Cristina Pardo criticó la decisión de la Corte Constitucional de no fijar 24 semanas como el plazo para interrumpir el embarazo.
"Yo creo que es muy mal mensaje que nosotros le mandamos a nuestra población colombiana en condición de discapacidad. El mensaje de que su vida es una vida que no merece respeto, que la vida de un discapacitado no merece ser vivida y podría no tener derecho ni a nacer. Creo que es un mal mensaje que la corte no ha debido dar", señaló Pardo.
El fallo, según la magistrada, se basó en el caso de una mujer con más de seis meses de embarazo sin pruebas.
"Argumentaron también que teóricamente podía estar afectada la salud mental de la madre. Sin embargo, no había ninguna prueba en el expediente que yo manejé, no hay ninguna prueba sobre afectación a la salud física de la madre y sobre la salud mental; tampoco había ningún certificado que pudiera considerarse”, agregó.
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En sentido contrario opinó Profamilia, que defendió la decisión de la Corte.
"La carga le quedó al médico porque es quien presta los servicios, lo importante es que las instituciones que prestan servicios, como las EPS, eliminen las barreras. Vamos a tener interrupciones tempranas del embarazo y no esperar hasta momentos más avanzados de la gestación”, explica Juan Carlos Vargas, director científico de Profamilia.
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Desde el Congreso, varios senadores anunciaron que impulsaran un proyecto que defina el numero límite de semanas para poder abortar.
Finalmente, la magistrada Pardo negó cualquier trasfondo religioso en la ponencia que fue votada negativamente por otros seis magistrados.
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