La apertura de las dos investigaciones se basa en denuncias presentadas por separado por la Asociación Sindical de Trabajadores de la Contraloría y por dos periodistas, según la Fiscalía.
El sindicato del tribunal de cuentas denunció que ese organismo de control dirigido por Morelli suscribió con la empresa Proyectos y Desarrollos UNO S.A., un contrato de alquiler de oficinas cuyo valor asciende a 2.500 millones de pesos mensuales (unos 1,3 millones de dólares).
Por esa denuncia, el vicefiscal José Fernando Perdomo ordenó practicar una diligencia de inspección en la sede la Contraloría, que se llevó a cabo hoy, con el fin de verificar el cumplimiento de todos los elementos constitutivos del contrato de arrendamiento.
La segunda denuncia fue presentada por la periodista Cecilia Orozco Tascón y el abogado y columnista Ramiro Bejarano Guzmán, que en los años 90 fue director del ahora extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por "presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales", agregó la Fiscalía.
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Según el ente acusador, "la actuación judicial pretende recolectar elementos materiales probatorios y evidencias físicas que permitan establecer o desvirtuar la existencia de los mencionados seguimientos o interceptaciones a los citados periodistas".
Después de estas diligencias la Fiscalía decidirá si las pruebas son suficientes para abrir una investigación formal contra la funcionaria.
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Morelli, que se encuentra en Washington en viaje oficial, aseguró que las investigaciones de la Fiscalía son bienvenidas porque "la claridad le va a servir a todo el mundo, en especial a nosotros", en declaraciones radiales.
Agregó que desde febrero se le pidió a la Fiscalía establecer claridad sobre las denuncias por presuntas interceptaciones a periodistas y por sobrecostes en contratos de arrendamiento de las nuevas oficinas de la Contraloría General de la República.
Bogotá