Álvaro Uribe Vélez publicó un documento en su página oficial en el que hace algunas observaciones sobre lo que él llama “cese unilateral de acciones delictivas”.
Este es el texto del documento:
“Siempre hemos pensado que el diálogo creíble debe empezar con un gesto de buena fe del terrorismo como es el cese unilateral de acciones delictivas, con concentración y vigilancia.
Creemos que los hechos de incremento de violencia, que en unas regiones son más notorios y en otras más sofisticados, sugieren la urgencia de esta condición, que de darse, traería optimismo a la ciudadanía y generaría una opinión de reconocimiento de buena fe de la Farc.
El diálogo en medio de la violencia, entre todo lo malo, tipifica graves faltas éticas: mientras el Gobierno dialoga en La Habana, aquí le asesinan a los soldados y policías; mientras los cabecillas dialogan en La Habana, aquí exponen a los guerrilleros rasos a que las autoridades les den de baja.
El avance del diálogo debe suspenderse sin levantar la mesa, quiere decir que por respeto a las Fuerzas Armadas y a nuestra democracia, el diálogo debe congelarse mientras se cumple la condición del cese de actividades criminales, con concentración de los integrantes de Farc y con vigilancia.
Sin levantar la mesa significa mantener toda la voluntad de dialogar, mantener la presencia de delegaciones dedicadas a buscar, de manera exclusiva, el cumplimiento de la condición.
Hemos hablado de la necesidad de urgencia y de paciencia: urgencia para que se dé la condición y de ahí en adelante paciencia para lograr un acuerdo que no afecte a nuestra democracia, que no traiga el mal ejemplo de la impunidad y que no obstaculice a la empresa privada.
La pobreza colombiana no es por la empresa privada, es por falta de más empresa privada. Para nosotros en el Centro Democrático hay una mutua implicación entre la confianza de iniciativa privada y las políticas sociales.
Sabemos que la condición del cese unilateral habría sido menos difícil hace cinco años que ahora cuando la Farc está más fortalecida y ha recuperado una vocería justificatoria del terrorismo, que perdió durante los Gobiernos de la Seguridad Democrática.
Hace cinco años, de haberse exigido la condición, mejor dicho de no haberla levantado porque siempre existió, seguramente el inicio formal del diálogo habría demorado, pero el proceso tendría credibilidad y no habría pagado el costo de nuevos delitos y de nuevos asesinatos, con el agravante que sus autores se sienten legitimados para cometerlos porque se autorizó “negociar en medio del conflicto”.
Una exigencia nacional para aceptar la condición podría estar acompañada por la comunidad internacional que debería pronunciarse en el mismo sentido, y lo haría si el Gobierno lo solicita.
Esto obliga, primero que todo, a que el Gobierno no continúe descartando la condición del cese unilateral del crimen, con concentración y vigilancia.
El sitio de concentración pudiera ser de extensión prudente, no en zona de frontera, tampoco que coincida con áreas estratégicas para la economía, y carente de población civil.
Nadie pretende que vengan soldados internacionales a ejercer vigilancia sobre la concentración de Farc, debería ser con instituciones y personas colombianas pero con la monitoría y presencia de la comunidad internacional, que estarían en permanente comunicación con delegados de Farc.
Algunos aducen que Farc no acepta la concentración porque pierde sus fuentes económicas de drogas ilícitas, minería ilegal y extorsión. Podría buscarse un sustento para los guerrilleros concentrados.
El tiempo de concentración podría descontarse de las condenas de cárcel a los cabecillas. Hemos repetido que los guerrilleros rasos no deberían ir a la cárcel salvo casos excepcionales de responsabilidad en atrocidades.
Repetimos que durante el tiempo de concentración la Farc podría mantener las armas, cuya entrega y destrucción sería al momento de firmar el acuerdo final.
Es muy importante repetir que en el sitio de concentración, siempre que haya respeto a las regulaciones, Farc estaría a salvo de acciones de las Fuerzas Armadas.
Ojalá se recupere la política de seguridad, ésta necesaria condición sería menos difícil.
Esperar que negocien un cese bilateral, además de riesgos constitucionales e injusticias, implicaría seguir extendiendo asesinatos y bajas, con todas las connotaciones contra la ética. El cese bilateral pondría nuevamente a las Fuerzas Armadas en el mismo nivel del terrorismo, no obstante que su tarea es la seguridad de los colombianos y el designio del terrorismo es el delito”.