El personal de la salud tuvo que acudir a la justicia para que hospitales, clínicas y ARL del país les suministren los elementos para la atención de la pandemia.
Para poder cumplir su labor, los médicos y enfermeros deberían cambiarse de ropas quirúrgicas todos los días y así poder combatir el COVID-19 en la primera línea.
Sin embargo, en muchos casos, solo han recibido un par de dotaciones desde que llegó el virus al país, por eso tuvieron que acudir a la tutela en la que un juez de familia ordena al Ministerio de Salud y a las siete ARL entregar el material de protección permanente y constante a los profesionales de la salud.
Para el médico Roberto Baquero el riesgo que corren sus vidas los obligó a acudir a la justicia.
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“Da lástima que siendo una obligación toque por tutela exigir que se cumplan estas obligaciones, duele como seguimos enfrentando esta pandemia sin tener los elementos necesarios, pero hay una luz de esperanza de que esto se va a convertir en una realidad”, aseguró Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano.
En el fallo, el juez reconoce el derecho a la vida, salud y trabajo digno de los médicos y da 24 horas para que los elementos sean entregados.
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Otro médico demandante es el doctor Luis Carlos Leal, quien en su rol de concejal evidenció que la gente saca plata de su bolsillo para protegerse.
“Aproximadamente el 60 por ciento de los trabajadores de la salud tenían que sacar de su propio bolsillo para pagarse los elementos de protección personal. Es una injusticia completa cuando existe un decreto y unas entidades que deben garantizar esta protección”, expresó Leal.
Pero, ¿cómo debe estar debidamente protegido el personal de salud para atender a un paciente con COVID-19?
“Consiste en lo siguiente: algo que cubra la cabeza, el pelo, idealmente con un gorro antifluidos y unas monogafas que cubran los ojos. Para el cuerpo se deben tener elementos con tela antifluidos, entre dos y tres capas”, explicó Ricardo Rueda, médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá.
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El juez señala que los elementos deben ser entregados hasta que en Colombia se supere el COVID-19.
Además de esta lucha, el personal médico emprende otra cruzada, pero por cuenta de las precarias condiciones de contratación que ponen al gremio médico como uno de los sectores más desprotegidos en materia laboral.
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Para Claudia Garzón, quien coordina la Asociación de Médicos Unidos de Colombia, las órdenes de prestación de servicios (OPS) los tienen contra las cuerdas.
“Estamos, más o menos, un 65 por ciento contratados por este tipo de contrato, lo que no no permiten tener una estabilidad laboral; nos hacen la terminación del contrato en cualquier momento sin una justificación”, señaló Garzón.
Ahora que los focos de los medios de comunicación y la opinión pública están sobre ellos, aseguraron que es el momento de hacer visible su verdadero drama y por eso con el apoyo de un grupo de parlamentarios y 17 asociaciones de este gremio se radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca defender esos derechos laborales.
Cesar Zorro, representante a la cámara por el Casanare, es uno de los parlamentarios que ha venido acompañado este calvario del personal médico.
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“Con este proyecto de ley buscamos prohibir las OPS en la contratación de los trabajadores de la salud, dignificar su ingreso mensual, brindar estabilidad laboral y reconocer las prestaciones sociales para el bienestar de sus familias”, manifestó Zorro.
La doctora Claudia Garzón les pide a los ciudadanos que los acompañen en su cruzada en el legislativo, pues su bienestar está ligado a la salud de todos los colombianos.
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“El mensaje para todos los colombianos es que esto no es solo para el talento humano en salud, esto es tan grande que va a mejorar nuestro sistema de salud, nuestro compromiso y nuestra atención hacia ustedes”, destacó Garzón.
El proyecto ya inició su trámite en la Cámara de Representantes y le espera un largo camino antes de convertirse en ley.
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