El órgano de control también pidió adoptar un plan interinstitucional para identificar a las víctimas sepultadas en fosas y proteger a los testigos.
El pedido de la Procuraduría fue realizado ante la sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que priorice las investigaciones sobre los hechos que comprometerían a la Décimo Primera Brigada y el Batallón de Contraguerrilla No. 79 de Urabá, Antioquia.
Ese caso fue denominado por la JEP como el 003, “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, por lo que se pidió que “se llame a rendir versión voluntaria a los comandantes de estas unidades entre 2005 y 2007, quienes presuntamente podrían estar implicados en los hechos que rodearon la victimización de personas que fueron sepultadas en el cementerio Las Mercedes
”, dice un comunicado de la Procuraduría.
En el mismo oficio informan que se solicitó que “como parte del proceso de definición de medidas cautelares se establezca un plan de trabajo interinstitucional para la identificación de todos los cuerpo inhumados como personas sin identificar, y se determine si corresponden a víctimas de desaparición forzada que fueron denunciadas en Medellín durante los años 2005 a 2007”.
Finalmente, pidió “a la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento y Responsabilidad de la JEP proceder con celeridad a la evaluación de riesgos y la adopción de todas las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de los militares, que han colaborado con el esclarecimiento de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”.
Se trata de comparecientes que luego de rendir testimonio el 9 de diciembre en Dabeiba, quienes han sido objeto de amenazas.
Updated: diciembre 23, 2019 06:57 p. m.