“Dio la noticia al revés, debe iniciar investigaciones penales por prevaricato a los alcaldes”, dijo la asociación frente a la crisis carcelaria.
Según un comunicado emitido por la Unión de Trabajadores Penitenciarios, los internos detenidos preventivamente, por mandato legal, deben ser atendidos en su manutención por las Alcaldías, bien sea de forma directa o a través de convenios celebrados con el Inpec.
Por eso exige al ente judicial investigar a los burgomaestres “que se han negado a celebrar estos convenios para superar la crisis carcelaria, tal como lo ha exigido la Procuraduría General de la Nación en varios pronunciamientos”.
“Tenemos claro que donde estos alcaldes cumplieran sus obligaciones, la suerte del Inpec sería otra”, agrega la nota del sindicato.
Por esto, recalcó frente a los señalamientos de la Fiscalía que “no es cierto que exigir el pago de las obligaciones legales contempladas en la ley 65 de 1993 sea un delito”.
Le puede interesar:
Cobrar para trasladar detenidos: denuncian nueva modalidad de corrupción en el Inpec