El Gobierno desmintió que se vaya a dar una parálisis en el Estado, como advirtió la Procuraduría, por cuenta de la reestructuración en los contratos de prestación de servicios. El director de la Función Pública, Cesar Augusto Manrique, aclaró que no se están prohibiendo los llamados OPS.
El encargado por el presidente Gustavo Petro de liderar el revolcón contractual de todas las entidades estatales aseguró: “Nosotros jamás hemos dicho que la formalización del empleo se iba a hacer en cuatro meses”.
Era su respuesta a las críticas por una circular de esa entidad en la que se consignó que dentro de los primeros cuatro meses del 2023 desde hospitales hasta ministerios deben fijar su hoja de ruta para dejar a un lado los contratos de prestación de servicio.
Es un plazo que para la Procuraduría puede generar una parálisis estatal.
“Yo tengo que ser respetuoso de los pronunciamientos de la Procuraduría, pero yo creo que no se ha entendido la circular, lo digo con todo el respeto. No es cierto, y de ninguna manera, que va a haber una parálisis, porque estamos hablando que las entidades del Estado deben tener unas nóminas, unas estructuras para el cumplimiento de sus funciones misionales”, afirmó el director de la Función Pública.
Actualmente son más de 930 mil los contratistas, es decir que el 40% de todas las personas que trabajan en el Estado lo hacen bajo la figura de contratos de prestación de servicios, un gasto de 17 billones de pesos al año.
“Si estamos usando el dinero del Estado para hacer contrataciones irregulares, por qué no se puede posibilitar que ese dinero se utilice para formalizar y dar cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional”, señaló el funcionario
Es una trasformación que, según el director, tardará más de un año y que no garantiza que 930 mil contratistas pasen directamente a ser de planta.
“En municipios PDET hemos encontrado que solamente un servidor público está en administrativo y el resto está en contratos de prestación de servicio”, dijo Cesar Augusto Manrique.
El director de la Función Pública anunció que habrá un encuentro entre contratistas y el Gobierno, incluidos sindicatos y entidades territoriales.