¿ELN mantendrá los mismos delegados para los diálogos con el Gobierno Petro?

Mientras se definen este y otros puntos, en el Congreso inició el debate del proyecto de reforma a la ley de orden público, columna de la política de paz.

En los diálogos que el Gobierno nacional entablará con el ELN después de la primera semana de noviembre, la guerrilla -con presencia en 183 municipios del país- tendrá voceros de todos sus frentes, pero por ahora no se ha confirmado si a la mesa llegará ‘Pablito’, el militante más radical del grupo armado.

Sí se ha establecido que estarán los cabecillas Antonio García y Pablo Beltrán.

Carlos Velandia, gestor de paz y exintegrante del ELN, precisa que la guerrilla “tendrá que hacer modificaciones y ajustes en su cúpula. ‘Gabino’ renunció, el primer comandante renunció y se cubrió el puesto en la dirigencia, pero no hubo discusión política. Normalmente, los puestos que se ocupan son producto de un debate político interno y esto no ha ocurrido. Tiene que haber una oxigenación de la delegación que va a estar encarando los diálogos con el Gobierno nacional”.

También están por definirse los voceros del Estado y el país donde se llevarán a cabo los diálogos con el ELN.

Mientras esto se resuelve, en el Congreso de la República ya comenzó el debate del proyecto de reforma a la ley de orden público, columna vertebral de la política de paz en Colombia y que fue presentado con mensaje de urgencia, ya que lo que se vaya avanzando en la mesa de negociación será aprobado y aplicado de forma inmediata.

Ariel Ávila, senador coordinador ponente del proyecto, afirma que el Estado “va a tener una política de paz total y no va a renunciar a su política de represión y persecución al crimen”.

No obstante, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia cuestionó que “si entregan todo por delante ¿qué es lo que van a negociar? Porque están empezando la negociación desmantelando la posición negociadora del Estado, y esto lo digo en eras de contribuir en ese proceso estratégico”.

El proyecto de ley contempla dos tipos de negociaciones con grupos armados ilegales: de carácter político y de sometimiento a la justicia con organizaciones que no tienen ese estatus.

"