Este lunes, el juzgado 30 penal del circuito de Medellín, en segunda instancia, revocó la decisión que dejó en libertad en septiembre de 2019 a Sergio Zuluaga, excontralor de Antioquia, y otros implicados en el escándalo denominado ‘Contraloría de bolsillo’.El juez ordenó casa por cárcel para Zuluaga, mientras que envió a prisión a los excontralores auxiliares Dioner Ortiz Ossa, Jesús Hernando Duque y Gabriel Castaño.El excontralor y demás funcionarios son señalados de hacer parte de una red de corrupción en la que, de acuerdo con la Fiscalía, aprovechando su función de vigilar la administración de los recursos públicos, habrían ocultado hallazgos realizados en auditorias de varios municipios como San Carlos, La Pintada, Briceño, Jardín, Montebello y Copacabana. A cambio de eso, habrían cobrado entre 2 mil y 3 mil millones de pesos.Zuluaga fue detenido en agosto de 2019.En diciembre de ese mismo año la Procuraduría lo halló culpable de aprovecharse de su cargo para practicarse una liposucción en el Hospital La María.En contexto:
La Procuraduría lo halló culpable de aprovecharse de su cargo para practicarse una liposucción a bajo costo en un centro médico cuyos recursos debía vigilar. Por esa razón, el órgano de control sancionó al polémico Sergio Zuluaga Peña con “suspensión e inhabilidad especial por seis meses”. El excontralor de Antioquia, según la Procuraduría, se favoreció al someterse a una liposucción el 16 de abril de 2016. Pero, para la Procuraduría, él no fue la única persona que se aprovechó de la falta de vigilancia de los recursos del Hospital La María, en cabeza del entonces gerente William Marulanda Tobón. Tres familiares de Marulanda Tobón también pasaron por quirófanos de esa institución el 15 de noviembre de 2015, el 20 de enero de 2016 y 4 de marzo de 2016 para embellecer sus cuerpos a un menor costo, lo que terminó “afectando los recursos públicos de la salud”, según informó el organismo. La sanción a Marulanda Tobón por no ejercer la vigilancia y control necesario a los recursos de la entidad fue la destitución del cargo (al que ya había renunciado) y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 13 años. Marulanda, consideró la Procuraduría, “permitió que se cobraran por costos hospitalarios tarifas por debajo de los estándares establecidos, a particulares a quienes consideraban especiales, generando privilegios que no estaban contemplados por la ley, ni por la junta directiva del hospital”. Además, la información por medio de la cual la Procuraduría dio a conocer la sanción afirma que Marulanda Tobón omitió “intencionalmente el ejercicio de sus funciones”, y permitió que en 2016 “se realizarán procedimientos médicos con costos inferiores a los usuales, a personas recomendadas por él o por el subgerente” del hospital ubicado en el barrio Castilla de Medellín y en el que habitualmente no se realizaban estos procedimientos. “Con su actuar el exfuncionario incurrió en prevaricato por omisión (…), vulneró los principios de responsabilidad, moralidad e igualdad, y omitió ejercer su deber de vigilancia y control sobre las funciones esenciales de la entidad, la primera conducta fue calificada como grave a título de dolo, y la segunda, como gravísima a título de dolo ”, aseguró la Procuraduría. En el caso del excontralor Zuluaga Peña, la Procuraduría determinó que incurrió en falta disciplinaria “al obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales a las que tenía derecho, como tarifas especiales y más bajas a las habituales, en una entidad que era auditada por la Contraloría Departamental”. “Teniendo en cuenta que el investigado ya no se encuentra ejerciendo su cargo, se ordenó realizar la conversión de la suspensión a salarios devengados al momento de la comisión de la falta, tal como lo establece el artículo 56 del Código Disciplinario Único, lo que representa 82 millones 968 mil 714 pesos”, informó la Procuraduría. El fallo de primera instancia podrá ser apelado por Zuluaga Peña, que está inmerso en una investigación penal por los mismos hechos, y Marulanda Tobón.
Sergio Zuluaga se preparaba para viajar a Cartagena, tras quedar en libertad y ser investigado por presuntos hechos de corrupción. Claudia Carrasquilla, delegada de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, reveló una fotografía del excontralor de Antioquia vestido de piloto en el aeropuerto de Rionegro. La foto fue tomada este viernes hacia las 7:00 de la mañana en la terminal aérea José María Córdova, en el oriente antioqueño. “¿A quién se les parece el piloto? Pues les cuento que es nuestro excontralor Sergio Zuluaga Peña, quien fue puesto en libertad por un juez de garantías de Medellín. ¿Será que algo debe que se disfrazó?”, escribió Carrasquilla en su cuenta de Twitter. De acuerdo a lo expuesto por Santiago Trespalacios, abogado del exfuncionario, Zuluaga Peña se dirige a Cartagena, con conexión a Bogotá. “Lo que si llama mucho la atención para esta delegada es ¿por qué hoy se recibe una foto, a través de una fuente, quien indica que él se encuentra en el aeropuerto de Rionegro vestido de piloto?, ¿qué tiene que esconder el excontralor para disfrazarse como piloto, si acaso no se le ordenó la libertad?”, cuestionó Carrasquilla. Trespalacios explicó que Zuluaga está en todo su derecho de viajar tanto al interior como en el exterior del país. Además, precisó que Sergio Zuluaga está realizando un curso para convertirse en piloto.
Todos los implicados, incluido el excontralor Sergio Zuluaga, vuelven a sus casas. La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión. Uno a uno el Juzgado 42 del Circuito Penal de Medellín tumbó los argumentos ofrecidos por la Fiscalía para imponer medida de aseguramiento a los implicados en el escándalo de corrupción en la Contraloría de Antioquia. “El juzgado encuentra que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con la carga argumentativa para sustentar, en primer lugar, la existencia de las conductas punibles e indilgadas a cada uno de los imputados y, en segundo lugar, no manifestó las razones por las cuales los imputados estaban vinculados en calidad de autor o partícipe con dichas conductas”, explicó el juez durante la audiencia. Según el juez, las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron insuficientes, carecían de peso o no tenían relación alguna con la imputación. Así las cosas, todos los implicados, incluido el excontralor Sergio Zuluaga Peña, quedaron en libertad. La defensa celebró la decisión, pero criticó el papel de la Fiscalía en este caso. “El mensaje es muy claro, mientras la Fiscalía creía que los casos se ganan en los medios de comunicación, inflando acusaciones y violando garantías fundamentales iremos a los jueces de control de garantías pidiendo y reclamando la vigencia del estado de derecho”, dijo Santiago Trespalacisos, abogado defensor de Zuluaga. “La justicia no es un circo, y más la libertad de una persona. Estuvieron casi 15 días privados de la libertad”, comentó Óscar Santamaría, abogado. La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión del juez. Los alcaldes de Jardín, La Pintada y San Carlos, imputados también por presunta corrupción, volverán a sus despachos.
Este miércoles se conocerá si el excontralor Sergio Zuluaga, tres funcionarios del mismo despacho y tres alcaldes van o no a la cárcel. En el caso del hospital de Copacabana, la abogada defensora argumentó que no hubo coimas a cambio de que Héctor Darío Cano, gerente de la ESE Santa Margarita, contratara como odontóloga a la sobrina del subcontralor, Rubén Darío Naranjo. “Eso no constituye ni un tráfico de influencias, ni un cohecho por dar u ofrecer, ni una celebración indebida, ni un interés. Es simplemente que hay una cultura latinoamericana del rebusque. ¿Cuánto tiempo estuvo vinculada esa niña como odontóloga? Ocho meses. ¿Él la ayudó para que estuviera ahí? Sí, ¿pero eso constituye un interés? No”, argumentó Ilda Astrid Carvajal, abogada de la defensa. Por su parte, la defensa de Luz Marina Marín, alcaldesa de San Carlos, refutó el material probatorio de la Fiscalía con el que señala que la funcionaria recibió buenos resultados en las auditorías de su administración, a cambio de una negociación con la mina Calizas Portugal SAS de la que hicieron parte Sergio Zuluaga, excontralor, y el subcontralor departamental. “Si el cohecho es un soborno siempre se exige cierta materialidad, materialización de ese ofrecimiento, considero que esta empresa minera no se constituye en una coima, en una entrega o en una promesa por parte de la alcaldesa de San Carlos”, dijo Álvaro Galindo Cruz, abogado defensor. En la audiencia también fueron presentaron los argumentos de la defensa de Alejandra Catalina Ospina para quien la Fiscalía pidió medida no privativa de la libertad. El miércoles se conocerá si el resto de los detenidos van o no a la cárcel.
El funcionario, según la Fiscalía, les habría cobrado astronómicas sumas a entidades de seis municipios por alterar resultados de auditorías. En el palacio de justicia de Medellín, un juez define si envía a la cárcel al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, a tres alcaldes y a otras personas capturadas por integrar una presunta red de corrupción en ese departamento. Decenas de interceptaciones telefónicas, documentos y lujosas propiedades dejaron en evidencia la forma en la que, según la Fiscalía, Zuluaga creó un supuesto entramado de corrupción. De acuerdo con el ente acusador, aprovechando su función de vigilar la administración de los recursos públicos, Zuluaga habría ocultado hallazgos realizados en auditorias de municipios como San Carlos, La Pintada, Briceño, Jardín, Montebello y Copacabana. A cambio de eso, habría cobrado entre 2 mil y 3 mil millones de pesos. Según las investigaciones, las modificaciones en las auditorías habrían generado un detrimento patrimonial de 2 mil millones de pesos en el suroeste antioqueño. Incluso tienen evidencia de que Zuluaga habría ocultado información del proyecto Hidroituango. "Lo que además preocupa señoría, que también, en estas funciones de Contraloría General de Antioquia, efectivamente también ocultaron algunos hallazgos del problema de Hidroituango que también está siendo imputado a algunos funcionarios por parte de la Fiscalía General de la Nación", dijo en las audiencias la fiscal del caso. Estos son algunos de los argumentos presentados por la Fiscalía en audiencia que evidenciarían que estas 10 personas incurrieron en los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencia, prevaricato, entre otros. La Fiscalía solicitó que fueran enviados a la cárcel, argumento que fue respaldado por la Procuraduría al considerarlos un peligro para la sociedad y el proceso. Este viernes le fue aceptada la renuncia al cargo al contralor Zuluaga en la Asamblea de Antioquia, hecho que para algunos buscaba frenar la medida de aseguramiento intramural. Entre tanto, la Contraloría General de la Nación se pronunció frente a las solicitudes realizadas por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, de realizar un control preferente sobre las actuaciones realizadas por el ente del control fiscal de este departamento. El vicecontralor Ricardo Rodríguez dijo que esta medida no es posible. “No podemos declarar ese procedimiento, no tenemos la competencia para entrar en un ejercicio prevalente”, indicó- Y aseguró que es necesario mejorar las prácticas de control realizadas por cada una de las 65 contralorías del país. Para el vicecontralor, además es fundamental no solo la selección rigurosa de las personas que aspiran a llegar a este cargo sino también la necesidad de que la ciudadanía denuncie con evidencias cualquier acto de corrupción.
El diputado Luis Peláez asegura que todo se trata de un montaje, pues dice que la decisión es un hecho favorable para la audiencia de imputación de cargos. 18 de los 26 diputados de la Asamblea de Antioquia votaron a favor la solicitud de renuncia presentada por el contralor Sergio Zuluaga, quién fue imputado por la Fiscalía por los delitos de cohecho propio, prevaricato por acción en calidad de determinador y concierto para delinquir. "Aprovechamos entonces la mesa directiva para solicitarle que incluyera en esta sesión la renuncia del señor contralor departamental", explica Hernán Torres, presidente de la Asamblea. Aunque la decisión fue mayoritaria, algunos diputados inconformes aseguran que se trató de un montaje: "Hoy se arma esta parafernalia para que los diputados, el gobernador y otros funcionarios puedan recibir la renuncia y esto sea un hecho favorable para la audiencia de medida de aseguramiento del contralor de Antioquia", advierte Luis Peláez, diputado de Antioquia. "Si el argumento era que Sergio Zuluaga era un peligro por estar en el cargo pues por lo menos ese argumento se ha desvanecido", comenta Santiago Trespalacios, abogado defensor de Sergio Zuluaga. Por su parte, el gobernador Luis Pérez señala que luego de estudiar el informe de 127 páginas que elaboró la Contraloría en el caso de Hidroituango, el cual habría sido ocultado por Sergio Zuluaga, encontró 16 conclusiones que establecen irregularidades en el proyecto que no coinciden con el tiempo de su administración. "Un comentario que se hizo sobre una llamada telefónica donde el señor contralor decía que había estudiado muy bien, en un informe de la Contraloría, el plan de aceleración y que no lo había hecho público por no echar al agua, o a la arena, a un gobernador y se discutió mucho sobre a quien se refería y el uno le tiraba el balón al otro sin ningún tipo de argumentos", cometa Luis Pérez Gutiérrez. Los tres contralores auxiliares también presentaron su renuncia formal ante la Contraloría de Antioquia, pese a que en la audiencia de medida de aseguramiento la Fiscalía argumentó que dichas renuncias no se podrían hacer efectivas porque los funcionarios están suspendidos de sus cargos.
Contra Sergio Zuluaga se adelanta un juicio por una presunta red de corrupción que habría llegado a 15 municipios del departamento. El contralor general de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, presentó este jueves su carta de renuncia ante la Gobernación y la Asamblea Departamental. En el documento de dos páginas, el funcionario advierte que su renuncia es “inmediata e inequívoca”. “Solicito que se proceda con prontitud a la aceptación de mi renuncia como contralor, teniendo en cuenta que la mesa directiva es un órgano permanente que no depende de las sesiones de la plenaria y es competente para los fines pertinentes”, dice la misiva. Tras conocerse la carta, el gobernador Luis Pérez citó a sesión extraordinaria en la Asamblea para definir el futuro de la Contraloría. La renuncia se conoce una semana después de la captura de Zuluaga, quien se presentó voluntariamente ante la Fiscalía el 22 de agosto, pues en su contra pesaba una orden de captura. Contra el funcionario se adelanta actualmente un juicio por una presunta red de corrupción al interior de la Contraloría que habría llegado a 15 municipios del departamento. En 2018, el funcionario fue destituido de su cargo durante 10 meses, por la Procuraduría General de la Nación; luego de que admitió que no tenía un doctorado en derecho, título que le ayudó a ascender en su puesto. El contralor regresó a su cargo el pasado 5 de junio. Vea también: Contralores auxiliares implicados en red de corrupción en Antioquia también renunciaron
También se investiga favorecimientos a un excongresista y un diputado. Además, revelaron las millonarias sumas entregadas por ocultar hallazgos de auditorías. La Fiscalía aseguró que un testigo protegido habría revelado información acerca de negocios que el contralor Sergio Zuluaga sostenía con el diputado de Antioquia Jaime Cano y el excongresista Luis Horacio Gallón a quien, al parecer, y, con ayuda del gobernador Luis Pérez, habría favorecido con el nombramiento de su esposa como gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea). “La campaña en Antioquia arrancó por un lado godo con el exrepresentante Horacio Gallón, quien arranca por lo menos de cuatro planes para seguir vigente o cuatro flotadores y uno de ellos se impulsó al gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien acaba de dejar a su esposa encargada del Idea, entidad más importante del departamento”, aseguró la fuente. Según la investigación, el contralor habría negociado ocultar hallazgos de auditorías a cambio de millonarias sumas de dinero que superarían los 100 millones de pesos. En las nuevas pruebas que presentó el ente investigador, se evidenciaría como además de beneficiar a entidades de municipios como: San Carlos, La Pintada, Briceño, Jardín, Montebello y Copacabana, el contralor también habría favorecido a Amagá, Zaragoza, Puerto Triunfo, Yalí, Apartadó, Turbo, Amalfi, La Estrella, Caldas, El Peñol, Vigía del Fuerte, Segovia, Entrerríos, San Rafael, Don Matías y Caucasia. Incluso, de acuerdo con las indagaciones, pese a estar suspendido 10 meses por presentar un diploma falso de un doctorado, Zuluaga seguiría dando directrices desde Cartagena para manipular los hallazgos de la contraloría. La fiscal afirmó que las modificaciones en las auditorías habrían generado un detrimento patrimonial de 2 mil millones de pesos en el suroeste antioqueño. La Fiscalía se ratifica en que el contralor Sergio Zuluaga habría ocultado información del proyecto Hidroituango. “Lo que además preocupa señoría es que también en estas funciones de Contraloría General de Antioquia, efectivamente ocultaron algunos hallazgos del problema de Hidroituango que también está siendo imputado a algunos funcionarios por parte de la Fiscalía General de la Nación”. En la audiencia se confirmó que investigan si Sergio Zuluaga, con la ayuda de una mujer quien sería su mano derecha, habría alterado la plataforma Mercurio para modificar fechas que le permitieran cumplir con los requisitos para posesionarse como contralor de Antioquia. La fiscal pidió medida de aseguramiento intramural para Zuluaga y tres contralores auxiliares, porque representan un peligro para la sociedad.
Durante la imputación de cargos a Sergio Zuluga, la Fiscalía reveló una conversación sobre Hidroituango en la que se menciona a un mandatario de Antioquia. El pasado lunes, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sorprendió con esta declaración al referirse al contralor departamental Sergio Zuluaga, detenido dentro de un proceso por corrupción: “Caigale al que está caído, tenemos que tener por ahora misericordia y esperar qué decisión toman los jueces", dijo el mandatario. La declaración no pasó desapercibida entre los antioqueños: "Yo diría que no hay que tener misericordia porque estos casos son personales y si él (el contralor) se metió en ese problema que responda él”, manifestó Fredy Patiño, habitante de Medellín. "Con los corruptos no, porque nos están haciendo mucho daño y seguirán haciendo daño”, dijo Martha Arboleda. Tras la polémica, el mandatario salió muy temprano al día siguiente a explicar el alcance de lo dicho. "Misericordia no significa perdonar a los que violen la ley, eso no está en ningún diccionario, es compadecerse de la miseria humana", precisó Luis Pérez. Otro hecho que puso al gobernador a dar explicaciones Anoche la Fiscalía le imputó cargos al contralor por cohecho propio, prevaricato y concierto para delinquir; durante la audiencia revelaron una prueba en la que se escucha a Zuluaga hablar con un interlocutor no identificado y mencionan a un gobernador. Zuluaga: "No, oíste es que yo ya a Hidroituango le había hecho una auditoría, donde había revelado todas esas huevonadas y había hablado del contrato de aceleración y había hablado de una cantidad de cosas que están ahora. Lo que tiene en cuenta ahora la gente es que yo tenía la razón cuando lo dije, huevón". Otro: "Huevón yo hace 10 días te dije que volvieras a hablar o que hablaras de Hidroituango y no lo hiciste". Zuluaga: "¿Y echó al agua al gobernador?, ¿me pongo a pelear con el gobernador?, ¿si no quería qué? Otro: "Yo te hago una pregunta: ¿Es que vos temés echar al agua al gobernador para decir qué?" Zuluaga: "No, o sea el gobernador no quería". Aunque en la grabación no se menciona específicamente a Luis Pérez, el mandatario negó que se trate de él. "No quiere echar al agua al gobernador, yo no fui, yo como gobernador no firmo, yo no he firmado el plan de aceleración; es posible que se refiera a otros gobernadores anteriores porque se está refiriendo al Plan de Aceleración de Hidroituango y ese plan de aceleración fue firmado en el 2015 y yo no era gobernador", resaltó Luis Pérez. El mandatario agregó que si el contralor tenía alguna información relacionada con Hidroituango y la omitió habría incurrido en un delito.
El Gobierno estadounidense le salió al paso al roce diplomático que se generó con Colombia, luego de que Juan Fernando y Nicolás Petro fueran mencionados en el apartado de corrupción de un informe del Departamento de Estado.>> Departamento de Estado de EE. UU. habla de “corrupción” en la campaña Petro presidenteDesde Miami, subsecretario de Estado de EE. UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, señaló que el informe de derechos humanos es una obligación legal del Departamento de Estado.Indicó que como tal contiene variedad de temas que ocurren a lo largo y ancho del planeta, incluidas las investigaciones en curso que involucran tanto a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, como a Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario colombiano."Y no estamos precisamente valorando cada suceso en el país, solo informando al Congreso qué es lo que sucedió. Entonces, investigaciones en curso, eso es algo que sucedió. Pero es un proceso en curso, no estamos diciendo que hay un resultado en las investigaciones”, explicó Brian Nichols.El funcionario norteamericano también aseguró que confía en las autoridades colombianas.“Yo respeto y mi Gobierno respeta plenamente a las autoridades colombianas para llegar a una conclusión según las leyes y procedimientos colombianos”, acotó.Señaló, además, que el Gobierno estadounidense, a través de su embajador en Colombia, ya se puso en contacto con la administración Petro y que las relaciones bilaterales se mantienen estables."Sí, nuestro encargado de negocios, Paco Palmieri, ha hablado con el Gobierno del tema y mantenemos un discurso de muchísimos temas en nuestra relación y quiero subrayar que la relación que tenemos con el Gobierno de Colombia sigue siendo excelente”, enfatizó.>> EE.UU. tilda de “creíble” información de presuntos dineros irregulares en campaña PetroElecciones en VenezuelaSobre las elecciones en Venezuela, el funcionario estadounidense aseguró que su Gobierno sigue de cerca los comicios y aboga por que se dé un proceso democrático transparente.“Nuestro enfoque es un proceso democrático en que el pueblo venezolano va a decidir su futuro en las urnas, no hay otra manera de cambiar la situación en Venezuela. Hay que respetar la voluntad de los votantes en Venezuela y esperamos que haya un proceso transparente, con observación internacional que pueda dar confianza a la población de que su voto va a ser válido y ese es nuestro único enfoque”, recalcó.Brian Nichols se abstuvo de señalar las acciones que tomaría su Gobierno en caso de que no se den elecciones libres en Venezuela y calificó como un paso importante que la oposición venezolana haya cerrado filas alrededor de la candidatura de Edmundo González.>> Gobierno de Colombia envía nota de protesta a EE. UU. por declaraciones de Vedant Patel
Esta investigación demuestra que la ambición tiene pocos límites, hay personas capaces de matar a sus seres más queridos o, mejor dicho, supuestamente queridos, para quedarse con sus bienes materiales, la historia de los esposos Rubiel Díaz Londoño y Estela Toro y sus tres hijos es un ejemplo que reta la imaginación.Ella era una exitosa comerciante que aparentemente no sabía muy bien con quién se casaba, él era un abogado ambicioso y controlador, poco a poco le fue quitando el poder para tomar sus decisiones frente a las propiedades y sus negocios. Rubiel siempre se había mostrado como el protector, familiar, buen padrastro, un hombre preocupado porque en el hogar tuvieran lo necesario y hasta más, pero como reza el dicho popular “caras vemos, corazones no sabemos”.Mira también: Ambición sin límite: El cruel crimen que revela traición y codicia en La Dorada, CaldasSi Estela Toro hubiese sabido lo que él era realmente capaz de hacer es probable que lo hubiera abandonado antes de que fuera demasiado tarde. Desafortunadamente no lo hizo, ¿qué pasó entonces?Estela Toro y Leonela Tatiana Torres fueron asesinadas en la vía al Mar el 9 de diciembre de 1997, en un primer momento su esposo actual Rubiel Díaz Londoño aseguró que se trató de un asalto a mano armada contra toda la familia por parte de desconocidos en plena carretera en el punto conocido como Playa Mendoza, entre Barranquilla y Cartagena. Sin embargo, esta versión fue desmontada por la Fiscalía ya que se comprobó a través de la prueba de balística en Medicina Legal que todo fue un montaje de Díaz para asesinar a su esposa y su hijastra.La investigación estableció que él fue quien disparó a quemarropa dentro del mismo vehículo. Las autoridades para el momento lo capturaron, pero salió libre pagando una fianza en 1999. Rubiel Díaz Londoño fue condenado en diciembre de 2001 por el asesinato de su esposa e hijastra. No obstante, al parecer el hombre había desparecido sin dejar rastro desde esa fecha. Pero uno de los hijos de Estela se resistía a aceptar que la muerte de su mamá quedara impune, lo que hizo después sorprendió a todo el mundo.te puede interesar: La última entrega: el asesinato de tres jóvenes domiciliarios en los cerros orientales de BogotáFue así como pasaron más de dos décadas sin tener ninguna pista del paradero del hombre acusado de un doble homicidio en 1997, pero la persistencia del hijo mayor del anterior matrimonio de Estela fue clave. Hay caso donde la justicia cojea, pero llega. Para marzo de 2023, 26 años después fue recapturado en La Guajira y empezó a pagar la condena por el doble asesinato en la vía al Mar.
Luego de que Gustavo Petro anunciara que romperá relaciones con Israel, uno de los primeros en reaccionar fue el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, quien dijo en X que “el presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás y hoy cumplió su promesa”.“Petro incita al odio”: senador David Luna tras discurso del presidente este 1 de mayo“La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes”, apuntó.Y añadió que “las relaciones entre Israel y Colombia siempre han sido cálidas y ningún presidente antisemita y lleno de odio podrá cambiar eso. El Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin temor”.“Entiendo esa decisión como una decisión coherente en la política exterior de un país profundamente comprometido, que no se afecten los colombianos que viven en Israel y ojalá, en lo posible, que no se afecte la comunidad israelita que vive en nuestro país”, aseguró Camilo Reyes, excanciller de Colombia.Sin embargo, los colombianos en Israel ven con preocupación la decisión del presidente Gustavo Petro.“Somos más de 200, 300 personas, que estamos aquí devengando un dinero que mandamos para Colombia todos los meses. Los vínculos que usted rompió con Israel son grandísimos, porque no solamente yo, detrás de mí hay muchas personas que quieren venir a trabajar, a ganarse sustento”, manifestó Fernando Mejía, enfermero colombiano en Israel.En cuanto a la cooperación militar que Israel le brinda a Colombia, hay preocupación entre militares retirados de una posible suspensión de contrato sobre capacidad en seguridad y defensa.“Implicaría perder las capacidades de los aviones Kfir más rápido de lo que se habría previsto, porque quedaríamos sin los flujos de repuestos necesarios para mantener su funcionamiento. Igualmente sucedería con otros equipos como es el caso de los fusiles Galil”, resaltó el general (r) Guillermo León, presidente de Acore.El grupo terrorista Hamás dijo en un comunicado que aprecian enormemente la posición del presidente Gustavo Petro y que la consideran una victoria por los sacrificios de su pueblo y su justa causa.Ruptura de relaciones entre Colombia e Israel: Hamás califica la decisión de Petro como "victoria"
El humorista, escritor y librero Dany Hoyos, más conocido por su personaje Suso, el paspi, debuta en el mundo literario con Árbol de Guayacán, un homenaje a su abuelo que falleció por COVID-19 durante la pandemia, un libro desgarrador y divertido.>>> Le recomendamos leer: Luisito Comunica trae la magia de los viajes a la FILBo con su libro Lugares asombrosos 2En entrevista con Noticias Caracol, el humorista, que hace parte de la casa de Caracol Televisión y llegó con su obra a la Feria del Libro de Bogotá 2024, contó que este texto es una carta larga de amor a su abuelo, escrita con desgarro. Es como una catarsis ante la pérdida.Las primeras palabras con las que empieza el libro son: “Yo tenía un abuelo a quien llamar, ahora solo me queda escribir hasta que no duela”.“La literatura sirve para uno sacar todo ese pus, ese dolor y esa angustia que se tiene. A mí me sirvió mucho como terapia, entonces no es mérito mío, es mérito de la literatura y mérito del escribir que se sienta eso”, dijo Dany Hoyos, conocido como Suso.Por medio de este texto, busca que los lectores “conozcan a los campesinos" a través de su abuelo. Asimismo, recalcó que desea hacer un homenaje “a toda la gente que murió de COVID” no solo a nivel Colombia, también mundial.>>> Le puede interesar: Mario Mendoza presenta Los vagabundos de Dios en la FILBo: "Soy un religioso sin fe"
En horas de la noche de este miércoles, 1 de mayo, se llevó a cabo una velatón tras el asesinato del subintendente Juan Esteban Cortés Pérez, quien murió luego de que recibió un disparo en la cabeza mientras frustraba un robo en la comuna 11 de Medellín, conocida como Laureles.>>> Le recomendamos leer: Alcalde Federico Gutiérrez ofrece recompensa de $100 millones tras muerte de policía en LaurelesEste policía tenía 35 años y llevaba 14 de ellos prestando sus servicios en la institución. Hoy dejó a una niña de 7.¿Qué pasó en Laureles, Medellín?Dos uniformados, entre ellos Juan Esteban Cortés Pérez, fueron llamados para atender un robo en un apartamento, situado cerca de Pepe Ganga, en la avenida Nutibara.Allí, según narró el general Óscar Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se encontraron con delincuentes que vestían chaquetas del CTI y “elementos privativos de las fuerzas armadas”. Empezó un tiroteo que terminó con la vida de Cortés Pérez y con dos señalados ladrones heridos.Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, manifestó su solidaridad con la institución, “con la familia del subintendente, con su hija de 7 años, que queda hoy sin un padre, y a ellos todo el respaldo de la Administración”.La Alcaldía de Medellín ofrece una recompensa para dar con el paradero de los responsables del crimen, así lo dio a conocer el secretario Villa: “Todas las capacidades de la Administración, de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional están en este momento destinadas a esclarecer los hechos y a dar con los responsables. Es por esto que el alcalde Medellín, Federico Gutiérrez, ha anunciado la recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien nos dé información”.Según las autoridades, cuatro delincuentes habrían huido en varios vehículos, los cuales son rastreados por las autoridades.>>> Le puede interesar: Rigoberto Urán volvió a ser víctima de los ladrones: asaltaron una de sus tiendas en Medellín