La investigación inició en octubre de 2013 cuando el representante legal de una reconocida entidad bancaria con sede en Cali denunció que un empleado suyo había efectuado 18 transacciones fraudulentas por más de 1.750 millones de pesos.
Coordinaban transacciones fraudulentas desde otros países como Panamá, Ecuador y Venezuela hacia Bogotá, como quedó evidenciado en una de las interceptaciones.
En total, la Fiscalía, con apoyo del CTI, interceptó 40 líneas telefónicas. Durante los allanamientos que permitieron las capturas en Bogotá y Cali fueron incautados 44 millones de pesos, dólares, euros, 300 cédulas, equipos de cómputo, celulares y múltiples documentos contables con sellos de diferentes entidades bancarias.