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Presunto detrimento patrimonial en la alcaldía de Daniel Quintero, cercano a los $118 millones

La Contraloría presentó los resultados del informe fiscal a la Alcaldía de Medellín. Entre los hallazgos el ente de control advirtió un presunto mal uso de los dineros de la caja menor por parte del despacho del exalcalde Daniel Quintero, mayoritariamente en restaurantes.

Contraloría detecta presunto detrimento patrimonial en la alcaldía de Daniel Quintero

La Contraloría presentó los resultados del informe fiscal a la Alcaldía de Medellín. Entre los hallazgos el ente de control advirtió un presunto detrimento por el supuesto mal uso de los dineros de la caja menor por parte del despacho del exalcalde Daniel Quintero.

El ente hizo hallazgos que tienen que ver con un presunto detrimento patrimonial cercano a los 118 millones de pesos. Se revisaron más de 639 facturas y encontró allí la Contraloría Distrital que hubo gastos cercanos a los 117 millones de pesos en servicio de restaurantes.

Las posibles irregularidades sobre el fondo fijo se presentaron entre enero de 2022 y junio de 2023. Este informe será presentado a la Contraloría General de la República.

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación radicó las solicitudes de audiencia de imputación en contra de 7 exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y 6 particulares involucrados en presuntas irregularidades en contratos.

De acuerdo con el fiscal general Francisco Barbosa, "los elementos de prueba dan cuenta de múltiples anomalías en el trámite y celebración de seis contratos que superan en valor los 67.586 millones de pesos".

Los exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín involucrados son la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias; los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez Castañeda; el representante del Área Metropolitana de Medellín, Álvaro Alonso Villada García; la exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación, Diana Paola Toro Zuleta; la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz; y la exdirectora técnica del programa ‘Buen Comienzo’, Lina María Gil Zapata.

Durante la rueda de prensa donde se anunció la solicitud, el fiscal Francisco Barbosa explicó que los 6 contratos involucrados en presuntos hechos de corrupción se relacionan con temas como alimentación, infraestructura y asistencia logística.

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Estos contratos fueron clasificados en cuatro componentes:

  • Zonas verdes: Contrato de octubre de 2020 donde la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín suscribió un contrato con Metroparques por 5.250 millones de pesos destinados al manejo de las zonas verdes de la ciudad. La investigación constató que Metroparques convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar y escogió entre ellas a la que ejecutaría el contrato.
  • Mantenimiento Parque de las Aguas: El ente acusador identificó anomalías en 3 contratos entre el Área Metropolitana y Metroparques celebrados entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, con los cuales se buscaba garantizar el mantenimiento y entrada en operación del Parque Metropolitano de las Aguas. La investigación estableció que Metroparques subcontrató con tres empresas que fueron creadas entre 2019 y 2021, una de ellas dedicada a la comercialización de telas.
  • Apoyo logístico: Metroparques suscribió en septiembre de 2020 un contrato que debía ser ejecutados en 2 meses para garantizar el apoyo logístico para la realización de eventos recreativos, deportivos y de actividad física en Medellín. En este caso, se encontró que el contrato habría recibido tres adiciones presupuestales que incrementaron injustificadamente su valor a 24.205 millones de pesos y se hicieron prórrogas que prolongaron su ejecución hasta julio de 2022.
  • Componente de atención: La Secretaría de Educación de Medellín celebró un contrato con la corporación ‘Colombia Avanza’ en marzo de 2020 para la atención de niños, niñas y madres gestantes o lactantes del programa ‘Buen Comienzo. El valor total del contrato fue de 20.692 millones de pesos, sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, se identificaron pagos a personas que no tenían relación con el contrato, pero figuraban en los documentos como si hubieran prestado servicios que nunca se ejecutaron.

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