Este tiene como finalidad superar el atraso en el sector rural y es uno de los puntos acordados en el Acuerdo de La Habana. Esto es lo que contiene.
El objetivo es que se empiecen a entregar títulos de forma masiva, e identificar la legalidad de los que ya tienen.
“Ahora el gobierno nacional puede irse al territorio hacer un barrido predial para identificar todos los predios que se le pueden dar a las personas que no tienen tierra”, señaló Jorge Bedoya, presidente de la SAC.
En este punto la idea es que el gobierno deje de ser juez y parte en las decisiones relacionadas con tierras.
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“Seguridad jurídica, para que diferentes procesos como es la extinción del derecho del dominio, y la clarificación de la propiedad rural, la última decisión la tomé un juez de la república y no la administración”, agregó Bedoya.
Se unificarán en una sola base de datos las solicitudes de todas las personas que necesitan tierra en Colombia.
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Este fondo se nutre de las tierras que el Estado compre o recupere por medio de extinción de dominio o baja productividad.
Según analistas, los beneficiarios de este decreto son los campesinos e indígenas que tendrán mayor acceso a tierras y pretende dar mayor seguridad jurídica para los privados.
Ahora el reto es garantizar el presupuesto para la implementación de este decreto.
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