El Ministerio Público advirtió a partidos y movimientos políticos que quienes hayan apoyado a impedidos serán objeto de investigaciones penales, disciplinarias y electorales.
La procuraduría señala que los candidatos que se inscriban a las elecciones del 11 de marzo del 2018, estando inhabilitados, serían condenados a penas de entre 4 y 9 años por el delito de fraude en la inscripción.
Según el procurador general, Fernando Carrillo, cerca de 20 políticos no podrían postularse a los sufragios.
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