“Sí desaparecieron cuerpos”: víctimas rechazan versión de Fiscalía sobre toma de Palacio de Justicia

El ente investigador y Medicina Legal aseguran que se trató de malas identificaciones o cuerpos mezclados. Hay polémica.
Cinco años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por la recuperación del Palacio de Justicia -asaltado en 1985 por guerrilleros del M-19- y le ordenara buscar a 11 personas que eran consideradas desaparecidas forzosamente tras haber salido con vida, la Fiscalía controvierte esa sentencia internacional.
“Hallazgos que Medicina Legal junto, con la Fiscalía, ha alcanzado en los últimos cinco años, nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas, fueron casos de malas identificaciones o de cuerpos mezclados. Es decir, estas 11 personas, que supuestamente habían sido desaparecidas, realmente habían sido mal entregadas o mal identificadas en el año 1985", asegura Jorge Ricardo Sarmiento, fiscal investigador del Palacio de Justicia. 

Y es que la respuesta oficial de Colombia, hallada responsable no solo de la supuesta desaparición sino de tortura, se centra en las fallas al identificar y entregar los restos a los familiares de las víctimas, entre las que están tanto magistrados como empleados de la cafetería.
Medicina Legal reconoció fallas científicas y de investigación.
“Hacíamos identificaciones con huellas dactilares, pero estos cuerpos, no todos tenían huellas dactilares. Entonces, algunas identificaciones fueron orientadas con elementos, pertenencias, objetos, que no es una identificación fehaciente. Para ese momento hubo deficiencias frente a la identificación, deficiencias que estamos corrigiendo 30 años después", sostiene Claudia Adriana García Fino, directora de Medicina Legal.
Ante estas declaraciones, las víctimas se pronunciaron. Una de ellas es Gabriel Andrade, hijo de Julio César Andrade, magistrado de la Corte Suprema y uno de los desaparecidos del holocausto.
Un video probaría que salió vivo del Palacio de Justicia, acompañado de varios militares y posteriormente fue dado muerto.
Aunque la familia Andrade recibió los restos de quien fue identificado como su familiar, 33 años después les dijeron que no se trataba de su padre. Hoy no conocen su suerte. Por eso están consternados con el pronunciamiento de la Fiscalía.
“No entiendo cuál es la razón de fondo de la Fiscalía para desconocer ese precedente”, afirma Gabriel Andrade.
Como él, Fabiola Hernández, familiar de una víctima de la toma del Palacio de Justicia, rechaza el pronunciamiento de las autoridades.
"El dolor que nos causaron fue muy grande. Duré 33 años para saber que realmente el que estaba enterrado no era mi esposo. ¿Por qué? por la tecnología de ahora, pero sí hubo desaparición de cuerpos”, dice. 
CIDH se encuentra en Colombia y uno de sus propósitos es hacer seguimiento a la sentencia que ordenó al Estado buscar a once desaparecidos del Palacio de Justicia.