Por ahora, se destraba este proyecto clave para la administración de Enrique Peñalosa.
De acuerdo con un comunicado del IDU, la acción popular, que llevó a que se anunciaran medidas cautelares, hace referencia a la “limitación al derecho a la apreciación del paisaje” por la construcción de dos puentes en la calle 85 con avenida Circunvalar, y el juzgado dispuso suspender la licitación completa, desde la calle 32 hasta la 200.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró incorrecta esta decisión y señaló que la juez 49 desconoció varios requisitos para declarar las medidas cautelares.
Entre ellos “que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irreparable para la ciudad y que el demandante (edificio Altos de la Cabrera) hubiera presentado los documentos, informaciones, argumentos o justificaciones que permitan concluir que resultaría más grave para el interés público negar la medida cautelar que concederla”.
El 23 de abril pasado, la Procuraduría pidió suspender la contratación para hacer Transmilenio por la Séptima.
Asimismo, abrió investigación contra la directora del IDU y otros siete funcionarios por presuntas irregularidades en la licitación.
Este proyecto, uno de los principales de la actual administración, cuesta más de 2,2 millones de pesos.
Según el Distrito, Transmilenio por la séptima permitirá reducir de dos horas y media a cincuenta minutos los viajes a lo largo del corredor.
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Updated: julio 23, 2019 03:14 p. m.