Los operativos que comenzaron desde el lunes, dejan hasta el momento 36 minas cerradas de las 110 que según las autoridades departamentales, son ilegales e incumplen los procedimientos ambientales.
El párroco de la misión pastoral de Buriticá, Hernán Ortíz, consideró como un atropello las diferentes tareas de desalojo de los obreros de los socavones, sobre todo, en la mina Lebrón que es considerada una de las más grandes, por lo que pidió la intervención de organismos de Derechos Humanos para mitigar la situación.
“Nosotros pedimos que haya veeduría por parte de Derechos Humanos, ya que están violando todos los protocolos. Están pensando dinamitar todas las zonas de los asientos, poner cargas explosivas en todas las minas y eso se había declarado zona de alto riesgo, yo veo todo eso contradictorio. Además, por orden de del comandante de Policía comenzaron a dispararles balas de goma a la población civil”, relató ortíz.
Los operativos de cierre de las minas informales fueron ordenados por el Gobierno Nacional inicialmente en los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó. Las más de tres mil personas que quedarán cesantes entrarán en una bolsa de empleo y así, buscarles alternativas diferentes para su sustento.
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La mina Lebrón, con al menos 600 metros cuadrados, generaba empleo a más de 500 obreros, según las autoridades municipales.
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