Sin embargo, el fiscal general pidió que se conserve cuando la detención preventiva sea procedente. Esto también reduciría el hacinamiento carcelario.
La cifra de demandas contra el estado por errores en la privación de la libertad llevó a Francisco Barbosa a pedirle a sus funcionarios que esta medida se solicite de manera excepcional.
Esto busca frenar el pago de 37,9 billones de pesos por privaciones injustas que se han presentado en los últimos 29 años.
“Hoy Colombia tiene 15.352 procesos en contra por la causa de privación injusta de la libertad, estos procesos valen 20 billones de pesos. Han terminado ya 11.045 procesos por 17 billones de pesos”, señaló Camilo Gómez Álzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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La cifra estas reclamaciones es cercana a la del presupuesto de salud para este año, que es de 31.8 billones.
El caso de un comerciante señalado de financiar a las FARC representó una de las mayores multas pues “se demostró que no tuvo ningún vínculo, sino que estaba siendo vacunado, extorsionado, y a raíz de la privación que duró cuatro o cinco meses tuvo una sentencia considerable de alrededor de 800 millones”, explicó la abogada Silvia Juliana Jaimes.
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Pese a los beneficios de la media, algunos penalistas tienen serias preocupaciones frente a su efectiva aplicación “por qué finalmente esos lineamientos única y exclusivamente pueden verse en la práctica, cuando se le garantiza a los fiscales que no solicitan medidas de aseguramiento que no van a ser investigados”, indicó el abogado Rodrigo parada.
El 2016 fue el año con mayor número de reclamaciones con 2.268 demandas.
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