Quienes permanecen en las casas dicen que viven literalmente presos pues, si se van, corren el riesgo de perder su vivienda.
Para algunos afectados, las razones del desalojo en Portuguesa son bastante claras.
"Como no tienen cómo construir y tienen compromisos, entonces por qué optaron: el que no viva aquí, metemos a otra familia y el otro que duerma en el puente", asegura Yordi Pérez, propietaria desalojada por el Gobierno.
Además, denuncia que este escenario se repite en al menos otros cinco estados.
Propietarios legales temen que estos sean adjudicados nuevamente para beneficiar a simpatizantes del partido de Gobierno, a expensas de vulnerar el derecho a la propiedad privada.