Son 10 los militares que ya están siendo investigados por el hostigamiento a la comunidad de Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, informó el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional.
El alto oficial precisó que el miércoles 13 de septiembre “la unidad militar comprometida en la investigación con 24 integrantes -un oficial, dos suboficiales, 21 soldados- fue extraída” de la zona y trasladada a Montería. No obstante, el proceso se abrió contra 10 de ellos: un teniente, un sargento, un cabo viceprimero y siete soldados.
El general Ospina recalcó que estos hombres “se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional, según lo que hasta el momento se ha podido identificar”.
Fue por eso que el comandante tomó “la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y adicionalmente, para los mandos, separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar, ordenando que no podrán ejercer ningún tipo de misiones de liderazgo operacional ni de inteligencia militar”.
El general reveló que los soldados implicados en el caso de Tierralta “fueron reentrenados hace tan solo 48 días en temas de derechos humanos, protección de niñas, niños y adolescentes, uso legal y debido de la fuerza, derecho operacional terrestre”.
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Sobre la investigación que se adelantará contra los uniformados, el general Ospina dijo que la Procuraduría General de la Nación "asumirá la respectiva investigación disciplinaria”. ¿Y la parte penal?
“La Justicia Penal Militar comunicó que se dio inicio a la investigación penal número 298 J101 por el delito de abuso de autoridad especial en averiguación de responsables. En igual sentido, y al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo, este comando entiende que según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación”, agregó.
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Por su parte, Javier Sarmiento, procurador delegado para los derechos humanos, que no pudo llegar a Bocas del Manos por el ataque al helicóptero y que fue atribuido al Clan del Golfo, dice que la entidad continuará “con un auto de apertura de indagación previa en el cual hay ordenadas unas pruebas y es nuestro deber constitucional y legal practicarlas si las condiciones de seguridad y climatológicas lo permiten”.
La Procuraduría General también precisó que en el marco de este caso no solo investiga las amenazas a la población civil con armas, sino también el presunto abuso sexual a una mujer indígena en la misma zona.
La procuradora Margarita Cabello Blanco cuestionó lo ocurrido en Tierralta. "¿Qué pasó con la seguridad? ¿Quién va a garantizarle al país la seguridad para los órganos que tienen que investigar la ocurrencia de hechos incursos en causas disciplinarias? Esa es la gran pregunta que queda y más en este caso cuando era a miembros o personal del Ejército a quienes presuntamente se acusaba de ser los causantes de los hechos objeto de investigación. Genera preocupación y genera dudas, que tendrán que ser investigadas también por la Procuraduría General de la Nación", manifestó.
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