El 3 de junio de 2019, la tranquilidad de la vereda El Compromiso, en Ventaquemada, Boyacá, se rompió antes del amanecer. Carmen Rosa Méndez Duarte, una joven de 26 años y madre soltera de dos niñas de 5 y 2 años, salió de su casa a las 5:00 a. m. a trabajar y un recorrido cotidiano se convirtió en el inicio de una tragedia que hoy tiene a su familia clamando justicia. Séptimo Día investigó el caso.Aquella madrugada, los padres de Carmen la acompañaron hasta la carretera. Minutos después, una llamada telefónica los alertó sobre un supuesto accidente. Al llegar al lugar conocido como 'El Matadero', María Duarte Cortés, madre de la joven, se encontró con una imagen que nunca podrá borrar: "Yo ya me asomé a la ambulancia y la tenían ahí, pero eso la cabecita no era conocida de la sangre".Aunque inicialmente pensaron que se trataba de un accidente de tránsito, las lesiones de Carmen sugerían algo mucho más siniestro. El estado de la joven era crítico, con múltiples golpes en el cráneo y un deterioro neurológico severo.La Policía Nacional y la Sijín de Tunja descartaron rápidamente que se tratara de una caída accidental. El investigador Edilberto Barbosa relató que en el sitio del ataque hallaron "unos maderos que se encontraron acá sobre la vía y material biológico, sangre". La sevicia fue tal que se encontraron restos de madera dentro del cráneo de la víctima. "Este señor no solo la golpeó, la torturó, porque el médico nos dijo 'no fueron uno, no fueron dos ni tres los palazos que ella recibió, fueron muchísimos'", relató una hermana de la víctima en Séptimo Día.El rastro del agresorTestigos informaron haber escuchado gritos de auxilio cerca de las 5:00 a. m. Hernando Montaña, vecino del sector, recordó: "Gritaban auxilios, pero nosotros no miramos porque con ese monte tan espeso... no se miraba nada". Su esposa, María Victoria Martínez, logró ver a un sospechoso: "Miré así por la ventana y vi un señor corriendo... Él era alto y como con chaqueta negra". Otros testimonios indicaron que el agresor vestía botas blancas y un impermeable con reflectivos.Tras analizar más de 200 horas de videos de seguridad, los investigadores identificaron a un hombre que coincidía con la descripción y que portaba un madero en su mano con rumbo al lugar de los hechos. Las pesquisas llevaron a las autoridades a una finca donde el sospechoso alquilaba una habitación. Allí encontraron unas botas de caucho de una empresa de lácteos, que tenían rastros de sangre, y un impermeable.El cotejo de ADN confirmó que la sangre en las prendas pertenecía a Carmen. El sospechoso fue identificado como Alexander Vásquez Terán, un trabajador de una empresa de lácteos que no era oriundo de Boyacá y que había desaparecido el mismo día del ataque.Testimonio de una relación y la captura del señaladoTatiana Méndez, hermana de Carmen, reveló que la joven y Vásquez Terán habían mantenido una relación sentimental que se tornó peligrosa. "Ella me dijo que ya el muchacho quería tener algo con ella... pero como a los dos meses empezó a cambiar todo. Ya era como muy agresivo con ella, como muy posesivo", recordó. Según su testimonio, Carmen sentía que su vida corría peligro: "Ella me dijo que ella temía que le hiciera algo a ella y a las niñas y a mis papás... andaba para todo lado como si alguien la fuera persiguiendo".Casi dos años después de los hechos, el 1 de marzo de 2021, los investigadores rastrearon a Vásquez Terán hasta Aracataca, Magdalena. Allí fue capturado y, aunque inicialmente negó su identidad, terminó aceptando cargos mediante un preacuerdo. El 23 de junio de 2022, fue condenado a 15 años, 6 meses y 19 días de prisión por tentativa de homicidio agravado.Esta sentencia ha generado profunda indignación en la familia de Carmen, quienes consideran que el delito debió tipificarse como tentativa de feminicidio. "Para nosotros no era un intento de homicidio, sino de feminicidio. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento tenían una relación", cuestionaron sus familiares. Expertos consultados por Séptimo Día coinciden en que hubo una omisión por parte de la justicia, ya que la tipificación como homicidio le otorga beneficios penales al agresor que no tendría en un caso de feminicidio, como la posibilidad de solicitar libertad condicional tras cumplir tres cuartas partes de la pena.Séptimo Día buscó a la Fiscalía y a la rama judicial para hablar del caso, pero hasta la emisión de este programa no se obtuvo una respuesta oficial por parte de las entidades. El victimario, que está recluido en la cárcel de Combita, Boyacá, tampoco aceptó una entrevista.Una vida destruidaCarmen Rosa sobrevivió, pero las secuelas del ataque fueron devastadoras. "La dejó muerta en vida. Ella tiene dos partes del cerebro muertas. No tiene el huesito del cráneo ni tiene la parte frontal. Pues no se puede valer por ella solita. Es como un bebé", lamenta su familia. La joven ya no reconoce a sus hijas y requiere asistencia permanente para funciones básicas.El temor de la familia es que, para el año 2028, Alexander Vásquez Terán pueda recuperar su libertad, mientras Carmen permanece atrapada en un cuerpo que ya no responde. "Este señor no solo le dañó la vida a mi hermana, se la dañó a toda una familia, les arrebató una madre a esas niñas", concluyeron.
Mateo Pérez Rueda nació en Yarumal, Antioquia. Desde pequeño su vida giró en torno a las letras, aunque inicialmente lo hizo a través de la poesía. Su padre, Carlos Pérez, lo recordó en Los Informantes como un joven que transformaba cualquier evento en una oportunidad para escribir: “Él se dio a conocer porque llegaba, por ejemplo, una fiesta familiar, un evento de un cumpleaños, y él sacaba algo escrito y ese era el regalo de él. Sacaba todo lo bueno de la persona y se lo leía”.Sin embargo, esa sensibilidad literaria pronto se transformó en una vocación periodística sagaz y punzante. Mateo Pérez, influenciado por el hábito de su padre de leer la prensa cada mañana, decidió que su camino era informar sobre la realidad de su región, un territorio históricamente asolado por grupos ilegales. Así nació El Confidente, un medio que comenzó de forma impresa gracias al patrocinio de una papelería local y que luego migró al entorno digital.El reportero que no conocía el temorEn entrevista con Los Informantes, su padre aseguró que a Mateo “no le daba miedo de nada. El pealo’ como que nació sin miedo”.Esa falta de temor lo impulsó a realizar denuncias que incomodaban a los poderes locales. Mateo no era un periodista de escritorio, su método era el de la vieja escuela: conseguir pruebas, visitar las fuentes y tener "barro en los zapatos". Investigaba a políticos y documentaba hechos con rigor, apoyado en derechos de petición y visitas constantes a la Fiscalía y la Policía. “Salía a investigar, a buscar informes y a documentarse para poder escribir. Él no escribía sin pruebas”, relató su padre sobre la disciplina del joven, quien además estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional de Medellín.Para sostener su labor periodística, que realizaba de forma solitaria y sin recursos, Mateo vendía jugos y ensaladas de frutas en el garaje de su casa, además de trabajar como mensajero. En su casa, en donde vivía con sus padres en Yarumal, su cuarto sigue intacto y allí el computador da cuenta del temor que ya sentía por los trabajos que había hecho: mantenía el equipo con la cámara tapada por miedo a ser espiado o "chuzado".Briceño, el último viajeEl lunes 4 de mayo comenzó para él y para su familia lo que terminó en una tragedia. Mateo, de 24 años, decidió viajar a Briceño, un municipio ubicado a 50 kilómetros de Yarumal, donde se libraba una cruenta disputa territorial entre el Clan del Golfo y diversas facciones de las disidencias de las FARC. A pesar de los riesgos, el joven periodista quería cubrir un consejo de seguridad y buscar entrevistas con cabecillas de los grupos armados.Su padre recuerda la última conversación y la advertencia que le hizo ante la peligrosidad de la zona: “Por qué vas para Briceño, eso como está de peligroso por allá. ¿Es que no ha escuchado las noticias?”. Sin embargo, Mateo, confiado en su rol como comunicador, respondió que el evento estaría resguardado por el Ejército. Al salir de casa, su padre le dio la bendición en silencio: “El último recuerdo que yo tengo él es cuando él salió y me dio la espalda y apenas yo vi que él se fue a ir yo ahí mismo así por detrás (seña de darle la bendición) pero ni siquiera fue de frente, sino por detrás”.Al llegar a Briceño, Mateo se hospedó en un hostal y, al día siguiente, se internó en la vereda Palmichal. Iba desarmado, protegido únicamente por su carné de periodista y su celular. No obstante, en una zona donde los forasteros son vistos con sospecha, su presencia fue malinterpretada. Fue interceptado por hombres del Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Chalá.Tortura y un final estremecedorLos detalles de su muerte, relatados por su padre según la información recibida de la región, son desgarradores. Mateo fue acusado de ser informante y sometido a suplicios antes de ser asesinado. “Le pegaron cinco tiros en los pies para que no corriera. Y ahí donde empezaron a como a torturarlo, a pedirle que dijera algo que él no sabía. Le dieron un tiro por acá (en la cara), otro por acá (en el abdomen) y el mortal (en la frente), ese fue el que lo mató”, narra Carlos Pérez con una entereza que estremece.Para la familia, el dolor de la pérdida se mezcla con el alivio amargo de saber que uno de esos tiros terminó con su sufrimiento: “Me imagino cómo sería el dolor que sentía y cómo pensaría, por ejemplo, en nosotros, sobre todo en mí, cuando le decía que no se fuera a ir por allá. Pues a Dios gracias, cuando me dijeron que el tiro que lo había matado, que le había dado en la cabeza, pues siquiera lo mataron de una, no lo dejaron ahí sufriendo y torturándolo. Ese tiro es un alivio”, comentó su padre. El editorial premonitorioUno de los aspectos más impactantes de la historia de Mateo Pérez es un editorial que escribió en 2021 para El Confidente. En ese texto, el joven reflexionaba sobre el asesinato de otros jóvenes en Yarumal, sin saber que sus palabras describirían, años después, la realidad de su propia familia.En aquel escrito, Mateo cuestionaba: "La sangre será limpiada, las honras fúnebres serán pagadas y la vida en el planeta seguirá como si nada. Pero, ¿quién borrará los traumas de los familiares? ¿Cómo le explicas a la madre que su hijo o hija se ha ido para siempre y que tendrá que vivir con ese vacío lo que le resta de vida?".Un llamado a la justiciaTras el asesinato, la familia denunció haber recibido amenazas y advertencias para que dejaran de buscarlo. Aunque John Edison Chalá, señalado como uno de los responsables, fue capturado y enfrentará cargos por homicidio y tortura, otros implicados siguen libres.Los padres de Mateo atribuyen la tragedia a la falta de control estatal en las regiones: “La institucionalidad del país que permite que estos grupos al margen de la ley hagan lo que les da la gana, porque ellos están teniendo actualmente una libre actuación, un libre albedrío, ellos se mueven por donde quieren”, denuncia su mamá, Gloria Rueda, quien clama por una justicia que no sea laxa: “Esperaría yo que la justicia nos responda y que en realidad paguen por sus crímenes, porque no es solamente el asesinato de mi hijo, son muchas otras cosas... Son muchas familias que están en este momento sufriendo la ausencia de sus seres queridos”.Mateo Pérez Rueda se convirtió en uno de los nueve periodistas asesinados en Colombia desde 2022, dejando un vacío inmenso en Yarumal y un legado de valentía en un oficio que, en las regiones, se ejerce bajo la sombra de las balas.
El 25 de abril de 2024, la comunidad de la parroquia María Auxiliadora de Pereira encendió las alarmas cuando el padre Darío Valencia Uribe, de 59 años, no asistió a un almuerzo programado ni a la misa de ese día. El sacerdote era reconocido por ser una persona extremadamente puntual.Tras su desaparición, una serie de evidencias revelaron una traición por un amigo cercano al religioso. El periodista Diego Guauque, de El Rastro, recorrió los últimos pasos del sacerdote y reveló quién estaba detrás del crimen.Camioneta del religioso fue pieza clave en la investigaciónLa última comunicación del sacerdote fue un mensaje de WhatsApp a las 9 de la mañana dirigido a Julián Eduardo Cifuentes, un hombre de 40 años que se hizo amigo del sacerdote años atrás.Cámaras de seguridad registraron el momento en que ambos abordaron la camioneta del sacerdote, una Nissan color gris. Poco después, el vehículo fue visto en una estación de servicio y posteriormente en un lavadero en Caldas, donde los empleados notaron una actitud sospechosa en el conductor.En el lavadero, los trabajadores reportaron que la camioneta tenía varias manchas de sangre y que la persona que iba conduciendo se notaba nerviosa. Al inspeccionar el vehículo, los investigadores hallaron muestras de sangre abundante, cuatro vainillas de pistola y un impacto de bala en el tablero.Mientras las autoridades procesaban la escena, Julián Cifuentes logró salir del país desde el aeropuerto El Dorado con destino a París, Francia.Señalado huyó a Francia: ¿quedó en libertad?La captura de Cifuentes en París se produjo pocos días después de la desaparición del sacerdote, pero su extradición enfrentó un vacío legal debido a un tratado entre Colombia y Francia, firmado en 1850, pues no contemplaba el delito de desaparición forzada. Además, como aún no había sido encontrado el cuerpo del padre Darío, no era posible sustentar la extradición por homicidio.Ante el riesgo de que el caso quedara impune, el fiscal Andrés González, designado para liderar la investigación, viajó a Francia en septiembre de 2024 con una misión clara: obtener la confesión de Julián Cifuentes, pero también llevaba un as bajo la manga que podría ser clave para hacerlo confesar.Cartas de familiares y una fría confesiónAunque inicialmente Cifuentes se negó a hablar, el fiscal le entregó, en un gesto de solidaridad, unas cartas que sus familiares le habían enviado desde Colombia. El gesto logró conmoverlo y, después de leerlas, decidió confesar el crimen. El Rastro conoció esa confesión.“Tuvimos una reunión el sacerdote y yo. 15 minutos después tengo la sangre fría. Pido disculpas por lo que voy a decir: ‘lo miré a los ojos y le disparé cuatro veces. Estaba en la furgoneta, él era el que conducía”, confesó Julián Cifuentes sobre lo ocurrido ese día.Además, aseguró que le disparó al sacerdote por la espalda mientras este descansaba. Al ser interrogado por el móvil del crimen, inicialmente dijo: “¿Es él o yo?".El hallazgo del cuerpo mediante una señal "milagrosa"Durante cinco meses, la búsqueda del cuerpo en zonas boscosas del Eje Cafetero resultó infructuosa, incluso con el apoyo de Darcy, una canina de la Fiscalía experta en búsqueda de restos humanos. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2024, un evento inesperado permitió localizar los restos.Mientras un investigador se desplomaba por agotamiento, la perrita Darcy se internó en zona boscosa por más de una hora. Al seguir sus ladridos, los agentes descendieron a un abismo donde la canina estaba sentada frente al cráneo de un ser humano.La identidad del sacerdote fue confirmada mediante su carta dental. Además, los restos fueron hallados con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición, una evidencia que permitió corroborar que se trataba de él.Una condena en ColombiaLos investigadores determinaron que el asesinato fue motivado por una deuda económica. La fiscal Deisy Jaramillo explicó que el padre Valencia le había entregado a Cifuentes una camioneta valorada en "120 millones de pesos". El día de los hechos, Cifuentes le había prometido un abono a la deuda, pero su intención era "quitarle la vida al sacerdote para no pagar ese dinero".Julián Cifuentes Gómez fue extraditado a Colombia en noviembre de 2025. Tras ser procesado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y destrucción de elemento material probatorio, la justicia colombiana lo condenó a 27 años de prisión, una pena reducida gracias a su colaboración con las autoridades.El Rastro solicitó una entrevista a Julián Cifuentes en la cárcel modelo de Bogotá, pero el confeso asesino se negó a hablar.“Él fue el amigo que luego lo vendió, fue el amigo que luego lo entregó y fue el amigo que en algún momento le quitó la vida”, dijo José Gutiérrez, amigo del sacerdote, al establecer una similitud entre la traición de Judas a Jesús y la de Julián Cifuentes al padre Darío Valencia.
El asesinato de María Mercedes Gnecco, el 5 de octubre de 2021 en su casa en la isla de San Andrés, sigue siendo analizado por las autoridades para determinar si José Manuel Gnecco Valencia, su esposo, es el responsable. A lo largo de los años, Séptimo Día ha estado atento a cada nuevo detalle que se revela de este caso que enlutó a la familia Gnecco y cuyo juicio está próximo a terminar.En esta ocasión, se conocen nuevos testimonios revelados por la Fiscalía que comprobarían que José Manuel Gnecco asesinó a su esposa, modificó la escena del crimen y, además, intentó sobornar a alguien para que se culpara por el crimen. El abogado insiste en su inocencia y asegura que la demostrará en el juicio.Nuevo giro en caso GneccoCinco años después del asesinato de María Mercedes Gnecco Serrano, su esposo y primo José Manuel Gnecco Valencia sigue insistiendo en su inocencia. El juicio contra el abogado está próximo a su recta final, en el que los hijos de María Mercedes exigen una condena ejemplar, mientras José Manuel espera ser absuelto. Ambas partes avanzan en la recopilación de pruebas y, recientemente, un testigo de la Fiscalía le dio un giro sorprendente a la historia que ha mantenido por años el hombre.Se trata de las declaraciones de Luis Carlos Freire González, también conocido como ‘Lalo’, quien decidió hablar por primera vez frente a las cámaras de Séptimo Día, asegurando que José Manuel Gnecco le pidió buscar a otra persona para que se culpara del crimen de su esposa. Esa otra persona, a la que le ofreció hasta cinco millones de pesos, fue Gerald David Pereira, un menor de edad capturado en San Andrés por porte ilegal de armas. Los tres coincidieron en la cárcel y allí, según el testimonio, el abogado intentó sobornarlos para que los señalamientos en su contra quedaran sin argumentos.En abril de 2026, la Fiscalía conoció las declaraciones de ‘Lalo’ y las añadió como parte de las pruebas en contra del abogado Gnecco. Luis Carlos Freire González, de 35 años, fue capturado y está privado de la libertad en San Andrés, cárcel en la que coincidió con José Manuel Gnecco en 2023.Según su testimonio, ese año logró interactuar con el abogado gracias a que en la prisión él era el 'ranchero’, es decir, quien cocina y lleva la comida a los reclusos. “Mi primera impresión es que es una persona de carácter fuerte”, señaló en exclusiva a Séptimo Día y agregó que, tras algunos meses de contacto, el abogado empezó a hacerle preguntas y ofertas.“Él me preguntó que si yo conocía a Gerald [David Pereira] y yo le digo que sí, que somos primos lejanos”. Pereira era un joven que había sido capturado en San Andrés en 2021 por porte ilegal de armas, pero como era menor de edad fue llevado a un centro de detención para menores. En 2023, cuando cumplió la mayoría de edad, fue trasladado a la cárcel de San Andrés, donde coincidió con su primo y con el abogado Gnecco.‘Lalo’ reveló que al tener la posibilidad de ir a los diferentes patios de la cárcel, Gnecco le pidió un favor particular. “Él me dice que vaya donde Gerald, ya que lo conozco, y que le ofreciera los cinco millones de pesos para que se reunieran. Con el fin de que Gerald se echara la culpa de dicho homicidio, del homicidio de la esposa de él”. Además, también indicó que Gnecco también le ofreció 10 millones de pesos a él por hacer este favor.Aunque Luis Carlos Freire González aceptó el dinero y habló con su primo, con lo que no contaba el abogado Gnecco es que el joven Gerald David Pereira acudiría a la Fiscalía para revelar los ofrecimientos que estaba recibiendo de su parte.El arma homicida, la gran prueba del caso Gnecco¿Por qué José Manuel Gnecco habría insistido en varias ocasiones, según el testimonio, a Gerald David Pereira que se culpara por el asesinato de María Mercedes Gnecco? Todo tendría que ver con una prueba clave para este caso: el arma homicida. Luego del crimen, las autoridades encontraron el proyectil y la vainilla del mismo en la escena, pero del arma no hubo rastro hasta 2023, cuando los abogados de Gnecco revelaron un dictamen de un perito de la policía en el que se indicaba que el arma había sido incautada en San Andrés un mes después del asesinato a una banda de criminales entre los que se encontraba un menor de edad, Gerald David.Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de las víctimas, los hijos de María Mercedes Gnecco, dudaban de esa versión, por lo que hicieron su propia investigación. “Luego de una investigación ardua, se obtuvieron tres dictámenes adicionales del Cuerpo Técnico de Investigación y del Instituto Nacional de Medicina Legal y pudimos comprobar que lo que se plasmaba en ese dictamen no era cierto. El arma que cegó la vida de María Mercedes Gnecco Serrano no es el arma que le fue incautada a estos menores”, aseguró el abogado de las víctimas.La Fiscalía dice que, efectivamente, el arma incautada a los menores coincide con la vainilla del proyectil, la cual fue encontrada al día siguiente del asesinato por el mayordomo de Gnecco en la vivienda, por lo que las autoridades creen que esta fue colocada en la escena después de sus labores. Pero que no coincide con la bala que impactó el cuerpo de la mujer de 53 años.Por su parte, Gerald David Pereira, indicó en la Fiscalía que José Manuel Gnecco "desde los tres meses que llevo aquí, que me capturaron, me empezó a buscar el lado, a sobornarme con dinero. Como tres veces [me buscó], la última vez me ofreció cinco millones de pesos para que diera falsas declaraciones”. El joven insistió también en que él no tiene nada que ver con el asesinato de María Mercedes y que “yo lo único que quiero decir es que Gnecco haga algo con esto y acepte que mató a su mujer, o que diga quiénes son porque él sabe”.Lo que cree ahora la Fiscalía y lo que está intentando probar en el juicio es que José Manuel Gnecco planeó el homicidio de su esposa y, además, que el arma homicida cayera en manos dela banda criminal en la que estaba Gerald David. “Justo esa arma le llega a un menor de edad que ya declaró que este señor Gnecco Valencia lo habría sobornado para que se atribuyera el crimen. Creemos que el plan criminal del señor Gnecco Valencia consistió en sobreponer la vainilla al día siguiente de los hechosy luego entregar el arma de donde provino esa vainilla a la delincuencia organizada. De tal manera que cuando incautaran el arma se pudiera creer que con esa arma se cegó la vida de María Mercedes Gnecco”.Actualmente, Gerad David Pereira está en libertad, pero prefirió que fuera su abogado, Omar Augusto Barraza, quien explicara a Séptimo Día los hechos. “El argumento que utilizó el señor Gnecco para contactar a Gerald y que se atribuyera la responsabilidad del hecho punible es que al momento de los hechos Gerald era menor de edad y trató de hacerlo creer que lo iban a juzgar como menor de edad”.Por su parte, José Manuel Gnecco negó dar una nueva entrevista a Séptimo Día para dar su versión sobre los hechos, pero vía telefónica insistió en su inocencia. Al respecto, Luis Carlos Freire González señaló que “él quiere quedar como el buen abogado, como el buen esposo. Siempre tuvo un plan, porque desde que me manda a ofrecerle dinero a Gerald, ya tenía un plan. Si él no fuera culpable no me habría ofrecido dinero a mí y a Gerald, sé que Gerald también va a decir que yo fui y le ofrecí dinero porque así fue”.
El 3 de junio de 2019, la tranquilidad de la vereda El Compromiso, en Ventaquemada, Boyacá, se rompió antes del amanecer. Carmen Rosa Méndez Duarte, una joven de 26 años y madre soltera de dos niñas de 5 y 2 años, salió de su casa a las 5:00 a. m. a trabajar y un recorrido cotidiano se convirtió en el inicio de una tragedia que hoy tiene a su familia clamando justicia. Séptimo Día investigó el caso.Aquella madrugada, los padres de Carmen la acompañaron hasta la carretera. Minutos después, una llamada telefónica los alertó sobre un supuesto accidente. Al llegar al lugar conocido como 'El Matadero', María Duarte Cortés, madre de la joven, se encontró con una imagen que nunca podrá borrar: "Yo ya me asomé a la ambulancia y la tenían ahí, pero eso la cabecita no era conocida de la sangre".Aunque inicialmente pensaron que se trataba de un accidente de tránsito, las lesiones de Carmen sugerían algo mucho más siniestro. El estado de la joven era crítico, con múltiples golpes en el cráneo y un deterioro neurológico severo.La Policía Nacional y la Sijín de Tunja descartaron rápidamente que se tratara de una caída accidental. El investigador Edilberto Barbosa relató que en el sitio del ataque hallaron "unos maderos que se encontraron acá sobre la vía y material biológico, sangre". La sevicia fue tal que se encontraron restos de madera dentro del cráneo de la víctima. "Este señor no solo la golpeó, la torturó, porque el médico nos dijo 'no fueron uno, no fueron dos ni tres los palazos que ella recibió, fueron muchísimos'", relató una hermana de la víctima en Séptimo Día.El rastro del agresorTestigos informaron haber escuchado gritos de auxilio cerca de las 5:00 a. m. Hernando Montaña, vecino del sector, recordó: "Gritaban auxilios, pero nosotros no miramos porque con ese monte tan espeso... no se miraba nada". Su esposa, María Victoria Martínez, logró ver a un sospechoso: "Miré así por la ventana y vi un señor corriendo... Él era alto y como con chaqueta negra". Otros testimonios indicaron que el agresor vestía botas blancas y un impermeable con reflectivos.Tras analizar más de 200 horas de videos de seguridad, los investigadores identificaron a un hombre que coincidía con la descripción y que portaba un madero en su mano con rumbo al lugar de los hechos. Las pesquisas llevaron a las autoridades a una finca donde el sospechoso alquilaba una habitación. Allí encontraron unas botas de caucho de una empresa de lácteos, que tenían rastros de sangre, y un impermeable.El cotejo de ADN confirmó que la sangre en las prendas pertenecía a Carmen. El sospechoso fue identificado como Alexander Vásquez Terán, un trabajador de una empresa de lácteos que no era oriundo de Boyacá y que había desaparecido el mismo día del ataque.Testimonio de una relación y la captura del señaladoTatiana Méndez, hermana de Carmen, reveló que la joven y Vásquez Terán habían mantenido una relación sentimental que se tornó peligrosa. "Ella me dijo que ya el muchacho quería tener algo con ella... pero como a los dos meses empezó a cambiar todo. Ya era como muy agresivo con ella, como muy posesivo", recordó. Según su testimonio, Carmen sentía que su vida corría peligro: "Ella me dijo que ella temía que le hiciera algo a ella y a las niñas y a mis papás... andaba para todo lado como si alguien la fuera persiguiendo".Casi dos años después de los hechos, el 1 de marzo de 2021, los investigadores rastrearon a Vásquez Terán hasta Aracataca, Magdalena. Allí fue capturado y, aunque inicialmente negó su identidad, terminó aceptando cargos mediante un preacuerdo. El 23 de junio de 2022, fue condenado a 15 años, 6 meses y 19 días de prisión por tentativa de homicidio agravado.Esta sentencia ha generado profunda indignación en la familia de Carmen, quienes consideran que el delito debió tipificarse como tentativa de feminicidio. "Para nosotros no era un intento de homicidio, sino de feminicidio. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento tenían una relación", cuestionaron sus familiares. Expertos consultados por Séptimo Día coinciden en que hubo una omisión por parte de la justicia, ya que la tipificación como homicidio le otorga beneficios penales al agresor que no tendría en un caso de feminicidio, como la posibilidad de solicitar libertad condicional tras cumplir tres cuartas partes de la pena.Séptimo Día buscó a la Fiscalía y a la rama judicial para hablar del caso, pero hasta la emisión de este programa no se obtuvo una respuesta oficial por parte de las entidades. El victimario, que está recluido en la cárcel de Combita, Boyacá, tampoco aceptó una entrevista.Una vida destruidaCarmen Rosa sobrevivió, pero las secuelas del ataque fueron devastadoras. "La dejó muerta en vida. Ella tiene dos partes del cerebro muertas. No tiene el huesito del cráneo ni tiene la parte frontal. Pues no se puede valer por ella solita. Es como un bebé", lamenta su familia. La joven ya no reconoce a sus hijas y requiere asistencia permanente para funciones básicas.El temor de la familia es que, para el año 2028, Alexander Vásquez Terán pueda recuperar su libertad, mientras Carmen permanece atrapada en un cuerpo que ya no responde. "Este señor no solo le dañó la vida a mi hermana, se la dañó a toda una familia, les arrebató una madre a esas niñas", concluyeron.
La muerte de Geniffer Selene García Mozo, de 55 años, fiscal 159 especializada de la Seccional Atlántico, es materia de investigación por parte de las autoridades luego de que presentara complicaciones tras someterse a un procedimiento estético en Barranquilla. El caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelanta las indagaciones para establecer las causas del fallecimiento.De acuerdo con la información conocida la mujer se había sometido el jueves 6 de agosto a una intervención estética en un centro ubicado en el norte de la capital del Atlántico. Según informó Blu Radio, el procedimiento correspondió a un lipoval, una técnica de lipoescultura asistida por ultrasonido.La intervención y las complicaciones posterioresSegún relataron los familiares a las autoridades, el procedimiento se realizó durante la jornada del jueves y, aproximadamente a las 4:00 de la tarde, García Mozo recibió el alta médica para continuar con su recuperación en casa.Sin embargo, durante el viernes 7 de agosto comenzó a presentar un fuerte dolor de cabeza y mareos prolongados. Ante el deterioro de su estado de salud, sus familiares decidieron trasladarla de urgencia a la Clínica Altos de San Vicente, también ubicada en el norte de Barranquilla.De acuerdo con la información conocida por el medio regional El Heraldo, al llegar al centro asistencial la mujer se desplomó. El personal médico inició de inmediato las maniobras de atención y reanimación, pero, pese a los esfuerzos realizados, la mujer ya no presentaba signos vitales.El fallecimiento habría ocurrido alrededor de las 12:45 del mediodía, pocos minutos después de haber ingresado al centro asistencial, donde perdió el conocimiento.Tras el deceso, el caso fue reportado a las autoridades y asumido por investigadores del CTI de la Fiscalía, quienes realizaron la diligencia correspondiente e iniciaron la investigación para determinar qué originó la muerte de la exfuncionaria judicial.Hasta el momento, las autoridades no han informado conclusiones sobre las causas del fallecimiento ni han establecido si existe relación entre el procedimiento estético y el desenlace. García Mozo, nacida en Pivijay, Magdalena, se desempeñó como fiscal 159 especializada de la Seccional Atlántico hasta el pasado mes de julio, según informó la Fiscalía.Es el segundo caso registrado en menos de un mesLa muerte de Geniffer Selene García Mozo ocurre en un contexto que ha generado atención en Barranquilla, ya que corresponde al segundo caso relacionado con procedimientos estéticos registrado en la ciudad en menos de un mes.El antecedente más reciente corresponde al fallecimiento de Sara Milena Echeverría Alcendra, de 30 años, quien murió el pasado 22 de julio mientras era sometida a una cirugía estética en la Clínica Diamanti, ubicada igualmente en el norte de la ciudad.Por el momento, el CTI de la Fiscalía continúa recopilando información para establecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento y determinar las causas oficiales de su muerte.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de Gerson Alí Tulande Burbano por su presunta responsabilidad en la explotación ilícita de oro en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.Según la investigación, en asocio con otras personas, entre 2019 y 2023, Tulande Burbano habría realizado esta actividad ilícita utilizando materiales tóxicos como explosivos y mercurio, que generaron un grave daño ambiental al agua, el suelo, la flora y la fauna de esta zona protegida.El oro era extraído de manera ilegal, pues, según la policía judicial, el sujeto no contaba con ningún permiso ambiental ni título minero para realizar dicha actividad. Lo comercializaban en Cali, capital de Valle del Cauca, y otras zonas del país como Suárez y Santander de Quilichao, en Cauca.El sujeto, cuyo rostro había sido revelado desde 2024 por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental en un cartel de ‘Lo más buscados de Colombia’, fue capturado a finales de julio de 2026 en una operación militar de alto impacto.Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente le imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; daño en los recursos naturales y ecocidio; contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos; e invasión de área de especial importancia ecológica.Tulande no aceptó cargos y una juez de control de garantías de Cali le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.|
Una organización delincuencial señalada de cometer robos mediante la alteración de cajeros automáticos y el cambiazo de tarjetas bancarias fue desarticulada por las autoridades. Se trata de 'Los Quintis', una red que, según la Fiscalía General de la Nación, habría operado entre 2023 y 2026, afectando a usuarios del sistema financiero en distintas regiones del país.De acuerdo con la investigación, los cinco presuntos integrantes de la estructura fueron judicializados por su presunta participación en una serie de delitos que dejaron pérdidas superiores a 1.200 millones de pesos, entre el dinero hurtado a las víctimas y los daños ocasionados a los cajeros automáticos de varias entidades bancarias.Las investigaciones fueron lideradas por una fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA), que estableció que la organización habría participado en 13 hurtos y alrededor de 2.050 eventos de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos durante cerca de tres años de actividad criminal.Así operaba la banda para robar a los usuarios de cajeros automáticosSegún la Fiscalía, algunos integrantes de la organización manipulaban los cajeros automáticos utilizando sustancias adhesivas que bloqueaban su funcionamiento y hacían creer a los usuarios que el equipo presentaba una falla técnica.Mientras tanto, otros integrantes ejecutaban una estrategia para ganarse la confianza de las víctimas. Uno de ellos permanecía vigilando el lugar, mientras otro simulaba realizar una transacción en el cajero. Posteriormente, se acercaban a ofrecer ayuda a las personas afectadas, observaban las claves que digitaban y aprovechaban el momento para hacer el cambiazo de la tarjeta bancaria.Con las tarjetas en su poder, otros miembros de la organización retiraban dinero en efectivo o realizaban compras utilizando los datos obtenidos mediante el engaño.Adultos mayores, entre las principales víctimasLas autoridades señalaron que las víctimas eran seleccionadas previamente y, en muchos casos, correspondían a adultos mayores, quienes eran abordados cuando intentaban realizar transacciones en cajeros automáticos.Las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) también evidenciaron que la organización causó daños reiterados a cajeros automáticos de diferentes entidades financieras ubicados en Bogotá, municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país.La Fiscalía estimó que las pérdidas económicas ocasionadas por la estructura, incluyendo el dinero hurtado y los costos de reparación de los cajeros, ascienden a más de 1.200 millones de pesos.Los capturados y los delitos imputadosLos procesados fueron identificados como Miguel Ángel Paredes Daza, Laura Valentina Orozco Romero, Jonathan Yesid Rojas Castiblanco, Héctor Javier Bautista Vargas y Anderson Steve Sánchez Aguilar.De acuerdo con la participación que habría tenido cada uno, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de comunicaciones agravada.En el caso de Anderson Steve Sánchez Aguilar, también fue procesado por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, debido a que al momento de su captura portaba una escopeta apta para disparar, munición calibre 16 y varios cartuchos sin la autorización correspondiente.Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Por decisión de un juez de control de garantías, todos deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Un hombre de 38 años murió en la noche del domingo dentro de una de las celdas de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en Bogotá. Sus familiares aseguran que llevaba varios meses con problemas de salud y que, pese a las solicitudes realizadas a las autoridades, nunca recibió la atención médica que requería.De acuerdo con el testimonio entregado por sus allegados a Noticias Caracol, el fallecido permanecía recluido desde hacía cerca de un año y medio en la URI, mientras avanzaba un proceso judicial en su contra. La familia afirmó que durante al menos ocho meses advirtieron sobre el deterioro de su estado de salud. "Mi tío ya llevaba más de ocho meses enfermo. Se lo reportamos acá al centro de la URI de Puente Aranda por medio de cartas, exigiendo por favor que lo llevaran a una valoración médica", manifestó Mateo Suárez, uno de sus familiares.Los allegados sostienen que el hombre habría presentado una infección y cuestionan las condiciones de salud al interior del centro de reclusión. "La URI de Puente Aranda a nuestra familia no nos ha dicho nada, no nos responde absolutamente nada. No sabemos cómo es posible que hace año y medio mi tío ingresó y ahora nos lo devolvieron anoche en una bolsa", expresó otro familiar.El hombre fallecido había sido capturado en marzo del año pasado durante un operativo de la Policía en Puente Aranda contra una estructura delincuencial conocida como 'Los Químicos', señalada de producir drogas sintéticas. En ese momento, las autoridades informaron que durante el procedimiento se logró desarticular un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de este tipo de sustancias.Familia exige explicacionesTras conocerse la muerte, familiares y personas cercanas al fallecido llegaron hasta la URI de Puente Aranda para exigir información sobre lo sucedido y pedir una investigación. "Es doloroso. Nosotros le pedimos a la URI de Puente Aranda una respuesta, respeto y justicia. Estamos exigiendo que nos digan qué pasó, que nos informen por qué falleció nuestro familiar", señalaron.Las autoridades indicaron que el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se practicará la necropsia para establecer las causas del fallecimiento. Los resultados de ese procedimiento serán fundamentales para determinar si existieron responsabilidades por parte de quienes tenían bajo custodia al hombre y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte dentro de la URI de Puente Aranda.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que radicará esta semana una solicitud para adicionar la imputación de un nuevo delito en contra de cuatro de los cinco señalados por el crimen de María Camila Potosí, la mujer de 21 años con ocho meses de gestación que fue hallada sin vida días después de su desaparición.Lea: Capturados por caso María Camila Potosí se ríen durante audiencia: fiscal dice que "no hay respeto"Medicina Legal reportó oficialmente que los restos óseos hallados en la zona boscosa de Cali si corresponden a la bebé de Potosí. Con este hallazgo en la investigación se busca imputar a cuatro de los señalados de homicidio. El dictamen científico se convierte en una de las pruebas más importantes que tiene el ente acusador. El quinto señalado del crimen respondería por este homicidio como presunto cómplice.¿Qué se sabe del crimen de María Camila Potosí?La Fiscalía reveló nuevos detalles del caso, indicando que los señalados del crimen de María Camila Potosí habrían fraguado un plan para engañar a la víctima, privarla de la libertad y posteriormente asesinarla con el fin de extraerle a su bebé. Estas cinco personas deberán responder por los delitos de feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento de material probatorio.De manera preliminar se conoce que los imputados no aceptaron cargos y la investigación continúa. Claudio Monsalve, fiscal de la Seccional Cali, fue quien imputó los cargos a los cinco procesados y durante la diligencia calificó el hecho como inhumano y reconstruyó paso a paso cómo, según la investigación, la víctima habría sido sometida durante cerca de seis horas para ser asesinada.Los imputados por el crimen fueron identificados como Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Para la Fiscalía, Angulo fue la determinadora del plan criminal. “Cosificando su cuerpo a su hija nacida viva, Alaya, con quien, como se verá más adelante, Yulieth pretendía hacer pasar como su hija, a fin de poder continuar con su relación sentimental”, aseguró el fiscal durante la audiencia.Según la Fiscalía, María Camila Potosí fue engañada para llegar a una vivienda. Allí, los presuntos responsables le habrían revelado el plan para arrebatarle a su bebé. Al negarse, según el ente acusador, comenzó el ataque en su contra “a través de una cascada de violencia: retenerla, dominarla y someterla para proceder a privarla de sus medios de comunicación, de su capacidad de locomoción, ahogando su voz muy seguramente con múltiples promesas de males inminentes”.“Es importante destacar que si estos ciudadanos llegan a ser vencidos en juicio y de enfrentarse a una sentencia condenatoria tendrán que asumir una pena privativa de la libertad de 500 a 600 meses de prisión, aumentadas hasta otro tanto debido al concurso de delitos que fue imputado por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se debe señalar que este tipo de delitos no tiene ningún tipo de concesión, subrogado o beneficio judicial”, explicó el abogado penalista Jimmy Erazo.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Alexander Díaz, alias Calarcá, líder de una de las facciones de las disidencias de las Farc que, según el ente acusador, cometió varios delitos durante el tiempo que supuestamente era gestor de paz. Al no presentarse en la audiencia, la juez decidió continuar con el proceso declarando al delincuente persona ausente.La entidad indicó que el informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol, Los archivos secretos de alias Calarcá, fue determinante y base de la imputación contra el delincuente, que había sido detenido por un retén del Ejército en julio de 2024. Sin embargo, fue liberado por orden de la Fiscalía bajo el argumento de que él y las personas que lo acompañaban -su compañera 'Erika', y los jefes de frentes alias 'Ramiro' y 'Urías Perdomo'- eran gestores de paz. (Lea también: "Hechos muy graves": fiscal Camargo habla sobre los hallazgos en los archivos secretos de 'Calarcá')Los hechos por los que es imputado ‘Calarcá’Raúl González Flechas, delegado contra la criminalidad de la Fiscalía, detalló que “se imputan hechos desde el año 2022 al 2026, incluyendo el homicidio de seis firmantes de paz, dos homicidios agravados en persona protegida, desplazamiento forzado de familias en el departamento del Meta, tráfico porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y como hechos relevantes las tres masacres ocurridas en el departamento del Guaviare, de las cuales también se han obtenido órdenes de captura. Hago referencia a la masacre en Miravalle el 18 de enero de 2025, donde hubo 20 muertos, entre los cuales había 7 menores de edad; la masacre de los militares en la vereda Guanapalo, el 27 de abril del año 2025, donde hubo 7 militares muertos y 3 heridos; y la más reciente en la vereda Kuwait, el 16 de enero de 2026, con 25 muertos, entre ellos 4 menores de edad”.“El compendio de elementos materiales probatorios viene dado, no solo de la extracción de información de los equipos incautados en la caravana en la que se desplazaban en el departamento de Antioquia, sino de actos investigativos que consolidan también acciones posteriores por parte de este grupo irregular en cabeza de alias Calarcá. En ese sentido, en este momento se están adelantando esas imputaciones. La juez de control de garantías ante quien se está haciendo dicha diligencia ha fijado tres días para esta para esta actuación, esperamos culminarlas hoy mismo”, agregó.El funcionario declaró que “los elementos incautados en aquella ocasión en el departamento de Antioquia son muy importantes y nos determinan hechos delictivos previos a ser miembro negociador, pero también encontramos eventos que lo vinculan a actos delictivos estando sentado en la mesa de diálogos. Los más recientes que son estas confrontaciones en el departamento del Guaviare indican la continuidad de esos actos delictivos y el más reciente es esa masacre en la vereda Kuwait, en el departamento del Guaviare, donde hubo más de 20 muertos”. (Lea también: Revelan nuevos chats que demostrarían cómo alias Calarcá sigue delinquiendo)González se refirió a hechos particulares, como el reclutamiento de jóvenes menores de edad a estas a estas organizaciones, incluido el de unos menores rescatados que informan sobre ese reclutamiento; hechos de desplazamiento forzado y un evento de desaparición forzada, imágenes y chats que se encontraron en esos equipos dan cuenta de la retención de una persona que hasta hoy se reporta desaparecida y con algunas imágenes de actos de tortura en contra de esta persona”.Por lo anterior, alias Calarcá fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido en uno de los hechos; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad. Pese a estos hechos, la orden de captura contra 'Calarcá' sigue suspendida.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
A la cárcel fueron enviados los cinco capturados por el caso de asesinato de María Camila Potosí en Cali, Valle del Cauca, luego de que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario.Lea: Estos son los rostros de los señalados en el crimen de María Camila Potosí en CaliPor ahora son cinco los procesados por el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de gestación. Según la Fiscalía General de la Nación, los señalados habrían fraguado un plan para engañar a la víctima, privarla de la libertad y posteriormente asesinarla con el fin de extraerle a su bebé.Estas cinco personas deberán responder por los delitos de feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento de material probatorio. Los capturados permanecerán en la cárcel mientras avanza la investigación.“Es importante destacar que si estos ciudadanos llegan a ser vencidos en juicio y de enfrentarse a una sentencia condenatoria tendrán que asumir una pena privativa de la libertad de 500 a 600 meses de prisión, aumentadas hasta otro tanto debido al concurso de delitos que fue imputado por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se debe señalar que este tipo de delitos no tiene ningún tipo de concesión, subrogado o beneficio judicial”, explicó el abogado penalista Jimmy Erazo.De manera preliminar se conoce que los imputados no aceptaron cargos y la investigación continúa. Claudio Monsalve, fiscal de la Seccional Cali, fue quien imputó los cargos a los cinco procesados. Durante la diligencia, el representante del ente acusador calificó el hecho como inhumano y reconstruyó paso a paso cómo, según la investigación, la víctima habría sido sometida durante cerca de seis horas para ser asesinada.Los implicados fueron identificados como Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Para la Fiscalía, Angulo fue la determinadora del plan criminal.“Cosificando su cuerpo a su hija nacida viva, Alaya, con quien, como se verá más adelante, Yulieth pretendía hacer pasar como su hija, a fin de poder continuar con su relación sentimental”, aseguró el fiscal durante la audiencia.Según la Fiscalía, Camila Potosí fue engañada para llegar a una vivienda. Allí, los presuntos responsables le habrían revelado el plan para arrebatarle a su bebé. Al negarse, según el ente acusador, comenzó el ataque en su contra “a través de una cascada de violencia: retenerla, dominarla y someterla para proceder a privarla de sus medios de comunicación, de su capacidad de locomoción, ahogando su voz muy seguramente con múltiples promesas de males inminentes”.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL*Con reportería de Tatiana Sanabria
El atroz crimen de María Camila Potosí, una joven con ocho meses de gestación en Cali, ha conmocionado a Colombia y ha puesto en marcha un proceso judicial de alta complejidad. Tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los cinco implicados en el caso: Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.Estas personas son procesadas por su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 16 de julio en el sector de Alto de Polvorines, donde la víctima fue engañada y atacada con un arma cortopunzante para extraerle a su bebé.En cuanto a las consecuencias penales, los señalados podrían enfrentarse a una condena que, según expertos jurídicos consultados por medios de comunicación, alcanzaría aproximadamente los 60 años de prisión. La Fiscalía les imputó formalmente los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple y desaparición forzada (todos en modalidad agravada), además de alteración de elemento material probatorio. Los procesados no aceptaron los cargos imputados durante las audiencias.Desde el punto de vista técnico-legal, si los ciudadanos son vencidos en juicio, se enfrentarían a una pena privativa de la libertad que oscila entre los 500 y 600 meses de prisión. El abogado penalista Jimmy Erazo dijo que si los señalados llegan a ser vencidos en juicio, la pena privativa de la libertad no tendrá ningún tipo de concesiones o beneficios judiciales. El abogado explicó que la situación jurídica de los procesados podría agravarse si las investigaciones de la Fiscalía confirman que el bebé nació con vida al momento de la agresión. De determinarse este hecho, se añadirían nuevos cargos por homicidio agravado.Hipótesis del crimen de María Camila PotosíLa principal hipótesis manejada por las autoridades sugiere que el crimen fue orquestado por una mujer Yulieth Angulo, quien presuntamente pretendía engañar a su pareja sentimental fingiendo que se encontraba en estado de embarazo. Para lograr su objetivo, la mujer frecuentó los mismos centros de salud donde la víctima asistía a sus controles prenatales, logrando así ganarse su confianza.Bajo este engaño, el pasado 16 de julio, Yulieth habría acompañado y transportado a María Camila, quien tenía ocho meses de gestación, hacia el lugar donde se perpetraría el ataque. Para la ejecución de este plan, se sospecha que la mujer se alió con una estructura criminal conocida como "Los Santa", la cual delinque en la comuna 18 de Cali. La víctima fue trasladada a un inmueble en el sector de Alto de Polvorines, donde fue torturada y atacada con un arma cortopunzante para realizarle una extracción forzada del bebé. Tras el asesinato, los implicados habrían intentado limpiar la escena del crimen y abandonar los cuerpos en zonas aledañas. De hecho, los cuerpos fueron hallados cerca del río Meléndez.NOTICIAS CARACOL
A la cárcel fue enviado un hombre identificado como Urbano Santillana Vaquero, a quien señalan de haber intentado acabar con la vida de su compañera sentimental, con quien convivió durante 35 años, en La Tebaida, población de Quindío, en la madrugada del pasado 22 de julio, en el barrio El Bosque.El sujeto fue capturado en flagrancia y un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa, cargo que no aceptó. Pese a esto, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. (Lea también: A prisión, hombre señalado de maltratar y amenazar a expareja por una foto en redes sociales)Así pretendía acabar con la vida de su parejaSegún lo informado por la Fiscalía General de la Nación, el imputado debía aplicarle a su compañera, como era costumbre, una inyección de insulina; sin embargo, para el día de los hechos presuntamente la mezcló el medicamento con veneno para roedores.El ente acusador agregó que cuando el acusado notó que la víctima no presentaba síntomas por la sustancia aplicada, decidió intentar “ahogarla cubriendo su cabeza con una bolsa plástica y ejerciendo presión sobre su cuello”. Su plan se vio frustrado cuando un nieto que estaba en el inmueble escuchó los quejidos de la víctima y de inmediato alertó a las autoridades sobre el caso. La mujer recibió atención médica oportuna.Por un hecho similar, en el que un hombre intentó quitarle la vida a su pareja frente a sus dos hijas de 9 y 11 años, en Girón Santander, el victimario aceptó su responsabilidad en los hechos perpetrados en septiembre 2025, por lo que fue condenado a 18 años de cárcel.De acuerdo con cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, 184 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidios o tentativa de feminicidio en Colombia. (Lea también: A plena luz del día, hombre atacó con arma cortopunzante a una mujer frente a una amiga)POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
América de Cali consiguió una importante victoria 1-0 frente a Atlético Nacional, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2026, resultado que le permitió mantener su buen comienzo de campeonato. El conjunto vallecaucano volvió a mostrar solidez y sumó tres puntos ante uno de los rivales llamados a pelear por los primeros lugares.Luego del compromiso, David González, entrenador del América, destacó el rendimiento de su equipo y valoró el proceso que viene desarrollando desde el inicio de la temporada. El técnico resaltó, además, la clasificación en la Copa Colombia como otro de los aspectos positivos del arranque.“Es un muy buen comienzo, sumándole la llave de la Copa Colombia que pudimos superar. Lo he venido diciendo en algunas ruedas de prensa: este es un equipo que tiene hambre, ganas, que somos fuertes”, manifestó González. El entrenador también destacó la jerarquía mostrada por sus dirigidos: “Mostramos esa jerarquía que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo”.Sin embargo, el estratega evitó caer en triunfalismos y recordó que todavía queda mucho campeonato por delante. “Estamos en momentos tempranos de la temporada. Hay que reconocer que estamos haciendo un muy buen trabajo y hay que seguir por ese camino”, señaló.González también se refirió a la importancia de mantener la regularidad después de conseguir una victoria ante un rival de peso. “En el fútbol y en nuestra cultura, siempre hay que corroborar una victoria haciendo lo mismo en el partido siguiente. Nos metimos esa presión para ganar estos partidos contra rivales difíciles”, explicó.El próximo desafío para América será Fortaleza, por lo que el técnico pidió pasar rápidamente la página y concentrarse en ese compromiso. Además, reconoció que existen aspectos por ajustar y habló de la posibilidad de recuperar jugadores que se encuentran lesionados. Entre ellos mencionó a Yhorman Hurtado, de quien espera tener novedades positivas próximamente.Finalmente, González explicó la lectura que hizo del partido ante Nacional y destacó que el gol llegó aprovechando una de las situaciones que habían identificado previamente. “Sabíamos que ellos estaban jugando con una línea alta y que le podíamos atacar esa profundidad”, afirmó. Sobre la anotación, agregó que el espacio apareció porque Nacional adelantó sus líneas y América consiguió aprovecharlo para quedarse con la victoria.
La fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026 cerró el telón de este domingo con un partidazo entre América de Cali y Atlético Nacional, en el estadio Pascual Guerrero. La victoria fue 1-0 para los 'escarlatas'. Este lunes seguirá la jornada con tres partidos más.El único tanto del encuentro clásico en la capital vallecaucana fue obra de Yeison Guzmán a los 46 minutos. El '10' definió de gran manera en un mano a mano que tuvo con Franco Armani. Con este resultado, la 'mechita' marcha con campaña perfecta, tras sumar 12 puntos en cuatro partidos. El duelo en el Pascual estuvo intenso, con los protagonistas entregado al cien por ciento, por momentos los ánimos subieron al máximo, al final se le anuló un tanto a los verdes de Antioquia y al final, los aficionados escarlatas se fueron felices a sus casas tras 90 minutos de fútbol, entre dos equipo grandes e importantes del balompié de nuestro país.En el estadio Armando Maestre Pavajeau, Atlético Bucaramanga se impuso 3-2 sobre Alianza Valledupar en un partido de cinco goles. El conjunto santandereano golpeó primero a los cinco minutos, cuando Félix Charrupí apareció para poner el 1-0.Alianza Valledupar reaccionó y encontró la igualdad al minuto 28 gracias a Carlos Rivas. Sin embargo, Bucaramanga volvió a tomar ventaja antes del descanso. Al 34’, Luciano Pons aprovechó la oportunidad y marcó el 2-1 para los visitantes. En la segunda parte, el conjunto vallenato insistió en busca del empate y encontró su recompensa a los 81 minutos, con Misael Martínez como autor del 2-2. Cuando el encuentro parecía encaminado a terminar en igualdad, Emerson Batalla apareció en el minuto 90 con un potente remate de zurda para establecer el 3-2 definitivo y darle los tres puntos al equipo dirigido por los santandereanos.Más tarde, en Montería, Jaguares y Once Caldas igualaron 1-1. El compromiso tuvo dos anotaciones de gran factura: Andrés Felipe Roa adelantó al conjunto local, mientras que Darwin López marcó para la visita.Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026Sábado 8 de agostoIndependiente Santa Fe 2-0 Boyacá ChicóFortaleza 2-0 CúcutaDeportes Tolima 2-1 Internacional de BogotáDeportivo Pasto 0-2 Deportivo CaliDomingo 9 de agostoAlianza Valledupar 2-3 Atlético BucaramangaJaguares 1-1 Once CaldasAmérica de Cali 1-0 Atlético NacionalLunes 10 de agosto10/08/26 — 16:00 — Águilas Doradas vs. Llaneros10/08/26 — 18:00 — Independiente Medellín vs. Millonarios10/08/26 — 20:05 — Junior Barranquilla vs. Deportivo PereiraTabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026Pos.EquipoPWDLDIFGLSPTS1América4400+1111:0122Ind. Medellín3300+37:493Tolima4301+28:694Bucaramanga4220+26:485Llaneros3210+35:276Dep. Cali3201+34:167Águilas Doradas2200+24:268Millonarios3201+23:169Once Caldas4121+38:5510Fortaleza412104:4511Santa Fe3111+15:4412Atl. Nacional2101+23:1313Inter de Bogotá3102-22:4314Deportivo Pereira2011-10:1115Alianza Valledupar3012-24:6116Cúcuta3012-62:8117Jaguares4013-61:7118Junior Barranquilla2002-21:3019Dep. Pasto4004-63:9020Boyacá Chicó2002-90:90
El bebé Noha Iván Rojas, de tan solo 20 meses de vida, llegó cargado por su madre y su abuela al centro de salud de Anolaima (Cundinamarca) en un alarmante estado de salud y evidentes marcas de violencia el pasado jueves 6 de agosto. Con su vida peligrando por lo delicado que estaba, el personal médico evidenció que el pequeño habría sido víctima de presunto abuso sexual y violencia física, según las lesiones que tenía su cuerpo. El principal sospechoso de estos delitos fue capturado por las autoridades en las últimas horas.El caso fue confirmado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. De acuerdo con la versión oficial, Noha Iván Rojas Colorado tuvo que ser remitido al Hospital San Rafael de Facatativá por la gravedad de su condición. El equipo interdisciplinario que lo atendió evidenció trauma craneoencefálico severo y traumatismos contundentes en todo su cuerpo. Los signos apuntaban a una alta probabilidad de que Noha habría sido víctima de un presunto caso de abuso sexual y violencia física.Luego fue enviado al Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI) de Bogotá. A pesar de los intentos para salvarle la vida por parte de todos los equipos que lo tuvieron a su cargo, Noha murió en la madrugada del sábado. El general (r) Luis Navarro, secretario de Seguridad de Cundinamarca, señaló que una vez se conoció el caso, la Policía del departamento inició las actuaciones correspondientes. En el vecindario se adelantaron entrevistas a familiares y se verificaron las cámaras de seguridad, mientras que se dio apertura a la noticia criminal.Por este hecho fue capturado Juan Moreno Pinzón, quien es padrastro de Noha y ahora es señalado como el presunto agresor. La captura se dio por el delito de homicidio agravado, en relación con los hechos ocurridos el pasado jueves. El ciudadano fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser judicializado. Conforme avance el proceso del capturado, avanzará la investigación del ente judicial para conocer si solo se le imputará este delito o si se agregarán más cargos en las próximas audiencias.“He dado instrucciones para que acompañemos este caso hasta las últimas consecuencias, brindando todo el apoyo necesario a las autoridades para esclarecer los hechos y que este monstruoso crimen contra niños no quede en la impunidad. No habrá contemplaciones. Cuidar a los niños, niñas y adolescentes es una tarea de todos: del hogar, de los colegios y de las instituciones”, declaró Rey.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
En el estadio Pascual Guerrero, América de Cali y Atlético Nacional se enfrentaron en nuevo clásico del fútbol profesional colombiano, en el cual los ánimos se calentaron, dejando un fuerte cruce entre jugadores a la vista.El primer tiempo culminó 0-0 y el juez central dio el pitazo final. Cuando ambos equipos se dirigían al camerino, Alfredo Morelos y Rafael Carrascal se dijeron de todo y hubo bronca de inmediato. Por fortuna, el suceso no pasó a mayores y los futbolistas de ambas escuadras ingresaron con mayor calma.
Una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, titulada ‘Los reclutas colombianos de Putin’, reveló cómo operan las redes de reclutamiento que han llevado a cientos de ciudadanos a integrarse a las fuerzas armadas rusas en medio de la guerra que libran contra Ucrania.El informe periodístico, sustentado en testimonios, videos y documentos, reconstruye cómo estos hombres terminan combatiendo en la guerra con Ucrania. Tras la publicación, la Embajada de Rusia en Colombia calificó el informe como un "guion antirruso" y negó tener vínculos con estas redes o haber montado centros de reclutamiento en territorio colombiano.No obstante, la investigación aclaró que no señaló directamente a la misión diplomática de operar dichos centros, sino que demostró la existencia de intermediarios que facilitan la firma de contratos directamente con el Ministerio de Defensa de Rusia. De hecho, previo a la publicación del informe, se consultó a la Embajada, que -en su momento- dijo que no contaba con la información necesaria para contestar a las preguntas sobre el reclutamiento de colombianos.Frente a los señalamientos de la Embajada de que la redacción no salió de su estudio, el equipo periodístico detalló un trabajo de campo de varios meses que incluyó más de 20 entrevistas en diez ciudades de Colombia y contacto con fuentes directas en unidades militares, hospitales rusos y en el frente de batalla.Redes de reclutamiento y rutas de viaje"Esto es una mierda total. Muertos y muertos por lado y lado", narró el colombiano Jamiltón León combatiendo en Rusia en uno de los videos obtenidos por Noticias Caracol para este reportaje.El informe sostiene que los reclutas son enviados a la primera línea de combate sin entrenamiento suficiente, funcionando como "carne de cañón". Las familias, sintiéndose ignoradas por la sede diplomática en Bogotá, convocaron a un plantón bajo la consigna de que los colombianos no son "peones de ajedrez". Finalmente, se destaca la contradicción en el discurso ruso: mientras la Embajada critica a quienes arriesgan su vida por promesas económicas, es la propia Federación Rusa la que paga a estos ciudadanos por combatir en sus filas."Ni una víctima más del cinismo del embajador ruso en Colombia. Ha decidido ignorar nuestro esfuerzo para abrir un canal de diálogo para el reclutamiento masivo de su guerra. Nosotros los colombianos no somos peones de ajedrez”, indican las familias colombianas.El impacto social es profundo. En el departamento del Tolima, la gobernadora Adriana Matiz reportó que se tiene conocimiento de 89 casos de familias cuyos hijos partieron a Rusia y de quienes se desconoce su paradero. La mandataria señaló que la ruta establecida a través de la Cancillería para obtener información ha sido infructuosa, dejando a las familias sin respuestas concretas sobre sus seres queridos.En la Fiscalía ya reposan casi un centenar de denuncias por desapariciones en el frente o dentro de instalaciones militares. Uno de los casos más críticos es el de Jamilton León, quien antes de desaparecer envió mensajes desesperados denunciando que los propios rusos lo asesinarían tras intentar desertar debido a los horrores del combate.UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL