El cuerpo de Jesús Álvarez, un detenido en las protestas poselectorales de Venezuela que murió el pasado jueves en prisión, fue entregado a sus familiares, luego de que autoridades negaran su deceso, informaron este domingo una ONG y un comité de familiares de presos políticos.Su hijo, también llamado Jesús Álvarez, recibió el cuerpo la noche del pasado sábado, confirmó a la AFP un vocero del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). "Se fue escoltado con funcionarios" al lugar donde será sepultado su padre, indicó la fuente.Las causas de la muerte todavía se desconocen. Su hijo, que se enteró del deceso por redes sociales, había denunciado la víspera que las autoridades del penal donde se encontraba su padre, la cárcel de máxima seguridad de Tocuyito (Carabobo, centro), le habían negado la existencia de un muerto cuando fue a verificar la noticia personalmente a la prisión.El joven de 22 años dijo a la AFP el pasado sábado que confirmó su muerte a través de una fotografía que le fue mostrada por el servicio de medicina forense del hospital central de Carabobo. El cuerpo "se encuentra en muy avanzado estado de descomposición", señaló en la red X el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, conformado por familiares de reclusos.Por otra parte, el joven también tiene a su madre detenida hace cuatro meses y exigía su liberación. Sin embargo, sus familiares denunciaron que este desapareció. “No sabemos si me lo van a dejar detenido también. Les pido que hagan justicia”, expresó su tía.Álvarez es el segundo fallecido en custodia desde que estallaron las protestas contra la cuestionada reelección del presidente socialista Nicolás Maduro, que dejaron 27 muertos y casi 200 heridos.Familiares del hijo del fallecido han denunciado que, tras darse a conocer lo sucedido en medios y redes sociales, el joven ha desaparecido. Presumen que el régimen de Maduro haya podido tomar represalias en su contra y piden que sea dejado en libertad, pues tras la captura de sus padres, él ha sido el responsable de sus hermanos menores.La oposición en Venezuela exigió justicia por la muerte de Álvarez La mayor coalición opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- exigió justicia por la muerte denunciada por varias ONG de Jesús Rafael Álvarez, el segundo detenido en el contexto de crisis poselectoral que fallece bajo custodia del Estado.A través de X, la alianza antichavista condenó la muerte de Álvarez, de 44 años, detenido junto con su esposa de forma "arbitraria" el 2 de agosto en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), y quien estaba recluido en la prisión conocida como Tocuyito, en Carabobo (norte)."Jesús Rafael Álvarez se encontraba bajo custodia del Estado en el penal de Tocuyito y, por tanto, es su responsabilidad garantizar la vida e integridad de todos los privados de libertad. Exigimos justicia en este caso y la libertad de su esposa, Anny Suárez, y la de todos los presos políticos", expresó la PUD.Otro fallecido en el régimen de Maduro tras protestas en VenezuelaEl primero fue Jesús Manuel Martínez, de 36 años y miembro del partido de la líder opositora María Corina Machado. Murió en un hospital de la ciudad de Barcelona (este) por un problema cardíaco, asociado a una diabetes tipo II.(Lea también: ¿Quién era Jesús Martínez, opositor venezolano que murió en custodia del régimen?)Más de 2.400 personas fueron detenidas tras las protestas que siguieron a la proclamación de Maduro para un tercer mandato de seis años, entre denuncias de fraude de la oposición.Las autoridades informaron de la excarcelación de unos 300 individuos, aunque la ONG Foro Penal, que defiende a "presos políticos", solo ha logrado registrar unas 213, incluyendo adolescentes.Los familiares de los detenidos han denunciado que sus parientes han sido víctimas de torturas, malos tratos y sufren deficiencias alimentarias.
Nueve integrantes de una misma familia, la mayoría menores de edad, fallecieron el pasado viernes, 13 de diciembre de 2024, como consecuencia de un incendio en su vivienda en Caracas, según el Gobierno venezolano.En un comunicado, el Ministerio de Interior y Justicia expresó que, pese a los "esfuerzos por controlar las llamas" en la vivienda, ubicada en la parroquia Coche del municipio Libertador, "lamentablemente perdieron la vida nueve compatriotas"."Hacemos llegar a los familiares de las víctimas, amigos y a la colectividad de Coche nuestras más sinceras palabras de condolencia y solidaridad en tan terrible momento. Los órganos de seguridad adelantan todas las investigaciones para esclarecer las causas de tan lamentable hecho", agregó.Previamente, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, había informado de ocho fallecidos -una joven de 20 años y siete menores de edad-, entre ellos, un recién nacido.De momento, las autoridades no han precisado la edad de la otra víctima mortal.¿Qué causo el incendio en vivienda de Caracas, Venezuela?Según los bomberos, el incendio se produjo en la planta baja de la vivienda como consecuencia de una explosión, tras la cual, las personas subieron al nivel superior de la casa y se refugiaron en una habitación, donde posteriormente fallecieron por "inhalación de humo".Meléndez y el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, también se solidarizaron con los allegados de las víctimas y con la comunidad, a la que, según la alcaldesa, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ordenó dar un "apoyo irrestricto" en "este momento lamentable para todas las familias" de ese sector.En el lugar se encontraban bomberos de Caracas, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que -indicó Fernández- averiguan la causa de la explosión.En diciembre del año pasado, el cuerpo de Bomberos de Caracas informó de una "deflagración por acumulación de gas licuado" en una "vivienda multifamiliar" en la capital venezolana, lo que dejó un saldo de "dos ciudadanas lesionadas, a quienes se les prestó atención médica".
El gobierno de Nicolás Maduro tachó este viernes de "infame" la declaración del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien, según el ejecutivo, pretende "atacar" a Venezuela "repitiendo la narrativa fabricada por la extrema derecha", al afirmar que en el país caribeño se llevan a cabo detenciones "arbitrarias".A través de un comunicado, el Gobierno aseguró que el pronunciamiento de Türk "carece de sustento y objetividad", luego de que el alto comisionado pidiera más liberaciones de los detenidos de forma "arbitraria" y criticara la recién aprobada ley Simón Bolívar, que establece hasta 30 años de cárcel para quienes pidan sanciones.Türk, que también rechazó la normativa que regula el funcionamiento de ONG, afirmó que estas leyes "corren el riesgo de infringir gravemente las libertades de expresión, reunión, asociación y participación política", algo que rechazó Caracas, que acusó al alto comisionado de estar subordinado a los "intereses del decadente imperio estadounidense".El gobierno de Maduro lanzó fuertes señalamientosA juicio de Venezuela, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) se ha convertido en un espacio al "servicio de los sectores que promueven el caos, la desestabilización y la intervención extranjera"."Le recordamos a su titular y al sistema que representa que Venezuela no aceptará intentos de tutela ni injerencias coloniales disfrazadas de preocupaciones por los derechos humanos", agregó.El Gobierno aseguró que Venezuela es un Estado soberano y "garante de los derechos humanos", al tiempo que agregó que sus instituciones "han actuado con estricto respeto a la ley, garantizando derechos y otorgando beneficios procesales a los detenidos", una afirmación que rechazan diversas ONG y familiares de presos, que reclaman poder designar defensores de su elección, entre otras cuestiones.La Acnudh reanudó actividades parciales recientemente en Venezuela, aunque Türk manifestó que está haciendo todos los esfuerzos para que el retorno sea completo, luego de su expulsión en febrero por supuestos sesgos en su labor, según Maduro.Por su parte, la líder opositora María Corina Machado agradeció este viernes a Türk su denuncia y rechazo a las "detenciones arbitrarias" en Venezuela, la mayoría registradas tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desataron protestas contra la proclamada reelección de Maduro, una victoria que el antichavismo mayoritario considera fraudulenta.
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este lunes 9 de diciembre una proposición en la que pide al mandatario Gustavo Petro no asistir el próximo 10 de enero de 2025 a la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, porque todavía no se conocen las actas de votación de las presidenciales del pasado 28 de julio.La iniciativa, que obtuvo 75 votos a favor y 27 en contra, fue promovida por el vicepresidente de la Cámara, Jorge Tovar, elegido por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), surgidas del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las desmovilizadas FARC en 2016.(Lea también: "Romper relaciones y cerrar fronteras no ha funcionado": vicecanciller colombiano sobre Venezuela)¿Qué dice el documento de la Cámara dirigido a Gustavo Petro?"Está claro que en Venezuela se robaron las elecciones, que es un Gobierno ilegítimo y que el presidente Petro y el Gobierno colombiano no pueden bajo ningún punto de vista reconocer lo que fue un robo del siglo democrático", afirmó Tovar, hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo.Tovar consideró que "yendo a la posesión del presidente Maduro el próximo 10 de enero estaríamos reconociendo tácitamente al Gobierno de Maduro", y recordó que todavía no se conocen públicamente las actas de la jornada electoral del 28 de julio, que le dieron una cuestionada victoria, porque "no existen".En la proposición, se lee que “la ausencia de publicación de las actas de votación constituye una grave vulneración a la transparencia electoral, dejando un ‘manto oscuro’ sobre la realidad política de Venezuela”.Así mismo, consideran que “la asistencia a dicho acto podría ser interpretada como un reconocimiento tácito a un gobierno cuya legitimidad está cuestionada, lo cual contravendría la posición de Colombia en defensa de la democracia y los derechos humanos”.Agrega que “en este contexto, debe quedar claro que, sin actas, no hay reconocimiento. Este es el mensaje de Colombia ante la comunidad internacional, en coherencia con los principios de legalidad, transparencia y legitimidad democrática, como lo ha reiterado en múltiples ocasiones el señor Canciller, Luis Guillermo Murillo”.(Lea también: Colombia no reconocerá resultados electorales de Venezuela, pero mantendrá relaciones con ese país)“La abstención de asistir al acto de posesión sería una postura firme en pro de exigir claridad y garantías sobre la voluntad popular de los ciudadanos venezolanos”, señala.La oposición venezolana reclama la victoria en esas elecciones con su candidato, Edmundo González Urrutia, exiliado en España, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano proclamó la victoria de Maduro, resultado desconocido por la mayoría de la comunidad internacional.¿Qué dijo Petro sobre la petición de los congresistas?Tras conocer la aprobación de la propuesta en la Cámara de Representantes, Petro respondió y dijo que esa corporación está desbordando sus competencias. "El presidente es el responsable constitucional de las relaciones exteriores de Colombia, invito al Congreso a no invadir la esfera constitucional del presidente", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X.Añadió: "En su debido momento decidiré si asisto o no a la posesión del actual presidente de Venezuela".(Lea también: Petro dice que "fue un error" elecciones en Venezuela y que gobierno Maduro dejó el "mapa oscuro")
El vicecanciller Jorge Rojas, en entrevista con Noticias Caracol, mantuvo su postura al afirmar que, pese a que Colombia desconoce los resultados electorales de Venezuela, el país mantendrá sus relaciones diplomáticas y económicas con el territorio vecino. Según el diplomático, esta es la posición del Gobierno Nacional y se ha mantenido desde que se conocieron los resultados de las elecciones de julio pasado que supuestamente dieron como ganador a Nicolás Maduro."Es una posición que ha asumido el Gobierno desde el momento mismo de las elecciones en Venezuela, planteando, en todo caso, que la primera posición nuestra sobre Venezuela es respetar su soberanía, autodeterminación y sus instituciones. Pero dicho esto, hemos planteado que tenemos serias dudas sobre la transparencia en el proceso electoral que finalmente no fueron esclarecidas, y en ese sentido Colombia mantiene su posición y así lo hemos hecho saber al gobierno de Venezuela", dijo Rojas a este medio.(Lea también: Colombia no reconocerá resultados electorales de Venezuela, pero mantendrá relaciones con ese país)Rojas aseguró que la decisión obedece más a una relación entre Estados que trasciende de la polémica decisión electoral, pues, sostiene, esta debe buscar el bienestar de las comunidades que comparten frontera con el territorio vecino y se ven afectadas por este tipo de cierres."Es la diplomacia en función del bienestar de las comunidades en zonas de frontera, recordando que con Venezuela compartimos 2.200 kilómetros de frontera viva. (...) No vamos a retroceder, vamos a avanzar en la relación con Venezuela. Romper relaciones y cerrar fronteras no ha funcionado", añadió Rojas. ¿Qué opina el vicecanciller de Colombia sobre la crisis que vive Venezuela?Aunque Rojas asegura que se mantendrán las relaciones con Venezuela una vez se posesione, nuevamente, Nicolás Maduro, desde el Gobierno de Colombia se insistirá para que el país vecino se reintegre al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que permitiría garantizarles sus garantías a los opositores que se encuentran en el territorio venezolano."Colombia insiste en que Venezuela se reintegre al sistema interamericano, que es la norma de normas que nos permite garantizar los derechos de la oposición, los derechos humanos y las garantías para todas las personas, incluidas aquellas que han sido detenidas. Pero, a renglón seguido, Colombia insiste en el diálogo para una paz política en Venezuela y hemos ofrecido, tanto al Gobierno como a la oposición, con quienes mantenemos diálogo, que Colombia está lista para trabajar, cuando lo soliciten, en función de una solución política, democrática y pacífica a la crisis que vive el vecino país", dijo el entrevistado. En cuanto al 2025, el vicecanciller dijo que no se reconocería a algún mandatario interino, como en su momento lo hizo el Gobierno de Iván Duque con Juan Guaidó, pues, asegura, "Ni la Unión Europea ni otros países del mundo van a hacer ese tipo de acciones que ya también fracasaron y fueron un desastre para la región"."Es un hecho que va a haber una posesión del presidente Maduro. Independientemente de esas reservas que tenemos, Colombia mantiene relaciones como corresponde en el marco del derecho internacional. Tenemos relaciones con los Estados independientemente de los procesos internos, que respetamos en cada país. (...) Lo que no parece que va a ocurrir frente al otro candidato es como una especie de 'Guaidó 2'", sostuvo.
El Gobierno de Gustavo Petro no reconocerá los resultados electorales de Venezuela que dieron como ganador a Nicolás Maduro, dijo el vicecanciller colombiano, Jorge Rojas. Aclaró que, pese a esta posición, el país no romperá las relaciones con el país vecino.(Lea también: Petro sobre Venezuela: ciudadanos “ya no saben si es democracia, ya el pueblo no los quiere”)“Colombia ha dicho con mucha claridad que los resultados electorales tienen muchas dudas, que nos preocupa la transparencia en ese proceso, que no reconocemos los resultados, pero Colombia mantiene las relaciones con Venezuela”, expresó el funcionario en Uruguay, a donde viajó el presidente Gustavo Petro para condecorar al exmandatario José Pepe Mujica, de 89 años, con la Cruz de Boyacá, máxima distinción que otorga el Gobierno colombiano.El vicecanciller Rojas dijo que en el pasado “la ruptura de relaciones y cierre de fronteras no funcionó, no logró los objetivos que se habían planteado, nosotros queremos mantener en el marco de la integración latinoamericana nuestras relaciones con Venezuela”. Sin embargo, fue claro en decir que “vamos a seguir exigiendo que se respeten los derechos humanos, que se respete a la oposición, que se le den garantías a la oposición y estamos haciendo un diálogo con el gobierno de Venezuela y con la oposición en Venezuela, porque como ha dicho el presidente, necesitamos un diálogo”.¿Petro asistirá a posesión de Nicolás Maduro?El líder chavista jurará por tercera vez como mandatario de Venezuela el próximo 10 de enero, pese a las denuncias de fraude que han hecho que países como Estados Unidos y Argentina desconocieran los resultados electorales.Sobre si el presidente colombiano asistirá a la posesión, el vicecanciller Rojas manifestó que será la Cancillería la que informará sobre la decisión, pero no especificó en qué momento se pronunciará.(Lea también: María Corina Machado denuncia asedio del régimen Maduro a Embajada de Argentina en Venezuela)Entre tanto, el Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU abrió un caso contra el Gobierno de Venezuela para investigar el presunto fraude electoral en los comicios del pasado julio y le ha exigido conservar las actas de escrutinio, según anunció un grupo de abogados denunciantes.Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH, es uno de los cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC (EE. UU.), que denunciaron ante el Comité en octubre violaciones de fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.La notificación del Comité, revisada por EFE, indica que este ha "solicitado al Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales" incluyendo las actas de escrutinio, y otros documentos necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación" mientras investiga.En su denuncia "se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025", agregaron.Los abogados exponen en su denuncia la situación en Venezuela antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio, donde señalan un "patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados".El Comité de DDHH de la ONU es un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes.
María Corina Machado denunció este miércoles que la sede de la Embajada de Argentina en Venezuela fue asediada por efectivos del régimen de Nicolás Maduro. Instó a Buenos Aires y a Brasil, país que custodia la edificación, a tomar medidas frente a una situación que consideró de suma gravedad."Desde horas de la madrugada de hoy 4 de diciembre, más de 20 agentes de cuerpos de represión del Estado se presentaron en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, bajo custodia de Brasil, en 5 patrullas y vehículos civiles", indicó Machado a través de sus redes sociales. (Lea también: Machado pide a Petro definir su posición frente a Venezuela)Agregó que los funcionarios se presentaron "con actitud agresiva" y que hubo "hostigamientos" e "instrucciones relacionadas con un eventual ingreso a la sede diplomática". Lo anterior, recalcó, generó "zozobra y terror en los alrededores, además del cierre de la calle, perjudicando el libre tránsito y la tranquilidad de los vecinos, incluyendo a otras delegaciones diplomáticas que residen en la misma calle". Aseguró María Corina Machado que estas acciones por parte del régimen de Nicolás Maduro, quien espera posesionarse por tercera vez como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero en medio del rechazo internacional, "intensifican un estado de sitio en esta zona de Caracas, en contra de los asilados y de las casas vecinas, todos víctimas del asedio y violencia por parte de estos organismos".Embajada de Argentina en Venezuela, sin luz y sin aguaSegún la líder de la oposición en Venezuela, la sede de la embajada argentina está sin servicio eléctrico, totalmente a oscuras, porque además fueron robados los fusibles "por parte del régimen desde hace ya 12 días, junto a las restricciones de acceso a agua y otros servicios".María Corina Machado sentenció: "El régimen ha convertido la residencia diplomática en una cárcel, frente a los ojos del mundo, violando todos los acuerdos internacionales. Se trata del mismo terror que han empleado contra ciudadanos, activistas y todos quienes luchan por la verdad y la libertad".Finalmente, la opositora solicitó a los gobiernos de los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula Da Silva prestarle atención a lo que pasa en la Embajada de Argentina en Caracas."Hacemos un llamado urgente a los gobiernos de Argentina y de Brasil para que atiendan esta situación con la gravedad que merece y dedicar todos sus esfuerzos para lograr los salvoconductos. Asimismo, solicitamos a estos gobiernos, junto al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, que garantice la protección y servicios esenciales para los asilados", concluyó María Corina Machado en sus redes sociales.(Lea también: Ciudadanos de Venezuela “ya no saben si es democracia (...) ya el pueblo no los quiere”, dice el presidente Petro sobre régimen de Maduro)
Nicolás Maduro calificó de "progresista" la ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y "autoridades" del Estado, aprobada por el Parlamento, controlado por el chavismo. La norma lleva por nombre Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, que también contempla multas de hasta un millón de euros (hasta 1.055.680 dólares) para las personas que promuevan o estén implicadas en las sanciones extranjeras impuestas contra el Gobierno."Es una ley progresista, una ley avanzada, una ley en defensa de Venezuela, es una ley para acabar con la impunidad, era una ley necesaria", señaló el chavista en un programa transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).(Lea también: Venezuela castigará con 30 años de cárcel a quienes respalden sanciones internacionales)¿Qué castigos contempla la nueva ley en Venezuela?Incluye la inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos "delitos", lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular. Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan "promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución" de "acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos" contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que "afecten a la República Bolivariana de Venezuela" también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, luego de que el país recibiese más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según los datos del Gobierno.“Quien le hace profundo daño al pueblo venezolano es Nicolás Maduro”: oposiciónEl opositor Juan Pablo Guanipa le dijo a Noticias Caracol en vivo que “la sanción más importante que tiene Venezuela se llama Nicolás Maduro, es la agresión más importante que tiene este país, no hay nadie más repudiado y repudiable en Venezuela que el señor Nicolás Maduro, las encuestas lo dicen con total claridad: 91% de los encuestados considera que quien ganó el proceso electoral en Venezuela es Edmundo González Urrutia y ese 91% rechaza profundamente a Nicolás Maduro y a todos sus cómplices que le han causado un daño irreparable a Venezuela, pero que nos corresponde iniciar el más hermoso proceso de transformación en el momento en que logremos que el poder se entregue a quien fue elegido por el pueblo, que es Edmundo González Urrutia, y que iniciemos ese proceso para el cambio político, para la reinstitucionalización del país y para lograr que tengamos realmente un Estado de derecho y condiciones básicas para que vengan inversiones y recuperemos la política la economía y la sociedad venezolana”.“Si hay alguien que aprieta al pueblo venezolano, si hay alguien que oprime al pueblo venezolano, que le hace profundo daño al pueblo venezolano es Nicolás Maduro”, subrayó.Guanipa, además, cuetionó que si estas “son sanciones unilaterales, que en este caso vienen de la Unión Europea o vienen de Estados Unidos, ¿por qué razón no van en contra de Estados Unidos, no van en contra de Europa, sino que van en contra de los dirigentes opositores que en nada influimos para que esas normas o esas sanciones se apliquen?“El centro de todo esto es tratar de amedrentar, de apagar la alternativa democrática, que evidentemente está en un esfuerzo por relanzarse hacia el 10 de enero para lograr lo que debería ser, ¿y cuál es el deber ser? Que si Edmundo González ganó el proceso, él debe ser el que asuma la presidencia de la República”, añadió.Guanipa manifestó que “como Maduro sabe que perdió y sabe que ha arrebatado eso a través de un boletín falso del Consejo Nacional Electoral, trata entonces de amedrentar y de apagar a toda esa alternativa democrática que va a liderar y que está liderando un proceso para que se respete la soberanía del pueblo venezolano”.“Maduro es el que es impune en este momento porque no hay ley que pueda ser aplicada en su contra, porque no solamente controla el poder Ejecutivo, sino que controla el Judicial, el ciudadano, el electoral y el militar, todos los poderes los controla hoy Nicolás Maduro”.(Lea también: Informe de Amnistía Internacional revela las torturas del régimen de Venezuela contra varios niños)¿Qué va a pasar con los presos políticos con esta nueva ley de Maduro?Según Guanipa, “hay un comité de amigos y familiares de los presos políticos que ha tenido una actuación realmente protagónica e interesante en la lucha por la defensa de los derechos de esas personas que están privados ilegítimamente de libertad. Se habla de aproximadamente unas 2.000 personas. Maduro preparó cárceles para 2.000 personas consciente de lo que él iba a hacer, todo fue premeditado por Nicolás Maduro, y a nosotros nos corresponde seguir dando la pelea para lograr que se pueda producir el cambio político, que es lo que aspira el pueblo venezolano.”(Lea también: "No hay posibilidad" de que Edmundo González vuelva a Venezuela a juramentarse: Diosdado Cabello)
La pena máxima de 30 años de prisión e inhabilitaciones prácticamente vitalicias para ejercer cargos públicos: el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo gobernante, aprobó este jueves una ley para castigar el respaldo a sanciones internacionales contra el país.La nueva legislación coincide con recrudecidas tensiones por la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato (2025-2031), denunciada como un fraude por la oposición, que reclama un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio."Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (...) será sancionada con prisión de 25 a 30 años", recoge uno de los artículos de la ley, aprobada por la Asamblea Nacional en respuesta a una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos que plantea reforzar sanciones.(Lea también: "No hay posibilidad" de que Edmundo González vuelva a Venezuela a juramentarse: Diosdado Cabello)Hasta un millón de dólares de sanción en VenezuelaEn estos casos se estipulan multas equivalentes a entre 100.000 y un millón de dólares, así como hasta 60 años de inhabilitación política.La legislación castiga con idénticas penas a "toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza" contra el país caribeño.Los acusados de impulsar sanciones extranjeras, agrega la ley, podrán ser juzgados en ausencia si se niegan a acudir a las audiencias."Es una ley" para "poner orden y establecer límites frente a la actitud vendepatria de un pequeño sector" que "se convierten en lacayos", dijo Nicolás Maduro.Venezuela y altos funcionarios gubernamentales han sido sancionados en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea, acusados de irregularidades electorales y violaciones de derechos humanos. Washington reconoció como "presidente electo" a González Urrutia, exiliado en España tras una orden de arresto en su contra.Bolívar vs BolívarLa "Ley Libertador Simón Bolívar" votada en el unicameral Parlamento de Venezuela responde a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Caracas, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.La iniciativa en discusión en el congreso estadounidense, denominada Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés), prohíbe firmar contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Maduro, que tilda de "ilegítimo", o con cualquier otro "no reconocido como legítimo" por Washington.El uso del nombre del mayor prócer de la independencia venezolana causó una airada reacción del gobierno de Maduro."De manera desvergonzada, le han colocado (a la ley) el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo", contragolpeó la Cancillería en un comunicado, que calificó el proyecto de "ataque criminal".Las sanciones estadounidenses habían sido flexibilizadas, con licencias a trasnacionales energéticas como Chevron para hacer negocios en Venezuela.Sin embargo, los cuestionamientos a la reelección de Maduro hacen renacer amenazas de reimpulso de estas medidas, mientras se espera el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca."Si el imperialismo aprieta su marcha para tratar de hacerle daño a Venezuela, nosotros recontraapretamos la marcha", expresó Maduro.Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington están rotas desde 2019.Medios bajo vigilancia en VenezuelaLa nueva ley fija sanciones para medios de comunicación que divulguen "propaganda" en favor de sanciones o "mensajes" que las promuevan.Las consecuencias pueden llegar a la "revocatoria de la concesión" para operar en los casos de televisoras y emisoras de radio, así como multas de alrededor de 100.000 a un millón de dólares. Mensajes en prensa, así como en redes sociales, son castigados con las mismas multas.El gremio de la prensa denuncia grandes restricciones en Venezuela, donde se han registrado masivos cierres de medios en 25 años de gobiernos chavistas.Si los juzgados por impulsar o respaldar sanciones son extranjeros, apunta la ley, podrán ser objeto de "expulsiones" del país, al igual que confiscación de bienes.(Lea también: Edmundo González está "moralmente preparado" para una eventual detención en Venezuela)
Luego de que se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela, habrían ocurrido alrededor de 2.000 detenciones arbitrarias, entre las cuales hay niñas y niños que durante meses fueron sometidos a torturas y malos tratos, según un nuevo informe de Amnistía Internacional. La ONG denunció que se contabilizaron al menos 198 niños y niñas detenidos luego del 28 de julio, cuando el régimen venezolano proclamó como ganador de las elecciones al régimen de Nicolás Maduro. (Lea también: EE. UU. sanciona a 21 altos cargos del Gobierno Maduro por "robar las elecciones" en Venezuela).De los menores detenidos, en septiembre fueron excarcelados más de 100 y, en noviembre, alrededor de 25, aunque siguen sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos de terrorismo."Amnistía Internacional condena las detenciones arbitrarias, posibles desapariciones forzadas, torturas, y falta de garantías judiciales en su contra, y exige la inmediata liberación de los al menos 69 niños y niñas que permanecen privados de la libertad", indicó el informe.Los detalles de las torturas: "Sentía que estaba muerto"Durante las protestas que se vivieron los días siguientes a las elecciones, las propias autoridades venezolanas aceptaron la detención de niños en el marco de las protestas, justificando los procesos penales contra ellos por su supuesta participación en manifestaciones violentas. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que hay personas detenidas que viven con alguna discapacidad o son neurodivergentes, de las cuales algunas son niños y niñas.En todos los casos documentados no se contaba con una orden de aprehensión dictada por un juez o no haber sido en flagrancia de un delito. Los niños y niñas permanecieron varios días desaparecidos, sin que su familia supiera de su paradero, y su puesta a disposición ante un tribunal rebasó el límite que marca la ley y el derecho internacional: un máximo de 24 horas.Al menos cinco de los niños habrían sido sometidos a tortura a través de golpizas con puñetazos y patadas, choques eléctricos, asfixia y amenazas de muerte o sexuales, con la intención de forzarles una confesión. Se les acusó de terrorismo y otros delitos graves, aparentemente, sin presentar pruebas. (Lea también: Argentina denuncia que “efectivos armados” hostigan embajada en Venezuela, que asila a opositores).“Me contó llorando que lo habían torturado. Lloraba y lloraba. Yo lo abrazaba, pero por donde le tocaba para abrazarle, le dolía (...). Mi hijo me dijo que después de toda la electricidad sentía que estaba muerto", contó la madre de uno de los detenidos a la ONG. En su testimonio detalló que militares golpearon al menor con un bate de beisbol en espalda y torso, le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y le dieron choques eléctricos, perdiendo el conocimiento al menos dos veces. Además, lo pusieron junto a otras personas detenidas haciendo una fila en el suelo para que militares, uno por uno, fueran dándoles patadas. Las escabrosas torturas habrían dado paso a otros problemas de salud como parálisis facial, colapsos nerviosos, depresión, ataques de pánico o autoaislamiento. Se registraron dos casos en los que habrían intentado atentar contra su vida.“Mi hijo lloraba. Y me decía que no podía dormir. Que cerraba los ojos y tenía pesadillas donde le volvían a torturar”, aseguró otra las madres de los detenidos, quien dijo que su familia está muy angustiada por el estado de depresión del menor.Procesos judiciales injustos por el régimen venezolanoEn las audiencias preliminares de los casos documentados, la jueza a cargo habría incitado a que se declararan culpables para rebajar sus penas de 10 años de prisión, a seis años y ocho meses, y sin posibilidad de libertad condicional u otra medida cautelar. Ninguno de ellos aceptó su culpabilidad.Antes de iniciar el proceso judicial, "se les impuso un abogado/a público carente de independencia, negándoles de facto el derecho a una defensa. Todos desconocían los hechos o las pruebas que la Fiscalía habría aportado en su contra", indicó Amnistía Internacional.En varios casos, la jueza alegó que no había recibido ninguna prueba por parte de la defensa para demostrar su inocencia, a pesar de que las familias las habían aportado. Incluso, se denunció que los seres queridos ni siquiera fueron informados de las audiencias ni fueron advertidas de las consecuencias negativas de sus denuncias en prensa y redes sociales.“La defensora (pública) me dijo que por haber denunciado el caso de mi hijo públicamente, ahora todo se iba a demorar. Que era por mi culpa", indicó una de las madres. Asimismo, los niños y niñas habrían permanecido durante varios días en centros de detención para adultos y en instalaciones de cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, lo cual es contrario al estándar internacional.(Lea también: María Corina Machado habla luego de que Fiscalía de Venezuela anunciara investigación contra ella).Acciones inmediatas solicitadas por Amnistía InternacionalDada la gravedad de los hechos relatados, Amnistía Internacional exige:Que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los niños y niñas detenidas arbitrariamente hasta el momento tras las elecciones del 28 de julio de 2024.Que se abstengan de torturar y someter a niños y niñas privadas de la libertad a tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de someterlos a proceso penales infundados e injustos.Que se abstengan de cometer actos de retaliación contra familiares, abogados, defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian la crítica situación de personas injustamente encarceladas.Que cesen de inmediato la persecución y política de represión contra quienes consideran personas críticas al gobierno, incluida la comisión de detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y acciones estigmatizantes contra la sociedad civil.
