La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Marelbys Meza pasó de niñera de Laura Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, a ser testigo protegido. Cuenta cómo llegó a la casa de la Entonces jefe de gabinete, por recomendación de Armando Benedetti y su esposa y del escándalo en el que terminó por la supuesta pérdida de una alta suma de dinero.
Deisy Guanaro nació hace 39 años en una vereda campesina del departamento de Casanare y, lamentablemente, su infancia quedó marcada por el conflicto armado en Colombia. Un año antes de su secuestro, grupos armados se llevaron a sus dos hermanos, quienes en ese momento tenían 13 y 14 años, y posteriormente supo que fueron asesinados. "A mí no me gusta esa palabra reclutamiento, me gusta es como es: secuestro", subrayó en entrevista con Los Informantes.Deisy Guanaro recuerda, como si hubiera sido ayer, la noche en la que fue secuestrada cuando apenas tenía 10 años: alrededor de las 9:00 p.m., una camioneta blanca de platón llegó a su vivienda y, pese a las desesperadas súplicas de su madre, los guerrilleros la subieron al vehículo a la fuerza. Las palabras de su mamá, así como la imagen de ella de rodillas en la carretera en medio de la oscuridad, se le quedaron para siempre: "No, esto es increíble. Ella no es una mujer adulta, ella es una niña, tiene 10 años, va a cumplir 11. Por Dios santísimo, no se lleven mi hija. Vióleme a mí, por favor. Vióleme a mí, yo entrego mi cuerpo, pero no se lleve mi bebé", les decía a los sujetos, que hicieron caso omiso y se la llevaron.Los horrores que vivióTras ser trasladada en un recorrido que duró varios días junto a un grupo de aproximadamente 40 niños y niñas reclutados en diversas veredas, fue llevada al campamento general del Frente 28 de las Farc. Allí le asignaron el alias de ‘Yira’ y hasta le prohibieron llorar.Antes de cumplir los 11 años y sin haberse desarrollado físicamente, fue sometida a un procedimiento médico forzado para la colocación de un anticonceptivo intrauterino conocido como la T de cobre. La agresión fue ejecutada en la montaña por dos hombres y una mujer: “Yo perdí el conocimiento, yo sentía que no podía respirar porque el dolor era en la cadera. Ella me dice: 'Colóquese los pantalones, no va a llorar y se va para su caleta'. Me desgarraron, yo siempre digo que me desgarraron no solo el útero, sino me desgarraron el alma".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAApenas ocho días después del procedimiento, padeciendo una severa hemorragia, fue víctima de abuso sexual por parte de un combatiente de aproximadamente 50 años. Ese día, el agresor la abordó indicándole "a partir de esta noche usted va a ser mi socia" y hacia las 7:00 p.m. la llevó a su cambuche y la violentó. Además, el sujeto le tatuó su nombre en la piel para marcar la agresión: “todos los días veía ese nombre y me recordaba el daño que me habían hecho”.De los abusos al ICBF Cuenta, además, que Griselda Lobo, más conocida con el alias de Sandra Ramírez y quien luego de la firma de la paz se convirtió en senadora de la República, preparaba a las niñas para que guerrilleros cometieran todo tipo de vejámenes. Un día, “en brasier y calzones, nos dice esa señora ‘empiecen a desfilar por el lado’ donde estaban todos los borrachos drogados de los comandantes de los bloques y del secretariado en ese entonces de las Farc y, desafortunadamente, ese día me escoge a mí Pablo Catatumbo, el que ahora lo vemos como honorable congresista”, reveló agregando que no fue una sola vez, sino que este tipo de violaciones “asquerosas y humillantes” ocurrieron en varias ocasiones. Por ello, años después denunció ante la JEP a la congresista.Deisy Guanaro estuvo en las garras de las Farc desde el año 1996 hasta el 2001 y en un enfrentamiento en el que la mandaron, junto a otros niños que lamentablemente murieron, como ‘carne de cañón’ finalmente fue rescatada por el Ejército y, posteriormente, enviada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde le ayudaron a sanar sus heridas físicas y emocionales.Hoy, tiene tres hijos, logró reencontrase con su madre y su padre muchos años después, pero no pudo quedarse en el pueblo en el que ellos viven porque, de nuevo, la amenazaron para salir de allí. Armada de valor para enfrentarse a su pasado, su historia es la voz de mujeres que se ven reflejada en ella. 24 años después, regresó al ICBF, el lugar que fue su casa cuando logró salir de la selva, y ahora es asesora de la dirección general: “yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”.“Aquí el que debe sentir vergüenza es el abusador, porque ese es el secreto de los victimarios, la vergüenza de sus víctimas. Cuando uno siente vergüenza, no denuncia”, puntualizó.
El departamento de Sucre se sumió en el dolor y la indignación tras confirmarse el trágico destino de Armando Luis Rivero Manjarrés, un reconocido rector de colegio, gestor cultural, periodista y locutor de radio de 44 años. La desaparición del líder social, reportada el 12 de julio de 2024, activó una intensa búsqueda que develó un escalofriante entramado familiar. Séptimo Día conoció detalles de la investigación y habló con algunos de los señalados.James Chamorro Manjarrés, hermano del profesor, describió el profundo vacío que dejó su pérdida: "Fue prácticamente mi padre de crianza, a pesar de que él no tuvo hijo biológico. Él crio a mis hermanos, a otro primo y a mí". Asimismo, su sobrina Miriam Toscano Rivera resaltó sus valores: "Él es una persona demasiado educada, fue una persona muy recta en sus cosas y siempre quería que fuéramos así rectos y que estudiáramos".La última imagen con vida de Rivero se registró en Sincelejo, cuando salía en su camioneta gris acompañado de su hijastro, Yofran Orozco Perea, de 26 años.Al día siguiente de su desaparición, el 13 de julio la camioneta apareció incinerada en zona rural de Tuchín, Córdoba, un hallazgo que descompensó a Juana Perea, su pareja y mamá de Yofran Orozco: "Una experiencia muy horrible porque, o sea, yo nunca llegué a pensar que lo iba a encontrar así o que yo lo iba a ver así nunca mi vida".El rastreo telefónico que rompió la coartadaEl 17 de julio de 2024, cinco días después de su desaparición, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor bajo un puente en el corregimiento de San Luis, Sampués. La necropsia confirmó que el docente murió tras recibir varios impactos de bala en el costado izquierdo.Entonces, la clave para resolver el crimen estuvo en el rastreo técnico de las empresas de telefonía celular. Los investigadores de la Sijín descubrieron que, a pesar de asegurar que se encontraba en su casa, el teléfono celular de Yofran Orozco arrojó actividad en el punto exacto y a la hora en que se abandonó el cadáver. Adicionalmente, el rastreo probó que el joven ya coordinaba llamadas para planificar la repartición de los bienes de su padrastro antes de confirmarse su hallazgo.Tanto el joven como su madre fueron capturados el 1 de octubre de 2024.La cruda confesión tras las rejasAunque inicialmente no aceptó los cargos ante los juzgados, Yofran Orozco terminó por confesar su autoría en una audiencia judicial: "Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle perdón público a mi madre, a Dios; que todas las personas que participaron para su ejecución, incluyéndome, pagaremos el precio de nuestro error".Recientemente, desde la cárcel de Sincelejo, Orozco rompió el silencio ante las cámaras de Séptimo Día y detalló las motivaciones de su crimen, atribuyéndolo a supuestos abusos pasados y celos: "Es un cúmulo que se puede dar de celos, no de celos de amor, sino un cúmulo de celos, de traición, de esa situación que fue lo que ocasionó la maximización de querer matarlo".El proceso continúa en etapa de juicio y mientras él está recluido en una cárcel, su mamá quedó en libertad por vencimiento de términos, al igual que otros tres posibles implicados. Entre tanto, la familia de la víctima clama para que el caso no quede impune.
Este 14 de septiembre inició la audiencia de imputación contra Laura Sarabia, ex alta funcionaria del gobierno Petro, por el caso de Marelbys Meza, quien fue sometida a pruebas de polígrafo después de que se perdiera un maletín con dinero en efectivo que llegó a casa de la hoy procesada. La diligencia se da tres años después de que ocurrieran los hechos, que fueron investigados por la Fiscalía General y hoy se enmarcarían en una extralimitación de las funciones de Sarabia como servidora pública.El caso ocurrió a inicios de 2023, cuando se denunció la sustracción de un maletín con una cuantiosa suma de dinero en efectivo desde la residencia privada de Laura Sarabia Torres, quien en ese momento se desempeñaba como Jefa de Despacho Presidencial y mano derecha del presidente Gustavo Petro. Tras reportarse la pérdida del maletín, la sospecha recayó inmediatamente sobre el personal doméstico, especialmente en Marelbys Meza, quien fue sometida a un examen de polígrafo sin que existiera una orden judicial previa ni una investigación formal, lo que saltó todo conducto regular dentro de la normativa. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Laura Sarabia los cargos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, tras exponer una línea de tiempo reconstruida con la investigación adelantada por el ente con varios elementos.La reconstrucción del caso Meza-Sarabia, según FiscalíaEl polémico caso tiene sus orígenes a finales de enero de 2023. La Fiscalía, en su recuento, indicó que el día 27 de enero, Sarabia se dirigió al aeropuerto de Catam en Bogotá para tomar un avión con destino a Cali para cumplir sus funciones como jefe de Despacho. Con ella, llevaba un maletín con artículos personales, entre ellos, una bolsa que contenía el dinero y unos documentos. El equipaje fue entregado por la funcionaria a la jefa de seguridad con la instrucción de que este fuera llevado hasta su apartamento y le fuera entregado a su esposo, Andrés Parra. Sin embargo, Parra no estaba en el inmueble, por lo que el maletín fue entregado a la señora Meza.Dos días después, Sarabia llamó desde Villa de Leyva a su pareja para pedirle que buscara dentro del maletín la bolsa con el dinero y los documentos. Parra no encontró dicha bolsa. Al tener conocimiento de esto, señala el ente investigador, Sarabia contactó al coronel Alberto Feria Buitrago, quien estaba jefe de la protección presidencial, y le contó sobre la pérdida del dinero. El funcionario dio la orden a sus subalternos para que adelantaran una investigación, cuyos actos urgentes fueron iniciados de inmediato por la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, patrulla Orión 4. En la tarde del 29 de enero, Laura Sarabia habría llamado nuevamente al coronel Feria y le ordenó que le practicara la polémica prueba de polígrafo a Marelbys Meza. Sarabia habría sido quien le comunicó directamente a Meza, quien fue citada por Parra a la vivienda en su día de descanso, que debía someterse al examen.Por un lado, el esposo de Laura Sarabia se habría reunido en privado con Marelbys Meza este mismo día para informarle sobre la pérdida de la cuantiosa suma de dinero y presuntamente le instó a que la devolviera, con la promesa de que no le pasaría nada. Meza negó haberse apropiado del dinero. En esa misma jornada, la Policía Judicial también estaba en el apartamento y le tomó sus huellas digitales.Cuando Sarabia llegó al apartamento, abordó nuevamente a Marelbys Meza y le interrogó sobre el dinero. La trabajadora le reiteró su inocencia y manifestó que era incapaz de robarle, el temor que sentía y su conocimiento sobre el puesto que Sarabia tenía en el gobierno de turno, que podía mandarla a la cárcel. “Usted utilizó como medios coactivos, para ese contenimiento, la simetría de poder que tenía por ser usted su empleadora directa, lo que entraña una dependencia económica que ubicaba a la empleada en una posición de vulnerabilidad”. La fiscal mencionó en su lectura la posición de Meza, quien tenía como única fuente de ingreso su trabajo en la casa de Sarabia y Parra. “Ella tenía miedo de perderlo si no aceptaba su exigencia”, dijo. Pero también se refirió a los medios de poder de los que se habría valido la ex alta funcionaria, “que se manifestaron ese 29 de enero de 2023 con el incremento de su esquema de seguridad, el despliegue de policiales en su residencia y los actos de investigación a los que fue sometida la empleada”. Según la Fiscalía, estos medios fueron coactivos que pudieron doblegar la voluntad de Meza a someterse a la prueba.“En calidad de jefa del despacho presidencial, al emitir esta orden al coronel Feria, su competencia funcional, arrogándose una atribución que legalmente le correspondía a otro funcionario, con el propósito exclusivo de resolver un asunto personal. La función de ordenar y realizar las pruebas de poligrafía, conforme el artículo 16 del Decreto 2647 del 2022, estaba atribuida a la jefatura para la protección presidencial, que para enero del 2023 estaba al mando del coronel Carlos Alberto Feria Buitrago”, indicó la fiscal del caso.La Fiscalía precisó que las pruebas de poligrafía, o confiabilidad, han sido utilizadas como una herramienta técnica y orientadora para la toma de decisiones institucionales relacionadas con la credibilidad y confiabilidad del personal que rodea al presidente de la República. En el caso de Meza, era una empleada popular, por lo que tenía “un propósito completamente distinto al institucional”. “Usted, doctora Sarabia, abusó de su cargo porque realizó una función diversa a la que realmente a que legalmente le correspondía”, recalcó la fiscal. “El uso se apartó totalmente de los fines a los que estaban destinados”. La prueba de Marelbys Meza se efectuó en un edificio del Dapre en el centro de Bogotá y duró casi cuatro horas, de acuerdo con el archivo. El interrogatorio se centró en indagar exclusivamente sobre el dinero perdido.A pesar del escándalo, Laura Sarabia permaneció en el Gobierno nacional en roles importantes como la dirección de Prosperidad Social, del Dapre, la Cancillería y la representación de Colombia en Reino Unido como embajadora. Dos años después, Laura Sarabia, en compañía de sus abogados defensores, repararon integralmente a Marelbys Meza por los daños sufridos, según quedó registrado en un documento con fecha del 21 de agosto de 2025 en una notaría de Bogotá.Le puede interesar:María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Más de 200 familias de Bello y otros municipios del norte del Valle de Aburrá entregaron dinero con la expectativa de acceder a una vivienda de interés social que finalmente nunca pudo construirse. La Fiscalía estableció cómo Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio promocionaron el supuesto proyecto y lograron captar más de 500 millones de pesos.(Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)La iniciativa se presentó como un proyecto de vivienda de interés social que sería desarrollado en el barrio Pachelly, en Bello, Antioquia. Según la investigación, la propuesta contemplaba la construcción de 804 unidades habitacionales, una oferta que despertó el interés de numerosas personas que buscaban adquirir vivienda.Uno de los argumentos utilizados para convencer a los compradores era que el proyecto contaba con el respaldo de un programa del Gobierno nacional. Además, a las personas interesadas les aseguraban que podrían recibir un subsidio superior a 13 millones de pesos para facilitar el acceso a los inmuebles.¿Cómo captaban el dinero?De acuerdo con las pruebas recopiladas durante la investigación, Parra Rivera y Montoya Osorio recurrieron a una empresa constructora legalmente constituida para captar de manera reiterada los recursos de quienes pretendían comprar una de las viviendas.La pareja también utilizó los nombres de otros proyectos urbanísticos de esa compañía y los presentó como respaldo de la iniciativa que estaban promocionando. De esta manera, los compradores tenían referencias de proyectos reales mientras avanzaban en el proceso para adquirir los inmuebles.Las víctimas llegaron a suscribir contratos de compraventa y realizaron pagos y anticipos con la expectativa de que el proyecto habitacional pudiera ejecutarse. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía determinó que había un problema fundamental: el proyecto nunca había sido aprobado por las autoridades locales.Según el organismo, la iniciativa no contaba con aprobación de las curadurías ni de la oficina de Planeación Municipal y, además, no era viable para su ejecución.Más de $500 millones terminaron en cuentasA pesar de esta situación, los pagos continuaron. Los recursos entregados por las víctimas terminaron consignados tanto en cuentas de la empresa constructora como en cuentas personales de los hoy condenados.De acuerdo con la Fiscalía, mediante este mecanismo Parra Rivera y Montoya Osorio obtuvieron un provecho económico ilícito superior a 500 millones de pesos.Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2018 y afectaron a por lo menos 200 familias que esperaban acceder a una vivienda mediante el supuesto proyecto.Por estos hechos, un juez penal de conocimiento condenó a Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio a 9 años y 5 meses de prisión por el delito de estafa agravada en modalidad masa.La Fiscalía señaló que la decisión judicial es de primera instancia, por lo que frente a ella proceden los recursos establecidos por la ley.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra tres exmiembros representantes del Clan del Golfo, luego de que el Gobierno nacional diera por terminada la fase de conversaciones con esta organización. La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.(Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)De acuerdo con el comunicado divulgado este domingo 13 de septiembre, la fiscal general expidió la Resolución No. 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, mediante la cual se reactivaron las órdenes de captura que habían sido suspendidas en el marco de los procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociojurídicos.La medida está relacionada con la Resolución Presidencial 398 del 11 de septiembre de 2026, a través de la cual el Gobierno nacional dio por terminada la fase de conversaciones con el grupo armado ilegal conocido como Clan del Golfo.¿Contra quiénes se reactivaron las órdenes de captura?La Fiscalía señaló que las órdenes fueron reactivadas contra tres personas que habían sido beneficiarias de la suspensión de estas actuaciones durante los espacios de diálogo. Se trata de:Orolzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas.Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura.Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo.Según la entidad, la decisión ya fue comunicada a las autoridades de policía judicial para que sea implementada de acuerdo con sus respectivas funciones.La Fiscalía también hizo una precisión frente a otras personas incluidas en las solicitudes formuladas por la Presidencia de la República. En esos casos, explicó que no procede reactivar las órdenes de captura, debido a que estas nunca habían sido suspendidas.La decisión se conoce luego del cierre de la fase de conversaciones entre el Gobierno De la Espriella y el Clan del Golfo y marca un nuevo escenario frente a las medidas judiciales que habían sido suspendidas durante los acercamientos con integrantes de esta organización.Balance de seguridad de De la EspriellaEn paralelo, el presidente Abelardo de la Espriella divulgó un balance sobre las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública durante las últimas 24 horas. Según la información entregada, se registraron 19 capturas y un sometimiento a la justicia.El reporte señala que en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, el Ejército combatió a integrantes de la estructura 36. De acuerdo con ese balance, un integrante de ese grupo murió y otro fue capturado tras resultar herido en medio del combate.El informe también relaciona diferentes incautaciones de droga. En Sibaté fueron incautados 1.430 kilogramos de marihuana; en Pereira, 1.786 kilogramos; en La Pintada, 394 kilogramos; y en La Tebaida, 653 kilogramos de cocaína.En Zaragoza, Antioquia, las autoridades ubicaron un depósito ilegal atribuido al Clan del Golfo, donde fueron incautadas 1.881 municiones, 19 proveedores y dos ametralladoras.Asimismo, el balance reportó cuatro capturas en Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca, de presuntos integrantes del frente 57 “Yair Bermúdez”. Entre los detenidos estarían dos señalados cabecillas de zona.Según las cifras divulgadas en el mismo reporte, desde el 7 de agosto de 2026 la Fuerza Pública acumula 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de coca erradicadas.“No vamos a aflojar. A los narcoterroristas los vamos a perseguir sin descanso, golpeando sus estructuras, sus armas, sus finanzas y sus economías criminales”, señaló De la Espriella en el balance.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El joven periodista Mateo Pérez viajó en mayo de 2026 a Briceño, un municipio ubicado a 50 kilómetros de Yarumal, Antioquia, en el que se libra una disputa territorial entre el Clan del Golfo y diversas facciones de las disidencias de las Farc, en busca de una entrevista y allí fue interceptado por hombres armados que lo trasladaron hasta una escuela del sector y lo asesinaron.La investigación reveló que quienes lo interceptaron eran hombres del frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, quien fue capturado en el mes de junio en el Tolima. Este 12 de septiembre, la Fiscalía informó que le fueron imputados los cargos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, todas estas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADe acuerdo con la entidad, tras el secuestro de Mateo Pérez, alias Víctor Chalá habría llegado al lugar en el que lo tenían para intimidarlo solicitándole que explicara su presencia en la zona y las actividades que desarrollaba. En medio de la amenaza, le arrebató el celular para revisar las conversaciones recientes y encontró un chat con un integrante del Ejército Nacional, por lo que lo señaló de colaborar con la fuerza pública. “Proceder a decir que era un sapo y procede a decirle inmediatamente a alias Ñato, Dubán, Cristian y Aquiles que fueran a abrir un hueco", señaló el fiscal del caso durante la audiencia.El comunicado de la Fiscalía señala que “las evidencias indican que Chalá Torrejano presuntamente disparó contra Pérez Rueda para obligarlo a entregar información”. El señalado no aceptó cargos.Un final estremecedorEn el programa Los Informantes, el padre del joven reveló detalles de la muerte de su hijo, según la información recibida de la región: “Le pegaron cinco tiros en los pies para que no corriera. Y ahí donde empezaron a como a torturarlo, a pedirle que dijera algo que él no sabía. Le dieron un tiro por acá (en la cara), otro por acá (en el abdomen) y el mortal (en la frente), ese fue el que lo mató”, narró Carlos Pérez con entereza y clamando justicia.“Me imagino cómo sería el dolor que sentía y cómo pensaría, por ejemplo, en nosotros, sobre todo en mí, cuando le decía que no se fuera a ir por allá. Pues a Dios gracias, cuando me dijeron que el tiro que lo había matado, que le había dado en la cabeza, pues siquiera lo mataron de una, no lo dejaron ahí sufriendo y torturándolo. Ese tiro es un alivio”, comentó su padre.
La Fiscalía General de la Nación informó sobre el embargo de tres inmuebles “que harían parte de patrimonio de Óscar Iván Zuluaga Escobar y su entorno familiar” por el caso de Odebrecht. Los bienes están avaluados en más de 3.664 millones de pesos, detalló el ente acusador, que investiga los aportes de dinero a la campaña presidencial del exministro en 2014 que, al parecer, no habrían sido reportados a las autoridades electorales. Los activos afectados están ubicados en Bogotá y en Pensilvania, Caldas. (Lea también: Dineros de Odebrecht entraron a las campañas de Santos y Zuluaga: Fiscalía General de la Nación)¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿Por qué embargaron los bienes?De acuerdo con el ente judicial, las medidas cautelares decretadas recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda que están ubicados en Bogotá. además, también se embargó un inmueble en el municipio caldense de Pensilvania.Según la investigación, “algunas de estas propiedades pertenecían directamente a Zuluaga Escobar, pero en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar”. Por lo anterior, se decidió proceder con el proceso con el fin de “evitar que los activos sean vendidos, enajenados o comercializados mientras se surte el trámite de extinción de dominio”.La investigación contra Óscar Iván ZuluagaEl excandidato presidencial y su hijo David Zuluaga Martínez fueron señalados de presuntamente ocultar aportes de la multinacional Odebrecht a su campaña de 2014. Precisa la Fiscalía que el Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales “recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta del aporte que la multinacional brasileña habría realizado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’”. Odebrecht, al parecer, pagó 1.610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de dicha campaña. Sin embargo, esos recursos no habrían sido reportados en los balances ni a las autoridades electorales “y, al provenir de una persona jurídica extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011”, explicó la entidad en un comunicado.Añade que “los dineros comprometidos presuntamente fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. Para entonces, los giros representaban más de 3.000 millones de pesos”.Por esos hechos, a Óscar Iván Zuluaga lo imputaron por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, mientras que a su hijo David se le acusó por fraude procesal.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
El alcalde Carlos Fernando Galán informó en la mañana de este 11 de septiembre que el hombre señalado de agredir a un guardia de seguridad en el occidente de Bogotá finalmente fue capturado por las autoridades. En video quedó registro de la brutal agresión que sufrió este hombre de la tercera edad, que estaba trabajando como vigilante en el barrio Modelia, cuando fue interceptado por este sujeto que le robó su celular y su bicicleta el pasado 5 de septiembre. La captura ocurrió gracias al trabajo entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Secretaría Distrital de Seguridad.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Mientras avanza el proceso judicial contra este hombre, don Ricardo Rodríguez sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. Y es que el vigilante de 63 años fue atacado con brutalidad mientras revisaba su celular junto a la caseta donde solía instalarse para su trabajo. De repente, llegó este hombre que le lanzó una piedra a sus espaldas. Don Ricardo cayó herido y volvió a ser atacado incluso en este estado. Todo este episodio quedó grabado por una cámara de seguridad. El material le dio la vuelta a las redes sociales y causó la indignación de muchos.De acuerdo con el mandatario de Bogotá, este es solo uno de otros delitos de los que este sujeto es señalado. “No solo sería el responsable de esa agresión, sino que también habría amenazado a otro ciudadano, por lo que actualmente tiene medida de aseguramiento”, dijo Galán en su trino. Sin embargo, no dio el nombre del capturado.Simultáneamente a la publicación, la Fiscalía participa en una audiencia en la que se le imputarán delitos por los hechos relacionados con la agresión contra el guardia. Así, también podría determinarse, por decisión de un juez de control de garantías, si este hombre recibirá medida de aseguramiento.La Fiscalía confirmó en horas de la tarde que el presunto responsable, que fue identificado como Randy Jhonso Bozo Molina, ya fue judicializado. Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito e homicidio agravado en grado de tentativa. El cargo fue aceptado. Además, confirmó que Bozo ya estaba privado de la libertad por otro hecho que ocurrió hace dos días en el barrio Garcés Navas, donde habría amenazado a otro ciudadano con arma cortopunzante. Los vecinos de Modelia continúan consternados por el crimen que tiene en grave estado de salud al hombre de la tercera edad, quien trabajaba para mantener su hogar y, especialmente, a su hijo de 20 años que tiene una condición de discapacidad. “Tuvo un preinfarto el día de ayer y tiene trauma craneoencefálico”, dijo Felipe Jiménez, presidente de la JAC, en entrevista con Noticias Caracol. Todavía se desconoce los caros que se le imputarán al capturado, pero los vecinos piden que esto sea manejado como un intento de homicidio. María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Juliana Guerrero volvió a aparecer en el ojo público después de que fue condenada por el delito de fraude procesal tras falsificar sus títulos universitarios para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en la administración de Gustavo Petro. “Yo creo que ya guardé bastante silencio. Resistí todas las calumnias que inventaron sobre mí y yo no pago con la misma moneda”. En la audiencia en la que fue condenada, el juez le dio una reprimenda por sus actos en el momento de cometer el delito y dijo que "no fue un simple error".(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Juliana Guerrero finalmente fue condenada por el escándalo de sus títulos académicos falsificados a tres años (excarcelables), pagar una multa de 5 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer argos y funciones públicas durante 2,5 años. La joven de 24 años publicó un video en sus redes sociales, acompañado de una descripción que dice: “Con este video no busco victimizarme, minimizar lo sucedido ni evadir mis responsabilidades. Tampoco pretendo que olviden lo que pasó o que me pidan perdón. Quiero que comprendan cómo, alrededor de una situación judicial, se desató una ola de odio contra mí y mi familia”. Esto se suma a una publicación que hizo Guerrero con sus palabras de disculpas, que leyó en la audiencia de este 9 de septiembre como parte del acuerdo hecho con la Fiscalía. Esta vez, la joven originaria del Cesar se despachó largo y tendido sobre lo que vivió a lo largo del proceso.Guerrero dijo que en medio de la polémica “se metieron” con su familia y acusaron a su mamá de ser comandante de un grupo ilegal. “Hoy quiero hablar de mí, de lo que se ha dicho, de la decisión que tomé. Quiero que el país conozca mi voz. Durante este tiempo se han dicho muchas cosas sobre mí. Me han llamado de todo en todos lados”, indicó. La hoy condenada recordó que hubo quienes la llamaron “guerrillera” y acusó a congresistas y dignatarios de referirse a ella como “la reina o la querida” y los señaló de usar su privacidad para ganar votos en tiempos de campaña. “Qué curioso, sobre todo porque pareciera que esa curul la ganaron a costa mía. Pero asimismo, esa agenda de juventud es que tanto les importó. Por lo visto, ya no les interesa”.Guerrero aseguró que no tuvo ningún inconveniente en ir y dar la cara a la justicia y le dio un mensaje al país: “Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué”. Acto seguido, dio un resumen de lo que ha sido su vida de 24 años. “Tengo el corazón roto y mi autoestima un poco destruida”. Durante este tiempo, aseguró Juliana, se sintió humillada y con vergüenza, sin el derecho a “vivir, salir y sonreír”.“Sentí en algún momento que perdí todo, me sentí vacía y es incómodo y hasta me da vergüenza todas las veces que yo vi mi cara y mi nombre en tantas noticias, redes sociales y demás, que yo creo que de manera involuntaria a veces me da pena decir cómo me llamo. Y esto no ha sido fácil”, relató. Guerrero afirmó que será difícil retomar su vida, pero que no se esconderá y frecuentará sus lugares habituales para seguir adelante.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Un operativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Ejército en el Centro de Detención Transitorio de Barrancabermeja, Santander, permitió incautar equipos de comunicación, tarjetas SIM y armas blancas por una presunta red de extorsión que habría operado desde el lugar. Se trata de un grupo denominado 'Los de la M', señalado por autoridades de utilizar medios de comunicación para contactar a personas desde el centro de detención y realizar exigencias económicas.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)¿Qué encontraron las autoridades durante el operativo?Durante el procedimiento fueron incautados 20 teléfonos celulares, 23 cargadores, 18 armas blancas y 11 tarjetas SIM. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos análisis dentro de la investigación. Los equipos de comunicación serán revisados con el propósito de determinar si fueron utilizados para realizar llamadas o videollamadas relacionadas con las presuntas extorsiones. El análisis de los dispositivos también podría aportar información sobre contactos, comunicaciones y posibles movimientos de dinero asociados con la actividad investigada.De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía y por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los integrantes de esta estructura habrían utilizado llamadas telefónicas y videollamadas para intimidar a sus víctimas. La información conocida dentro de la investigación señala que la organización podría obtener alrededor de 96 millones de pesos al mes mediante este tipo de cobros. El dinero presuntamente recaudado habría sido utilizado para sostener otras actividades delictivas atribuidas al grupo.Entre las conductas que estarían relacionadas con el destino de estos recursos aparecen homicidios, tráfico de armas y tráfico de estupefacientes.Capturan en Barrancabermeja a alias ‘Edwin’, señalado de integrar 'Los de la M'La Policía Nacional en el Departamento de Policía Magdalena Medio capturó a un hombre conocido con el alias de 'Edwin', quien es señalado de pertenecer a la estructura delincuencial denominada 'Los de la M’' y de estar relacionado, presuntamente, con varios hechos violentos registrados en Barrancabermeja durante los últimos dos años. El procedimiento se llevó a cabo mediante una orden judicial en el barrio Las Malvinas Altas, ubicado en la comuna 5 del municipio. El detenido es requerido por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, luego de que los investigadores recopilaran elementos que, según la Policía, permitirían establecer su posible relación con cuatro asesinatos ocurridos entre 2025 y 2026. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los casos investigados estarían vinculados con enfrentamientos y disputas dentro de organizaciones dedicadas a actividades ilegales en diferentes sectores de Barrancabermeja. Uno de los episodios que hace parte del proceso investigativo ocurrió el 19 de octubre de 2025. En esa fecha, dos personas murieron y otra resultó herida en un hecho que posteriormente quedó incorporado a las pesquisas adelantadas por las autoridades. La Policía indicó que este caso, junto con otros tres homicidios ocurridos entre 2025 y 2026, permitió avanzar en la identificación de personas que presuntamente tendrían algún grado de participación dentro de la estructura delincuencial.Los investigadores sostienen que alias ‘Edwin’ llevaría aproximadamente ocho años vinculado a actividades delictivas. Durante ese tiempo, presuntamente habría desarrollado diferentes tareas dentro de la organización hasta llegar a desempeñar funciones relacionadas con la ejecución de homicidios. Además de su posible participación en hechos violentos, las autoridades investigan si el detenido habría intervenido en acciones destinadas a mantener el control de determinados sectores de Barrancabermeja.Después de concretarse la captura, alias ‘Edwin’ fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial correspondiente. Posteriormente, durante las audiencias preliminares, un juez de la República ordenó que el detenido permaneciera bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanzan las actuaciones judiciales.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOL
La Fiscalía General de la Nación, en una acción coordinada entre las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio (adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), puso al descubierto una red criminal que lavó más de 2,3 billones de pesos de origen ilícito entre 2018 y 2026.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)El entramado delictivo utilizaba métodos avanzados de ingeniería financiera para ocultar la procedencia del dinero en efectivo y digital. Las investigaciones judiciales identificaron tres ejes de operación:Sanciones internacionales: Transacciones millonarias en la criptomoneda estable USDT (Tether) articuladas con firmas vinculadas al narcotráfico, sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.Capturas: Un total de 5 personas capturadas durante diligencias de registro y allanamiento en Medellín (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico).Afectación a finanzas criminales: Medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 36 bienes avaluados en más de 10,2 millones de dólares (4 inmuebles, 19 vehículos de alta gama, 9 sociedades y 4 establecimientos de comercio en Medellín y Envigado).Comiso e incautaciones: Ocupación con fines de comiso sobre 3 inmuebles valorados en 2.500 millones de pesos en Envigado y Barranquilla, sumado a la incautación de 6 armas de fuego (4 sin salvoconducto).La tipología financiera empleada por la organización combinó la banca tradicional, el comercio de bienes e inmuebles y los activos virtuales (VASP).Entramado societario ficticio: Creación de 9 sociedades y 4 establecimientos de comercio orientados a ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos e intermediación cambiaria. Las empresas presentaban escasa capacidad operativa e inconsistencias entre sus estados financieros y transacciones bancarias.Integración y monetización rápida: El capital ingresado al sistema financiero legal mediante operaciones internacionales o plataformas de criptoactivos era monetizado de forma expedita para la adquisición de bienes raíces y vehículos de lujo.El análisis de inteligencia financiera permitió individualizar la responsabilidad de los presuntos articuladores de la red criminal:Hugo Daniel Giraldo Santamaría: Identificado como presunto cabecilla y articulador general de las actividades de monetización, entrega y compensación de recursos.Carolina María Giraldo: Señalada del manejo directo de las grandes sumas de dinero y del control sobre el conglomerado societario.Janeth Catalina Cano Santamaría: Encargada de la coordinación, dispersión y monetización de los activos virtuales.Johan Mateo Ruiz Orijhuela: Operador de las billeteras digitales empleadas para facilitar el ingreso y conversión del dinero.Luis Andrés Ospina Ochoa: Responsable de mantener ocultos los fondos dándoles tránsito a través de las empresas investigadas.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
De James Rodríguez se sigue hablando en el ambiente del fútbol colombiano por su llegada a Atlético Nacional, equipo que se presentará este miércoles 17 de septiembre de 2026 frente a Internacional de Bogotá, en el estadio El Campín. Después del anuncio de la semana anterior, de la rueda de prensa oficial y de su presentación el domingo pasado en el Atanasio Girardot, ahora se abre la inquietud y la expectativa por el debut del volante nacido en Cúcuta, de 35 años. En ese sentido en las redes sociales de Internacional han aprovechado la posible presencia de Rodríguez Rubio para promocionar el duelo contra los 'verdolagas' y de esa manera se revelaron los precios de las boletas y también recomendaciones e información importante para los seguidores que vayan a asistir al escenario capitalino.Cuánto valen y en dónde comprar las boleta para Internacional vs NacionalOccidental Preferencial - $120.000 + $14.300 (servicio)Occidental General Sur - $100.000 + $11.900 (servicio)Oriental Preferencial - $90.000 + $10.800 (servicio)Oriental Platea - $90.000 + $10.800 (servicio)Oriental General - $80.000 + $9.600 (servicio)Para tener en cuenta si va al partido Internacional vs. NacionalAcá las recomendaciones hechas para los hinchas de Internacional y Nacional, en las redes sociales del club bogotano.Abonados: su boleta para el partido llegará a la aplicación TuBoletaPass, asociada al correo registrado como abonado, entre lunes y martes.Las personas que compraron el Combo Hat Trick recibirán su boleta en la aplicación TuBoletaPass entre lunes y martes.No se permitirá el ingreso con prendas de color verde ni alusivas al equipo visitante en las tribunas locales: OCCIDENTAL PLATEA BAJA, OCCIDENTAL PLATEA ALTA Y OCCIDENTAL GENERAL NORTE.Los hinchas visitantes podrán ingresar con camisetas y prendas alusivas a su equipo únicamente en las tribunas para visitantes.La hinchada de Inter Bogotá ingresará por las puertas 6, 7 y 8, ubicadas en el costado de OCCIDENTAL NORTE.Qué dijo James en su presentación en el Atanasio Girardot“Estoy muy feliz de estar acá. De verdad muchas gracias. Esperamos que podamos tener muchas alegrías juntos y sobre todo muchos títulos, porque este es un club ganador y yo también lo soy. Nos vemos pronto”, comentó el '10' de la Selección Colombia en su mensaje a los seguidores del cuadro antioqueño.Antes, James habló sobre algunas charlas previas con su nuevo entrenador. "Con Lucas González ya habíamos hablado antes sobre estar juntos y fue más rápido de lo que se pensó. Estoy feliz. Para mí es un sueño. Desde que hablamos el lunes, sentí algo único. Desde hace mucho tiempo, un club no me hacía sentir esto. Me tocaron fibras. No me iba a la cama tranquilo porque quería estar acá. Hay un buen sentimiento y se vienen cosas grandes. Siempre quiero ganar y competir, como lo hace Nacional, entonces es una buena mezcla", afirmó.
El Ministerio de Trabajo informó que realizó una inspección laboral a la tienda de Zara ubicada en un centro comercial del norte de Bogotá. El procedimiento se dio a pocos días de que se hiciera viral un video en redes sociales en el que una joven descalza aseguraba que la gerente de esa tienda la había obligado a entregar los zapatos de dotación, sin importarle, según ella, que no tuviera otro calzado para poder salir de su lugar de trabajo.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa empleada no explicó por qué le pidieron devolver los zapatos que usaba, pero en su relato aseguró que, “en representación de la gerente general encargada de la tienda, me solicitaron los zapatos que eran de dotación, pero estoy haciendo constancia de que los zapatos eran de dotación y me los hicieron quitar. Yo expuse que tenía solamente los zapatos que me habían dado de dotación y no había traído otros para poderme cambiar y lo único que recibí de ellos fue que no les importaba, que me fuera para la casa sin zapatos, y me quitaron los zapatos y me dejaron descalza”.En medio de su denuncia, exigió “que se me haga justicia, porque lo que me están haciendo es una canallada” y cuestionaba a la empresa para la que trabajaba: “Zara cómo me pudo haber hecho esto, cómo me pudo haber sacado de la tienda descalza, por qué no me dieron la oportunidad de llevar los zapatos al otro día”.Su denuncia generó rechazo y un grupo de personas hizo una manifestación frente a esa tienda de ropa, gritando arengas como “zapatos sí, descalzos no”, “la dignidad no es dotación”, “Zarapastrosos, 50 % de descuento en dignidad laboral”. Hasta el momento, el almacén no se ha pronunciado.¿Qué medidas podría tomar el Ministerio de Trabajo?A través de un comunicado, la entidad informó sobre la inspección “en un establecimiento de Zara, operado por Texmoda S.A.S., en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá”, lugar donde la joven denunció el presunto maltrato laboral.El Ministerio detalló que “la actuación, adelantada por la Dirección Territorial Bogotá, a través del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral, comprende la verificación del cumplimiento de las normas laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. La diligencia se desarrolla sin previo aviso, en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo. Este procedimiento permite a los inspectores constatar directamente las condiciones existentes en el lugar de trabajo y verificar, de manera objetiva, el cumplimiento de la legislación laboral. Una vez finalizada la visita, se elaborarán el acta y el informe correspondientes y, de ser procedente, se establecerá un plan de mejoramiento o se adoptarán las medidas preventivas a que haya lugar, de acuerdo con los hallazgos”.Recalca que “continuará fortaleciendo sus acciones de inspección, vigilancia y control en el país para proteger los derechos de los trabajadores, promover el cumplimiento de la normatividad laboral y garantizar actuaciones objetivas, con pleno respeto por el debido proceso y los derechos de todas las partes”.NOTICIAS CARACOL
El Santos confirmó este lunes la contratación del centrocampista brasileño Philippe Coutinho, exjugador del Liverpool y del FC Barcelona, con un contrato hasta el final de la temporada.De este modo, el mediapunta de 34 años se convierte en el quinto refuerzo del conjunto albinegro en la actual ventana de pases, tras las incorporaciones previas del centrocampista Arthur Melo, el lateral derecho Rodinei, el volante Lima y el atacante Everton 'Cebolinha'.Coutinho llega al Santos tras rescindir en febrero pasado su vínculo con el Vasco da Gama en medio de cuestionamientos por su rendimiento.Sin disputar minutos oficiales desde hace siete meses, el futbolista ya se ejercitó bajo las órdenes del técnico Cuca para acelerar su integración."Hoy entrenó con nosotros (...) Ya se está integrando y adaptando al grupo. Va a ayudarnos y nosotros vamos a ayudarlo", dijo el entrenador del club albinegro a TV Globo antes de su duelo contra Cruzeiro este fin de semana por el Campeonato Brasileño.Surgido en la cantera del Vasco da Gama, el internacional brasileño dio el salto a Europa con la Internazionale de Milán y pasó por el Espanyol antes de vivir su etapa de mayor brillo en el Liverpool inglés.En 2018 fue traspasado al Barcelona y posteriormente cedido al Bayern de Múnich, club con el que conquistó la Liga de Campeones en 2020.Con la selección brasileña ha disputado 68 partidos, con 21 goles anotados y la conquista de la Copa América en 2019.La incorporación del exjugador de la Canarinha se produce tras la resolución de la sanción de 'Transfer Ban' impuesta por la FIFA al Santos.La deuda de 12 millones de reales (unos 2,3 millones de dólares) que el club arrastraba con el AS Mónaco fue subsanada con el apoyo de NR Sports, empresa que gestiona la carrera de Neymar, quien dio la bienvenida públicamente a su compatriota.La llegada de Coutinho reforzará la zona ofensiva del 'Peixe' ante la baja por lesión de Neymar, que se verá apartado de las canchas durante unos dos meses, en un momento en que el equipo compite en el Campeonato Brasileño y encara la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.Este miércoles, el equipo dirigido por Cuca visita en Belo Horizonte al Atlético Mineiro por el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo continental, con una ventaja de dos goles que obtuvo en el primer duelo de ida en su casa.El sábado viaja al norte del país para enfrentar a Remo por la vigésimo octava fecha de la Liga brasileña, con la urgencia de sumar puntos que lo mantengan alejado de la zona del descenso.Actualmente, el Santos está décimo tras anotarse cuatro victorias en los últimos cinco encuentros, luego de una racha negativa que lo llegó a posicionar dentro de los cuatro candidatos a la segunda división.
Vasco da Gama e Independiente Santa Fe definirán este martes en Río de Janeiro el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana en el partido de vuelta de los cuartos de final tras haber empatado 0-0 en el choque de ida disputado en Bogotá.A pesar de haber conseguido un valioso triunfo a domicilio por 1-2 frente a Grêmio el pasado fin de semana, el conjunto cruzmaltino atraviesa un momento delicado en el plano local.El equipo se ubica en la decimoséptima posición del Campeonato Brasileño, siendo el primer club dentro de la zona de descenso, una situación que condiciona la planificación anual.El entrenador portugués Pedro Emanuel admitió públicamente que la prioridad de la institución es salvar la categoría en el Brasileirão, por lo que dijo que evaluará las cargas físicas para presentar este martes en la Sudamericana un equipo competitivo pero "fresco".A la encrucijada táctica de rotar hombres se le suman cuatro ausencias confirmadas en el plantel carioca.A las ya conocidas bajas por lesión, la del volante Mateus Carvalho y el centrodelantero Brenner, se suman el mediocampista Alan Lescano y el atacante argentino Facundo Colidio, quienes no fueron inscritos para disputar esta instancia del torneo continental.En medio de un contexto apremiante, Vasco da Gama encuentra un gran faro de motivación en la figura de uno de sus recientes incorporaciones, el argentino Santiago Sosa, quien podrá reforzar este martes el mediocampo del cruzmaltino.Sosa fue una de las piezas clave del once del entonces entrenador de Racing, Gustavo Costas, en la conquista de la Copa Sudamericana de 2024.Por su parte, Independiente Santa Fe desembarca en Río de Janeiro con una racha positiva de doce partidos invicto entre todas las competencias.En la liga colombiana viene de superar por 1-0 a Deportes Tolima y se ubica en el séptimo lugar de la tabla.El Cardenal ya sabe lo que es dar un golpe de autoridad a domicilio en esta edición de la Sudamericana, puesto que en los octavos de final logró la hazaña de eliminar al River Plate en una dramática tanda de penaltis de 22 cobros en el estadio Monumental de Buenos Aires.Para el duelo de este martes, el entrenador del conjunto colombiano, el uruguayo Pablo Repetto, apostará por mantener la base del equipo del partido de ida, a pesar de no poder contar con los lesionados Omar Fernández, Andrés Mosquera y Kevin Balanta.Con la serie abierta tras la igualdad sin goles en la capital colombiana, el equipo que gane por cualquier marcador se quedará con el boleto directo a las semifinales.El vencedor de esta llave se enfrentará al que resulte ganador de la serie entre entre São Paulo y Boca Juniors.Hora y dónde ver Vasco da Gama vs. Independiente Santa FeFecha: martes 15 de septiembre.Hora: 5:00 p.m. (hora Colombia).Estadio: Sao Januario, en Rio de Janeiro. Transmisión: Directv Sports.
Los departamentos han desarrollado un fortalecimiento de operativos para detener y expulsar extranjeros de Colombia. Entre el 12 y 13 de septiembre, las autoridades de Medellín y Bucaramanga reportaron operativos que dejaron como resultado la expulsión de 28 ciudadanos extranjeros. Por otro lado, en Nariño se desarticuló una banda que es acusada por tráfico de migrantes, falsificación de dólares y porte ilegal de armas. Se trataba de la banda “Los Patio 1”, cuyos integrantes fueron ubicados y judicializados en Ipiales.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)En el territorio nariñense se han ejecutado varios operativos de carácter migratorio, teniendo en cuenta que este es un sector en el que se concentran varios migrantes que cruzan hacia el sur o norte del continente. Este contexto de tránsito entre países ha sido aprovechado por delincuentes que intentan manipular a los foráneos para trasladarlos a cualquier destino de manera irregular.28 migrantes fueron expulsados de Medellín y BucaramangaSimultáneamente, en Bucaramanga, se han intensificado los operativos bajo el "Plan Avispa", logrando la expulsión de 123 ciudadanos extranjeros por comportamiento delictivo y reincidencia en conductas durante 2026, así como cinco deportaciones. Los operativos han sido ejecutados de manera integral entre Ejército, Migración, la alcaldía, CTI y Tránsito, quienes se ubican en puntos estratégicos donde han detectado una serie de comportamientos indebidos.El alcalde Cristian Portilla destacó en entrevista con Noticias Caracol la implementación de tecnología biométrica avanzada, proporcionada por agencias estadounidenses, para identificar con precisión a personas con órdenes de captura internacionales. Estas medidas buscan restaurar el orden público y garantizar que quienes ingresen al país respeten las leyes nacionales. Finalmente, el mandatario expresó su respaldo a las nuevas políticas presidenciales que permiten la intervención de la fuerza pública para prevenir actos vandálicos en instituciones educativas.El alcalde Federico Gutiérrez entregó un nuevo balance este 13 de septiembre que dio cuenta de la identificación y expulsión de 17 extranjeros en el marco de un operativo. Varios de ellos son de nacionalidad venezolana. Los procesados por Migración Colombia, según el mandatario, tenían antecedentes por distintas conductas como hurto, porte y tráfico de estupefacientes, porte de armas blancas y riñas. De hecho, uno de los ciudadanos tenía 23 capturas por el delito de tráfico de estupefacientes. Otro ciudadano fue identificado en una de las sedes de Migración Colombia como alguien que era requerido por la justicia de Panamá mediante circular azul de la Interpol por el delito de estafa. Hay que tener en cuenta que Medellín y Antioquia, en general, se han convertido en uno de los focos principales de operativos migratorios. Día a día, Migración Colombia inadmite a varios viajeros que pretenden ingresar al país por diversos intereses que podrían afectar a la convivencia ciudadana, como el denominado turismo sexual.¿Viene una intensificación de operativos migratorios en Colombia? Este fue el anuncio del presidenteLos más recientes resultados en términos de migración en Colombia se dan tras el anuncio que dio Abelardo de la Espriella a finales de agosto en un consejo de ministros presidido en Barranquilla, quien anticipó los operativos coordinados para expulsar a los “inmigrantes ilegales” que estuvieran “cometiendo delitos” o no tuvieran “regularizada su situación”. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y administrativa y yo la asumo”, continuó el abogado penalista. El anuncio estuvo antecedido por alusiones nacionalistas: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.El anuncio del mandatario afecta a un sector de los 2,8 millones de venezolanos que están viviendo en Colombia después de la crisis migratoria que hubo en el país. De acuerdo con los datos de Migración Colombia, 848.000 de ellos se encuentran en situación irregular. 183.000 de ellos son niños, niñas y adolescentes.Si bien, De la Espriella hizo este anuncio a un mes de haber asumido la presidencia, ciudades como Bucaramanga vienen desde hace mucho tiempo reforzando esta clase de diligencias. Portilla aseguró que desde hace 10 meses han invertido tiempo en trabajo intensivo para dar un mensaje al extranjero: "El que venga a comportarse de manera negativa, a comportarse mal, tendrá que ser expulsado lo perseguimos y lo expulsamos y lo entregamos a las autoridades correspondientes".María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co