En medio de uno de los paros más grandes y convulsos en la historia reciente, los defensores de Derechos Humanos del país tienen un ojo puesto en las calles y otro en la Corte Constitucional. Este alto tribunal se convirtió en el escenario de un insólito choque que puso en alerta a las organizaciones sociales de Colombia y el mundo.En el centro de la controversia está la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que hace un año fue hallada responsable de vulnerar el derecho al buen nombre de la Brigada XVII del Ejército cuando denunció públicamente la supuesta connivencia de sus miembros con el paramilitarismo en el año 2018.“Como Comunidad de Paz dejábamos no solo denuncias a nivel internacional, porque no se hace a través de la Fiscalía, sino constancia de todo lo que estaba pasando, del exterminio a la comunidad, de cómo estaban intentando infiltrar a la comunidad con grupos paramilitares, reclutamiento de jóvenes en la zona y todo el conocimiento de la Fuerza Pública, de la Policía de Urabá y especialmente de la Brigada XVII, cuando hay una base militar en el casco urbano de San José de Apartadó. Allí se planeaban hechos como el atentado en el 2017 a mi persona y a José Roviro López”, dijo Germán Graciano Rosso, representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.A través de su página web, la comunidad emitió varios comunicados en donde señalaba hechos presuntamente delictivos y pedía que las autoridades los investigaran y sancionaran. “Son claramente protegidos por la Brigada XVII del Ejército y por la Policía de Urabá, instituciones que hoy están conviviendo con los paramilitares en el casco urbano de San José de Apartadó”, señalaba uno de los mensajes.”La Corte lo que le ha dicho a la Comunidad de Paz es que no puede volver a hacer señalamientos contra la Brigada XVII, sobre sus vínculos con el paramilitarismo hasta que no existan sentencias en firme. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que la comunidad ha sido víctima de más de 300 asesinatos en su contra y solamente un caso ha recibido justicia. ¿Qué implica? Que hasta que no existan sentencias en firme, la comunidad de paz no podrá volver a denunciar”, aseguró el abogado defensor de Derechos Humanos Jorge Molano.Críticas al falloUna sala de revisión de la Corte emitió el fallo que fue cuestionado por la Comunidad de Paz, organización campesina respaldada por Naciones Unidas, Amnistía Internacional y más de 40 organizaciones europeas de Derechos Humanos.”Es condenarnos a la muerte porque si no se puede denunciar, si no se tiene el derecho a la libre expresión, para nosotros las víctimas, nuestra protección ha sido la voz, la palabra, no callarnos. Es muy triste para Colombia, especialmente fallos de estos que atentan contra la libre expresión a los derechos humanos”, aseguró Germán Graciano Rosso.Fernanda Doz Costa, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, cuestionó por su parte que si las organizaciones colombianas no pueden denunciar las sospechas a las violaciones de derechos humanos, entonces cómo se van a iniciar estas investigaciones. “En este contexto actual de paro nacional, donde las organizaciones de la sociedad civil están denunciando casi 40 casos de homicidios por parte de la fuerza pública del Estado y un montón de otras violaciones a los derechos humanos, imagínese si podemos estar denunciando”, cuestionó.La Comunidad de Paz se autoproclamó como neutral frente al Ejército, la guerrilla y los paramilitares para evitar que la población civil quedara en medio del fuego. Veinticuatro años después, con la guerra todavía golpeando, lo que consideran una mordaza a la libertad de expresión llegó por cuenta de un fallo judicial que, reclamaron, fuera anulado.“Si las comunidades no pueden denunciar sus sospechas de que hay grupos armados ilegales ingresando a sus territorios y que las ponen en peligro, cómo haría la Defensoría del Pueblo para hacer las alertas tempranas, cómo haría la justicia para investigar las violaciones de Derechos Humanos”, anotó Doz Costa.Este jueves, cinco magistrados tomaron la decisión de derrotar la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que señalaba que "exigir como requisito para denunciar que haya sentencias condenatorias es desproporcionado a la libertad de expresión, excede los estándares jurisprudenciales y es una carga "excesiva e injustificada".El magistrado Ibáñez también cuestionó que se haya omitido decisiones judiciales que en el pasado condenaron la complicidad de militares y grupos paramilitares que actuaron en Urabá para violentar a la Comunidad de Paz. Así mismo, el documento controvierte que se haya atribuido las denuncias publicadas a la desconfianza y el resentimiento de las comunidades. Por el contrario, señala que la comunidad estaba transmitiendo alertas de habitantes de la zona.Mientras en la Corte Constitucional resuelve este asunto de suma importancia para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, allá, en Urabá, sus integrantes siguen resistiendo la arremetida de los violentos.Hay que señalar que esta es una decisión de tutela que involucra solamente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Sin embargo, las organizaciones Derechos Humanos cuestionan cuál será el impacto que tendrá a futuro para el trabajo que realizan a diario con la ciudadanía.
Desde Apartadó, Antioquia, una comunidad narra su drama a El Periodista Soy Yo. Cada que llueve es inundada fija, situación que empeoró por los recientes aguaceros en el departamento.Un vecino del barrio San Fernando grabó la situación para poner en evidencia por qué desde hace tiempo están pidiendo obras que mitiguen las inundaciones.Mientras eso ocurre, con el agua a las rodillas, unos y otros intentan recuperar sus enseres.En El Periodista Soy Yo vea también: habitantes de Madrid, Cundinamarca, piden arreglo de las vías en mal estado y en Fundación, Magdalena, limpieza de un caño que cada vez está más lleno de basura.
Las amenazas de muerte a jóvenes, madres y líderes del Urabá antioqueño, por un grupo de autodefensas, llegaron mediante mensajes de WhatsApp. Defensores de derechos humanos ven con temor la delicada situación en la región.“Este panfleto nos ha generado zozobra, preocupación, porque son jóvenes de nuestro territorio, de la región de Urabá. Son jóvenes conocidos”, denunció Birleyda Ballesteros, representante de la Mesa de Víctimas de Antioquia.“Intentan amenazar, generar miedo y zozobra entre la población. Como defensores de derechos humanos rechazamos este tipo de prácticas, que lamentablemente demuestran el fuerte control que tienen algunas estructuras principalmente en esta zona”, comentó Yesid Zapata, líder defensor de derechos humanos.Las autoridades, que ya tienen conocimiento del panfleto, sostienen que garantizarán la vida de estas personas.“Cualquier insinuación donde la vida de cualquier persona está en riesgo ya para nosotros es una alerta. Disponemos de acciones inmediatas en coordinación con nuestros alcaldes y con las secretarías de gobierno”, manifestó Giovany Puentes, comandante del departamento de Policía de Urabá.Cuatro municipios, tres corregimientos y 12 barrios aparecen en el listado donde amenazan con asesinar a 120 personas el lunes primero de marzo, lo cual tiene a la región de Urabá en una tensa calma.
Dos agentes del grupo especial de la Policía Nacional, que integra la operación Agamenón contra el Clan del Golfo, quedaron heridos tras un atentado en el Urabá antioqueño.Los uniformados se movilizaban en una patrulla, desde Necoclí hacia Apartadó, cuando fueron sorprendidos por un artefacto explosivo.Los policías lesionados son Diego Alejandro Pérez y Manuel Guillermo Armas, quienes fueron trasladados a un centro médico de Apartadó.De acuerdo con las autoridades, este es el segundo ataque contra la fuerza pública, en menos de una semana, como retaliación por la muerte de alias ‘Marihuano’.
El Consejo de Estado condenó a la Nación, a la Fiscalía y a la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de diez personas señaladas de ser responsables de la masacre de La Chinita, ocurrida en enero de 1994, en Apartadó, Antioquia.El barrio La Chinita fue escenario de una de las peores masacres cometidas en el país. El quinto frente de las FARC irrumpió en el pueblo y asesinó a 35 de sus habitantes. Lo que se vino después fue una oleada de capturas por parte de la Fiscalía. Sin embargo, en el caso de diez personas, según el Consejo de Estado, se dio una privación injusta de la libertad. “El trato que dio la Fiscalía a algunos de los procesados, a quienes se les restringió la posibilidad de acceder a los expedientes en un término suficiente para revisarlos con el detenimiento necesario, constituyó un cercenamiento del derecho a la defensa material”, reza el fallo. Por esta razón, el alto tribunal condenó a la Nación, a la Fiscalía y a la Rama Judicial a pagar una millonaria suma de dinero y también a pedir excusas públicas a todos los afectados. Tras 27 años de la masacre, ocurrida el 23 de enero de 1994, el Consejo de Estado determinó que la privación de la libertad de diez personas, que en su mayoría eran líderes de la Unión Patriótica, fue injusta. “Tales irregularidades pasaron inadvertidas por los jueces penales de instancia, tal como lo señaló el fiscal que finalmente precluyó la investigación, al considerar que se trató de un comportamiento censurable que fue avalado por los falladores de primera y segunda instancia que condenaron a más de veinte personas con una prueba que se caía por su propio peso”, señala el fallo. Las víctimas aseguraron que no están del todo conformes con la reparación. Sin embargo, se mostraron de acuerdo con el acto de perdón.
Decenas de jóvenes se enfrentaron en un popular sector de Apartadó, Antioquia, ante la mirada de la comunidad que lo único que pudo hacer fue grabar con sus celulares la impresionante riña. Comerciantes como Jhony Lozano y habitantes del barrio Obrero aseguran que se sienten secuestrados en sus hogares y negocios a causa de las frecuentes riñas entre jóvenes en conflicto, por eso piden a las autoridades que por favor los ayuden.“No hemos podido identificar qué es lo que ellos están peleando, no sabemos cuál es el conflicto. Tipo seis de la tarde ya nadie puede salir, no pueden salir los muchachos, las personas tienen que estar encerradas debido al pandillismo y esos muchachos con machete peleando”, manifestó Lozano.Líderes del sector temen por el alcance de los daños, en medio de estos enfrentamientos.“Las piedras iban y venían, los machetes, uno veía a adolescentes con dos machetes en la mano y realmente eso es preocupante”, señaló Albeiro Asprilla, concejal de Apartadó.Autoridades manifiestan que ya se están tomando acciones para judicializar a los responsables.“Se tienen identificadas ya a algunas personas, a las cuales se les iniciará el proceso de investigación para la posible judicialización”, indicó Gloria Restrepo, secretaria de Gobierno de Apartadó.De acuerdo con la comunidad del barrio Obrero, este tipo de enfrentamientos se presenta al menos tres veces por semana.
En Apartadó, 98 familias victimas de desplazamiento forzado recibieron artículos por el valor de 700 millones de pesos, para impulsar sus emprendimientos.Cada núcleo familiar recibió de parte de la Unidad para las Víctimas elementos para equipar sus panaderías, salones de belleza, misceláneas y restaurantes. Entre los artículos que ayudarán en el fortalecimiento de sus pequeñas empresas están electrodomésticos, vitrinas, estantes para venta, básculas y estufas industriales, entre otros.“Con ello buscamos apoyarlos para que salgan adelante y puedan mejorar su calidad de vida, que con esos negocios que ellos van a montar, consistentes en misceláneas, peluquerías, tiendas y otra clases de esquemas, puedan ellos mejorar su calidad de vida”, dijo Elizabeth Granados Ríos, la directora regional de la Unidad para las Víctimas.
Este jueves, la Corte Constitucional dio a conocer por medio de un comunicado que falló una tutela a favor del buen nombre de la Décima Séptima Brigada del Ejército y de sus integrantes, recurso interpuesto contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.La demanda por la presunta violación de los derechos de esa institución fue presentada por el comandante de la Brigada, quien consideró que fueron afectados “el buen nombre y honra de la unidad militar con la publicación de ocho comunicados” en la página web de Comunidad de Paz entre el 28 de febrero y el 29 de agosto de 2018.Los escritos denunciaban que “los uniformados desarrollaban sus labores en complicidad con organizaciones paramilitares y les prestaban su apoyo para la ejecución de actividades ilícitas en la zona de Urabá”.Ante la Corte, la Comunidad de Paz se defendió y aseguró que ejerció “su derecho a la libertad de expresión al denunciar hechos delictivos que afectan a la población civil y que demuestran el incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de protección a las comunidades”.Pero luego de estudiar el caso, la Corte “encontró que efectivamente existió una vulneración de los derechos al buen nombre y la honra de los integrantes de la Décima Séptima Brigada del Ejército, puesto que no existen decisiones judiciales condenatorias en firme que involucren a uniformados de esa unidad militar con los hechos denunciados”.“Los comunicados que divulgó la Comunidad de Paz de San José del municipio de Apartadó contienen información que incide negativamente en la reputación y en el concepto público que sobre dicha unidad militar tiene el entorno social en el que desarrolla sus actividades”, indicó la Corte.Sin embargo, el alto tribunal no accedió a la petición de la Brigada de que la Comunidad debía rectificar la información, “al considerar que una orden en ese sentido ignoraría que es entendible la sospecha que guarda la Comunidad, puesto que en el pasado existieron vínculos de la Fuerza Pública con grupos al margen de la ley que han sido reconocidos en sentencias judiciales”, explicó.La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ubicada en el Urabá antioqueño, reclama la no presencia de actores armados en su territorio.
Pese a que el coronavirus sigue cobrando vidas, las aglomeraciones, la falta de distanciamiento social y el no uso del tapabocas se han vuelto recurrentes en municipios como Bello y Envigado, en el Valle de Aburrá, y en Apartadó, en el Urabá antioqueño.Las cámaras de Noticias Caracol evidenciaron la desobediencia social: comerciantes atienden a sus clientes sin tapabocas, adultos mayores que le dan un mal uso a la mascarilla, personal de la salud con el tapabocas en el mentón y bebés sin ninguna protección.Acciones como estas tienen en alerta a las autoridades de salud, que prevén un posible nuevo brote de COVID-19.Para la epidemióloga Yessica Giraldo hay diferentes factores que han influido en el aumento de contagios.“La manera en la que se ha hecho la reapertura de los diferentes sectores productivos, qué tan gradual ha sido o en su lugar qué tan rápido ha sido, la efectividad de los protocolos y definitivamente tiene que ver con el comportamiento de las personas, hay sitios donde se hacen mayor número de celebraciones”, explicó.Para el secretario de Salud de Bello la reapertura económica es uno de los factores.“Consideramos que todas las medidas que se han tomado desde todos los sectores nos han permitido controlar esta pandemia. Sin embargo, la reapertura económica hace que los casos sigan aumentando día a día. Actualmente estamos en 166 casos activos en el municipio”, indicó René Jiménez Arango.Por su parte, el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, aseguró en su cuenta de Twitter que la reactivación económica es un acto de supervivencia.“La reactivación económica no es una decisión irresponsable, es un acto de supervivencia. EPM sigue cortando servicios públicos y los paquetes alimentarios de la nación dejaron de llegar hace meses. Ministerio de Salud, el país y nuestra comunidad no aguantan otro cierre”, sostuvo el mandatario.
Una grave denuncia reveló el monseñor Hugo Alberto Torres, monseñor de la Diócesis de Apartadó, luego de que dos equipos de pastoral de esa entidad eclesiástica fueran interceptados en las cuencas del río Atrato por delincuentes que les impidieron su ingreso a la zona.“La semana del 6 al 12 de septiembre, estuvimos dos equipos de pastoral en las cuencas del río Atrato, uno de los equipos cuando quiso entrar fue devuelto por la supuesta organización de la zona”, dijo el líder religioso.La situación se ha hecho repetitiva en otros lugares del Urabá, donde la labor pastoral de la iglesia se realiza desde hace años.“Encontramos que para ingresar a otros sectores hay que pedir permiso, casi que hablar con la ‘oficialidad’, por eso me parece que no es oportuno que la iglesia, pastoral social u otras organizaciones de la parroquia tengan que pedir permiso para hacer el trabajo que siempre hemos hecho, desde hace muchos años, en este sector”, manifestó monseñor.“¡Que nos quiten el acompañamiento que hacemos a las comunidades! No estamos de acuerdo”, exclamó.Además, dijo que los lugares a los que se les impidió el ingreso son “un territorio rural, la ruralidad no tiene presencia ni de Ejército ni de Policía, por eso la gente toma las decisiones y quita la movilidad a la comunidad porque se siente dueña de territorio”.
Numerosos medios iraníes anunciaron este lunes, 20 de mayo de 2024, la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero en la víspera en una región montañosa del noroeste del país.>>>Vea también: Hallan helicóptero accidentado donde iba presidente de Irán y sin "ninguna señal" de vidaEl Gobierno no ha confirmado el fallecimiento del dirigente ultraconservador después de la desaparición del helicóptero en el que viajaba el domingo por la tarde y su hallazgo en la ladera de una montaña el lunes de madrugada."El presidente de la República islámica de Irán, el ayatolá Ebrahim Raisi, tuvo un accidente mientras servía y cumplía con su deber por el pueblo de Irán y ha sido martirizado", dijo la agencia de noticias Mehr, en concordancia con lo informado por otros medios locales.Previamente, la televisión estatal había anunciado el hallazgo del aparato y señaló que no se detectó "ninguna señal que muestre que los pasajeros están vivos".Además del presidente, en el aparato viajaban el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, el gobernador provincial y el principal imán de la región.El vicepresidente para Asuntos Ejecutivos, Mohsen Mansouri, y el excanciller iraní Javad Zarit publicaron en redes sociales mensajes de condolencias.La desaparición del helicóptero el domingo desencadenó una intensa operación de búsqueda en "condiciones difíciles" debido a la lluvia y la espesa niebla, dijo el responsable de la Media Luna Roja en Irán, Pirhossein Koolivand.Sobre las 06H00 locales (02H30 GMT), Koolivand anunció el hallazgo de los restos del aparato. "La situación no es buena", agregó."Ninguna perturbación"La esperanza de encontrar con vida al presidente de 63 años, elegido en 2021, se había IDO diluyendo a lo largo de la tarde y noche del domingo.El guía supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, envió un mensaje de calma a la población y aseguró que el suceso no iba a provocar "ninguna perturbación" en la administración de la nación.En la ciudad santa de Mashhad, localidad natal de Raisi, los fieles oraban en la mezquita por la salud del dirigente, según imágenes de la televisión estatal.La situación es seguida de cerca por la comunidad internacional dada la relevancia de Irán en Oriente Medio, una región sacudida por la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y el movimiento islamista Hamás, aliado precisamente de Teherán."Seguimos de cerca las informaciones" sobre el caso, indicó un portavoz de la diplomacia de Estados Unidos, mientras que la cancillería china se declaró "profundamente preocupada".Varios países de la zona como Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Siria o Irak ofrecieron ayuda. Turquía y Rusia enviaron equipos de rescate y la Unión Europea activó "su servicio de cartografía de respuesta rápida CopernicusEMS" para facilitar la búsqueda.El helicóptero en el que viajaba Raisi era un Bell 212 que formaba parte de un convoy de tres aparatos.El ministro del Interior, Ahmed Vahidi, evocó un "aterrizaje brutal" del helicóptero, pero sin dar más detalles. Las otras dos naves aterrizaron sin problemas en Tabriz, en el noroeste de Irán.El Gobierno organizó en esa ciudad una reunión de emergencia presidida por el primer vicepresidente, Mohammad Mokhber, que asumiría las funciones de presidente en caso de deceso de Raisi hasta la celebración de elecciones en un plazo de unos 50 días.Ultraconservador y enemigo de IsraelRaisi se había desplazado el domingo a la provincia de Azerbaiyán Oriental para inaugurar junto al presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, una presa en la frontera entre ambos países.En su rueda de prensa conjunta, Raisi expresó nuevamente su apoyo a Hamás frente a Israel. "Pensamos que Palestina es la primera cuestión del mundo musulmán", declaró.Irán lanzó un ataque inédito el 13 de abril contra Israel, con 350 drones y misiles, la mayor parte de los cuales fueron interceptados con la ayuda de Estados Unidos y de otros países aliados.Considerado como un ultraconservador, Raisi fue elegido en junio de 2021 en primera vuelta en unos comicios marcados por una abstención récord para unas presidenciales, y en ausencia de rivales de peso.Siempre aparece tocado con un turbante negro y vestido con un largo abrigo religioso. Sucedió al moderado Hasan Rohani, que lo había derrotado en las presidenciales de 2017 y que, tras dos mandatos consecutivos, no pudo volver a concurrir.Raisi salió reforzado de las legislativas celebradas en marzo, las primeras elecciones organizadas tras las protestas que sacudieron Irán a finales de 2022 a raíz del deceso de Mahsa Amini, una joven kurda detenida por no respetar el código de indumentaria del país.Nacido en noviembre de 1960, Raisi hizo el grueso de su carrera en el sistema judicial. Antes de ser presidente, fue fiscal general de Teherán y fiscal general del país.Por su parte, Hossein Amir-Abdollahian, de 60 años, fue nombrado jefe de la diplomacia iraní por Raisi en julio de 2021.>>>Otros hechos: ¿Era un meteorito? Impactante video de "bola de fuego" surcando cielo de Portugal y España
Los equipos de rescate encontraron en la madrugada del lunes 20 de mayo de 2024 los restos de un helicóptero accidentado la víspera en el que viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, donde por ahora no se perciben señales de vida.>>>Otros hechos: ¿Era un meteorito? Impactante video de "bola de fuego" surcando cielo de Portugal y España"En este momento, no hay ninguna señal que muestre que los pasajeros del helicóptero están vivos", afirmó la televisión estatal de la República islámica.Unas 15 horas después de la desaparición del aparato en una zona boscosa del noroeste del país, los equipos de rescate encontraron los restos del helicóptero en el flanco de una montaña contra la que se estrelló, según una imagen publicada por los medios locales."El helicóptero ha sido encontrado. Ahora estamos avanzando hacia el helicóptero", anunció el responsable de la Media Luna Roja de Irán, Pirhossein Koolivand, alrededor de las 06H00 locales (02H30 GMT). "La situación no es buena", agregó.Las operaciones de rescate se desarrollaban en "condiciones difíciles" en una zona montañosa con lluvia y una espesa niebla, había dicho previamente Koolivand.La perspectiva de hallar con vida al presidente de 63 años, elegido en 2021, y al resto de pasajeros, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, había ido decayendo desde la desaparición del aparato a primera hora de la tarde del domingo."Esperemos que Dios devuelva al presidente y a sus compañeros a los brazos de la nación", declaró el guía supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmando que el país "no debe preocuparse" ya que "no habrá ninguna perturbación" en la administración de la nación.La situación es seguida de cerca por la comunidad internacional dada la relevancia de Irán en Oriente Medio, una región sacudida por la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y el movimiento islamista Hamás, aliado precisamente de Teherán."Aterrizaje brutal""Seguimos de cerca las informaciones" sobre el caso, indicó un portavoz de la diplomacia de Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino, a través del medio estatal CCTV, se declaró "profundamente preocupado" por el suceso.Varios países del Golfo (Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait) ofrecieron ayuda para la búsqueda, así como Siria e Irak.Turquía y Rusia enviaron equipos para ayudar con las áreas de rescate y la Unión Europea activó "su servicio de cartografía de repuesta rápida CopernicusEMS" para facilitar la búsqueda.El portavoz de la diplomacia iraní, Nasser Kanani, expresó la gratitud a "gobiernos y organizaciones internacionales por su empatía y ofrecimiento de ayuda".El helicóptero en el que viajaban Raisi, el canciller Hossein Amir-Abdollahian, el gobernador provincial y el principal imán de la región era un Bell 212 que formaba parte de un convoy de tres aparatos.El ministro del Interior, Ahmed Vahidi, evocó un "aterrizaje brutal" del helicóptero, pero sin dar más detalles. Las otras dos naves aterrizaron sin problemas en Tabriz, en el noroeste de Irán.El Gobierno organizó en esa ciudad una reunión de emergencia presidida por el primer vicepresidente de Irán, Mohammad Mokhber, que asumiría las funciones de presidente en caso de deceso de Raisi hasta la celebración de elecciones en un plazo de unos 50 días.La televisión estatal mostró imágenes de fieles orando por la salud del presidente en varias mezquitas, incluyendo la de la ciudad santa de Mashhad, en el noreste, localidad natal de Raisi.Ultraconservador y aliado de Hamás Raisi se había desplazado el domingo a la provincia de Azerbaiyán Oriental para inaugurar junto al presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, una presa en la frontera entre ambos países.En su rueda de prensa conjunta, Raisi expresó nuevamente su apoyo a Hamás frente a Israel. "Pensamos que Palestina es la primera cuestión del mundo musulmán", declaró.Irán lanzó un ataque inédito el 13 de abril contra Israel, con 350 drones y misiles, la mayor parte de los cuales fueron interceptados con la ayuda de Estados Unidos y de otros países aliados.Considerado como un ultraconservador, Raisi fue elegido en junio de 2021 en primera vuelta en unos comicios marcados por una abstención récord para unas presidenciales, y en ausencia de rivales de peso.Siempre aparece tocado con un turbante negro y vestido con un largo abrigo religioso. Sucedió al moderado Hasan Rohani, que lo había derrotado en las presidenciales de 2017 y que, tras dos mandatos consecutivos, no pudo volver a concurrir.Raisi salió reforzado de las legislativas celebradas en marzo, las primeras elecciones organizadas tras las protestas que sacudieron Irán a finales de 2022 a raíz del deceso de Mahsa Amini, una joven kurda detenida por no respetar el código de indumentaria del país.Nacido en noviembre de 1960, Raisi hizo el grueso de su carrera en el sistema judicial. Antes de ser presidente, fue fiscal general de Teherán y fiscal general del país.Por su parte, Hossein Amir-Abdollahian, de 60 años, fue nombrado jefe de la diplomacia iraní por Raisi en julio de 2021.>>>Le puede interesar: Estos son los hombres más peligrosos que están en cárceles de alta seguridad de Colombia
Los accidentes de transporte intermunicipal se han convertido en una pesadilla recurrente para miles de colombianos. La falta de mantenimiento y las fallas mecánicas serían las principales causas de tragedias que dejan secuelas imborrables tanto físicas como psicológicas. Séptimo Día conoció desgarradores testimonios de los sobrevivientes y las familias que han perdido a sus seres queridos en siniestros viales que, según ellos, pudieron haberse evitado.Uno de esos dramáticos casos es el de unas familias que tomaron un transporte intermunicipal y aseguran, terminaron en medio de un trágico accidente: tres personas murieron y 20 más resultaron heridas.>>> Grave accidente en Soacha de un bus deja al menos 15 personas heridasEl Domingo de Resurrección de 2023, Jenny Paola Casas regresaba a Bogotá luego de unas cortas vacaciones en Pulí, Cundinamarca. “El bus venía lleno, no había silla desocupada”, aseguró la mujer a Séptimo Día.42 personas más también tomaron la ruta de las 12:00 del mediodía de la empresa Transportes La Esperanza que los traería de regreso a la capital del país. Alejandro Rodríguez, era el conductor del bus, y antes del viaje cruzó unas cuantas palabras con Sandra Liliana Mendoza, una de las pasajeras: “Ese día le dije yo al chofer '¿ustedes a qué hora salen del municipio?', me dijo 'a las 12:30 p.m.', le dije alcanzo a ir a misa y él curiosamente me dice 'ore por mí'", señaló la mujer a Séptimo Día.>>> Volcamiento de un bus en Ibagué deja un saldo de 27 heridosTras comenzar el viaje, Bituima fue el último municipio por el que pasó en Cundinamarca el bus de Transportes La Esperanza cuando cubría la ruta entre el municipio de Pulí y Bogotá, a solo 5 minutos de allí, los 42 pasajeros del bus se encontraron de frente con la tragedia.Gina Lozano viajaba en las sillas de la mitad del bus y a diferencia de los demás pasajeros, algo la hacía sentir muy intranquila: “En el transcurso del camino se sentían fallas, nadie se pronunció. Se sentía que el bus no arrancaba bien, se sentía que su sistema fallaba por debajo, expulsaba mucho humo negro”.“Yo escucho cuando el chofer nos dice ‘nos quedamos sin frenos’”, relató la pasajera Sandra Liliana Mendoza. Finalmente, lo inevitable sucedió: el bus se chocó.>>> Choque múltiple en vía Honda – San Sebastián de Mariquita deja dos heridosAmbulancias de los sectores vecinos comenzaron a llegar al lugar. Remitieron a los heridos al municipio de Vianí y después a Facatativá. El conductor falleció.Séptimo Día estableció que el bus de la empresa Transportes La Esperanza accidentado el 9 de abril de 2023 por fallas en sus frenos es el mismo vehículo que seis días antes, el 3 de abril de 2023, también se accidentó presuntamente por el mismo motivo.Según la Agencia de Seguridad Vial, cada 63 minutos muere una persona en siniestros viales y muchos de estos accidentes son de buses intermunicipales.
“Estos dos pumas están en una finca cerca a Yondó, Antioquia. En el grupo de WhatsApp que tenemos los finqueros de la zona manifiestan que los van a sacrificar ya que han matado varias reses”, aseguró el exfutbolista René Higuita a través de un mensaje en la red social de X.>>> También le puede interesar: Este video es pieza clave contra taxista que atropelló y mató a niño en AntioquiaRené Higuita, que pone junto a su publicación dos fotos de los pumas, agregó que ha "pedido un poco de tiempo" a ver si pueden "brindar otra solución donde no haya necesidad de sacrificar estos animales”.El exarquero de la selección Colombia hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, Corantioquia, “o a entidades de conservación de fauna para verificar el caso"."También les pido ayuda compartiendo a ver si damos con las personas indicadas para salvar la vida de estos animalitos”, clamó René Higuita en su mensaje.Unos minutos más tarde, a través de la misma red social, Corantioquia le contestó a Higuita con el siguiente texto: “Gracias por la información que nos has proporcionado por mensaje directo. Como te compartimos, nuestro equipo estará mañana (lunes 20 de mayo de 2024) mismo en territorio y ya hemos establecido contacto con la persona que nos indicaste. Gracias de nuevo por el reporte”.Ante esta respuesta de Corantioquia, Higuita también manifestó su agradecimiento.“Muchas gracias a ustedes por atender este llamado. Estaremos muy pendientes para lo que necesiten”, concluyó el exfutbolista.>>>También puede leer: Habló conductor señalado de cobrar casi $3 millones a extranjeras: "Quedé con angustia"
Líderes de bandas como La Inmaculada, Los Rastrojos, Tren de Aragua y Los Cebolleros son algunos de los hombres que están privados de la libertad en las cárceles de alta seguridad de Colombia.>>> También le puede interesar: Joven fotógrafa fue víctima de secuestro en zona rural de Ocaña, Norte de SantanderUno de ellos es Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober, señalado de liderar la estructura Los Rastrojos Costeños.Según investigaciones de las autoridades, es responsable de múltiples casos de extorsión y asesinatos en la costa Atlántica, principalmente en Barranquilla, Sincelejo y Cartagena.De hecho, el Negro Ober fue trasladado dentro del llamado plan dominó, porque se presume que desde la cárcel continúa controlando la estructura criminal, pues estando recluido se le imputaron cargos por nuevos hechos delictivos.Este hombre públicamente ha hecho amenazas contra guardianes del Inpec, policías y población civil.“Les voy a matar a comerciante tras comerciante”, amenazó el Negro Ober.Otro de los hombres más custodiados es Jhon Keneber Cárdenas, conocido como alias Kener o el Cebollero, por ser, al parecer, líder de Los Cebolleros.“Voy a matar a un funcionario del Inpec, les voy a dar donde más les duele”, amenazó el Cebollero en un video que fue grabado desde la cárcel Doña Juana desde La Dorada, Caldas.Este sujeto ha sido vinculado a una estructura que se dedicaría a la venta de drogas, extorsión y sicariato con capacidad operativa en la ciudad de Ibagué.Otra banda delictiva clave es La Inmaculada, cuyos cabecillas son alias Pipe Tuluá y Nacho. Ambos hombres han sido trasladados a más de cinco centros penitenciarios este año.Pipe Tuluá está en calidad de condenado a 30 años de prisión, aceptó cargos por 39 asesinatos y siete tentativas de homicidio. Alias Nacho, quien es su hermano, fue capturado tan solo hace dos meses, lo que ocasionó amenazas por medio de panfletos a funcionarios del Inpec, sumado a la alteración al orden público.El último hombre más peligroso y custodiado es alias Satanás, señalado de liderar extorsiones y homicidios por cuenta del control del territorio en Bogotá, específicamente en localidades como Kennedy, Bosa, Suba y Engativá.Unos audios revelan que el privado de la libertad amenazaba desde la cárcel a policías y funcionarios del Inpec.“Aquí nosotros no le copiamos al Gaula, no le copiamos a la Policía, no le copiamos a la Sijín, nosotros no le copiamos a nadie. Aquí los muchachos hacen lo que uno les indica y las indicaciones son que haya derramamiento de sangre todos los días, así que pido que no se sigan haciendo matar los inocentes”, señaló en el audio alias Satanás.Juan Manuel Vera, alias Satanás, cada siete días es movilizado a diferentes cárceles. Su traslado es realizado por un selecto grupo de guardianes del Inpec y uniformados de Grupos Operativos Especiales de Seguridad, GOES, para evitar intentos de fuga.>>>También puede leer: Cuatro personas secuestradas por disidencias de las FARC fueron liberadas