El municipio de Chocontá, Cundinamarca, sigue envuelto en la polémica luego de que se aprobara un nuevo POT que permite un aumento significativo de construcciones de vivienda en zonas protegidas cercanas al embalse del Sisga. Políticos y la comunidad se pronunciaron sobre la decisión.
El embalse del Sisga es un importante reservorio de agua ubicado en el municipio de Chocontá, en la cuenca alta del río Bogotá.
La presa fue construida en 1951 para controlar las inundaciones en la sabana y proveer de agua a la capital en tiempos de sequía. En la zona hay especies nativas típicas del monte alto andino, protegido especialmente por la Corporación Autónoma Regional (CAR), que en 2015 delimitó la ronda de protección hídrica.
El uso de los suelos, según la resolución de la CAR 2775 del 9 de diciembre de 2015, ha permitido la conservación del lugar. Sin embargo, la reciente modificación del POT del municipio de Chocontá en donde se encuentra el embalse preocupa a más de uno.
Según sus críticos, el nuevo POT abriría la puerta a un proceso de urbanización en zonas protegidas.
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“El POT anterior permitía máximo dos casas en una hectárea y estas dos casas no podían superar el 10% de ocupación dentro de esa misma área. En este nuevo POT, nos vamos hasta cuatro casas en una misma hectárea y se puede incrementar hasta el 30% el índice de construcción”, señaló Carolina Rodríguez, ingeniera civil y habitante del sector.
No solo las construcciones generan preocupación. ¿Qué pasa con las aguas residuales de esas viviendas, vías de acceso y demás componentes que suponen el cambio del uso del suelo?
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“Esta es una reserva forestal y su carácter original es bosque. Cuando pensamos en introducir toda esta comunidad a vivir acá, tenemos que garantizarles agua y la recolección de sus residuos sólidos, y es algo para lo que esta área no está preparada”, complementó Rodríguez.
En los límites del embalse se encuentra un refugio de garzas, el cual está amenazado porque la pasada administración planteó levantar un relleno sanitario frente al cuerpo de agua en donde se hacen las aves. Juliska Frezik, propietaria del lugar, asegura que nunca les consultaron. “Básicamente lo que vimos en todo lo que sucedió el año pasado es que no hubo una socialización y no nos avisaron”, aseguró.
La aprobación del POT en Chocontá tiene otro ingrediente. Días antes, el 24 de noviembre de 2023, la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Nelly Yolanda Villamizar, encargada de hacer cumplir la sentencia que busca la descontaminación del río Bogotá, lanzó una advertencia a todos los municipios de la cuenca en la que expresó que, “al hacer la revisión de los diferentes proyectos POT, se ha encontrado que el suelo de expansión urbana y áreas de viviendas campestres se ubican en zonas subprotegidas, contraviniendo los usos prohibidos”.
La magistrada alertó sobre el afán de servidores públicos de modificar los planes de ordenamiento que podrían favorecer intereses particulares. “Y debido ese apetito por la prevalencia de los intereses particulares, esos funcionarios, como la población del municipio, sean presa voraz de constructores inescrupulosos a quienes una vez se les conceden las licencias de grandes proyectos urbanísticos, levantan su velo y dejan al municipio sumido en la contaminación, falta de vías y demás equipamientos”, anotó Villamizar.
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Pese a las alarmas que encendió la magistrada, los cabildantes de Chocontá dieron luz verde a la modificación del POT.
El 26 de diciembre de 2023, mientras los habitantes terminaban de pasar sus festividades navideñas, en el recinto del Concejo Municipal de Chocontá se aprobó el POT a las 6:00 a. m., decisión que causó mucha polémica y genera muchos cuestionamientos porque, según la comunidad, no hubo un proceso de concertación adecuado.
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“Cuando uno empieza a leer este POT se da cuenta que olvidan la concertación que la ley 388 ordena, que debe concertarse con las comunidades la situación que está sucediendo y aquí no lo hicieron”, afirmó José Luis Rivadeneira, abogado y miembro de la comunidad.
La exconcejala Jennifer Pinzón, que en su momento se opuso a la aprobación del POT, dice que con la mano en lo alto advirtió de la ilegalidad del acto administrativo: “Oiga, se van a ir a la cárcel. Aquí dice muy claro que ningún municipio de la cuenca del río Bogotá puede aprobar en este momento el POT y menos un POT que no ha sido concertado o escuchado por la ciudadanía”.
El actual alcalde de Chocontá, Javier Garzón, vive un momento difícil porque recibió un POT aprobado, pero con muchos cuestionamientos. “Nosotros también nos encontramos en la encrucijada de saber que el acuerdo en este momento es para mí ley municipal y tiene la presunción de legalidad, pero que también sabemos las controversias que puede generar y las demandas que en su momento puede conllevar”, dijo.
Si se llega a dar una demanda al POT, el Plan de Desarrollo del municipio de Chocontá se queda en veremos y el pueblo condenado al atraso, dice la exconcejala Pinzón. “Posiblemente ese POT se va a demandar y tendremos que devolvernos. Si hacemos una concertación, pueda que entre cuatro o cinco años salga un nuevo POT, pero, si nos vamos a una demanda o eso se denuncia, ¿qué va a pasar? ¿Podremos estar siete o nueve años como está Chía en este momento?", cuestionó.
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El exalcalde de Chocontá Rodrigo Chicazucue defendió la modificación del POT y aseguró que no hubo irregularidades en el trámite de su aprobación. “Nosotros sí lo concertamos, a tal punto que la concertación la elevamos mediante acta y la CAR, que es la asignada directamente como entidad medioambiental que regula todas las normativas, le emitió un acta de concertación al municipio de Chocontá”, sostuvo.
Chicazucue negó que le haya abierto una puerta a la urbanización en zonas ambientalmente protegidas. “Nosotros normativa y ambientalmente cumplimos con las determinantes ambientales y damos cumplimiento a lo ordenado”, indicó.
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Además, Chicazucue dice que no incurrió en un desacato frente al auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. “No hay un desacato, de lo contrario ya tendríamos un proceso en contra. En el auto dice es que los municipios que no estén cumpliendo procedan a devolver los procesos a la corporación autónoma y el caso de Chocontá no es ese”, complementó.
Mientras la CAR asegura que está analizando las actuaciones de la pasada administración de la entidad, el alcalde Garzón se siente atado, por un lado, por la lluvia de solicitudes de construcción y, por el otro, por un POT que podría dejar congelado el progreso de su municipio.
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