Incluye eliminar facultades electorales a las altas cortes y ampliación de periodo para magistrados. Pero no trata temas como el desborde de los delitos menores.
El proyecto tendría tres líneas esenciales. La primera, quitarles a las altas cortes las facultades electorales de cargos de poder, como el de procurador y registrador.
Solo mantendrían la facultad para elegir al fiscal general de la nación.
"Las facultades electorales fueron un regalo envenenado y no han servido para absolutamente nada. Han politizado las altas cortes y las han embelesado. Por eso se propone que esas facultades se restrinjan a lo que debe hacer cualquier juez, que es decidir casos", señala Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia a la Justicia.
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El gobierno impulsará que las decisiones de altas cortes tengan fuerza de precedente, es decir que obliguen a los jueces de menor categoría a tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones.
"Si la Corte Constitucional llega a determinar una obligatoriedad de un derecho vía tutela, por ejemplo, frente a operaciones estéticas, siempre y cuando estén vulnerados o no derechos fundamentales, eso será obligatorio para todos los jueces de menor categoría", agrega Herrera.
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La tercera reforma es la ampliación del periodo de los magistrados: se pretende que de 8 años pase a 12 años. Para Hernando Herrera, dadas las últimas experiencias con proyectos de este tipo, la Asamblea Constituyente sería una opción para sacarlo adelante.
"Desafortunadamente si el Congreso y el gobierno no se ponen al día y no implementan y desarrollan esa reforma a la justicia, la única opción, que yo censuro pero sería la única, es una Asamblea Nacional Constituyente que tenga como fin único reformar la justicia", agrega el jurista.
Esta reforma no aborda la problemática del desborde de delitos menores como el hurto callejero y las reincidencias, que serían del resorte del fiscal general vía reforma legislativa.
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