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Bajo amenaza se encuentran estos periodistas tras investigación sobre cultivos ilícitos

Bajo amenaza se encuentran estos periodistas tras investigación sobre cultivos ilícitos

Los comunicadores temen por su integridad física y señalan que solo hacen su trabajo.
Tres periodistas y dos camarógrafos en Cali denunciaron haber recibido amenazas de muerte por parte de grupos armados ilegales que tienen injerencia en el departamento del Cauca.
Entre los amenazados está el corresponsal de Noticias Caracol Eduardo Manzano, quien expresó que se se debe respetar la labor periodística.
Las amenazas han sido enviadas también, por medio de mensajes de texto, a los periodistas de la capital del Valle del Cauca Fransuá Martínez, de Blu Radio, y Miguel Ángel Palta, del Noticiero 90 Minutos, así como los camarógrafos de Noticias Caracol Alexánder Cárdenas y Arlex Piedrahíta.
Los periodistas nos estamos metiendo en terrenos difíciles, nos dicen que no volvamos a la zona, nos insultan y simplemente nos declaran objetivo militar”, afirmó el comunicador Miguel Ángel Palta.
Por su parte, Eduardo Manzano manifestó que, además de ser declarados objetivo militar, los tienen ubicados y los "van a matar por sacar cosas de los territorios del Cauca”.
Los periodistas atribuyen las amenazas a un cubrimiento hecho en el Cauca el pasado 27 de junio, donde se informó sobre los cortes a las conexiones ilegales de energía en cultivos ilícitos.
El corresponsal de Noticias Caracol en la capital del Valle del Cauca dijo que, durante dicho cubrimiento, tuvieron que evacuar rápidamente el lugar.  
“Llevamos mucho tiempo yendo al Cauca, conocemos mucho la zona y pues no sabemos por qué nos amenazan”, anotó, entretanto, el camarógrafo Noticias Caracol Alexánder Cárdenas.
Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y la Federación Colombiana de Periodistas emitieron un comunicado en el que rechazan las intimidaciones, piden que sean investigadas y se brinde protección a los afectados.

Los comunicadores ya interpusieron la denuncia ante la Fiscalía y piden garantías para seguir ejerciendo su labor.

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