Criticar e insultar a los árbitros de fútbol es un derecho protegido por la libertad de expresión, pero sugerir que los funcionarios son corruptos o criminales va demasiado lejos, dictaminó el martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El tribunal, con sede en Estrasburgo, estaba dictando sentencia en una serie de casos presentados por el club de fútbol Porto y dos de sus exdirectivos.
Los casos se referían a una serie de sanciones impuestas por las autoridades y los tribunales del fútbol portugués por ataques vertidos por medios de comunicación propiedad del Porto, que ponían en entredicho a árbitros específicos y al sistema arbitral en su conjunto, tras partidos en los que participó, en particular, su acérrimo rival, el Benfica.
El Tribunal Europeo rechazó la postura de Oporto en la mayoría de los casos que implicaban "acusaciones de corrupción y manipulación de partidos".
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«Los meros errores o irregularidades arbitrales, incluso si son numerosos o se repiten a lo largo del tiempo, no constituyen, por sí solos, prueba suficiente de la existencia del plan alegado por los demandantes», afirma la sentencia. «Por lo tanto, los demandantes establecieron tales conexiones o suposiciones especulativas y las difundieron al público en general sin una base fáctica mínima».
Señaló que los tribunales portugueses se habían referido a "teorías de la conspiración".
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Sin embargo, el tribunal falló a favor del boletín informativo del club, Dragoes Diario, que fue sancionado por un artículo publicado en 2019 tras la victoria del Benfica por 4-1 en Feirense. El artículo afirmaba que un directivo en particular "tenía problemas de imparcialidad" y que "había tenido una trayectoria como árbitro plagada de decisiones insostenibles" antes de convertirse en árbitro del VAR y "seguir el mismo camino vergonzoso".
El tribunal dictaminó que se trataba de un comentario aceptable por parte de los aficionados.
«Esas declaraciones eran juicios de valor sobre el desempeño de un árbitro», decía el texto. «Tales críticas son habituales en el fútbol , donde los incidentes durante un partido suelen dar lugar a interpretaciones y opiniones diversas y controvertidas, a menudo influenciadas por la afiliación a los clubes».
El tribunal añadió que los insultos son parte del trabajo de un árbitro.
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«Los árbitros que participan en competiciones de fútbol de alto nivel están, en efecto, expuestos a cierto grado de atención pública», se lee en el texto. «Cuando los árbitros actúan en esta función, pueden estar sujetos a límites más amplios en cuanto a las críticas aceptables que los ciudadanos comunes».
El tribunal dictaminó que las sanciones portuguesas por estas declaraciones violaban el artículo 10 (sobre la libertad de expresión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y ordenó a las autoridades portuguesas que devolvieran una multa de 15.300 euros (17.500 dólares) como indemnización por daños y perjuicios y que cubrieran los gastos.
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