Betoma es un monumental complejo arquitectónico prehispánico hallado en la cara occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta que promete transformar la comprensión sobre el poblamiento ancestral en Colombia. Tras siete años de exploraciones científicas y trabajo de campo junto a campesinos de la zona, la investigación ha logrado registrar miles de terrazas enterradas bajo la densa vegetación.Hasta la fecha, los trabajos en una extensión de 18 kilómetros cuadrados en la cuenca alta de la montaña han revelado una densidad constructiva sin precedentes en la región. Son exactamente 8334 terrazas las que hasta la fecha han sido encontradas en este tesoro llamado Betoma.“Estamos cambiando la manera en que se piensa la Sierra. Antes se pensaba que la Sierra es un paisaje caracterizado por unas capitales, como ciudad perdida", detalló el arqueólogo Daniel Rodríguez, de la Universidad del Norte.Los análisis arqueológicos señalan que el complejo estuvo habitado en dos periodos históricos principales: el primero entre los siglos IV y IX, y el segundo desde el año 1.000 hasta el 1.600. La infraestructura encontrada incluye terrazas residenciales, áreas públicas, reservorios y elaborados sistemas de canaletas de piedra para el manejo de agua. Este hallazgo replantea la tesis de que la Sierra Nevada albergaba únicamente unas cuantas grandes capitales rodeadas de pequeños caseríos.La localización de las estructuras ha sido posible gracias a la articulación entre el trabajo científico y el conocimiento del terreno de los habitantes locales. Enrique Osorio, conocido en la vereda Nueva Unión como Kike y primer guía local del proyecto, ha sido clave para ubicar los vestigios mediante recorridos a pie y el uso de tecnología láser LiDAR en drones. "Yo soy el colaborador local que he estado con Daniel todo el tiempo", afirmó Osorio sobre las exploraciones. Las proyecciones del equipo indican que en la cuenca baja podrían hallarse cantidades similares de terrazas.El descubrimiento ha comenzado a articularse con un modelo de turismo comunitario enfocado en la conservación del patrimonio y el desarrollo sostenible de la vereda. Los investigadores coinciden en que la protección de las ruinas busca generar alternativas de educación y empleo formal para las familias locales.
La mañana del miércoles 15 de julio de 2026, la jornada escolar en el colegio John F. Kennedy, ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá, se vio marcada por un grave hecho de violencia. Antes de que comenzaran las clases, una estudiante de 15 años resultó herida por un disparo dentro del salón.Séptimo Día conoció su historia y habló con su familia, que pide reforzar las medidas de seguridad en las instituciones educativas para evitar nuevas tragedias por el ingreso de armas a las aulas. ¿Quién está controlando lo que entran los estudiantes a los colegios?Una advertencia que pensó que era bromaLaura, a quien le cambiamos el nombre para proteger su identidad, estaba en su salón de clases, cuando un compañero de aula le dijo: “Le voy a pegar un tiro”. Según relató la madre de la menor, Laura creyó que se trataba de una broma y respondió: “Bueno”.Sin embargo, segundos después de la advertencia, el estudiante accionó el arma de fuego. "Escuché el estallido, pero en el momento pensé que era como pólvora, no pensé que había sido un disparo", recordó Laura.Tras percibir humo en el lugar, la joven sintió el impacto en sus extremidades: "Yo volteo hacia el lado de él y veo que sale como humo y me paro y siento el dolor en las piernas y empiezo a gritar: ‘mis piernas, me duelen mis piernas’, y caigo al piso”.De inmediato, la menor fue trasladada al hospital El Tintal y, debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente remitida al hospital de Kennedy. Su madre, Yesenia Zuleta, relató la gravedad de las lesiones que sufrió su hija.“La bala entra por el fémur derecho, se pasa la pierna izquierda y se queda en la pierna izquierda, o sea, nunca salió. Fractura la tibia. Donde hubiera pasado por la vena aorta, la niña se me muere a los 2 minutos", contó Yesenia.Al ver las heridas de su hija, la madre temió que las consecuencias fueran irreversibles. “Le veo sus piernitas y yo dije: ‘mi hija va a quedar inválida, le van a quitar sus piernas’", recordó.Estudiante quedó con secuelasLaura logró sobrevivir tras ser sometida a un una intervención quirúrgica para la extracción del proyectil y permanecer ocho días hospitalizada. Sin embargo, meses después del hecho, la adolescente continúa sin poder retornar a sus actividades habituales como asistir a su colegio."Estar aquí, pues no es lo mismo que estar en el colegio con mis amigas riéndome y haciendo cosas en el colegio", aseguró.Asimismo, la familia denunció la falta de explicaciones oportunas por parte del rector y de las autoridades educativas sobre cómo ingresó un arma cargada a las instalaciones. “No hay seguridad a pesar de que hay vigilantes ahí en la entrada, pues que no les pueden revisar las maletas, pero a mí me parece mejor que las revisaran en la entrada. Igual un niño solo debe cargar cuadernos, esferos y colores, no armas”, concluyó la madre de la estudiante.Debido a esto, la representación legal de la víctima, Jimmy Erazo, radicó una demanda para determinar la responsabilidad por omisión de la institución, según él, por permitir que un menor ingresara con un arma.¿Qué está pasando dentro de las aulas?Frente a la presencia de armas en los entornos escolares, expertos analizan las implicaciones legales y las garantías de protección que deberían garantizar. Erazo sostuvo que existe una responsabilidad institucional directa en la seguridad de los estudiantes: "Al ser un colegio del estado y al ser un colegio que tiene en su custodia menores de edad, tiene que brindar todos los escenarios de protección para los menores incluso al permitir que un estudiante vinculado a su institución ingrese con un arma".El concejal de Bogotá Julián Uscategui se pronunció a favor de implementar controles tecnológicos en los accesos: "Yo estoy completamente de acuerdo con instalar detectores de metales en las entradas de los colegios de Bogotá porque es una medida que haciendo uso de la tecnología permite controlar y evitar que entren armas cortopunzantes o armas de fuego a los colegios".Por otro lado, el debate institucional abarca posturas contrapuestas en materia de costos, eficacia y derechos fundamentales dentro del entorno pedagógico. Al respecto, la senadora Mari Jurado cuestionó el carácter obligatorio de estas medidas: "Yo pienso que no es de obligación. No podemos generar en los colegios como si fuera una cárcel".Sin embargo, cifras de la Secretaría de Educación de Bogotá indican que, entre 2023 y 2026, se registraron 900 reportes relacionados con el ingreso de armas u objetos potencialmente peligrosos a los colegios de la capital.Aunque aún no existe un acuerdo para implementar detectores de metales en las instituciones educativas como medida para prevenir el ingreso de armas, la familia de Laura considera que esta tecnología habría podido evitar la tragedia que cambió la vida de la menor.
Viktor Tomnyuk, ciudadano nacido en Ucrania que estudió en la Unión Soviética, vivió en Italia y se estableció en Cali, Colombia, actuó durante dos años como agente encubierto de la Policía Nacional y de agencias de inteligencia de Estados Unidos en el frente 30 de las Farc.Motivado por una recompensa económica, logró ganarse la confianza de Jorge Neftalí Umenza Velasco, alias Mincho, comandante de esta estructura del Bloque Occidental de las Farc, que ejercía control sobre los cultivos de coca en la región.La Nena Arrázola, de Los Informantes, habló con Tomnyuk para conocer los detalles de su papel como infiltrado y su participación en las labores de inteligencia durante el conflicto armado colombiano.Así fue la estrategia de infiltraciónPara ingresar a los campamentos guerrilleros, el ciudadano ucraniano se presentó como un supuesto enviado internacional con acceso a armamento y conexiones políticas.Este habría sido el argumento que utilizó para infiltrarse en el frente 30 de las Farc: “Yo soy un delegado de Partido Comunista Ucrainano y nosotros estamos muy fascinados de cómo ustedes están tantos años luchando con contra capitalismo, contra todo y nosotros queremos hacer contactos, tenemos armas si ustedes necesitan”.Su formación académica en territorio soviético le facilitó sostener el discurso ante el mando guerrillero. “Conozco todo, me tocó estudiar Lenin, Karl Marx, por eso se me hizo fácil hablar con Mincho porque él estaba muy convencido en estas cosas”, dijo.Respecto a su llegada a la zona de infiltración, Tomnyuk afirmó que “una semana me quedaba allá. Me mostraron un campamento, yo me fui por la noche y llegamos en lancha a la selva y ahí estaba el campamento”.La operación de inteligencia y tecnología encubiertaLa Dijín y el coronel retirado Paulo Cruz fueron los instructores de este hombre, aventurero de profesión y geógrafo por pasión, que tuvo que asumir el papel de comunista para convencer a la guerrilla de que era uno de los suyos.“Dentro de esa estrategia política de las Farc es necesario hablar del frente Internacional. Esta persona cuando está en esta conversación dice todo que sí, pero lo que hace es buscar los organismos del Estado para contarles lo que está pasando”, contó Paulo Cruz, coronel retirado.Como parte del trabajo de inteligencia, Viktor Tomnyuk entregaba a alias Mincho libros de comunismo y películas. “A él le gustaba mucho la película de Pavel Korchagin, un héroe comunista de Unión Soviética en años 20, que estaba enfermo con todo. Un héroe de la lucha contra capitalismo”, reveló.En un disco que entregó junto con la película, se instaló un dispositivo GPS que permitió a las autoridades rastrear la ubicación y obtener las coordenadas exactas de los asentamientos de la guerrilla.Asimismo, para proteger la fachada del infiltrado y mantener la credibilidad del operativo, la policía junto a la Dijín simuló una captura del ucraniano en Buenaventura. “Nosotros montamos eso para darle credibilidad, que llegaba una persona de la Embajada a la selva y me captura la Policía. Cruz montó una película así y me llevaron al DAS, pero todo estaba montado”, contó.Revelaciones y testimonios judicialesLa información recopilada por el agente encubierto incluyó mapas, fotografías y datos sobre redes de apoyo compuestas por milicianos y financiamiento de movilizaciones.“En algún momento se conoció de una estrategia que denominaron los 12 apóstoles, era un importante número de persona, no eran 12, eran más, que desde la clandestinidad, pero desde roles estratégicos y puestos estratégicos, incluso dentro de estamentos gubernamentales, pretendía llevar al poder a las Farc... Estamos hablando de gente que no está uniformada, que la vemos todos los días, que la podíamos ver en televisión, que la podíamos ver en eventos, que la podíamos ver en cualquier sitio, pero que realmente tenía un trabajo estratégico para las Farc”, afirmó el coronel en retiro.Aunque el listado de los llamados 12 apóstoles aún permanece bajo reserva, sí se hicieron públicos los procesos que enfrentó la fallecida exsenadora Piedad Córdoba. En uno de ellos, la Procuraduría la inhabilitó por 18 años, una sanción que posteriormente fue anulada por el Consejo de Estado. Además, tuvo que afrontar otros procesos e investigaciones que se extinguieron tras su fallecimiento.“De hecho, hay un resultado, ese resultado es público, que fue la relación de Mincho con la exenadora Piedad Córdoba. Se puede inferir razonablemente que podría ser una de ellas (de los llamados 12 apóstoles)...por Raúl Reyes y otros elementos que había un vínculo importante”, agregó Cruz.La discreta estadía de Tomnyuk en Colombia salió a la luz cuando la propia Corte lo citó a declarar como testigo. Actualmente, Viktor reside bajo esquema de seguridad en Florida, Estados Unidos.Por otro lado, el coronel retirado Paulo Cruz recuerda con especial celo y cierto orgullo la operación que culminó con la muerte de alias Mincho y debilitó hasta casi desaparecer al frente 30 de las Farc, una estructura que dominaba buena parte de los departamentos del Valle del Cauca y Tolima.
Miguel Ángel López, conocido como 'Samor One' y expareja de la creadora de contenido María Alejandra Esquín, reconocida en redes sociales como 'Baby Demoni’, rompió el silencio mediante un video tras conocerse el informe de necropsia que estableció las causas del fallecimiento de la joven influencer.El cantante de rap, quien abandonó Colombia posterior a la muerte de la joven, manifestó a través de sus redes sociales que no se encuentra escondido ni temeroso frente a las acusaciones formuladas en su contra.“Para los que dicen que estoy volado, que estoy escondido, que estoy asustado, quiero decirles que sigo tranquilo, sigo libre y, ante los ojos de Dios y la ley colombiana, yo soy inocente”, dijo ‘Samor One’ en el video publicado.Asimismo, afirmó que tanto su abogado como la Fiscalía conocen su paradero desde el primer momento. “A las únicas personas que les interesa en dónde estoy y lo saben desde el minuto uno que yo salí del país, es a mi abogado y a la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Resultado de la necropsia de Baby DemoniEn el video publicado en sus redes sociales, ‘Samor One’ también se refirió al resultado de la necropsia y cuestionó la fecha de entrega del documento, que, según señaló, habría sido emitido hace aproximadamente un año.“Dice que fue el 24 de octubre del 2025, es decir, que la Fiscalía cuenta con ese documento de un año en su poder...¿No creen ustedes lógico que yo ya estaría tal vez detrás de unas rejas”, afirmó.No obstante, el examen forense determinó que la causa de muerte de María Alejandra Esquín, conocida como Baby Demoni, fue asfixia por compresión extrínseca del cuello, dictamen que se hizo público el pasado 17 de octubre de 2026.‘Samor One’ también señaló a la abogada de la familia, Wendy Herrera, quien ha solicitado avances de la investigación para que se establezca lo ocurrido el día de la muerte de la joven influencer.“Me parece muy poco ético y muy poco profesional de su parte que tenga que estarme enviando a mí mensajes por medio de videos de TikTok... Lo que pasa es que usted ya se dio cuenta que esto es una polémica a nivel mundial, usted también se quiere montar en la ola y quiere hacer su show”, dijo.Sin embargo, recientemente, la abogada de la familia de Baby Demoni publicó un video en su cuenta personal de Instagram en el que respondió a las declaraciones del joven cantante.“Yo no sé quién es usted, nunca lo he visto, solo sé que usted está vinculado a un proceso por un presunto feminicidio...Yo no le tengo miedo”, afirmó la abogada.¿Qué ocurrió el día de la tragedia?Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2025, fecha en la que la influencer bogotana, de 24 años, falleció tras un incidente en el apartamento donde convivía con ‘Samor One’.La tarde del 14 de octubre, un día antes, se registró una fuerte discusión entre la pareja. Horas después, la joven fue trasladada a una clínica por un presunto intento de asfixia con una sábana. Sin embargo, cuando su padre, Manuel Ariza, ingresó a verla en la Unidad de Cuidados Intensivos, observó un golpe en la frente y marcas en el cuello que, según su apreciación, corresponderían a dedos humanos y no a la tela.Posteriormente, las autoridades examinaron el teléfono móvil de la joven y halló una fotografía tomada a las 2:40 p.m. del día de los hechos que registró manchas de sangre en el piso y ruidos tras la discusión.El programa de Séptimo Día reveló los secretos que encontraron en el celular de Baby Demoni: “En su teléfono se encuentra todo lo que son las conversaciones, las imágenes fotográficas, los videos de toda la historia de la señora María Alejandra, pero lo más importante es de los días previos y del día de los hechos”.El director de la Unidad de Investigación Criminal, Yefrin Garavito, dijo que: "Esta fotografía nos denota algo importante y es que ella quería documentar unas manchas de sangre, residuos de sangre y elementos en el piso que denotan una pelea. ¿Por qué motivo ella quiere tomar esa fotografía? No es muy común que una persona que quiera suicidarse tome fotografías previas del lugar en donde hubo una discusión”, dijo el investigador. Además, afirmó que en el cadáver de la joven se apreciaba un surco de presión extraño en el cuello que, dice, no correspondería al elemento con el que supuestamente se asfixió, que fue una sábana.Familia de Baby Demoni denuncian que no fue suicidioLa familia de la influencer rechazó la hipótesis de suicidio. Su padre habló con el canal Citytv para pedir celeridad a las autoridades y evitar que el caso quede en la impunidad.“Seguimos con la misma duda, la misma incógnita por el caso de mi hija. Se sabía desde un comienzo que a mi hija la pasaron por suicidio. Medicina Legal y las pruebas que se han recolectado arrojaron que el caso de mi hija no fue suicidio, fue homicidio”, declaró en la entrevista.“Que el caso de mi hija no quede en un número más, en un archivo más, ya que las pruebas están. Todo lo que se ha requerido se lo hemos aportado a los abogados, a la Fiscalía y hasta el día de hoy no hemos visto resultados de nada”, agregó.Por ahora, la investigación continúa en curso. Mientras la expareja de la joven afirma que “salió del país porque no tiene antecedentes penales ni le debo nada a la justicia colombiana”, la familia de Baby Demoni insiste en que se esclarezcan los hechos y pide que su muerte no quede en la impunidad.
Viktor Tomnyuk, ciudadano nacido en Ucrania que estudió en la Unión Soviética, vivió en Italia y se estableció en Cali, Colombia, actuó durante dos años como agente encubierto de la Policía Nacional y de agencias de inteligencia de Estados Unidos en el frente 30 de las Farc.Motivado por una recompensa económica, logró ganarse la confianza de Jorge Neftalí Umenza Velasco, alias Mincho, comandante de esta estructura del Bloque Occidental de las Farc, que ejercía control sobre los cultivos de coca en la región.La Nena Arrázola, de Los Informantes, habló con Tomnyuk para conocer los detalles de su papel como infiltrado y su participación en las labores de inteligencia durante el conflicto armado colombiano.Así fue la estrategia de infiltraciónPara ingresar a los campamentos guerrilleros, el ciudadano ucraniano se presentó como un supuesto enviado internacional con acceso a armamento y conexiones políticas.Este habría sido el argumento que utilizó para infiltrarse en el frente 30 de las Farc: “Yo soy un delegado de Partido Comunista Ucrainano y nosotros estamos muy fascinados de cómo ustedes están tantos años luchando con contra capitalismo, contra todo y nosotros queremos hacer contactos, tenemos armas si ustedes necesitan”.Su formación académica en territorio soviético le facilitó sostener el discurso ante el mando guerrillero. “Conozco todo, me tocó estudiar Lenin, Karl Marx, por eso se me hizo fácil hablar con Mincho porque él estaba muy convencido en estas cosas”, dijo.Respecto a su llegada a la zona de infiltración, Tomnyuk afirmó que “una semana me quedaba allá. Me mostraron un campamento, yo me fui por la noche y llegamos en lancha a la selva y ahí estaba el campamento”.La operación de inteligencia y tecnología encubiertaLa Dijín y el coronel retirado Paulo Cruz fueron los instructores de este hombre, aventurero de profesión y geógrafo por pasión, que tuvo que asumir el papel de comunista para convencer a la guerrilla de que era uno de los suyos.“Dentro de esa estrategia política de las Farc es necesario hablar del frente Internacional. Esta persona cuando está en esta conversación dice todo que sí, pero lo que hace es buscar los organismos del Estado para contarles lo que está pasando”, contó Paulo Cruz, coronel retirado.Como parte del trabajo de inteligencia, Viktor Tomnyuk entregaba a alias Mincho libros de comunismo y películas. “A él le gustaba mucho la película de Pavel Korchagin, un héroe comunista de Unión Soviética en años 20, que estaba enfermo con todo. Un héroe de la lucha contra capitalismo”, reveló.En un disco que entregó junto con la película, se instaló un dispositivo GPS que permitió a las autoridades rastrear la ubicación y obtener las coordenadas exactas de los asentamientos de la guerrilla.Asimismo, para proteger la fachada del infiltrado y mantener la credibilidad del operativo, la policía junto a la Dijín simuló una captura del ucraniano en Buenaventura. “Nosotros montamos eso para darle credibilidad, que llegaba una persona de la Embajada a la selva y me captura la Policía. Cruz montó una película así y me llevaron al DAS, pero todo estaba montado”, contó.Revelaciones y testimonios judicialesLa información recopilada por el agente encubierto incluyó mapas, fotografías y datos sobre redes de apoyo compuestas por milicianos y financiamiento de movilizaciones.“En algún momento se conoció de una estrategia que denominaron los 12 apóstoles, era un importante número de persona, no eran 12, eran más, que desde la clandestinidad, pero desde roles estratégicos y puestos estratégicos, incluso dentro de estamentos gubernamentales, pretendía llevar al poder a las Farc... Estamos hablando de gente que no está uniformada, que la vemos todos los días, que la podíamos ver en televisión, que la podíamos ver en eventos, que la podíamos ver en cualquier sitio, pero que realmente tenía un trabajo estratégico para las Farc”, afirmó el coronel en retiro.Aunque el listado de los llamados 12 apóstoles aún permanece bajo reserva, sí se hicieron públicos los procesos que enfrentó la fallecida exsenadora Piedad Córdoba. En uno de ellos, la Procuraduría la inhabilitó por 18 años, una sanción que posteriormente fue anulada por el Consejo de Estado. Además, tuvo que afrontar otros procesos e investigaciones que se extinguieron tras su fallecimiento.“De hecho, hay un resultado, ese resultado es público, que fue la relación de Mincho con la exenadora Piedad Córdoba. Se puede inferir razonablemente que podría ser una de ellas (de los llamados 12 apóstoles)...por Raúl Reyes y otros elementos que había un vínculo importante”, agregó Cruz.La discreta estadía de Tomnyuk en Colombia salió a la luz cuando la propia Corte lo citó a declarar como testigo. Actualmente, Viktor reside bajo esquema de seguridad en Florida, Estados Unidos.Por otro lado, el coronel retirado Paulo Cruz recuerda con especial celo y cierto orgullo la operación que culminó con la muerte de alias Mincho y debilitó hasta casi desaparecer al frente 30 de las Farc, una estructura que dominaba buena parte de los departamentos del Valle del Cauca y Tolima.
Hace más de tres meses, 99 integrantes de los llamados Comandos de Frontera, liderados por Geovany Andrés Rojas, alias Araña, suscribieron un acuerdo de paz con el gobierno del expresidente Gustavo Petro, entregaron las armas y se concentraron en una zona temporal ubicada en el sur de Putumayo. Sin embargo, el cambio de gobierno los dejó en una situación de incertidumbre, luego de que la administración de Abelardo de la Espriella diera por terminados los diálogos con los grupos armados ilegales y planteara como alternativa el sometimiento a la justicia. Esta decisión provocó la salida de algunos integrantes, mientras más de 60 permanecen en el espacio territorial. Recientemente, el Gobierno Nacional extendió por dos meses más su permanencia en la zona, hasta donde se desplazó un equipo de Noticias Caracol para conocer sus condiciones de vida y recoger sus testimonios.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl escenario de esta concentración es la vereda Betania, zona rural del municipio del Valle del Guamuez, una zona selvática del Putumayo históricamente golpeada por el control territorial de grupos guerrilleros, disidencias, la violencia paramilitar y la economía de la coca. Hasta allí llegaron el pasado 19 de junio 99 excombatientes a bordo de dos helicópteros, acompañados incluso por sus mascotas. Se instalaron en una finca de seis hectáreas bajo el marco de la Resolución 053, respaldada por la MAPP/OEA y países garantes, la cual fijó un tránsito de diez meses para prepararlos hacia la vida civil. En el predio se levantó una aldea de 23 casas blancas con techos azules para 200 personas. En un acto de paz, entregaron sus fusiles en cajas de madera para ser fundidos e incineraron sus uniformes."La libertad es única"Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras la firma de la Resolución 346 por Abelardo de la Espriella, quien puso fin a la mesa de diálogos de paz. La posterior extradición a Estados Unidos de su máximo comandante, alias Araña, desató una desbandada al monte en la que 36 personas abandonaron el lugar, dejando a 63 excombatientes en un encierro donde, dicen ellos, no se les permite salir ni al río. Entre quienes permanecen está Robinson, alias 'El Paisa', un veterano con 20 años en la guerrilla que pasó por las FARC, estuvo privado de la libertad en la cárcel de Chiquinquirá e hizo parte del proceso de desminado humanitario en 2016. Ante el confinamiento actual, 'El Paisa' reflexionó diciendo que "la libertad es única. Usted entre paredes es el olvido, totalmente. Si el Estado olvida al pueblo, en la cárcel lo olvidan todos". Pese al desencanto, ratificó su meta de desmovilizarse: "A mí me gustaba esto, pero la meta mía, mi mentalidad, era entregar mi fusil".En las casas blancas también habitan jóvenes cuyas vidas quedaron marcadas por el conflicto a temprana edad. Natalia, de 29 años, y su pareja Wilson, de 24, un campesino ecuatoriano reclutado a los ocho años cuando quería ser enfermero. La trayectoria de Wilson está atravesada por el dolor de haber visto morir a su hermana en combate hace tres años en Puerto Guzmán. Recuerda que ella le dijo antes de fallecer: "Sálvate y cuando tengas la posibilidad de salir de acá te vas. Quiero que estés con mi mamá y con mis otras hermanitas". Cumpliendo esa promesa, Wilson dejó las armas: "Decidí dejar las armas por el motivo de seguir estudiando, seguir ejerciendo mi carrera como enfermero, pero acá en la vida civil y reencontrarme con mi familia".“Respeten nuestras vidas”: excombatientesFrente a la incertidumbre, la comunidad de excombatientes envió un mensaje al Ejecutivo: "Hemos tomado una decisión de valientes... lo que más pedimos es que respeten nuestras vidas porque esta decisión que tomamos la tomamos fue por todas nuestras familias porque queremos ir a casa".El desacuerdo central radica en la exigencia gubernamental de sometimiento a la justicia sin garantías de transición legal. Arbey, de 36 años, quien recorrió todo el espectro de la violencia en Colombia, pues por grupos guerrilleros, paramilitares, pandillas urbanas y el Ejército Nacional antes de integrar los Comandos de Frontera, rechazó esa condición: "Nosotros no podemos someternos porque el que se somete es la persona que se entrega, que se desmoviliza, que tiene que sapear. Eso es someterse. Nosotros no”.Por su parte, alias El Paisa sostuvo que “yo no me voy a someter, yo ya vengo de una cárcel. Nosotros no somos grupos delincuenciales, somos grupos alzados al margen de la ley en defensa de un territorio".Aunque alias Araña envió una orden desde la cárcel instándolos a continuar en el predio, los excombatientes temen ser arrestados: "Así no nos den el apoyo económico, pero que nos ayuden con la situación jurídica para poder uno movilizarse libremente. Le tememos a que pronto lleguemos a un retén y nos digan: 'Bueno, usted trabajó en un grupo armado ilegal, entonces vámonos para la cárcel'". Mientras corre la prórroga de dos meses, más de 60 personas aguardan una salida legal para retornar a sus hogares sin volver a las armas.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la extinción de dominio sobre seis bienes relacionados con el cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez conocido con el nombre artístico de Charlie Zaa. El valor de estos bienes asciende los 20.000 millones de pesos y la determinación está relacionada con una investigación que bus establecer si estas propiedades fueron adquiridas con recursos provenientes del extinto bloque del Tolima de las Autodefensas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿Por qué declararon extinción de dominio a bienes de Charlie Zaa?Este expediente se originó en medio de versiones entregadas por integrantes de la estructura paramilitar. El artista, por su parte, ha negado los señalamientos y ha defendido que su patrimonio es producto de más de 30 años de trabajo en el gremio de la música. Además, ha sostenido que parte los recursos para adquirir sus propiedades han salido de las regalías generadas por su música.Con esta decisión, los seis bienes a los que se le hicieron extinción de dominio quedan en manos del Estado colombiano y su destino estará ligado a mecanismos de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Cabe mencionar que esta extinción de dominio no está relacionada con la compulsa de copias que ya está en la Fiscalía General de la Nación, donde se investiga si hubo o no algún vínculo del cantante con el grupo paramilitar.Las propiedades están avaluadas en 23.755 millones de pesos.¿Por qué investigan a Charlie Zaa?A Charlie Zaa lo investigan por presuntos vínculos con recursos del extinto Bloque Tolima de las AUC y por la posible adquisición de bienes con dinero proveniente de esa organización paramilitar.La investigación surgió a partir de declaraciones de exintegrantes del grupo armado y busca determinar si algunas propiedades asociadas al cantante fueron compradas con recursos ilegales o si él tuvo conocimiento del origen de esos dineros. En julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación ocupó varios bienes vinculados al artista, entre ellos un centro comercial, dos discotecas y un hotel, dentro de un proceso de extinción de dominio. Según el ente investigador, estos activos estarían relacionados con operaciones para ocultar recursos del Bloque Tolima. En esa oportunidad, el artista Charlie Zaa publicó en sus redes sociales un comunicado diciendo que "el proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio. La defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes".Agregó el cantante que “he comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad".CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, celebró este lunes las medidas adoptadas en Colombia para la reparación a las víctimas diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, incluyendo la participación de exjefes de las antiguas FARC-EP y del Ejército en la búsqueda de restos de desaparecidos. "Estas medidas están contribuyendo a promover los derechos de las víctimas del devastador conflicto armado del país, y allanan el camino hacia una paz y una seguridad sostenibles", subrayó en un comunicado Türk, quien también destacó en particular cómo antiguos responsables de las FARC-EP y del Ejército trabajan juntos en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, para localizar e identificar a personas desaparecidas y entregar sus restos a las familias. "Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, la reparación y la sanación de familias afectadas por el conflicto", agregó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl proyecto forma parte de las medidas establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia de transición creado por el Acuerdo de Paz de 2016. Bajo el marco legal establecido por la JEP, personas acusadas de graves crímenes y violaciones de derechos humanos que hayan reconocido su responsabilidad pueden cumplir sanciones restaurativas en lugar de penas de prisión, como por ejemplo la mencionada participación en las labores de búsqueda de desaparecidos. "Esto no puede ser un esfuerzo aislado", alertó el alto comisionado, quien destacó que es fundamental que los mecanismos de justicia y reparación establecidos en virtud del Acuerdo de Paz continúen desarrollándose.Esta declaración se conoce luego de que el canciller colombiano, Ómar Bula, afirmó la semana pasada en Naciones Unidas que el Ejecutivo "remoldeará" lo suscrito en el acuerdo en función de las prioridades que ha dado el presidente Abelardo de la Espriella, quien considera que en Colombia no hay conflicto armado. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a fortalecer la articulación institucional con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el organismo encargado de revisar que se implemente el acuerdo.De la Espriella ha sido uno de los más fervientes opositores al acuerdo de paz con las FARC y su política de seguridad está más enfocada a la confrontación armada, que a las negociaciones con los grupos ilegales. Cabe señalar que el Gobierno de turno no puede derogar el acuerdo firmado en 2016.El primer acuerdo con las FARC cumple 10 añosHace 10 años, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el último comandante de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron en Cartagena el primer acuerdo de paz, texto que seis días después fue rechazado en un plebiscito y modificado en las siguientes semanas por el Congreso. La firma de ese documento, con el que las partes buscaban poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, fue la semilla de la ilusión de paz que tiene Colombia y la base del acuerdo que el Gobierno y las FARC volvieron a firmar el 24 de noviembre de ese año, que trae los cambios hechos por el legislativo, que es el que hoy se sigue implementando.El acuerdo fue firmado por Santos y Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, en el Centro de Convenciones ante unos 2.500 invitados, entre víctimas, excombatientes, políticos, miembros de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional que asistieron a la ceremonia. "Al terminar este conflicto, termina el último y el más viejo conflicto armado del Hemisferio Occidental. Por eso celebra la región y celebra el planeta, porque hay una guerra menos en el mundo y es la de Colombia", afirmó Santos (2010-2018) ese día.Uno de los momentos más recordados del acto del 26 de septiembre de 2016 fue el susto para todos los presentes pero principalmente para Londoño, que estaba en la parte final de su discurso cuando un avión Kfir causó un estruendo al romper la barrera del sonido volando a baja altura por todo el centro del escenario. "Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas", expresó Londoño al referirse a la experiencia de guerra que dejaron atrás con la firma del acuerdo de paz.El acuerdo pasó de 297 páginas en la versión firmada en septiembre a 310 en la de noviembre, al acoger 56 de los 57 temas abordados en las reuniones entre el Gobierno y promotores del 'no' en el plebiscito, liderados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Sin embargo, los cambios que hubo entre los dos textos fueron más cosméticos que profundos y entre ellos destacaba, por ejemplo, que el primer acuerdo no obligaba de manera explícita y detallada a la guerrilla a entregar un inventario exhaustivo de sus bienes y activos de forma inmediata para reparar materialmente a las víctimas, mientras que el segundo sí.El acuerdo definitivo también estableció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado por el acuerdo, está diseñado para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más, mientras que en el primer acuerdo no se determinó un límite de tiempo.EFE
El Ministerio de Defensa reaccionó a la denuncia de la madre de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años que se encuentra entre los siete muertos que se reportaron tras el operativo militar contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Santa Marta, en el que fue abatido alias Cholo y presuntamente resultó herido alias Pinocho. (Lea también: ¿Quién era alias Cholo, cabecilla abatido por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Magdalena?)¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa madre del joven, a las afueras del Instituto de Medicina Legal de Barranquilla, donde estaban los cuerpos de los presuntos criminales, negó que su hijo perteneciera a un grupo armado. "Es un niño, solo 18 años. No pertenecía a nada, solo era un obrero", dijo la mujer en un video divulgado en redes sociales, quien también aseguró que su hijo estaba vestido de civil y no portaba armas.Entre tanto, organizaciones de víctimas de ejecuciones de civiles por parte de policías y miembros de las Fuerzas Militares, que en Colombia son conocidos como falsos positivos, pidieron este jueves "justicia para Ricardo Andrés Rodríguez Martínez". "No era guerrillero, volvimos a los falsos positivos para sacar pecho que están ganando la guerra", manifestó en X la organización Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), en un mensaje dirigido al presidente Abelardo de la Espriella.La operación contra las ACSN fue realizada el 21 de septiembre en el sector de Quebrada del Sol, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y dejó siete muertos y tres capturados, según el balance divulgado por De la Espriella. Entre los fallecidos estaba José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado por la Fuerza Pública como segundo cabecilla y responsable financiero del grupo criminal, que en represalia causó alteraciones en el orden públicos en Santa Marta y otras zonas del Magdalena y La Guajira.Corresponde a la Fiscalía y Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos: MindefensaTras la denuncia de esta madre de familia, desde el Ministerio de Defensa se emitió un comunicado de cuatro puntos en el que informó:De acuerdo con el proceso de verificación a cargo de las autoridades competentes, se identificó como fallecido durante la reciente operación contra el grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) o Los Pachenca, a Ricardo Andrés Rodríguez Martínez. (Lea también: Las zonas de dominio de Los Pachenca en el Caribe y la estrategia del Gobierno para enfrentarlos)Respecto a este individuo, adulto de 18 años de edad, ninguna fuente de la Fuerza Pública ha afirmado que fuera hijo de alias Pinocho. Por tanto, las versiones que atribuyen tales declaraciones a la institucionalidad carecen de veracidad o sustento oficial y solo buscan desinformar.En el marco del Estado Social de Derecho, corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los peritos de Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos, así como establecer motivos y actividades de personas presentes en la zona donde se desarrolló el despliegue militar.El Ministerio de Defensa Nacional reitera su plena colaboración con la justicia, reafirma su compromiso con la verdad y rechaza la invención de versiones irresponsables para distorsionar la realidad de los hechos y confundir a la ciudadanía a partir de las actuaciones legítimas del Estado.NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
Este miércoles 23 de septiembre, en Senado de la República fue negada la moción de censura al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Con 65 votos por el no y 17 por sí, en el Congreso no se aprobó la moción impulsada por el Pacto Histórico tras la muerte de tres menores de edad durante un bombardeo el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, departamento de Guaviare, contra las disidencias de alias Calarcá.Esta votación que hundió la moción de censura contra Mora se convirtió en un nuevo triunfo del gobierno De la Espriella después de que el pasado 15 de septiembre se hundiera también la moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, quien fue criticado por un viaje que llevó a cabo con su familia a Santa Marta en medio de la emergencia que vivía Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA“Es difícil determinar la edad de un joven desde los 15 años": MindefensaEl día martes se llevó a cabo en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra el ministro Mora y él en su intervención dijo que “este es un Ejército y una fuerza pública que respeta a los menores de edad, pero desafortunadamente cuando hacen parte de un grupo armado, cuando ostentan armas ilegales, cuando están en un campamento en función continua de combate, el Derecho Internacional Humanitario establece que pierden esa protección. Es una cruda realidad. Y nos duele que así sea, pero así es el conflicto que liberamos en Colombia hace 60 años dentro de un marco del derecho de la guerra que está contemplado. Y en el mundo miles de países han sufrido esta tragedia”.Agregó Mora que “es muy difícil determinar la edad de un joven desde los 15 años en adelante. La contextura física de un joven de 15 años puede ser superior a que usa uno de 20, 18, 25; es muy difícil. Y un agente de inteligencia que recopila un proceso de inteligencia no puede llegar a pedirle a cada uno de los del grupo, ‘muéstreme su cédula, su tarjeta de identidad para saberlo’. Él hace una inspección general, hay un procedimiento de inteligencia que eso es un trabajo de la inteligencia que está dentro del marco de la ley de inteligencia. Entonces, cuando Medicina Legal determina los menores de edad, es cuando yo salgo a dar declaraciones y establezco que dentro de los muertos en desarrollo de esta operación hay tres menores de edad. Y ahí repetimos nuevamente nuestra posición. Todo menor de edad reclutado es una víctima, por supuesto, y lamentamos profundamente su utilización en la guerra por los grupos armados que lo reclutan, los arman, los entrenan y lo llevan a un campamento y después lo llevan a combatir o a cometer actos de crímenes. quienes reclutan son los culpables y yo no puedo llegar ante la opinión pública ocultar esta gran realidad y la tengo que decir siempre dentro del marco constitucional y en este caso el DIH”."Reclutamiento de menores no puede ser incentivo para grupos armados"Finalmente, el Mora mencionó que “el reclutamiento de menores de edad no puede convertirse en un incentivo para los grupos armados organizados y mucho menos para los cabecillas. Esto es claro y esto debemos reflexionar porque lo que estamos haciendo lo que hace es incentivar a que estos bandidos, estos cabecillas vean en eso una manera de protegerse. La mejor manera para atacar el reclutamiento de menores de edad en la guerra que estamos librando con contra los narcoterroristas es arreciar contra ellos, es ser contundentes contra ellos, es arrebatarles el control territorial que eron durante 4 años le concedieron. Es no permitirles la libertad de acción, el tiempo y el espacio para seguir reclutando menores de edad en nuestras veredas, en nuestros municipios. Es llevarlos a través de una presión constante hacia la profundidad de la selva y allá bombardearlos como hemos hecho. Aquí no los hemos bombardeado en medio de la población civil, los hemos bombardeado en medio de las pesas selva donde se ocultan cuando la presión de la fuerza los lleva a sus ratoneras”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Abelardo de la Espriella cumple este lunes un mes en la presidencia de Colombia entre anuncios, guiños y polémicas, con una intensa agenda atravesada por su "mano de hierro" en el conflicto armado y su respuesta al gran terremoto que golpeó el país el 10 de agosto. Ya en su toma de posesión dio unas pinceladas de lo que iban a ser los primeros pasos del autodenominado "el tigre" al frente del Gobierno colombiano: intervención de un rabino, un pastor, y un sacerdote; presencia de destacados líderes de la ultraderecha latinoamericana; fuerte manejo de los símbolos, comunicación centralizada y un discurso ante militares dentro de un destacamento. Pero el presidente colombiano apenas tuvo tiempo para desplegar planes y promesas porque menos de tres días después de la toma de posesión debió enfrentar un terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 331 muertos y 4.519 heridos.De la Espriella mantuvo una actividad frenética en los primeros días, viajando a los lugares más afectados, reuniéndose con líderes locales, y recabando entre los empresarios locales y países amigos ayuda para la búsqueda de supervivientes y financiación para la reconstrucción. De un lado, el presidente logró mostrarse cercano, con las mangas de la camisa arremangadas, dispuesto a ayudar a los damnificados, a la vez que hábil para aunar voluntades y lograr importantes donaciones, empezando por los 26,5 millones de dólares comprometidos en total por Washington. De otro lado, De la Espriella fue criticado por lanzar balones con propaganda de su partido a un grupo de damnificados en Buenaventura y por pasar las ofertas de ayuda por un filtro ideológico, dejando fuera -por ejemplo- a un reputado equipo de rescatistas mexicanos.Casi cuatro semanas después del terremoto, De la Espriella y su Gobierno deben comenzar a aterrizar las promesas de reconstrucción y materializar la recuperación de las regiones más afectadas, algunas de ellas lastradas por un subdesarrollo endémico. Su manejo de la crisis será clave para la percepción social de su mandato. Le esperan, según cifras oficiales, 36.336 viviendas destruidas y 201.010 dañadas, así como daños en 400 centros de salud, 4.292 centros educativos, 5.600 centros comunitarios, 468 vías y 5 aeropuertos, 140 acueductos y 104 puentes, entre otros efectos del terremoto.El conflicto armadoEn la última semana, conforme descendía la emergencia inicial del terremoto, De la Espriella ha concentrado su atención -y su prolija actividad en redes sociales, por donde fluye la mayor parte de la comunicación oficial- en la confrontación de guerrillas, grupos armados y narcotraficantes. Esta semana habló de "la fuerza de las armas y de las leyes", prometió "mano de hierro" y su Gobierno avanzó la preparación de una lista terrorista que permitirá al Ejecutivo actuar con más celeridad y recursos contra los grupos armados.El propio presidente anunció que el Ejército había detenido en este primer mes a nueve criminales (miembros del Tren de Aragua, las disidencias de las Farc, el Eln y bandas armadas) y matado a cerca de 40 personas, presuntos integrantes de una disidencia de las Farc y de un grupo criminal. Además, De la Espriella aseguró este domingo que en su primer mes, las Fuerzas Armadas se han incautado de 49.379 kilos de estupefacientes y 1.485 armas de fuego, además de erradicar 1.321 hectáreas de coca.Significativamente, Presidencia envió en los últimos días a los medios dos videos en los que el presidente aparecía entre cadáveres embolsados, lo que generó una controversia a la que el mandatario parece inmune. El mensaje es de tolerancia cero.Hay más ejemplos. Desde que De la Espriella es presidente al menos seis menores han muerto en bombardeos del ejército a campamentos de distintas guerrillas, según el Instituto de Medicina Legal, víctimas en principio del reclutamiento forzoso. Pero cuando un juzgado le prohibió al Gobierno este tipo de acciones si se sospecha que puede haber menores involucrados, el Ejecutivo anunció que apelaría un "fallo absurdo e inconstitucional".También ha apelado el Gobierno la decisión de otro juzgado que le requirió pedir perdón por haber empleado en su investidura el lema "Viva Cristo Rey", frase que pone en duda la neutralidad del Estado, y desde entonces De la Espriella no acaba discurso ni mensaje en redes sociales sin repetirlo.Estados Unidos e IsraelEn el ámbito internacional destaca el alineamiento de De la Espriella con Estados Unidos, con quien Colombia ha suscrito un acuerdo en materia de seguridad que le reportará 1.000 millones de dólares en asistencia. Está previsto además que este martes De la Espriella reciba en Barranquilla al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para avanzar en la lucha contra el llamado narcoterrorismo, analizar el reparto de la ayuda tras el terremoto y estudiar cómo estrechar lazos económicos y comerciales.También se ha acercado la Colombia de De la Espriella a Israel -después de que su predecesor, Gustavo Petro, rompió relaciones tachando de genocidio la guerra en Gaza- y ha reconocido los Altos del Golán como territorio israelí. Tel Aviv, a cambio, mandó rescatistas tras el terremoto. De igual forma, Colombia ha denominado como marroquí todo el territorio del Sáhara Occidental, agradando a Rabat, otro estrecho aliado estadounidense. EFE
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado colombiano para que mantenga los límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario en medio de las operaciones contra grupos armados ilegales. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la manera en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas que murieron durante la Operación Azarías, desarrollada en el Guaviare.En un pronunciamiento, Marín Ortiz se refirió a las imágenes en las que el presidente de la República aparece caminando entre cuerpos ubicados en tulas blancas, después del operativo militar. Según el reporte oficial citado por la funcionaria, durante la operación murieron 23 integrantes de estructuras de alias Iván Mordisco, entre ellos algunos mandos de esa organización. Medicina Legal estableció que dos de las personas fallecidas eran menores de edad.“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, manifestó la defensora, al señalar que la obligación estatal de enfrentar militarmente a los grupos armados debe cumplirse dentro de los límites constitucionales y del derecho internacional humanitario.La funcionaria aclaró que su reflexión no busca desconocer el deber de la Fuerza Pública de proteger a la población ni cuestionar por sí mismas las operaciones militares legítimas. Su preocupación está relacionada, explicó, con la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica los resultados de sus operaciones.“Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, dijo la defensora.Para la Defensoría, las imágenes y los símbolos utilizados por las instituciones públicas tienen relevancia porque transmiten mensajes a la sociedad sobre los valores que representa el Estado.“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, señaló Marín Ortiz.La defensora recordó que Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, escenarios en los que la muerte de civiles y combatientes ha sido recurrente.En ese contexto, afirmó que los grupos armados ilegales pueden actuar con crueldad y desconocer las reglas básicas de humanidad, pero sostuvo que el Estado no debe responder utilizando las mismas formas. “Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”, expresó.En su pronunciamiento, la Defensoría también hizo referencia al derecho a la vida y a las restricciones que deben observar las autoridades incluso durante operaciones militares.Marín Ortiz explicó que la Constitución reconoce la vida como un derecho fundamental de aplicación inmediata y de carácter inviolable. Sin embargo, señaló que el ordenamiento jurídico contempla situaciones específicas en las que puede producirse una privación de la vida, como la legítima defensa o la baja de combatientes en determinadas circunstancias de un conflicto armado, de acuerdo con el derecho internacional humanitario.En todos los casos, sostuvo, la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe estar sometida a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.La funcionaria también recordó que el derecho internacional humanitario establece límites incluso durante la guerra. Entre ellos está el deber de respetar y tratar dignamente a las personas fallecidas.Por esa razón, la Defensoría señaló que una acción militar puede ser legal y necesaria, pero eso no elimina la obligación de preservar la dignidad humana.Advertencia sobre medir la seguridad por el número de bajasOtro de los puntos abordados por la defensora fue la existencia de un portal denominado “Las Bajas del Tigre”, del cual aclaró que no se ha confirmado que sea una página oficial. Según explicó, allí se registran muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente.Marín Ortiz pidió cautela frente a este tipo de indicadores y recordó que Colombia ya vivió las consecuencias de una política en la que los resultados militares eran evaluados a partir del número de bajas en combate.La defensora hizo referencia a los llamados falsos positivos, hechos que actualmente son objeto de juzgamiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La funcionaria aclaró que no estaba afirmando que los cuerpos presentados tras la Operación Azarías respondieran a esa lógica. Sin embargo, planteó la necesidad de utilizar indicadores más amplios para evaluar la seguridad.Según su planteamiento, la seguridad debería medirse también por los derechos garantizados y las vidas salvadas, especialmente las de la población civil que permanece expuesta a las acciones de grupos criminales.“El poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad”, afirmó.La defensora concluyó que el Estado no necesita parecerse a los grupos armados que combate para demostrar su fortaleza. “Defender la dignidad cuando se trata de quienes consideramos adversarios es precisamente cuando demostramos que la dignidad humana es un principio y no solo una declaración en todo tiempo y lugar”, finalizó.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Dos municipios del Cauca se encuentran en el centro de la atención por acciones armadas contra la Fuerza Pública registradas de manera simultánea. De acuerdo con los reportes conocidos a esta hora, una base militar de Inzá, en el oriente del departamento, es atacada con ráfagas de fusil y explosivos, mientras que la subestación de Policía de El Carmelo, en Cajibío, fue blanco de un ataque con drones cargados con explosivos.En Inzá, los reportes preliminares de testigos indican que disidencias de las Farc estarían atacando la base militar ubicada en este municipio. La acción incluiría ráfagas de fusil y el lanzamiento de explosivos contra la unidad militar.Ante la situación, los uniformados respondieron al ataque. Hasta el momento, la información disponible no reporta un balance de personas heridas como consecuencia de estos hechos. Además, en el municipio de Cajibío se registró otra acción contra la Fuerza Pública. La subestación de Policía de El Carmelo fue atacada con drones cargados de explosivos, según los reportes conocidos.La situación vuelve a poner a la población civil en medio de acciones armadas que se desarrollan en zonas donde permanecen comunidades. Por ahora, tampoco se reportan heridos en este punto. Se espera que las autoridades brinden más información en las próximas horas.Las autoridades mantienen la atención sobre lo ocurrido en ambos municipios mientras se conocen mayores detalles de las acciones y de sus posibles afectaciones.Otros ataques contra la Fuerza PúblicaLos hechos registrados en Inzá y Cajibío se conocen apenas horas después de otros ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en Norte de Santander, ocurridos durante la noche del viernes 4 de septiembre.En esa región, la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, fue atacada en una acción atribuida al ELN. Las imágenes conocidas posteriormente mostraron parte de la infraestructura destruida, con el techo afectado y escombros en diferentes sectores del lugar.De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Defensa, el ataque contra Guamalito ocurrió de manera simultánea con una acción contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, donde está ubicado el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander.Según la entidad, integrantes del ELN utilizaron aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos que impactaron dentro de la unidad militar. Tras el ataque, las tropas activaron los protocolos de seguridad y realizaron una maniobra para asegurar el perímetro y verificar la posible existencia de nuevas amenazas.Durante esa operación se produjo un combate de encuentro con integrantes del ELN. Como consecuencia de estos hechos murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez. Además, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana resultó afectada.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación judicializó al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, señalados de, al parecer, recibir dinero de una estructura del Clan del Golfo en Antioquia a cambio de suministrar información reservada relacionada con operativos y movimientos de tropas del Ejército Nacional.De acuerdo con la investigación, los tres uniformados, quienes estuvieron adscritos al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva No. 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, en el sur de Bolívar, habrían hecho parte de una red dedicada a obtener y filtrar información estratégica sobre las acciones militares adelantadas contra esa organización criminal. Según la Fiscalía, esta estructura operó entre enero de 2022 y febrero de 2025 y contó con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, quien ya fue condenada por estos hechos.Gobierno anuncia giro en estrategia contra grupos criminales: "Serán tratados como terroristas"Las pruebas contra los militaresLas pruebas recopiladas por el ente acusador indican que el 2 de enero de 2022, cuando tenía el grado de subteniente, Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos por intermedio de un militar retirado para alertar posteriormente sobre los desplazamientos de las tropas bajo su mando en zona rural de Ayapel, Córdoba.Asimismo, la Fiscalía sostiene que Sicacha López habría aceptado pagos a cambio de compartir información relacionada con las operaciones militares en las que participaba. En el caso de Henao Luna, las autoridades lo señalan de haber recibido dinero por entregar datos privilegiados sobre los movimientos de la escuadra que comandaba, presuntamente después de recibir una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022.Los procesados fueron capturados en operativos realizados por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento de Buenavista, en Distracción (La Guajira), y Yopal (Casanare).Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Sicacha López aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que Bravo Olaya y Henao Luna fueron enviados a un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
El colombiano Carlos Cuesta pasó de ser uno de los más destacados en el fútbol europeo a generar serias dudas en el balompié brasileño. Su brillante paso por el Genk de Bélgica llamó la atención del Galatasaray que soñó con formar una temida dupla de defensas junto a su compatriota Dávinson Sánchez. Sin embargo, nunca se consolidó y terminó a préstamo en el Vasco da Gama que por estos días tiene que tomar una decisión sobre el futuro del jugador. Según reveló el periodista Léo Lacerda, el club de Río de Janeiro no piensa adquirirlo de momento. "El zaguero colombiano Carlos Cuesta podría estar despidiéndose del Vasco. Contratado en septiembre de 2025, por préstamo junto al Galatasaray, el defensor llegó con la expectativa de fortalecer el sistema defensivo y tuvo buenos momentos con la camiseta cruz-maltina", dijo de entrada.El citado comunicador dio cuenta del dinero que ha desembolsado el equipo brasileños a los turcos para contar con el central 'cafetero'. "Inicialmente, el Vasco pagó 750 mil euros por el préstamo hasta diciembre de 2025. Posteriormente, desembolsó más 1,5 millón de euros para renovar el vínculo hasta el fin de 2026. Sumados, los valores llegan a 2,25 millones de euros, aproximadamente R$ 14,4 millones", agregó. Acto seguido, las cifras concretas sobre el posible negocio saltaron la vista aunque con el condicionante que esas variables seguramente cambiarían y no son las que pretende pagar el club blanquinegro. "La opción de compra definitiva está fijada en 5,75 millones de euros, cerca de R$ 34,6 millones. Sin embargo, el Vasco no debe ejercer esa cláusula en los valores actuales", manifestó Lacerda. En medio de esas dudas de Vasco, desde Turquía ya están trabajando para que todo llegue a un buen termino o si no buscar otros caminos para el canterano de Atlético Nacional. "La directiva conversa con el Galatasaray para evaluar alternativas, pero la tendencia es que el club no adquiera al colombiano en definitivo en las condiciones establecidas inicialmente", concluyó.
Un hombre que se movilizaba como pasajero en un taxi fue sorprendido por las autoridades en la localidad de Usme, en Bogotá, mientras transportaba 45 computadores portátiles que habían sido hurtados de un colegio del municipio de Ortega, Tolima. Los equipos, fueron recuperados y el hombre quedó capturado.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)El hallazgo se produjo durante un procedimiento de registro y control adelantado por uniformados en esta zona del sur de la capital. Al revisar los elementos que llevaba el pasajero, encontraron varios computadores escondidos en cajas y costales Sin embargo, durante la inspección, los policías descubrieron que entre esos elementos había 45 computadores portátiles, cuya procedencia estaría relacionada con el hurto cometido en una institución educativa del municipio Ortega, Tolima.Así encontraron los computadores robados en el taxiDe acuerdo con la información entregada por las autoridades, los equipos estaban ocultos entre las cajas y los costales que transportaba el pasajero. El hombre fue capturado por el delito de receptación, mientras que los computadores quedaron bajo custodia para adelantar los procedimientos correspondientes.Los 45 dispositivos tecnológicos fueron avaluados en aproximadamente 105 millones de pesos y recuperados durante el operativo. Tras el procedimiento, las autoridades destacaron la recuperación de los equipos, que habían sido hurtados de un colegio en el municipio de Ortega.Además, notificaron que los computadores serán devueltos a quienes los necesitan para sus actividades educativas: los estudiantes de la institución afectada. El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, mientras que el capturado deberá responder por el presunto delito de receptación.El delito de receptación consiste en adquirir, recibir, guardar, vender, poseer o realizar acciones para ocultar bienes que provienen de una actividad delictiva, como un hurto, sin haber participado directamente en el delito original.De acuerdo con el artículo 447 del Código Penal colombiano, esta conducta contempla penas de 4 a 12 años de prisión y multas de 6,66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que no se trate de una conducta sancionada con una pena mayor.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Un nuevo hecho de violencia fue reportado en el departamento del Cauca durante la mañana de este sábado 31 de octubre. Una explosión de una presunta motobomba se registró en el peaje El Bordo, ubicado en el sector de La Depresión, municipio de La Sierra, lo que provocó la suspensión total del tránsito vehicular por este corredor de la vía Panamericana.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)La alerta se conoció hacia las 6:00 a.m., cuando se informó sobre un nuevo atentado en las instalaciones del peaje. De acuerdo con la información preliminar, el hecho estaría relacionado con la detonación de una motocicleta cargada de explosivos.Por ahora las autoridades reportan quel tránsito vehicular permanece totalmente detenido, por lo que se recomendó a los conductores no acercarse al lugar y atender las indicaciones de las autoridades. En este momento tanto Bomberos como el ejército nacional hacer presencia en la zona afectada.Según el reporte inicial, hasta el momento no se registran personas lesionadas por la explosión. Sin embargo, se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre lo ocurrido en el municipio de La Sierra. Este es el segundo atentado registrado en esta zona durante el mes.La Tercera Brigada del Ejército Nacional señaló que, de acuerdo con la información preliminar, los responsables del atentado serían integrantes de la estructura Carlos Patiño, al servicio de alias Iván Mordisco."Tropas de la Brigada 29 permanecen desplegadas en el sector adelantando verificaciones para descartar otros artefactos explosivos y proteger a la población civil", indicó la institución, que también advirtió sobre alteraciones en el paso por la vía internacional.Asimismo, la institución rechazó el uso de explosivos. "El Ejército condena de manera categórica el empleo de explosivos que pone en riesgo directo la vida, integridad y tranquilidad de las comunidades, y mantendrá sus operaciones para anticipar y neutralizar nuevas amenazas", señaló la institución.Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos para que reporten cualquier información sobre personas, vehículos u objetos sospechosos a través de la línea 107. Este nuevo hecho se suma al atentado registrado el pasado 12 de octubre contra el peaje El Bordo, también en el departamento del Cauca. En esa oportunidad, la detonación de un vehículo acondicionado con explosivos destruyó gran parte de la infraestructura de la estación de peaje y obligó al cierre preventivo de la vía Panamericana, en el sector de La Depresión, jurisdicción del municipio de La Sierra.Según el reporte entregado entonces por el Ejército Nacional, tres civiles resultaron heridos. La institución también atribuyó preliminarmente ese ataque a integrantes de la estructura Carlos Patiño, del grupo armado organizado residual (GAO-r). Además, las autoridades tambipen señalaron a José Esteban Méndez Álvis, conocido con el alias de Ferley Ríos, como uno de los presuntos responsables de acciones terroristas en el departamento del Cauca. Por información que permita establecer su ubicación y lograr su captura, ofrecieron una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afronta unas elecciones de medio mandato decisivas, en las que se juega el control republicano del Congreso y su capacidad para mantener su influencia durante los dos últimos años en la Casa Blanca, con las encuestas a favor de la oposición demócrata.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Aunque no figura en la papeleta, los comicios del martes se han convertido en la práctica en un referéndum sobre su gestión, hasta el punto de que Trump ha pedido a sus seguidores que acudan a votar como si su nombre apareciera en ella, en un intento de movilizar a sus votantes más fieles.El desgaste presidencial amenaza a los republicanosSin embargo, la baja popularidad del presidente, cuya aprobación ha caído durante la campaña hasta un mínimo del 31 %, según una encuesta de Reuters e Ipsos, amenaza con pasar factura a la mayoría republicana en ambas Cámaras.El descontento con el coste de la vida, el encarecimiento de la gasolina y la impopular guerra de Irán se han convertido en lastres para el mandatario y su partido.Según el agregador Decision Desk, los demócratas tienen un 80 % de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes (actualmente 219 republicanos a 214 demócratas) y un 57 % de hacerse también con el control del Senado (actualmente 53 republicanos a 47 demócratas).Ante este escenario desfavorable, Trump ha dedicado la recta final de la campaña a una gira frenética por el país, con mítines casi diarios en los que ha puesto el foco en estados tradicionalmente republicanos donde la contienda se presenta más reñida de lo previsto, como Texas, Ohio, Iowa, Kansas, Misisipi, Carolina del Norte y Carolina del Sur.El nerviosismo en la Casa Blanca es tal que el mandatario llegó a prometer en septiembre 5.000 dólares a cada ciudadano si los republicanos conservan ambas Cámaras, una propuesta que la oposición ha calificado de "soborno político".Trump no solo se enfrenta a las encuestas, sino también a la historia: los presidentes recientes han visto cómo sus partidos perdían apoyos en las elecciones de medio mandato, una tendencia que el propio republicano sufrió durante su primera presidencia (2017-2021).Un Congreso adverso y la sombra de la sucesiónSi los demócratas recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes, podrán bloquear parte de la agenda presidencial, controlar comisiones e intensificar las investigaciones sobre el Gobierno.La oposición tampoco descarta utilizar su eventual mayoría para someter a Trump a un nuevo juicio político, como ya hizo en dos ocasiones durante su primer mandato, aunque una destitución sería muy improbable por las amplias mayorías necesarias para lograrla.El cambio de mayoría en el Senado se presenta más complicado, ya que solo se renueva un tercio de sus escaños y los demócratas necesitarían conservar los que tienen y arrebatar al menos cuatro a los republicanos en estados decisivos.La Cámara Alta desempeña un papel clave, entre otras cuestiones, en la política exterior y en la confirmación de los nombramientos presidenciales para el gabinete y el Tribunal Supremo.La pérdida de una o ambas Cámaras convertiría a Trump en lo que en el argot político de Washington se conoce como un "pato cojo": un presidente que, al no poder optar a la reelección, afronta la recta final de su mandato con una capacidad de influencia mermada.Tras las legislativas, además, podrían empezar a perfilarse los aspirantes republicanos a sucederlo en las elecciones presidenciales de 2028, con el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, entre los principales favoritos.Sin embargo, dado el carácter de Trump, resulta difícil imaginar que afronte esa etapa con un perfil bajo; por el contrario, la imposibilidad de buscar un tercer mandato podría hacerlo sentir más libre para redoblar la confrontación con el Congreso y la oposición.En cualquier caso, la pérdida de mayorías legislativas no le arrebataría sus atribuciones presidenciales: Trump conservará intactos sus poderes constitucionales hasta el final de su mandato, el 20 de enero de 2029. AGENCIA EFE
El dragoneante Luis Francisco Ramírez, quien trabajaba en una cárcel de Cali para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue asesinado. La entidad para la que laboraba lamentó el hecho en sus redes sociales y puso en conocimiento este caso ante la opinión pública, un nuevo homicidio que se registra entre la comunidad de funcionarios del Instituto.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl Inpec confirmó la noticia durante la noche de este viernes 30 de agosto, sin dar mayores detalles de su deceso. “Desde el INPEC lamentamos profundamente el asesinato del Dg. Luis Francisco Ramírez, quien laboraba en la cárcel de Cali. Este crimen nos enluta y merece nuestro absoluto rechazo”, dijo en su publicación la entidad.El asesinato del dragoneante Ramírez se suma a más hechos de violencia contra funcionarios del Inpec que se han registrado en lo corrido de 2026. En Cúcuta fue asesinado Bryan Rangel Saavedra en una estación de servicio, después de cumplir con su jornada laboral. Diego Armando Acevedo fue atacado en un establecimiento comercial que él administraba. El dragoneante Miguel Muñoz Llano fue asesinado en medio de un ataque que se libró justo frente a la cárcel La Modelo de Bogotá y Manuel Becerra Palma murió bajo circunstancias similares, pero fuera de una cárcel de Palmira. (Le puede interesar: A la cárcel, hombre que engañaba a niños por redes sociales para obtener videos íntimos de ellos)El Inpec declaró en su publicación que la labor penitenciaria “no puede seguir siendo blanco de amenazas y de la violencia” e hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos en los que ocurrió la muerte del dragoneante Ramírez, todo bajo la garantía de que este caso reciba justicia. Todavía se desconocen el tiempo, modo y demás circunstancias de la muerte del funcionario. (Le puede interesar: Así se vio el traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita, Boyacá: encadenado de pies y manos)El sector penitenciario de Colombia ha pedido en reiteradas ocasiones medidas urgentes, como la presencia de la Policía en perímetros carcelarios e inteligencia contra amenazas eventuales contra el personal; entrega de chalecos antibalas; instalación de una mesa interinstitucional; garantías laborales y celeridad de la justicia para esclarecer las muertes de sus compañeros.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co