La petición estaría fundamentada en que podría representar un posible peligro para la sociedad y riesgo de obstruir la justicia en un proceso por 4 delitos.
La medida será solicitada porque Prieto, aparentemente, habría influido en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que se firmara una millonaria adición en la obra de Puente Plato, Magdalena, para favorecer a la empresa Yuma Concesionaria S.A.
El encargo se habría gestionado por 650 millones de pesos, según la Fiscalía.
“La gestión de intermediación habría estado condicionada a que los estudios y diseños del citado puente quedaran a cargo de la empresa Consultores Unidos S.A., del empresario Eduardo Zambrano, como efectivamente ocurrió", se lee en el comunicado de la Fiscalía.
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El principal testigo en contra de Roberto Prieto es el contratista Eduardo Zambrano, quien le contó a los fiscales los condicionamientos que habría puesto para influir en la ANI.
Pero también el exsenador Otto Bula lo menciona en sus declaraciones. Bula le confirmó al organismo que entre Zambrano y Prieto existió un pacto para conseguir la adición dicha obra en el departamento del Magdalena.
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Por estos pagos, aparentemente irregulares, la Fiscalía escuchó en interrogatorio a Leonardo Castro, representante legal de Yuma Concesionaria S.A., y atenderá, el próximo 12 de enero, al representante legal de la empresa Salini Impregilo, Francesco Stopponi.
Los delitos que le serán imputados a Prieto son tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.
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