La decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación dejaría a los funcionarios impedidos para ocupar cargos públicos durante 12 años.
De acuerdo con el ente de control, los concejales escogieron al nuevo contralor de Valledupar omitiendo que el aspirante estaba inhabilitado por haber ejercido, un año antes, como defensor del pueblo en el departamento del Cesar.
La procuradora regional del Cesar, Margarita Cuenca Urbina, sustenta el hecho en la sentencia t-292 de 2003, por cual la Corte Constitucional afirma que “el principio al respeto de la normatividad jurídica implica el respeto a la norma superior”.
Los concejales inconformes con la decisión apelaron el dictamen y aseguraron estar bien asesorados, pero de confirmarse la sanción, en segunda instancia, los funcionarios serían reemplazados por los segundos en la lista de cada movimiento o partido político.
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Solo tres de diecinueve concejales municipales se salvaron de la sanción.
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