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Expresidente de histórico club recibió prisión preventiva, por presuntos delitos de corrupción

Exdirigente de varios clubes importantes está metido en graves líos legales, debido a presuntos delitos de corrupción financiera. También hay otros implicados.

Michael Clark, expresidente de Universidad de Chile, recibió prisión preventiva.
Michael Clark, expresidente de Universidad de Chile, recibió prisión preventiva.
Foto: AFP.

La Justicia chilena dictó este martes prisión preventiva para el expresidente del club Universidad de Chile, Michael Clark, imputado, junto a otras 10 personas, en una causa por presuntos delitos de corrupción financiera relacionados a la sociedad anónima que administra el equipo.

Al extimonel de la concesionaria Azul Azul, que había renunciado en abril pasado, le imputan seis delitos relacionados con administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

La jueza a cargo de la causa, Paulina Moya, dictaminó tras la audiencia que la libertad de Clark "constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación".

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Junto a Clark otras tres personas que ocupaban cargos en Sartor y otros fondos financieros relacionados, que son el centro de la investigación, recibieron la misma medida cautelar, en tanto que otros involucrados quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo.

El Ministerio Público acusó a los ejecutivos de estructurar un esquema para utilizar los fondos de inversiones como Sartor y otros con el propósito de financiar a entidades vinculadas a sus dueños, socios o administradores sobre el deber fiduciario de proteger el dinero de los aportantes de los fondos públicos.

El juicio comenzó el pasado 30 de junio, y previamente la Fiscalía chilena había allanado en mayo pasado las oficinas de Azul Azul, ubicadas en la sede del club universitario, y el domicilio de Clark.

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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago estableció en 120 días el plazo para que el Ministerio Público continúe con las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.

El caso originó que la casa de estudios Universidad de Chile se pronunciara la semana pasada considerando que un informe analizó como este caso incumple con el convenio firmado con la concesionaria Azul Azul, que le permite utilizar el nombre y símbolos de la institución.

"El primer reporte del informe, que analiza los alcances legales y propone el curso a seguir, señala graves y reiterados incumplimientos por parte de Azul Azul al Convenio de autorización de Símbolos Distintivos", notificó la prorrectora de la Universidad de Chile, Dorotea López Giral.

Aunque no han tomado una decisión definitiva, argumentó que "el nombre y los símbolos de la Universidad se han visto afectados por una serie de conductas que se alejan de nuestros valores y principios. Algo que la Universidad ha representado en diversas ocasiones".

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