Las invasiones en Cali han aumentado con la llegada de la pandemia del coronavirus COVID-19 . Los asentamientos están ubicados, en su gran mayoría, en zonas de alto riesgo, además, ocasionan problemas ambientales y pérdidas millonarias en los sistemas de acueducto y energía.
Lo que más preocupa es que con el paso de los días aumenta la llegada de personas a sitios de alto riesgo en la ciudad.
De acuerdo con cifras de la Alcaldía de Cali, el 54 % de los hogares en la capital del Valle del Cauca están en asentamientos precarios y cerca de 800.000 personas están viviendo en invasiones.
“Es un problema grave que atenta con la sostenibilidad de la ciudad. Un problema de hábitat, en el que está en juego la sostenibilidad de Cali, desde el punto de vista ambiental de sus recursos”, explicó César Lemus, abogado de la Unidad Anti-invasores de la Alcaldía de Cali.
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Las conexiones fraudulentas derivadas de las invasiones generan pérdidas millonarias a la empresa de servicios de agua y energía.
“La ciudad pierde anualmente alrededor de dos millones de metros cúbicos de agua por los asentamientos precarios ubicados a lo largo de sus cuencas”, aseguró Lemus.
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El abogado, además, agregó que este problema legal y social se ha disparado a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.
“La interpretación laxa que se ha hecho de la norma ha llevado, equivocadamente, a entenderse que es que están prohibidas las restituciones, producto de invasiones, y están prohibidos los cortes fraudulentos que se hagan en las mismas”, dijo el jurista.
Anotó que las invasiones no son un tema que atañe únicamente a la población vulnerable.
“También, a los traficantes de esperanzas de las necesidades de la comunidad, que ven en esta coyuntura la oportunidad para avanzar en sus prácticas delictivas y engañando, vendiendo derechos de posesión o de propiedad a personas incautas”, apuntó.
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Semanalmente se atienden entre dos y cuatro intentos de invasión en sitios de alto riesgo, no habitables.
La Alcaldía de Cali anunció ayudas y auxilios para las personas que no tengan vivienda y acciones penales para quienes se intenten adueñar de terrenos de manera ilegal.