentaron a un obstáculo médico y físico severo conocido como el síndrome de aplastamiento. Diversas víctimas atrapadas lograban entablar conversaciones bajo la estructura colapsada, pero al levantarse las losas de concreto que las presionaban, las toxinas acumuladas en sus músculos ingresaban repentinamente al torrente sanguíneo, provocando infartos fulminantes de inmediato. Según el registro de la emergencia, la gravedad de esta situación llevó a que algunos familiares manifestaran su deseo de que no se removieran las pesadas piedras para poder continuar conversando con sus seres queridos.La mujer que rescata fotos y recuerdos en las ruinasEn medio de esta tragedia, Johana Sánchez, una caleña de 41 años, madre y contratista sin ningún tipo de entrenamiento en labores de socorro, decidió acudir de manera voluntaria a la zona del desastre.A pesar de no vivir en el edificio colapsado ni conocer a ninguna de las víctimas, Johana evadió la prohibición de su familia para ingresar a la zona de impacto. Su llegada se produjo un martes, camuflada en un vehículo de carga pesada justo cuando se agotaban las 72 horas críticas de búsqueda de sobrevivientes determinadas por los protocolos internacionales.Al ingresar a la zona restringida, Johana relata cómo inició su labor voluntaria de apoyo: "Había un militar ahí y yo le dije, 'Buenas.' Y me entré y ahí mismo le dije a una persona, 'Me presta un casco y me puse a a coger piedras y a mirar por los huequitos si encontraba alguien. Yo vine a salvar vidas, o sea, a tratar de sacar la ayudar a sacar la gente, pero no no se pudo".Aunque la misión inicial de rescatar personas con vida no resultó, la atención de Johana se desvió hacia una dimensión diferente de la catástrofe al observar pequeños objetos cubiertos de polvo y escombros. El momento clave que redefinió su labor ocurrió tras observar un peluche entre las piedras. Al ver que otra persona intentaba desecharlo considerándolo inservible, Johana intervino diciendo: "No, señora, eso no es basura. Lo que para usted es basura, para otra persona es lo más importante que le queda, un recuerdo".A partir de ese instante, Johana Sánchez inició un proceso minucioso de clasificación de pertenencias personales que abarcaba zapatos, llaves, diplomas, relojes, carteras y cartas familiares. Ante la gran acumulación de objetos rescatados, diseñó un método de organización basado en los perfiles ocupacionales y profesionales de las víctimas. Al entrevistarse con los familiares que acudían al lugar, Johana indagaba por las profesiones de los fallecidos para ubicar sus pertenencias en sectores específicos.De acuerdo con Johana, la efectividad de su método sorprendió a los sobrevivientes: "Yo se quedan aterrados porque dice, '¿Usted cómo sabía que esto era de mi mamá?' Y yo le dije, 'Porque su mamá, por ejemplo, su mamá, ¿qué era?' Ah, la señora trabaja en estética. Entonces empezaba".De igual manera, logró agrupar todas las herramientas de ferretería correspondientes a un propietario de la Torre A identificado como don Miguel. Entre esos papeles, descubrió una carta redactada en el año 2011, la cual contenía un mensaje íntimo de afecto dirigido a su esposa e hijos que estuvo guardado durante quince años. El documento fue entregado a su hijo precisamente el día del cumpleaños de don Miguel.La maleta de fotos de la familia PatiñoUno de los procesos de identificación más emotivos del desastre fue el del periodista y presentador José Fernando Patiño, quien viajó desde Bogotá tras enterarse del colapso del apartamento de su padre de 78 años, Darío Patiño Rivera, situado en el apartamento 304. El rescate del cuerpo se concretó el martes en la noche tras una ardua labor de los rescatistas. José Fernando identificó a su padre ingresando a un estrecho espacio con la ayuda de un socorrista. El reconocimiento físico se efectuó por partes: la parte trasera de su pierna, su talón, una calva en la coronilla y un lunar en la axila.Tras el funeral, José Fernando regresó a las ruinas del edificio con el propósito específico de recuperar la memoria familiar. En ese momento, relata que recurrió a la ayuda espiritual de su padre: "le dije, 'Pa, entre tantas cosas ayúdame a buscar nuestros recuerdos.' Tú puedes creer que lo primero que encontramos fue una maleta donde dijeron, 'Ahí hay fotos'". Al recibir el equipaje que había sido clasificado por Johana y los voluntarios, José Fernando Patiño estuvo muy agradecido: "Esto es todo. Esto es todo lo que necesito". La recuperación de ese archivo fotográfico devolvió a la memoria de la familia.La clasificación de Johana Sánchez demostró que los objetos de valor estrictamente material perdían toda relevancia para los dolientes frente a la carga sentimental de las imágenes. Tal fue el caso de la hija de una pareja que falleció abrazada bajo las placas de concreto.Al intentar Johana hacerle entrega de joyas de plata y una costosa colección de lentes de sol pertenecientes a su madre, la joven de 30 años las rechazó de inmediato para centrar su petición únicamente en las fotos.La única ocasión en la que Johana Sánchez interrumpió su labor y se quebró emocionalmente ocurrió tras acompañar a una madre que permaneció dos días y dos noches sin dormir en el campamento improvisado, esperando el rescate de sus hijos Valentina y Juan.Cuando los cuerpos sin vida de ambos jóvenes fueron localizados bajo el concreto pesado, Johana se aisló del campamento y se encerró a llorar sola.A pesar de las constantes sugerencias del equipo de profesionales en psicología del duelo que asisten la emergencia, quienes le recomiendan diariamente retirarse para proteger su salud mental ante la saturación de dolor, Johana permanece firme en el lugar.Actualmente, todas las pertenencias, fotos, diplomas, relojes y anillos recuperados por Johana Sánchez y los voluntarios civiles han sido trasladados de forma segura a una bodega oficial para que los familiares puedan identificarlos y reclamarlos.
El avance de la investigación por la muerte de dos niñas envenenadas con talio en Bogotá dio un giro determinante tras el allanamiento al locker de Zulma Guzmán, ubicado en el Club El Nogal. Los Informantes tuvo acceso a los videos del operativo, en el que fueron hallados elementos clave y lo que sería la 'prueba reina' del caso.Las autoridades ejecutaron una orden judicial para registrar el locker asignado a la señalada, donde recolectaron muestras y elementos que, según el abogado de la familia Graham Sardi, David Espinosa, cerrarían el círculo de responsabilidad sobre la mujer, actualmente detenida en el Reino Unido.¿Qué se encontró en el locker de Zulma Guzmán?Un equipo de expertos de la Fiscalía ingresó al vestier de mujeres del exclusivo club bogotano para abrir el locker. El abogado detalló lo que se encontró en ese espacio: “Lo primero que se encuentra son unos guantes de látex. Se encuentran unos frascos como empaquetados que, en ese momento no se sabía qué era. Encontramos unas calcomanías de estos productos de Rappi que precisamente fueran los que se habían utilizado para entregar el domicilio y encontramos una faja que alteraba el cuerpo de una persona”, afirmó.La faja hallada ha cobrado especial relevancia para los investigadores, ya que coincide con los testimonios recogidos por el domiciliario tras el envío de frambuesas envenenadas que cobraron la vida de dos menores en 2025.Espinosa señaló que la publicidad del producto “hizo conectar con la descripción que había hecho el mensajero de la persona que le había entregado el producto...era gordita, tenía una peluca, era una persona que no se correspondía su apariencia física con su vestimenta”.Encontraron la letal sustancia en uno de los frascosLos elementos extraídos del club fueron analizados bajo estrictos protocolos. El dictamen de Medicina Legal sobre las sustancias líquidas encontradas en dos frascos sin etiquetas dentro del locker confirmó la presencia de talio.“Nosotros podemos afirmar con grado de certeza, por lo menos como representante de víctimas, que Zulma es la responsable directa de la muerte de las niñas”, señaló el abogado. Este proceso judicial en Colombia busca la imputación de Zulma Guzmán por la muerte de dos menores de edad y el intento de homicidio de otros dos. Actualmente, la mujer se encuentra en la prisión de Bronzefield en Inglaterra, a la espera de que se defina su situación jurídica y las solicitudes de extradición al país.El antecedente de Alicia Graham, madre de una de las menores muertas por talioLa investigación también se ha extendido al fallecimiento de Alicia Graham Sardi, ocurrido el 17 de agosto de 2021. Aunque inicialmente su muerte fue atribuida a un cáncer de seno, el caso de las menores envenenadas con talio encendió las alertas en la familia Graham.Cristina Graham, hermana de Alicia y tía de una de las niñas que falleció envenenada por esta letal sustancia, relató que le informaron que a su hermana “alguien que estaba con ella de manera permanente la goteó con talio de a poquitos en algo que ella se tomaba”.Antes de fallecer, Alicia presentó síntomas que desconcertaron a sus allegados. El endocrino Julio Portocarrero, quien la trató en su momento, recordó su diagnóstico: “Si esto no es una intoxicación por talio, yo no sé qué será”.Irregularidades en la historia clínicaLa revisión del caso de Alicia Graham ha revelado inconsistencias en sus registros médicos. El periodista Florencio Sánchez identificó que existen dos exámenes de orina realizados con poco tiempo de diferencia en julio de 2021. Mientras que el primer examen reportó un resultado negativo, el segundo, ordenado tras su ingreso a la Clínica Santa Fe, arrojó un resultado positivo con una alta posibilidad de talio en su cuerpo, “pero esos resultados no ingresan a la historia clínica de Alicia Graham”.Alicia tenía 51 años, tres hijos y toda una vida por delante. Su muerte dejó un vacío inmenso en su familia, que intentaba hacer las paces con su ausencia cuando, cuatro años después, la tragedia volvió a golpear. El 4 de abril de 2025, la hija menor de los De Bedout invitó a dos amigas a su casa para hacer galletas. Sin embargo, las niñas terminaron consumiendo unas frambuesas envenenadas con talio que habían llegado como regalo.Para esta familia, existen indicios contundentes que apuntarían a una presunta responsabilidad de Zulma Guzmán en la muerte de las menores y de la madre de una de ellas. “No es una coincidencia, vamos a seguir investigando qué le pasó a mi hermana... Esperemos que esta señora cumpla su sentencia y se haga justicia... Yo pienso que ella tiene información de qué pasó con mi hermana”, concluyó Cristina.“La muerte de Alicia, que hoy podemos afirmar fue fruto de un envenenamiento, no puede quedar la impunidad”, dijo el abogado de las víctimas.Las autoridades colombianas mantienen el caso abierto, mientras la Fiscalía espera respuesta del Reino Unido para proceder con la audiencia de imputación contra Zulma Guzmán Castro, vinculada sentimentalmente en el pasado con el esposo de Alicia Graham.
La familia de Jaminton Campaz atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras la participación de la selección Colombia en el Mundial 2026. El mediocampista ofensivo, quien actualmente viste la camiseta del Rosario Central de Argentina, ha sido blanco de amenazas que surgieron luego del partido contra Suiza el pasado 7 de julio en Vancouver, Canadá.Su hermano mayor, Mike Campaz, relató entre lágrimas en Los Informantes el impacto de las amenazas de muerte que recibió el jugador y que lo obligaron a evitar su regreso a Colombia.¿Por qué Campaz recibió amenazas de muerte?El incidente que desencadenó la situación ocurrió en el encuentro de octavos de final, cuando un remate de Jaminton Campaz no logró concretarse en gol. A partir de ese momento, las redes sociales del jugador se llenaron de advertencias contra su integridad. Mike Campaz, quien ha sido una figura paterna para el futbolista, expresó el dolor que siente la familia ante la discriminación recibida: "Ver mensajes de gente acá discriminándolo como si fuera un criminal...somos del fútbol y sabemos de los comentarios malos y él está preparado para eso, pero que se le metan con la familia no tiene derecho".Debido a la seriedad de las advertencias, el jugador tomó la decisión de viajar directamente desde Norteamérica hacia Argentina para reincorporarse a su club, omitiendo su periodo de vacaciones en Colombia. Sobre la imposibilidad de reunirse, su hermano mayor manifestó: "Tener que decirle que no vinieron fue muy duro. Fue muy duro porque a la fecha nosotros no lo podemos ver, ya tendremos tiempo para para compartir, para darle un abrazo".El recuerdo del asesinato de Andrés EscobarEl recuerdo de Andrés Escobar volvió de inmediato. El futbolista fue asesinado tras regresar del Mundial de Estados Unidos 1994. Aunque nunca se ha esclarecido que su muerte estuviera relacionada con asuntos deportivos, este hecho encendió las alarmas y, por eso, Jaminton Campaz no pudo regresar a Colombia.Una historia de superación desde Tumaco e IbaguéLa trayectoria de este deportista está marcada por el sacrificio de su madre, Betzabet Campaz, y sus siete hermanos, quienes abandonaron la precariedad en el corregimiento de Chontal, en Tumaco, para buscar un futuro en Ibagué a través del fútbol. El hermano del mediocampista recuerda con gratitud la acogida de la capital del Tolima: "Llegamos a una ciudad que nos abrió sus puertas y nos acogió como uno más”.El hermano mayor, quien también fue futbolista profesional, asumió la responsabilidad de cuidar de Jaminton y sus hermanos desde joven. "Cuando a mí me preguntan que si soy el papá, yo digo: ‘yo lo que hice, lo hice de corazón’”, afirmó Mike sobre su rol protector en la familia.Lo que dicen autoridades sobre las amenazasLos primeros indicios de las autoridades apuntan a que las amenazas contra Campaz son serias y podrían provenir de un grupo de apostadores. Sin embargo, la investigación continúa para establecer quiénes estarían detrás de este hecho.Mike Campaz confirmó que la familia mantiene contacto permanente con las autoridades y cuenta con el acompañamiento de un jefe de inteligencia de la Policía, encargado de hacer seguimiento al caso y brindarles seguridad. Mientras tanto, la Federación Colombiana de Fútbol y el entorno del jugador rechazaron contundentemente cualquier manifestación de odio que ponga en riesgo la vida de los deportistas.
El presidente Abelardo de la Espriella le pidió a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional una operación conjunta para atacar a las organizaciones criminales que están involucradas en el hurto de combustible y crudo en el país. El mandatario aseguró que está recibiendo información "absolutamente alarmante y exige una respuesta inmediata y contundente del Estado".El jefe de Estado escribió en su cuenta de X ordenando la respuesta por parte de todas las instituciones para hacerle al hurto de estos productos. "Cada mes estarían siendo hurtados cerca de 123.700 barriles de productos refinados —gasolina, diésel y nafta—, importados o producidos por Ecopetrol. Esto estaría ocurriendo solamente en un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país, y las pérdidas se concentran principalmente en Cesar y Magdalena. De mantenerse este ritmo, estaríamos hablando de más de 1,5 millones de barriles al año, con pérdidas superiores a $500.000 millones para Ecopetrol y, por tanto, para la Nación", aseguró.En el mensaje, dirigido al ministro de Defensa, al comandante general de las Fuerzas Militares y al director general de la Policía Nacional, De la Espriella agrega que "estos combustibles son utilizados como insumos en el procesamiento ilícito de cocaína. Por eso debemos determinar cuánto del combustible hurtado está terminando en las cadenas del narcotráfico y qué organizaciones están detrás de su adquisición y transporte".El presidente aseguró que todo indica que "los delincuentes estarían utilizando las denominadas 'caravanas de la muerte' para cargar, transportar y escoltar el combustible hurtado, llegando a movilizar hasta 600 vehículos, muchos de ellos con destino al Catatumbo". En caso de confirmar que el combustible alimenta esos complejos de sustancias ilícitas, el mandatario asegura que estarían "frente a una cadena criminal que puede estar conectando el hurto de hidrocarburos con el narcotráfico y la financiación de organizaciones armadas terroristas".De la Espriella ordenó una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, articulada con Ecopetrol, la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes. "No quiero que persigamos solamente al que perfora el tubo. Hay que desmantelar toda la cadena: quién financia, quién hurta, quién almacena, quién transporta, quién escolta, quién compra y quién comercializa; y, especialmente, determinar qué cantidad termina en las estructuras del narcotráfico y quiénes son sus destinatarios finales", explicó."Necesitamos inteligencia, control territorial, operaciones sostenidas, judicialización y extinción de dominio sobre los vehículos, predios, depósitos y demás bienes utilizados por estas organizaciones", añadió el mandatario de la Nación, agregando que "cada barril robado es patrimonio de los colombianos. Y si además está siendo utilizado para alimentar la producción de cocaína, estamos permitiendo que con recursos robados a la Nación se fortalezca la misma economía criminal que estamos combatiendo". Por último, el presidente le solicitó directamente al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, a que coordine la operación, le pidió resultados e informes periódicos.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, aceptó a través de un preacuerdo su responsabilidad en la expedición de títulos falsos en el caso de Juliana Guerrero, que iba a ser designada como viceministra de Juventudes en el Gobierno de Gustavo Petro sin cumplir con los requisitos mínimos para el cargo.El juez de conocimiento avaló el preacuerdo, que contempla una pena de 36 meses de prisión (3 años) en contra del exsecretario general e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 44 meses, por el delito de falsedad ideológica en documento público. (Lea también: Juliana Guerrero no se presentó a audiencia: exsecretario de Fundación San José aceptó falsificación)¿Cómo aprobó los diplomas falsos de Juliana Guerrero?Según la Fiscalía General de la Nación, Gutiérrez Martínez, “quien fungió del primero de septiembre de 2020 al 12 de septiembre de 2025 como secretario general de la Fundación de Educación Superior, en ejercicio de las funciones propias de dicho cargo, autorizó la expedición de dos diplomas académicos falsos, de profesional en Contaduría Pública y de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, más las dos actas de grado correspondientes, todos los documentos con fecha 1 de julio de 2025, mediante los cuales se hizo constar, había cumplido con la totalidad de los requisitos académicos y legales para la obtención de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad”.La fiscal del caso explicó que el exfuncionario “tenía un usuario en el sistema, o perfil de administrador, que le permitía realizar todo tipo de actuaciones, incluso cambiar el resultado de las validaciones, que fue lo que hizo, dado que, pese a que validadores externos no autorizaron la expedición de sus dos títulos académicos, el señor Gutiérrez Martínez autorizó mediante su perfil la expedición de los mismos. Los cuatro documentos en mención, los cuales ya he mencionado, diplomas y actas de grado falsos, fueron expedidos en ejercicio de la autorización conferida por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 412 de 2007. Por tanto, ostentaban forma y firma institucional, tenían la capacidad de crear una situación jurídica concreta, la cual era la acreditación de un nivel profesional y tecnológico con actitud para producir efectos frente a terceros y frente a la administración pública”.Precisó que el indiciado, “por medio del perfil, quien contaba con el control sobre validación del sistema y las autorizaciones como aprobación de manera posterior a la anulación, autorizando la expedición con fundamento en que la mencionada ciudadana había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados pese a que no había presentado las pruebas Saber Pro requeridas por el Icfes para el grado profesional y TyT requeridas de manera previa al grado de tecnóloga, tampoco existían registros académicos reales en las plataformas institucionales y no se acreditó el cumplimiento del plan de estudios, requisitos todos ellos de obligatorio cumplimiento para la expedición válida de los títulos universitarios y tecnológicos”.Por otro lado, la fiscal recordó que “los títulos se expiden por expresa autorización del Ministerio de Educación Nacional, razón por la cual los funcionarios que intervienen en su expedición actúan para efectos penales en condición de servidores públicos por asimilación, por ejercer función pública de manera permanente o transitoria”, razón por la que Gutiérrez Martínez fue condenado.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a 36 meses de prisión a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, por el delito de falsedad ideológica en documento público. El aval de la sanción se dio después de que el procesado admitiera su responsabilidad en la falsificación de los títulos de Juliana Guerrero. La decisión se dio después de que el funcionario judicial aplazara la audiencia de Guerrero, quien no apareció en la diligencia y solicitó aplazamiento de la misma la noche previa a través de su defensa.En la audiencia, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de conocimiento de Bogotá el preacuerdo celebrado con el exsecretario, mediante el cual aceptó su responsabilidad en la expedición de los documentos falsos que Guerrero relacionó en su hoja de vida para ocupar el puesto como viceministra de Juventud en la administración del expresidente Gustavo Petro.Según el ente acusador, Gutiérrez aprovechó las funciones que le otorgaba su cargo para suscribir, autorizar y emitir en julio de 2025 dos diplomas académicos con sus respectivas actas en los que constaban que Guerrero había cumplido los requisitos para graduarse como profesional en contaduría pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.A esto se le suma que la investigación, dirigida por un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá, permitió establecer que el trabajador usó su perfil en la plataforma de la Fundación para registrar información falsa para certificar que Juliana Guerrero había presentado las pruebas de Estado y otras exigencias de ley que deben ser cumplidas para obtener grados en educación superior.Además de la condena de tres años de cárcel, el juez de conocimiento también avaló, en el marco del preacuerdo, que el exsecretario quede inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por 44 meses por el delito de falsedad ideológica en documento público.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Las autoridades capturaron en un cantón militar de Bogotá al coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, requerido por presuntos vínculos con organizaciones criminales y crímenes relacionados con narcotráfico y terrorismo. El Ejército informó en un comunicado sobre "la captura de un Oficial Superior activo del Ejército Nacional", aunque no reveló su identidad. Una fuente castrense confirmó este jueves que se trata de Pérez Amorocho.Al coronel se le requiere por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como explosivos.De acuerdo con la información conocida, los hechos investigados estarían relacionados con los periodos 2019-2020 y 2024-2025, cuando el coronel estuvo al frente del Batallón de Operaciones Terrestres No 29 y de la Fuerza de Despliegue Rápido No 2, respectivamente.La hipótesis de los investigadores señala que durante esos periodos el oficial habría recibido sumas de dinero de organizaciones armadas ilegales como contraprestación por distintas actuaciones. El coronel quedó a disposición de las autoridades, que deberán avanzar en el proceso de judicialización y determinar su eventual responsabilidad en los hechos investigados.Renuncia el defensor de Ocaña por investigación de supuestas filtraciones al grupo ELNEl defensor del Pueblo de Ocaña, Norte de Santander, Ever Pallares Baene, renunció al cargo luego de que se conociera una investigación en su contra por presunta filtración de información a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), confirmo este jueves la Defensoría del Pueblo."La entidad tuvo conocimiento de que las autoridades investigan conductas presuntamente atribuibles al Defensor Regional de Ocaña, razón por la cual el funcionario presentó su renuncia al cargo", señaló la Defensoría en un comunicado. La entidad agregó: "La renuncia permite preservar la confianza institucional y que la acción judicial se desarrolle sin ningún tipo de interferencia. Para tal fin, brindaremos toda la colaboración que nos sea requerida por las autoridades".Según Noticias RCN, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra el funcionario tras una denuncia de que desde la Defensoría Regional de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, supuestamente se filtró "información reservada sobre líderes sociales", que "coincide con un mensaje amenazante" atribuido al ELN que fue recibido en febrero de 2025 por un defensor de derechos humanos.La información periodística añade que la amenaza, supuestamente del Frente de Guerra Nororiental del ELN, "contenía detalles precisos de su labor humanitaria y jurídica, datos que —según el denunciante— solo conocían en tiempo real la Defensoría y el Ejército Nacional".Pallares Baene respondió que el denunciante es una persona que ha revelado supuestas amenazas del ELN y que la Defensoría siempre ha estado atenta a darle la protección necesaria. "Soy transparente y estoy en disposición de presentarme a la Fiscalía para que haga la investigación correspondiente", dijo en una conversación telefónica y añadió que su decisión de presentar su renuncia, efectiva a partir del próximo 25 de agosto, ya la había tomado para no estar inhabilitado para competir en las elecciones municipales y regionales de octubre de 2027.El funcionario se refirió además a cuestionamientos a su trabajo como defensor del pueblo por sus vínculos familiares con Amanda Pallares, nombre de pila de alias Silvana Guerrero, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y dijo: "nadie tiene la culpa de tener los primos que tiene". "Dicen que esa señora tiene 30 años en la guerrilla y yo tengo 40 años de edad, es decir, que cuando se metió al ELN yo tenía solo diez años", afirmó.Al respecto, la Defensoría del Pueblo señaló que "ha actuado bajo la convicción de que los vinculas de consanguinidad con personas que han cometido crímenes y causado daños irreparables a la población civil no permiten atribuir a una persona las conductas de sus familiares".Pallares Baene defendió además su gestión como defensor regional del pueblo en la entrega de personas secuestradas por la guerrilla, que ha sido igualmente cuestionada, y señaló que todas las misiones humanitarias en las que ha participado fueron avaladas por sus superiores y siempre estuvo acompañado por otro funcionario de la Defensoría, delegados de la iglesia católica y de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.Finalmente, recordó que fue él quien proyectó en noviembre de 2024 la Alerta Temprana 026 en la que la Defensoría del Pueblo advirtió de la inminencia de una guerra por el control territorial en la región del Catatumbo entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC, que comenzó en enero de 2025 y dejó más de un centenar de muertos y más de 60.000 campesinos desplazados. "En esa alerta se pidieron medidas para frenar esa guerra pero las instituciones poco hicieron, mientras que nosotros, como Defensoría, nos encargamos de sacar a la gente de la zona de combates y buscarles refugio", manifestó.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Este 20 de agosto se reanudó el caso de los presuntos títulos falsos de Juliana Guerrero con la formulación de cargos. A la audiencia estaban citados Guerrero y el exsecretario de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez. Sin embargo, la funcionaria no se presentó a la diligencia y esta no es la primera vez que se ausenta en el marco del proceso judicial. Por su parte, Gutiérrez aceptó su responsabilidad en la falsificación de los títulos después de que se suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía que le podría traer beneficios cuando sea el momento de conocer su condena. Gutiérrez fue condenado a 36 meses de prisión después que el funcionario aceptara responsabilidad por el delito de falsedad ideológica. ¿Qué se acordó para la condena del exsecretario de la Fundación San José?Luis Carlos Gutiérrez aceptó durante la formulación de cargos su responsabilidad en haber manipulado el sistema para otorgar los diplomas falsos a Juliana Guerrero. Esto se debe al preacuerdo suscrito con el ente acusador y cuya validez se discutió en el marco de la diligencia. El imputado ofreció disculpas públicas a la comunidad académica.El juez verificó la legalidad del acuerdo y la garantía de que se cumplan los derechos de todas las partes involucradas antes de proceder con la ruptura procesal. Finalmente, la autoridad judicial programó una nueva fecha para continuar el juicio contra la señora Guerrero y evaluar la sentencia definitiva del exdirectivo.¿Por qué Juliana Guerrero no asistió a la audiencia?Guerrero fue citada para la audiencia, pero se ausentó. Su defensa dijo que había enviado una solicitud de aplazamiento previa a la diligencia. En efecto, el juez 46 de conocimiento de Bogotá notificó sobre la solicitud después de que le llegara un correo con la petición, que data de la noche del 19 de agosto. El funcionario de la Rama Judicial subrayó que Guerrero no hizo presencia ni solicitó ingreso a la diligencia virtual.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación acusó a un hombre de haber abusado sexualmente a su bebé de 11 meses. El menor de edad falleció el pasado 29 de septiembre de 2025 debido a una enfermedad. El cuerpo del bebé fue sometido a exámenes médico-forenses, los hallazgos llevaron a la acusación en contra del padre del menor.La entidad "acusó formalmente a un hombre como presunto responsable de someter en repetidas ocasiones a actos de violencia sexual a su hijo de 11 meses, en La Calera (Cundinamarca)", relevó en un reciente comunicado. "Durante los procedimientos médico-forenses realizados al cuerpo, los especialistas encontraron signos de violencia sexual. Los análisis indicaron, además, que el bebé habría sido sometido a este tipo de actos en ocasiones anteriores", añadieron.La Fiscalía agregó en la información que entre los elementos probatorios obtenidos se encuentra una prueba de ADN. Esta "estableció un vínculo genético entre las evidencias recuperadas y el padre de la víctima". La investigación de la entidad lleva a creer que el hombre habría aprovechado su condición de padre y el estado de indefensión del bebé.Un fiscal de la Unidad contra Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación acusó al hombre de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. "Los hechos fueron descubiertos a partir de los análisis forenses practicados al bebé tras su muerte por causas ajenas a las conductas investigadas", aseguraron.Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en ColombiaLas víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.coLínea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.coLínea Nacional: 155Policía Nacional: 123Línea Fiscalía General de la Nación: 122Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440¿Cómo denunciar el maltrato infantil en Colombia?En Colombia, existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores:Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Es un canal gratuito, disponible en todo el país, para denunciar situaciones de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, entre otros. También brinda orientación y atención en casos de emergencia.Policía de Infancia y Adolescencia: Puedes acudir a la estación de policía más cercana o comunicarte directamente con esta unidad especializada, encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.Fiscalía General de la Nación: Las denuncias también pueden presentarse en los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) o en cualquier sede de la Fiscalía.Defensor o Comisario de Familia: Cuando el caso requiere medidas de protección o atención psicológica, estas autoridades pueden intervenir para garantizar el bienestar del menor.Actuar con prontitud es esencial para proteger la integridad física y emocional de los niños y niñas que puedan estar en riesgo.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Continúa el proceso en contra de la reconocida marca Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando. La parte de los procesados reveló hallazgos que cuestionarían la investigación que pone en duda los cargos que les imputó la Fiscalía en pasadas audiencias. Lo más reciente del caso es que el ente judicial había pedido cárcel para Max Abadi, cofundador de la empresa conocido por comercializar ropa interior. Demandas previas y supuesta comercialización ilegal de mercancía decomisada en puntos no autorizados hacen parte de este nuevo capítulo del caso.Abadi y otras siete personas son señaladas de integrar la supuesta red que habría usado empresas fachada para ingresar mercancías y legalizar millonarios recursos por debajo de cuerda y saltándose los controles. A los procesados se le imputaron los delitos de contrabando, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ninguno de los procesados aceptó cargos.Los argumentos de la defensa del caso Lili PinkLos abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Camilo Toro Peña, de la firma Riveros Bazzani, expusieron argumentos con motivo de las audiencias de imputación y medida de aseguramiento, en los que exponen detalles de la investigación que llevaron desde el equipo. “Abusos de autoridad”, demandas y comercialización ilegal en tiendas no autorizadas hacen parte de las revelaciones.La defensa ha sostenido que no hay muestra de contrabando y es una de las cosas que ratificaron en este comunicado. “Tras analizar más de 1.500 archivos (4GB) trasladados por la Fiscalía, la defensa ratifica: no existe prueba de contrabando. Sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”. Los litigantes además señalan que las respuestas de la DIAN y la Fiscalía “confirman” que la mercancía entró al país por puertos autorizados, mediante intermediarios vigilados y cumpliendo la normativa aduanera.Entre las revelaciones también resalta: “Entre mayo y septiembre de 2023 la DIAN visitó la compañía y tras revisar menos del 1% de la información objeto de fiscalización, decomisó la totalidad de la misma que correspondía a más de 3.000.000 de prendas avaladas en $54.000 millones. La compañía ratifica que la mercancía contaba con la documentación exigida por la regulación vigente”. Para los abogados, estas acciones se enmarcan en un “abuso de autoridad” que fue demandado por la compañía ante la Fiscalía. También demandó los actos administrativos de decomiso, expedidos por la DIAN, ante el Consejo de Estado.A esto se le suma que en 2026, la compañía detectó que la mercancía que le fue decomisada en 2023 estaba siendo vendida ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo a la marca Lili Pink. Por estos hechos se interpusieron dos denuncias penales. La defensa señala que a la fecha la justicia no ha avanzado frente a las denuncias de 2023 y 2026. “Las graves fallas de la investigación han sido confirmadas por tres jueces de control de garantías diferentes, quienes han declarado la ilegalidad de varios actos de investigación en las últimas semanas”, afirmó.Los tres abogados reiteraron que como defensa seguirán actuando para mantener la presunción de inocencia hasta que se esclarezcan totalmente los hechos.Por su parte, la Fiscalía reveló una serie de llamadas telefónicas en las que supuestamente Max Abadi habla con Rosana Mendoza, gerente de recursos humanos de Lili Pink, en las que hablan de supuestas pruebas de polígrafo realizadas a algunos empleados para averiguar quién podría estar filtrando información de la compañía a las autoridades.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El avance de la investigación por la muerte de dos niñas envenenadas con talio en Bogotá dio un giro determinante tras el allanamiento al locker de Zulma Guzmán, ubicado en el Club El Nogal. Los Informantes tuvo acceso a los videos del operativo, en el que fueron hallados elementos clave y lo que sería la 'prueba reina' del caso.Las autoridades ejecutaron una orden judicial para registrar el locker asignado a la señalada, donde recolectaron muestras y elementos que, según el abogado de la familia Graham Sardi, David Espinosa, cerrarían el círculo de responsabilidad sobre la mujer, actualmente detenida en el Reino Unido.¿Qué se encontró en el locker de Zulma Guzmán?Un equipo de expertos de la Fiscalía ingresó al vestier de mujeres del exclusivo club bogotano para abrir el locker. El abogado detalló lo que se encontró en ese espacio: “Lo primero que se encuentra son unos guantes de látex. Se encuentran unos frascos como empaquetados que, en ese momento no se sabía qué era. Encontramos unas calcomanías de estos productos de Rappi que precisamente fueran los que se habían utilizado para entregar el domicilio y encontramos una faja que alteraba el cuerpo de una persona”, afirmó.La faja hallada ha cobrado especial relevancia para los investigadores, ya que coincide con los testimonios recogidos por el domiciliario tras el envío de frambuesas envenenadas que cobraron la vida de dos menores en 2025.Espinosa señaló que la publicidad del producto “hizo conectar con la descripción que había hecho el mensajero de la persona que le había entregado el producto...era gordita, tenía una peluca, era una persona que no se correspondía su apariencia física con su vestimenta”.Encontraron la letal sustancia en uno de los frascosLos elementos extraídos del club fueron analizados bajo estrictos protocolos. El dictamen de Medicina Legal sobre las sustancias líquidas encontradas en dos frascos sin etiquetas dentro del locker confirmó la presencia de talio.“Nosotros podemos afirmar con grado de certeza, por lo menos como representante de víctimas, que Zulma es la responsable directa de la muerte de las niñas”, señaló el abogado. Este proceso judicial en Colombia busca la imputación de Zulma Guzmán por la muerte de dos menores de edad y el intento de homicidio de otros dos. Actualmente, la mujer se encuentra en la prisión de Bronzefield en Inglaterra, a la espera de que se defina su situación jurídica y las solicitudes de extradición al país.El antecedente de Alicia Graham, madre de una de las menores muertas por talioLa investigación también se ha extendido al fallecimiento de Alicia Graham Sardi, ocurrido el 17 de agosto de 2021. Aunque inicialmente su muerte fue atribuida a un cáncer de seno, el caso de las menores envenenadas con talio encendió las alertas en la familia Graham.Cristina Graham, hermana de Alicia y tía de una de las niñas que falleció envenenada por esta letal sustancia, relató que le informaron que a su hermana “alguien que estaba con ella de manera permanente la goteó con talio de a poquitos en algo que ella se tomaba”.Antes de fallecer, Alicia presentó síntomas que desconcertaron a sus allegados. El endocrino Julio Portocarrero, quien la trató en su momento, recordó su diagnóstico: “Si esto no es una intoxicación por talio, yo no sé qué será”.Irregularidades en la historia clínicaLa revisión del caso de Alicia Graham ha revelado inconsistencias en sus registros médicos. El periodista Florencio Sánchez identificó que existen dos exámenes de orina realizados con poco tiempo de diferencia en julio de 2021. Mientras que el primer examen reportó un resultado negativo, el segundo, ordenado tras su ingreso a la Clínica Santa Fe, arrojó un resultado positivo con una alta posibilidad de talio en su cuerpo, “pero esos resultados no ingresan a la historia clínica de Alicia Graham”.Alicia tenía 51 años, tres hijos y toda una vida por delante. Su muerte dejó un vacío inmenso en su familia, que intentaba hacer las paces con su ausencia cuando, cuatro años después, la tragedia volvió a golpear. El 4 de abril de 2025, la hija menor de los De Bedout invitó a dos amigas a su casa para hacer galletas. Sin embargo, las niñas terminaron consumiendo unas frambuesas envenenadas con talio que habían llegado como regalo.Para esta familia, existen indicios contundentes que apuntarían a una presunta responsabilidad de Zulma Guzmán en la muerte de las menores y de la madre de una de ellas. “No es una coincidencia, vamos a seguir investigando qué le pasó a mi hermana... Esperemos que esta señora cumpla su sentencia y se haga justicia... Yo pienso que ella tiene información de qué pasó con mi hermana”, concluyó Cristina.“La muerte de Alicia, que hoy podemos afirmar fue fruto de un envenenamiento, no puede quedar la impunidad”, dijo el abogado de las víctimas.Las autoridades colombianas mantienen el caso abierto, mientras la Fiscalía espera respuesta del Reino Unido para proceder con la audiencia de imputación contra Zulma Guzmán Castro, vinculada sentimentalmente en el pasado con el esposo de Alicia Graham.
El 3 de junio de 2019, la tranquilidad de la vereda El Compromiso, en Ventaquemada, Boyacá, se rompió antes del amanecer. Carmen Rosa Méndez Duarte, una joven de 26 años y madre soltera de dos niñas de 5 y 2 años, salió de su casa a las 5:00 a. m. a trabajar y un recorrido cotidiano se convirtió en el inicio de una tragedia que hoy tiene a su familia clamando justicia. Séptimo Día investigó el caso.Aquella madrugada, los padres de Carmen la acompañaron hasta la carretera. Minutos después, una llamada telefónica los alertó sobre un supuesto accidente. Al llegar al lugar conocido como 'El Matadero', María Duarte Cortés, madre de la joven, se encontró con una imagen que nunca podrá borrar: "Yo ya me asomé a la ambulancia y la tenían ahí, pero eso la cabecita no era conocida de la sangre".Aunque inicialmente pensaron que se trataba de un accidente de tránsito, las lesiones de Carmen sugerían algo mucho más siniestro. El estado de la joven era crítico, con múltiples golpes en el cráneo y un deterioro neurológico severo.La Policía Nacional y la Sijín de Tunja descartaron rápidamente que se tratara de una caída accidental. El investigador Edilberto Barbosa relató que en el sitio del ataque hallaron "unos maderos que se encontraron acá sobre la vía y material biológico, sangre". La sevicia fue tal que se encontraron restos de madera dentro del cráneo de la víctima. "Este señor no solo la golpeó, la torturó, porque el médico nos dijo 'no fueron uno, no fueron dos ni tres los palazos que ella recibió, fueron muchísimos'", relató una hermana de la víctima en Séptimo Día.El rastro del agresorTestigos informaron haber escuchado gritos de auxilio cerca de las 5:00 a. m. Hernando Montaña, vecino del sector, recordó: "Gritaban auxilios, pero nosotros no miramos porque con ese monte tan espeso... no se miraba nada". Su esposa, María Victoria Martínez, logró ver a un sospechoso: "Miré así por la ventana y vi un señor corriendo... Él era alto y como con chaqueta negra". Otros testimonios indicaron que el agresor vestía botas blancas y un impermeable con reflectivos.Tras analizar más de 200 horas de videos de seguridad, los investigadores identificaron a un hombre que coincidía con la descripción y que portaba un madero en su mano con rumbo al lugar de los hechos. Las pesquisas llevaron a las autoridades a una finca donde el sospechoso alquilaba una habitación. Allí encontraron unas botas de caucho de una empresa de lácteos, que tenían rastros de sangre, y un impermeable.El cotejo de ADN confirmó que la sangre en las prendas pertenecía a Carmen. El sospechoso fue identificado como Alexander Vásquez Terán, un trabajador de una empresa de lácteos que no era oriundo de Boyacá y que había desaparecido el mismo día del ataque.Testimonio de una relación y la captura del señaladoTatiana Méndez, hermana de Carmen, reveló que la joven y Vásquez Terán habían mantenido una relación sentimental que se tornó peligrosa. "Ella me dijo que ya el muchacho quería tener algo con ella... pero como a los dos meses empezó a cambiar todo. Ya era como muy agresivo con ella, como muy posesivo", recordó. Según su testimonio, Carmen sentía que su vida corría peligro: "Ella me dijo que ella temía que le hiciera algo a ella y a las niñas y a mis papás... andaba para todo lado como si alguien la fuera persiguiendo".Casi dos años después de los hechos, el 1 de marzo de 2021, los investigadores rastrearon a Vásquez Terán hasta Aracataca, Magdalena. Allí fue capturado y, aunque inicialmente negó su identidad, terminó aceptando cargos mediante un preacuerdo. El 23 de junio de 2022, fue condenado a 15 años, 6 meses y 19 días de prisión por tentativa de homicidio agravado.Esta sentencia ha generado profunda indignación en la familia de Carmen, quienes consideran que el delito debió tipificarse como tentativa de feminicidio. "Para nosotros no era un intento de homicidio, sino de feminicidio. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento tenían una relación", cuestionaron sus familiares. Expertos consultados por Séptimo Día coinciden en que hubo una omisión por parte de la justicia, ya que la tipificación como homicidio le otorga beneficios penales al agresor que no tendría en un caso de feminicidio, como la posibilidad de solicitar libertad condicional tras cumplir tres cuartas partes de la pena.Séptimo Día buscó a la Fiscalía y a la rama judicial para hablar del caso, pero hasta la emisión de este programa no se obtuvo una respuesta oficial por parte de las entidades. El victimario, que está recluido en la cárcel de Combita, Boyacá, tampoco aceptó una entrevista.Una vida destruidaCarmen Rosa sobrevivió, pero las secuelas del ataque fueron devastadoras. "La dejó muerta en vida. Ella tiene dos partes del cerebro muertas. No tiene el huesito del cráneo ni tiene la parte frontal. Pues no se puede valer por ella solita. Es como un bebé", lamenta su familia. La joven ya no reconoce a sus hijas y requiere asistencia permanente para funciones básicas.El temor de la familia es que, para el año 2028, Alexander Vásquez Terán pueda recuperar su libertad, mientras Carmen permanece atrapada en un cuerpo que ya no responde. "Este señor no solo le dañó la vida a mi hermana, se la dañó a toda una familia, les arrebató una madre a esas niñas", concluyeron.
La muerte de Geniffer Selene García Mozo, de 55 años, fiscal 159 especializada de la Seccional Atlántico, es materia de investigación por parte de las autoridades luego de que presentara complicaciones tras someterse a un procedimiento estético en Barranquilla. El caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelanta las indagaciones para establecer las causas del fallecimiento.De acuerdo con la información conocida la mujer se había sometido el jueves 6 de agosto a una intervención estética en un centro ubicado en el norte de la capital del Atlántico. Según informó Blu Radio, el procedimiento correspondió a un lipoval, una técnica de lipoescultura asistida por ultrasonido.La intervención y las complicaciones posterioresSegún relataron los familiares a las autoridades, el procedimiento se realizó durante la jornada del jueves y, aproximadamente a las 4:00 de la tarde, García Mozo recibió el alta médica para continuar con su recuperación en casa.Sin embargo, durante el viernes 7 de agosto comenzó a presentar un fuerte dolor de cabeza y mareos prolongados. Ante el deterioro de su estado de salud, sus familiares decidieron trasladarla de urgencia a la Clínica Altos de San Vicente, también ubicada en el norte de Barranquilla.De acuerdo con la información conocida por el medio regional El Heraldo, al llegar al centro asistencial la mujer se desplomó. El personal médico inició de inmediato las maniobras de atención y reanimación, pero, pese a los esfuerzos realizados, la mujer ya no presentaba signos vitales.El fallecimiento habría ocurrido alrededor de las 12:45 del mediodía, pocos minutos después de haber ingresado al centro asistencial, donde perdió el conocimiento.Tras el deceso, el caso fue reportado a las autoridades y asumido por investigadores del CTI de la Fiscalía, quienes realizaron la diligencia correspondiente e iniciaron la investigación para determinar qué originó la muerte de la exfuncionaria judicial.Hasta el momento, las autoridades no han informado conclusiones sobre las causas del fallecimiento ni han establecido si existe relación entre el procedimiento estético y el desenlace. García Mozo, nacida en Pivijay, Magdalena, se desempeñó como fiscal 159 especializada de la Seccional Atlántico hasta el pasado mes de julio, según informó la Fiscalía.Es el segundo caso registrado en menos de un mesLa muerte de Geniffer Selene García Mozo ocurre en un contexto que ha generado atención en Barranquilla, ya que corresponde al segundo caso relacionado con procedimientos estéticos registrado en la ciudad en menos de un mes.El antecedente más reciente corresponde al fallecimiento de Sara Milena Echeverría Alcendra, de 30 años, quien murió el pasado 22 de julio mientras era sometida a una cirugía estética en la Clínica Diamanti, ubicada igualmente en el norte de la ciudad.Por el momento, el CTI de la Fiscalía continúa recopilando información para establecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento y determinar las causas oficiales de su muerte.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) avanza luego de registrar unos 90 casos diarios confirmados durante los 100 primeros días desde su declaración, que se cumplieron este domingo y en los que se ha convertido en la segunda más mortífera de la historia, advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS). "En los primeros tres meses se ha registrado un promedio diario de alrededor de 90 casos confirmados", dijo la OMS en un comunicado. Esa cifra es "notablemente superior" a la observada en el brote del este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos; y al de África occidental entre 2014 y 2016, el peor de la historia y que ocasionó 1.000 muertos y 28.000 contagios. La actual epidemia ha provocado, hasta el momento, 2.642 muertos y 5.514 casos confirmados en seis provincias congoleñas, y su transmisión, según la OMS, "avanza más rápido que los esfuerzos de control"."Podemos controlar el brote de ébola, pero solo mediante una acción intensificada en las comunidades afectadas, liderada por los dirigentes nacionales, provinciales y locales, junto con las propias comunidades, financiada con los recursos necesarios y respaldada por la colaboración comprometida de todos los socios en la RDC y más allá", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Las muertes ocurridas fuera de los centros de tratamiento de ébola representaron el 60 % de las 260 muertes semanales registradas durante las últimas seis semanas, según la OMS, lo que "pone de manifiesto" las dificultades persistentes para la detección temprana, la derivación y el acceso al tratamiento.La respuesta al virus también afronta desafíos como la inseguridad, el conflicto del este congoleño, el desplazamiento poblacional, los ataques a centros de salud, la desconfianza de las comunidades y las dificultades de acceso a ciertos territorios.Denuncian agresiones contra voluntariosDe hecho, las dos principales organizaciones internacionales de socorro denunciaron este lunes un docena de ataques recientes en los que han resultado heridos voluntarios y se han dañado o destruido ambulancias y equipos de emergencia en el contexto de la lucha contra la epidemia del ébola en la República Democrática del Congo (RDC). La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijeron que una ambulancia llegó a ser incendiada en estos ataques.El último incidente reportado tuvo lugar el 19 de agosto en Beni, en la provincia de Kivu del Norte, donde tres voluntarios que participaban en actividades humanitarias de la respuesta al ébola fueron atacados violentamente y resultaron heridos. Los agresores también destruyeron equipos que utilizaban en sus actividades en favor de la población.En los días previos, otros dos voluntarios resultaron heridos cuando intentaban realizar un entierro seguro y digno (los entierros pueden ser situaciones en las que el virus se transmite fácilmente) en un pueblo de la provincia de Alto Uele, mientras que en otro evento un convoy de la Cruz Roja de Uganda que participaba en la respuesta transfronteriza fue atacado en la provincia de Ituri. "Un miembro del equipo sufrió heridas graves y dos ambulancias de la organización fueron apedreadas y vandalizadas", señalaron las organizaciones de la Cruz Roja en un comunicado conjunto difundido en Ginebra.Al cumplirse 100 días de la declaración oficial del brote de ébola, ambas entidades consideraron esta situación como inaceptable y recordaron que existe una obligación de acuerdo al derecho internacional de respetar al personal humanitario y a las actividades que realizan. Enfatizaron que cada trabajador herido y cada ambulancia, vehículo o equipo destruido reduce la capacidad de prestar servicios sanitarios y humanitarios de emergencia, lo que a la vez dificulta aún más la contención del brote epidémico.A pesar de todo esto, la OMS destacó que en los últimos tres meses se realizaron importantes esfuerzos para controlar el brote, como la ampliación de un único centro de análisis a 19 laboratorios con capacidad para procesar más de 3.000 muestras diarias. La capacidad de tratamiento también pasó de menos de 10 camas a más de 1.300, y más de 900 centros de salud recibieron apoyo para prevenir y controlar infecciones. Del mismo modo, las actividades de participación comunitaria han llegado a más de 2,5 millones de personas.Este brote, notificado oficialmente el 15 de mayo, es también el de crecimiento más rápido desde su declaración respecto a cualquier otro anterior, por lo que Tedros alertó de que tiene potencial para alcanzar las cifras de la epidemia de África occidental. Según la agencia de la ONU, el virus comenzó a circular en el este congoleño en febrero, aunque una investigación publicada en la revista Science a finales de julio situó las primeras infecciones incluso antes, al menos en enero.¿Qué dice el reporte más reciente?Según el último boletín del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, publicado a última hora del domingo y con datos recopilados hasta el 22 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa en el 47,9 %. Además, 808 pacientes están en "aislamiento u hospitalizados" y 1.200 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos -el porcentaje de contactos de una persona infectada localizados por los servicios de salud- se encuentra en el 83,4 %.La transmisión golpea a seis provincias congoleñas: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Haut-Uélé (este) y Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte) y Kivu del Sur (este), si bien esta última encadena más de 82 días sin ningún nuevo caso confirmado.La RDC recibió el viernes las primeras 16.520 vacunas Ervebo, de un total de 50.120 dosis que se esperan hasta el 24 de agosto. Esta vacuna, diseñada originalmente contra la variante Zaire del virus del Ébola, ha dado indicios en animales de posible eficacia contra la menos común cepa de Bundibugyo. Además, otras dos vacunas diseñadas específicamente contra la Bundibugyo se encuentran en ensayos de fase 1 en humanos y "han demostrado ser seguras", según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque su desarrollo podría tardar varios meses.WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL*Con información de EFE
Mientras la mayoría de las personas dormía, dos fuertes temblores sorprendieron a los habitantes de Costa Rica durante la madrugada de este lunes 24 de agosto. Los movimientos telúricos sacudieron principalmente la zona central del país y fueron captados por cámaras de seguridad, que dejaron en evidencia la intensidad con la que se sintieron en distintos sectores.El primer sismo ocurrió a la 1:37 a.m., hora local, y tuvo una magnitud de 5,4. De acuerdo con la Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica, el epicentro se ubicó en la localidad de Coronado, en el noreste de San José, a una profundidad de apenas 7 kilómetros.Dos minutos después se registró un segundo movimiento telúrico en la misma zona. Esta réplica tuvo una magnitud de 4,8 y ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, según la información entregada por el centro sismológico.La poca profundidad de los sismos hizo que fueran percibidos con fuerza por los habitantes del Valle Central, donde se encuentra San José y otras de las principales ciudades del país. Durante la madrugada también se registraron varias réplicas de menor intensidad.Así se sintieron los temblores en Costa RicaLas cámaras de seguridad ubicadas en diferentes sectores permitieron observar cómo se vivieron los fuertes temblores mientras buena parte de la población se encontraba descansando.En las imágenes se aprecia el movimiento de viviendas, calles e incluso automóviles. Algunos registros muestran que el movimiento fue perceptible durante más de 40 segundos, de acuerdo con el tiempo que aparece en las grabaciones de las cámaras de seguridad.Los videos también muestran la reacción de algunos animales de compañía. En la sala de estar de una vivienda, varios gatos se percataron del movimiento generado por el sismo. Uno de ellos comenzó a correr de un lado a otro mientras se producía el temblor.Reportan daños leves tras los sismosAunque los dos temblores generaron alarma entre la población, no se reportaron víctimas. La Comisión Nacional de Emergencia (CNE) informó sobre el desprendimiento de tierra en una ruta de la zona y daños leves en algunas infraestructuras.El experto en sismología Lepolt Linkimer, de la Red Sismológica Nacional, explicó que los movimientos estuvieron relacionados con una falla local y que su poca profundidad contribuyó a que fueran sentidos con fuerza."Son sismos cercanos a una falla local, muy superficiales por eso fueron sentidos con fuerza por la población. Son súbitos, muy intensos", aseguró Linkimer.El especialista también recordó que Costa Rica es un "país altamente sísmico y vulnerable" a los terremotos, por lo que pidió a la población seguir las recomendaciones de seguridad ante este tipo de fenómenos.Costa Rica había expresado solidaridad con ColombiaLos fuertes temblores registrados este 24 de agosto también se producen días después de que Costa Rica expresara su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país.En esa ocasión, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, envió un mensaje de apoyo a los colombianos afectados por la emergencia."En nombre del pueblo de Costa Rica, expreso mi más profunda solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto de hoy. A las familias afectadas les envío mis oraciones, mi cariño y el deseo de que encuentren fortaleza en estos momentos difíciles", expresó.La mandataria agregó: "Colombia no está sola. Con esperanza, unidad y solidaridad, estoy segura de que saldrá adelante. Costa Rica los abraza de corazón y estaré pendiente para colaborar con ustedes en lo que necesiten".Mientras avanzaba la madrugada de este lunes, las autoridades costarricenses mantenían el reporte de varias réplicas de menor intensidad.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La ONG Human Right Watch (HRW) ha pedido al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país -unos 1.500 desde 2021- que consta en un informe hecho público este lunes a partir de datos de la Defensoría del Pueblo.El documento, titulado "Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá", establece que las cifras oficiales disponibles indican un fuerte aumento de casos desde 2023 y que los grupos armados disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están detrás de la gran mayoría de los casos denunciados."Los grupos armados en Colombia están reclutando niños con impunidad, ya que los sistemas de protección están fallando y las redes sociales se han convertido en un medio de reclutamiento más eficaz", dice en el reporte Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, que añade que "cada niño reclutado es un indicio del fracaso del gobierno".HRW pide al flamante Ejecutivo de 'El tigre' que fortalezca la política pública sobre prevención del reclutamiento de menores, asegure un presupuesto suficiente y refuerce la coordinación institucional y los sistemas de control y alerta temprana.La ONG también pide ayuda en Colombia al Congreso, a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo, a los operadores de redes sociales y a los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de países europeos.Perfil de los niños reclutadosEntre 2020 y 2025, los grupos armados reclutaron con mayor frecuencia a niños de entre 15 y 16 años, muestran datos de la Oficina de la Defensoría del Pueblo que recoge el informe.Según el Ministerio de Defensa, entre enero de 2016 y octubre de 2025 la edad media de reclutamiento fue 15 años tanto para niños como para niñas.Sin embargo, más del 30 % de los casos reportados involucraron a niños de entre 10 y 14 años y los funcionarios de protección infantil informaron a HRW de que han tenido conocimiento de un número creciente de niños más pequeños reclutados, incluyendo algunos de tan solo 9 o 10 años.La ONG denuncia que, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el reclutamiento de menores de 15 años puede considerarse un crimen de guerra.La Defensoría del Pueblo estima que, de media, el 60 % de los niños reclutados entre 2020 y 2025 eran varones y el 40 % eran niñas, aunque desde 2021 la proporción de niñas ha ido en aumento.Además, el reclutamiento infantil afecta de manera especial a las comunidades indígenas, ya que casi cinco de cada diez casos entre 2021 y 2025 correspondían a niños de estos colectivos.Métodos de reclutamientoHRW detalla en el informe que "los grupos armados y criminales se han aprovechado de la pobreza, la exclusión social y las barreras a la educación para reclutar niños con promesas de poder, dinero y prestigio" y que en los últimos tiempos han comenzado a usar cada vez más las redes sociales para las captaciones.Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional para el conflicto armado en Colombia, casi la mitad (el 44 %) de los niños reclutados en 2025 lo fueron a través de redes o plataformas como TikTok y Facebook.El informe relata que lo más habitual es alejar a los menores de sus zonas de origen para evitar fugas y romper los lazos con sus familias y entornos.Además, detalla las labores que se les encargan: los niños son utilizados para el manejo de drones y la participación en combate, mientras que las niñas están particularmente expuestas a la violencia sexual.HRW realizó 184 entrevistas con funcionarios gubernamentales, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios, miembros de organizaciones de derechos humanos y de la infancia, y funcionarios estatales colombianos de protección infantil para realizar el informe. EFE
Un sismo de 5,4 grados, seguido de una fuerte réplica, sacudió la madrugada de este lunes la zona central de Costa Rica, donde está la capital, San José, lo que causó alarma entre la población aunque no se reportaron víctimas y solo leves daños materiales. El temblor, ocurrido a la 01H37 locales (07H37 GMT), tuvo su epicentro en la localidad de Coronado, en el noreste de San José, con una profundidad de solo 7 km, por lo que fue sentido con intensidad, según la Red Sismológica Nacional (RSN). Dos minutos después un segundo movimiento telúrico, de 4,8 grados, se registró también en Coronado, a 11 km de San José, a una profundidad de 10 km, de acuerdo con ese centro sismológico de la Universidad de Costa Rica.Varias réplicas de menor intensidad se han registrado durante la madrugada, sentidas por la población del Valle Central, donde está San José y las otras tres ciudades más importantes del país.La Comisión Nacional de Emergencia (CNE) reportó el desprendimiento de tierra en una ruta de la zona y daños leves en algunas infraestructuras. "Son sismos cercanos a una falla local, muy superficiales por eso fueron sentidos con fuerza por la población. Son súbitos, muy intensos", aseguró el experto en sismología Lepolt Linkimer, de la RSN.El experto advirtió que Costa Rica es un "país altamente sísmico y vulnerable" a los terremotos por lo que pidió a la población seguir las recomendaciones de seguridad.AFP
El Pico y Placa continuará vigente en Ibagué durante la semana del 24 al 30 de agosto de 2026, de acuerdo con la rotación establecida para el segundo semestre del año. La medida para vehículos particulares comenzó a regir con la nueva rotación desde el 1 de julio y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026, según lo establecido en el Decreto 0768 del 26 de diciembre de 2025. La restricción opera de lunes a viernes, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.Pico y Placa en Ibagué del 24 al 28 de agostoPara esta semana, los conductores deberán tener en cuenta el último número de la placa de sus vehículos:Lunes 24 de agosto: placas terminadas en 6 y 7.Martes 25 de agosto: placas terminadas en 8 y 9.Miércoles 26 de agosto: placas terminadas en 0 y 1.Jueves 27 de agosto: placas terminadas en 2 y 3.Viernes 28 de agosto: placas terminadas en 4 y 5.El sábado 29 y domingo 30 de agosto no aplica la restricción, al tratarse de días en los que no está vigente el Pico y Placa para vehículos particulares.Hora valle para vehículos matriculados en IbaguéLos vehículos matriculados en Ibagué cuentan con un beneficio conocido como hora valle, que les permite circular durante el día en que tienen Pico y Placa en dos franjas horarias.Estas son:De 9:00 a. m. a 11:00 a. m.De 3:00 p. m. a 5:00 p. m.El beneficio aplica exclusivamente para los vehículos matriculados en Ibagué, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Administración Municipal.¿Cuándo pueden sancionar a los conductores?La nueva rotación comenzó a aplicarse el 1 de julio de 2026. Durante la primera semana, entre el 1 y el 7 de julio, las autoridades realizaron un periodo pedagógico para informar a los conductores sobre los cambios.Una vez terminado ese periodo, el incumplimiento de la restricción puede generar las sanciones contempladas en la normativa vigente, equivalentes a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), además de la inmovilización del vehículo.Las demás condiciones, medidas y excepciones del Pico y Placa en Ibagué se mantienen bajo lo establecido en el Decreto 0768 del 26 de diciembre de 2025.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.